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domingo, 7 de agosto de 2011

la represion de la protesta social

Carga 16 muertos el gobierno de los DDHH

Por María del Carmen Verdú

05/08/11 - 11:31

La empresa Ledesma, de la familia Blaquier, posee más de 150 mil hectáreas en Jujuy. Se calcula que mucho menos del 1% de ese latifundio alcanzaría para resolver la acuciante falta de viviendas en la zona, que empujó a unas 700 familias a ocupar un predio de 15 hectáreas en Libertador General San Martín. Desde la ocupación, fueron víctimas de crecientes amenazas de la empresa y del Gobierno hasta que el 28 de julio, a las seis de la mañana, la represión se hizo efectiva de la peor manera. La Policía provincial, por órdenes del Gobierno, representada por un juez que intervino a pedido de la empresa, los echó a sangre y fuego.

Hubo más de sesenta heridos con proyectiles de armas de fuego; los gases causaron la intoxicación de centenares, entre ellos varios bebés, y fueron asesinados Ariel Farfan (17), Félix Reyes Pérez (21) y Víctor Heredia (37). Con la muerte de Juan Sosa Velázquez, ingresado al hospital en estado grave, sumaron cuatro las personas muertas, a las que se agrega un policía, probablemente víctima de “fuego amigo”.
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Pese a la represión, los pobladores resistieron y se defendieron con lo poco a su alcance, mostrando que sólo la organización y la lucha dan salida a los problemas del pueblo trabajador. Apenas pudieron, las familias recuperaron el terreno, recibiendo el apoyo de muchas más, por lo que hoy el predio está habitado por más de mil familias dispuestas a defender sus derechos.

Mientras tanto, vimos y escuchamos en los medios las excusas y argumentaciones oficiales de siempre. El intendente Ale culpó al juez por haber ordenado el desalojo 24 horas antes de cerrar su juzgado por la feria de invierno, y dijo que intervino personal de seguridad de la empresa. La empresa se lavó las manos y cargó contra la Policía. El gobernador kirchnerista Barrionuevo puso los ojos en blanco y dijo algo como “qué barbaridad...”, y su jefe y antecesor, hoy presidente de la cámara de diputados, Eduardo Fellner, la gran espada kirchnerista del norte, trató de despegar de toda responsabilidad al Gobierno diciendo que los compañeros se mataron entre ellos...

Fellner, recordemos, fue quien abrió el marcador de muertos por el kirchnerismo en la represión a la protesta, con el fusilamiento policial del joven Luis Cuéllar el 10 de octubre de 2003, cuando miles de manifestantes protestaban frente a la comisaría de Libertador General San Martín por la muerte en la tortura, el 4 de octubre, de otro joven, Cristian Ibáñez.

Con los sucesos en Libertador suman 64 los muertos en la protesta desde 1995. De ellos, 16 fueron autoría del gobierno peronista de los Kirchner: Luis Cuéllar en Jujuy en 2003, Carlos Fuentealba en Nuequén en 2007, Juan Carlos Erazo en Mendoza en 2008 y nueve en el curso de 2010. Facundo Vargas en enero, en una movilización contra el gatillo fácil en Pacheco; Nicolás Carrasco y Sergio Cárdenas en igual circunstancia, pero en junio, en Bariloche; en la Ciudad de Buenos Aires, en octubre, Mariano Ferreyra, militante del PO asesinado cuando acompañaba una medida de fuerza de los trabajadores ferroviarios tercerizados, y los tres muertos del Parque Indoamericano, y, finalmente, los dos integrantes del pueblo Qom, en Formosa.

Así, los Kirchner, primeros lejos desde 1983 en materia de muertes por represión preventiva (más de 1.700 asesinados por el gatillo fácil o la tortura, a un ritmo de un asesinado por día), alcanzan un cómodo segundo lugar en el podio de represión selectiva a la protesta, superando largamente a Menem (dos muertos, Víctor Choque en Tierra del Fuego y Teresa Rodríguez en Neuquén) y Duhalde (dos muertos, Maximiliano Kosteki y Darío Santillán en Avellaneda). Sólo los opaca, por ahora, el récord del gobierno radical-frepasista de Fernando De la Rua, con 44 muertos (Mauro Ojeda y Francisco Escobar en Corrientes; Aníbal Verón, José Barrios y Carlos Santillán en Salta, y 39 en todo el país, entre el 19 y 20 de diciembre de 2001).

*Militante de Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional).

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Opinión: Es indignante escuchar al Sr. Florencio Randazzo (Ministro del interior) decir en el programa 6-7-8, que de las pericias de balística se pudo determinar que las balas eran calibre 22 y por ende, intenta con este dicho desligar a la policía provincial de toda responsabilidad sobre las muerte y así a todos los políticos responsables de la represión, dejando a criterio de la "justicia" las responsabilidades sobre los asesinatos que se dieron claramente en el marco de una represión a la protesta social que exige su derecho a la tierra y la vivienda.

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