NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

jueves, 14 de abril de 2011

Comunicado de prensa. 13 de Abril de 2011, Quilmes.







Esta Comisión repudia el accionar represivo por parte del gobernador de Santa Cruz, Peralta, a través de sectores de la UOCRA que responden al gobierno provincial y que se transformaron en la patota oficial, golpearon brutalmente a docentes que pacíficamente volanteaban a la orilla de la ruta, en la cuenca carbonífera, actividad programada para la primera jornada de las medidas de fuerza por 72 hs. en demanda de mejoras salariales.
El 2010 estuvo poblado de manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. Pero también, en el 2010, Mariano Ferreyra, Los Qom, el Indoamericano, Bariloche, son una prueba de la responsabilidad del gobierno nacional en los hechos
represivos y ponen al descubierto su doble discurso.
Este gobierno mantiene las reformas antiobreras del menemismo, privilegia el pago de la deuda externa, las multimillonarias ganancias de su propio grupo económico, el compromiso con las empresas imperialistas de la minería contaminante, de la soja, del petróleo, de las grandes represas, la extranjerización de la tierra. Esta política es la verdadera contracara del discurso con el que se autodenomina progresista y defensor
de los derechos humanos, nacional y popular.

Salimos solidarios con la lucha de los trabajadores y trabajadoras docentes, y por el castigo a los funcionarios, empresarios y policías cómplices de la patota avalados por el gobierno nacional encabezado por Cristina Fernandez de Kirchner.

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NO AL FALLO SEXISTA Y DISCRIMINATORIO DE LOS JUECES PIOMBO Y SAL LLARGUÉS

Comunicado de Prensa. La Plata, 13 de abril de 2011

Desde el Frente Popular Darío Santillán, repudiamos el fallo de los jueces de casación Piombo y Sal Llargués, que absuelve del delito de corrupción de menores a un imputado condenado por violaciones a niñas menores de edad, argumentando que las víctimas pertenecían a “comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas”.

En un fallo sexista y discriminatorio, el Tribunal de Casación de la Provincia de Buenos Aires resolvió reducir a la mitad la condena a prisión de un pastor de un culto no reconocido, que en el 2004 había violado a dos niñas de 14 y 16 años, fundamentando su resolución en que las niñas son “mujeres que viven en comunidades en las que el nivel social acepta relaciones a edades muy bajas; que además, poseían experiencia sexual- incluso en yacer con otros hombres- respecto de las cuales también operó el ejemplo brindado por otros sujetos para convencerlas de tener sexo natural con el objeto de estar en condiciones de concebir un hijo”.

Se sostiene que “…hay solo situaciones muy excepcionales de deterioro moral como las que implican despertar prematuramente la sexualidad de un menor no púber, o desviarla, llevándola al exhibicionismo masivo o a la aberración, o convencer de la naturalidad del trato sexual entre padres e hijos pueden permitir aplicar una figura que condensaba inicialmente ideas más pacatas o victorianas” y que los hechos sufridos por las niñas no son “moralmente edificantes” pero tampoco implican “un quehacer aberrante, repulsivo, que hiera la integridad sexual o que constituya, como se ha dicho, “la pompa de la deshonestidad”.

Entendemos que el contexto de vulnerabilidad en que se encuentran las víctimas, siendo niñas y pobres, se utiliza como argumento para absolver al imputado del delito de corrupción de menores, poniendo de manifiesto concepciones prejuiciosas y discriminatorias, y dando lugar a un proceso de re-victimización e invisibilización de las situaciones de violencia sexual sufridas por niñas y mujeres.

Estas resoluciones no son hechos aislados, sino parte de un sistema jurídico en el que prevalece una idea patriarcal, en donde las características o las condiciones socioeconómicas de las víctimas son tomadas como atenuantes. Se investiga a la víctima, sus costumbres, sus experiencias sexuales y de esta manera se la re-victimiza.
El sistema penal actúa entonces como un factor legitimador de estas prácticas así como de los estereotipos de género que las subyacen. Se estigmatiza a las mujeres por el solo hecho de ser mujeres, operando una doble condena si además de mujer, se es pobre.

Frente Popular Darío Santillán

Contacto prensa: Daniela Ramos - Presidenta de FULP: 0221-15-545-0274

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HOY MÁS QUE NUNCA, LA ÚNICA LUCHA QUE SE PIERDE ES LA QUE SE ABANDONA

JUEVES 14 DE ABRIL 10HS TODOS A LA SEDE EDUCACIÓN (13 entre 56 y 57)

Luchamos por:
- Pago del aumento en las horas extras. No a la reducción de horas extras( compensación salarial)
- Devolución de la antigúedad en las horas
- Equiparación salarial. Ningún trabajador por debajo de $1000 de compensación
- Basta de represión, aprietes y amenazas de descuentos

Se realizó la reunión entre las autoridades de la D.G.C. y E.y representantes de la ASAMBLEA. Esta reunión resultó un fiasco ya que lo único que ratificaron los funcionarios, fue el acta firmada el 5 de Abril entre la D.G.C. y E. y las conducciones provinciales de los tres sindicatos a espaldas de la ASAMBLEA de trabajadores, la Junta Interna de ATE y delegados que no traicionan. La misma que es utilizada para amenazar a quiénes peleamos por justicia y dignidad.
Tal parece que en Educación pedís aumento y te dan palos! Oporto habla de democracia, y apertura al diálogo pero lo único que hace es reprimir, amenazar y recortar salario a los trabajadores.
LA LUCHA CONTINÚA

En la asamblea que se realizó ni bien terminó dicha reunión decidimos volver a convocar para mañana jueves a las 10hs, para redoblar esfuerzos y decidir los pasos a seguir en esta lucha.

JUNTA INTERNA ATE EDUCACIÓN

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miércoles, 13 de abril de 2011

LOS PILOTOS DE LA MUERTE.

Por Diego Martínez

Un fiscal pidió la detención e indagatoria de los pilotos Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, quienes habrían conducido el vuelo del Skyvan PA-51, que el 14 de diciembre de 1977 arrojó al mar a la fundadora de Madres de Plaza de Mayo, Azucena Villaflor, y a la monja francesa Léonie Duquet.



EL PAIS › UN FISCAL PIDIO DETENER A LOS TRIPULANTES DE UN VUELO DE LA MUERTE.

Navegación nocturna

Los tripulantes del Skyvan de Prefectura, Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino, fueron identificados en el vuelo que arrojó al mar a Azucena Villaflor y a la monja francesa Léonie Duquet.

Por Diego Martínez
El 14 de diciembre de 1977, entre las siete y las ocho de la tarde, un secuestrado de la ESMA fotografió a Alice Domon y Léonie Duquet con un cartel de Montoneros de fondo y un ejemplar de La Nación en primer plano. La imagen de las monjas francesas, ideada por el capitán Jorge Acosta para desviar las miradas que se posaban sobre la Armada, es la última prueba de vida del grupo de Madres de Plaza de Mayo y familiares de desaparecidos secuestrados en la iglesia de la Santa Cruz. A las 21.30 de aquel miércoles, día habitual de “traslados” en la ESMA, el Skyvan PA-51 de Prefectura Naval Argentina despegó desde el aeroparque Jorge Newbery. Según la planilla del vuelo, no transportó pasajeros, voló tres horas y diez minutos, y, sin escalas, regresó al punto de partida. Seis días después aparecieron en playas de San Bernardo y Santa Teresita los restos de Duquet, que en 2005 identificó el Equipo Argentino de Antropología Forense. El uso de los Skyvan está denunciado desde 1983 y es el avión del que estuvo a punto de caer Adolfo Scilingo mientras arrojaba prisioneros al mar. A partir de documentos obtenidos por el fiscal federal Miguel Osorio y del trabajo de la Unidad Fiscal de coordinación y seguimiento de causas de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación, que permitió por primera vez identificar un vuelo de la muerte concreto, el fiscal Eduardo Taiano pidió ayer la detención e indagatoria de los tripulantes del Skyvan: Enrique José De Saint Georges, Mario Daniel Arru y Alejandro Domingo D’Agostino. La decisión sobre sus futuros depende del juez federal Sergio Torres, que a más de tres lustros de la confesión de Scilingo todavía no indagó al abogado Gonzalo Torres de Tolosa, el superior que le acercaba a las personas drogadas para arrojar al vacío. Ayer al mediodía, a pedido de Página/12 y con el fin de evitar una nueva fuga en la causa ESMA, la fiscalía informó al juzgado de Torres que Arru debía volar a las nueve de la noche rumbo a Madrid como comandante de un Boeing 747 de Aerolíneas Argentinas.
Veintiocho años no es nada

El primer testimonio sobre los Skyvan lo aportó en marzo de 1983 el inspector Rodolfo Peregrino Fernández, ex ayudante del general Harguindeguy. “Escuché al teniente de navío Norberto Ulises Pereiro afirmar que se utilizaban aviones de la Prefectura Nacional Naval para el transporte y lanzamiento en altamar de prisioneros políticos secuestrados –dijo–. Estos aviones, de fabricación irlandesa, de buena capacidad de carga, y con una rampa en la parte trasera, cuya marca no recuerdo, resultan apropiados para la misión encargada”, precisó. El marino le contó “que un prisionero había arrastrado en su caída al vacío al suboficial encargado de su eliminación”. El contraalmirante retirado Pereiro era piloto de los L-188 Electra, el otro avión que la Armada usó para desaparecer enemigos. Fue agregado naval en Washington durante el menemismo y es el actual vicepresidente de la Sociedad Militar Seguro de Vida.
La segunda denuncia, sobre la que el Poder Judicial tomó nota la semana pasada, está en la Conadep desde enero de 1984. Es una carta firmada por la “oficialidad joven y no corrupta de la Prefectura Naval” sobre camaradas que “actuaron en la represión antisubversiva dentro y fuera de la ESMA”, que recibió el ministro del Interior de Alfonsín, Antonio Tróccoli. La nota ratificó el dato sobre los Skyvan y señaló a un responsable directo: “Hilario Ramón Fariña. Prefecto general –aviador–- era quien se encargaba de tirar desde los aviones Skyvan al mar a la gente secuestrada y torturada en la ESMA”, precisa el escrito. Fariña tiene hoy 82 años, 35 impune. Entrevistado por Página/12, negó los vuelos y luego relativizó: “De todo lo que se dice habrá un cincuenta por ciento de verdad y otro cincuenta de fantasía”.
“La tripulación normal”

Scilingo confesó en 1990, en una carta al dictador Videla, su participación en dos vuelos, ambos desde Aeroparque. “El primero, con trece subversivos, a bordo de un Skyvan de la Prefectura”, apuntó. Cinco años después relató la historia. “El sistema para eliminar a los elementos subversivos era orgánico. Mover aviones no los mueve una banda, sino una fuerza armada”, explicó. En un pizarrón del casino de oficiales de la ESMA leyó los nombres de los verdugos. Vio cuando adormecieron a los secuestrados, cuando los cargaron al camión y luego al avión. Subió con su jefe, el “teniente Vaca”, a quien luego identificó como Torres de Tolosa. “Estábamos tan convencidos que nadie cuestionaba, no había opción. La mayoría hizo un vuelo, era para rotar gente, una especie de comunión”, aclaró, y categorizó victimarios: oficiales superiores, suboficiales, médicos que daban la última inyección en vuelo e “invitados especiales” que daban “apoyo moral”.
“Al salir de Aeroparque se daba un plan de vuelo: la base aeronaval de Punta Indio. Al llegar a Punta Indio se enfilaba mar afuera”, relató. “Se los desvestía desmayados y, cuando el comandante daba la orden en función de dónde estaba el avión, se abría la portezuela y se los arrojaba desnudos, uno por uno”, dijo. “En el Skyvan, por la portezuela de atrás, que se abre de arriba hacia abajo. Es un gran portón pero sin posiciones intermedias. Está cerrada o está abierta, por lo cual se mantiene en posición de abierta. El suboficial pisaba la puerta, una especie de puerta basculante, para que quedaran 40 centímetros de hueco hacia el vacío. Después empezamos a bajar a los subversivos por ahí. Yo, que estaba bastante nervioso, casi me caigo y me voy por el vacío”, contó.
–¿Qué personal naval iba en cada vuelo?
–En la cabina iba la tripulación normal del avión.
–¿Y con los prisioneros?
–Dos oficiales, un suboficial, un cabo y el médico. En mi primer vuelo, el cabo de Prefectura desconocía totalmente cuál era la misión. Cuando se da cuenta entra en una crisis de nervios. Se puso a llorar. No entendía nada, se le trabucaban las palabras. Eso me puso nervioso. Le empecé a explicar y le dije que hable con los pilotos. Yo no sabía cómo tratar a un hombre de Prefectura en una situación tan crítica. Al final lo mandan a cabina. El Skyvan es una gran caja, con la cabina separada.
El Estado bobo

El juez Sergio Torres está a cargo de la causa ESMA desde 2003, cuando la confesión de Scilingo se conocía en todo el mundo. La investigación sobre los vuelos, sin embargo, nunca se activó. En 2005, el juez Julián Ercolini declinó su competencia para investigar la confesión del capitán Emir Sisul Hess, quien relató que los secuestrados caían “como hormiguitas”, y se la envió a Torres, que recién acusó recibo cuatro años después, cuando Página/12 publicó la historia. Su procesamiento fue confirmado, pero el juez no avanzó contra sus superiores. En el caso del teniente Julio Poch, el impulso de la investigación no fue de jueces argentinos, sino del Reino de los Países Bajos. Sus superiores siguen impunes, igual que el suboficial Rubén Ricardo Ormello, autor de la tercera confesión judicializada, que Página/12 informó en 2009. Torres tampoco indagó a los aviadores y técnicos aeronáuticos condecorados por Massera por su actuación en “operaciones de combate” (sic) como miembros del Grupo de Tareas 3.3, capitanes Hugo Roberto Ortiz, Guido Paolini y Rodolfo Alberto Bogado. Hasta el imputado Carlos Capdevila renegó por la indiferencia de Su Señoría ante los datos precisos sobre represores que aportó el médico de la ESMA. “Mi colaboración no ha sido tenida en cuenta”, lamentó.
El disparador de la investigación sobre los Skyvan fue un informe de la periodista Miriam Lewin, sobreviviente de la ESMA, quien filmó en Estados Unidos uno de los cinco aviones que Prefectura usó durante la dictadura. Lewin volvió al país con una copia del “Historial técnico de vuelos”, que acompaña al aparato hasta el fin de sus días e incluye información valiosa, como apellido del comandante, fecha, procedencia, destino y duración de cada vuelo. A fines de 2009 los datos ya estaban en el juzgado de Torres, abocado desde hace quince meses a conseguir una copia certificada de los documentos. No menos frustrante fue la respuesta del entonces ministro de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos, Julio César Alak, al pedido de Página/12 de tomar vista de los legajos de los pilotos: lo rechazó sin explicitar motivos, contrariando la política oficial de promover las investigaciones sobre el terrorismo de Estado.
Tras la emisión del informe en Canal 13, el fiscal federal Miguel Osorio, que investiga traslados de secuestrados en el marco de la causa Plan Cóndor, le tomó testimonio a la periodista, analizó las irregularidades que surgían de los registros y solicitó a Prefectura la documentación sobre los Skyvan. A diferencia de la Armada, reticente a entregar las planillas de los Electra pese a las intimaciones de Osorio, Prefectura aportó 2758 planillas de vuelos registrados entre 1976 y 1978, que además de la información del libro del avión incluyen datos imprescindibles, como horarios, tripulación y finalidad.
Del estudio y la búsqueda de un correlato documental de los vuelos de la muerte se ocupó la Unidad Fiscal de coordinación de causas de lesa humanidad de la Procuración. Los registros se volcaron en un cuadro para visualizar regularidades y excepciones. En base al relato de Scilingo y a la velocidad de los Skyvan, se seleccionaron vuelos de más de dos horas y media. Descartados aquellos con destinos que la justifiquen, surgió que el despegue y aterrizaje de los restantes siempre tuvo lugar entre Aeroparque y la base aeronaval de Punta Indio. El dato es sugestivo: los dos vuelos que confesó Scilingo partieron de Aeroparque. En su libro Por siempre nunca más, agregó que “todos los ‘traslados’ tenían como plan de vuelo Punta Indio pero sin aterrizar”. La duración es aún más llamativa: los 40 o 50 minutos que tardaba un Skyvan para unir ambos puntos se extienden según los registros hasta cuatro horas y media, al límite de la autonomía del avión. Por último se considera la nocturnidad y la finalidad apuntada.
Los vuelos que sortean todos los filtros y en los que se menciona a Aeroparque como punto de partida y llegada son once en tres años. En ninguno se registraron pasajeros. Diez tienen por finalidad la “instrucción”. Sólo uno, el del 14 de diciembre de 1977, tiene un objetivo diferente: “navegación nocturna”. Según la planilla de vuelo, el PA-51 voló tres horas y diez minutos, sin pasajeros, al mando de De Saint Georges, Arru y D’Agostino. Los primeros se fueron de Prefectura al año siguiente y vuelan tres veces por mes a Madrid como comandantes de vuelos de Aerolíneas Argentinas. D’Agostino, retirado en servicio, es jefe de la división Veteranos de Guerra de Prefectura. Diecisiete días después del vuelo con el grupo de la Santa Cruz un superior elogió el “dominio de sus reacciones emotivas” y aseguró que “aun en situaciones críticas se mantiene sereno”.
La foto de las monjas Alice Domon y Léonie Duquet tomada luego de su secuestro.
diegoemartinez.blogspot.com

LA HISTORIA DEL GRUPO DE LA SANTA CRUZ
De “la huevera” al Skyvan

Por Diego Martínez
A mediados de 1977, a poco de las primeras rondas de Madres de Plaza de Mayo, el capitán Jorge Acosta, jefe de Inteligencia del Grupo de Tareas 3.3 de la ESMA, le ordenó a Alfredo Astiz infiltrarse entre los familiares de desaparecidos. El teniente se presentó como Gustavo Niño y se adosó a Azucena Villaflor, a tal punto que varios pensaron que era su hijo. “No tenemos derecho a callarnos”, explicó en esos días la monja Alice Domon. “Sea lo que fuere lo que hayan podido hacer las personas secuestradas, y ni siquiera busco enterarme de ello, no hay derecho a torturar. Dios pedirá cuentas algún día”, aseguró ante un periodista.
El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, las Madres tenían previsto publicar una solicitada en La Nación para denunciar la situación de los desaparecidos. El jueves 8 juntarían la plata para pagarla. Esa tarde, mientras Azucena le aconsejaba a Astiz alejarse para protegerlo, los marinos secuestraron en La Boca a Remo Berardo, el hombre más joven del grupo. Tres horas después, varios autos estacionaron frente a la iglesia de la Santa Cruz, de los padres pasionistas. Adentro daba misa el padre Fred Richards. Los familiares se reunieron en el jardín y cada uno contribuyó con sus ahorros. Astiz hizo un aporte mínimo, simuló culpa, dijo que iba a buscar plata y se fue. Minutos después, marinos, prefectos y policías, en jean, camisa y campera, arrastraron hacia los autos a seis mujeres y tres hombres. Esa misma noche fueron interrogados por un grupo de torturadores que encabezó Antonio Pernías. Un secuestrado que traducía diarios franceses en el sótano del casino de oficiales los vio encapuchados y engrillados, sentados en un banco frente a las salas de interrogatorio. Acosta puso música clásica a todo volumen pero no logró tapar los gritos. Luego los distribuyeron entre Capucha y Capuchita.
Azucena Villaflor no fue secuestrada esa noche porque le tocó hacer la colecta junto con Nora Cortiñas en la iglesia de Santa María de Betania, en Almagro. El viernes terminó de pasar en limpio las firmas de la solicitada y se peleó por última vez con La Nación, donde primero se resistieron a publicarla porque faltaba “el visto bueno del cuerpo jurídico”, después los obligaron a pasar a máquina casi mil nombres, y por último les rechazaron pagar con monedas y billetes chicos. “¡Este no es el diario de Mitre!”, renegó la fundadora de Madres. Por la plata que los marinos robaron en la Santa Cruz el aviso se publicó en tres cuartos de página y no completa como estaba previsto. Al final del texto se advirtió que “esta solicitada ha sido costeada con el aporte –en algunos casos muy sacrificado– de las personas firmantes”. Azucena fue secuestrada cuando acababa de comprar el diario, el sábado 10 a primera hora. Esa misma mañana, en una capilla de Ramos Mejía, fue secuestrada la monja Léonie Duquet. Al mediodía del sábado el grupo marcado por Astiz ya estaba en la ESMA, donde los guardias se dirigían a las monjas como “hermanas”.
Ante la difusión de la noticia, el gobierno de Francia pidió explicaciones y los llamados del Ejército a la ESMA se multiplicaron. Acosta ideó entonces un montaje para desviar la atención. “Hay mucha polvareda por las monjas francesas. Vamos a sacar un comunicado informando que las secuestró un grupo armado y las vamos a trasladar”, le confío el capitán Pernías a una secuestrada. Acosta obligó a Domon a redactar una carta al obispo de Toulouse, de quien dependía la Congregación de las Misiones Extranjeras en Francia, en la que dijera estar prisionera “de un grupo disidente del gobierno de Videla” y reclamara la liberación de veinte presos políticos el día de Navidad. La carta está fechada el 14 de diciembre. Por otro lado, se inventó un comunicado con el sello de Montoneros, reclamando, además de las liberaciones, que la Iglesia y el gobierno de Francia repudiaran la dictadura. Está fechado el 15, llegó a France Press el sábado 17 y fue título de La Nación del domingo: “Los montoneros secuestraron a las religiosas francesas”. La operación se completó con la foto. El prefecto Héctor Febres le encomendó a un secuestrado armar un lienzo con la palabra “Montoneros”, escudo, tacuara y metralla. La puesta en escena se armó en “la huevera”, una oficina montada en el sótano. Acomodaron un escritorio, pusieron dos sillas, colgaron el cartel de fondo y sentaron a las monjas, con hematomas en los pómulos y pálidas de terror. En primer plano, aunque ninguna lo tomó en sus manos, se observa el diario La Nación del día: 14 de diciembre de 1977. De título, una frase de Harguindeguy: “No habrá amnistía para los subversivos”, y una promesa: “liberaráse (sic) a los que estén dispuestos a reintegrarse a la sociedad”.
El jueves, después del vuelo de “navegación” del Skyvan, La Nación informó por primera vez del secuestro de las monjas. “Dos desapariciones preocupan en París”, tituló. Apuntó que Le Monde, Le Figaro y France Soir aportaron “precisiones diferentes” y sólo informó sobre “la hipótesis de una provocación montada para molestar al gobierno militar”. “En situaciones como la actual, nada es más desaconsejable que la ambigüedad informativa o la imitación del clásico gesto del avestruz”, escribió Luis María Bello, corresponsal en París. La cobertura se completó con un recuadro titulado “Vivas y con buena salud”, información que la Nunciatura le dio a la madre Marie-Joseph, superiora de la Congregación Nôtre-Dame de la Mothe.
El sábado La Nación informó del repudio del gobierno a las desapariciones “de un grupo de personas, entre ellas dos religiosas”, que atribuyó a “la subversión encerrada en su nihilismo, (que) insiste con sus métodos de odio y destrucción”, y el domingo difundió el invento de Acosta. El martes 20 apareció en la playa el primero de los cinco cuerpos, enterrados como NN en el cementerio de General Lavalle. Veintiocho años después, el Equipo Argentino de Antropología Forense identificó a la monja Duquet, a Angela Aguad y a tres fundadoras de Madres de Plaza de Mayo: Azucena Villaflor de De Vicenti, Esther Ballestrino de Careaga y María Ponce de Bianco. “Las fracturas son compatibles con la caída desde una altura determinada y el impacto contra un cuerpo duro”, dictaminó el EAAF.
Página/12 analizó testimonios de sobrevivientes de la ESMA. Ninguno afirma con certeza el día del traslado, pero las estimaciones oscilan entre cinco y diez días de cautiverio, léase hasta el 13 o el 18 de diciembre. Varios apuntaron que “las monjas quemaban” y que apenas concluidos los interrogatorios Acosta decidió el traslado. “Cuando yo llego acababa de pasar lo de la Santa Cruz, las monjas y familiares, no vi nada de eso pero (escuché) comentarios muy a flor de piel”, relató el año pasado Rosario Quiroga, que llegó a la ESMA el sábado 17, trasladada desde Montevideo.
Jaime Dri llegó en el mismo vuelo, después de dos días de torturas. Miguel Bonasso relata en Recuerdos de la muerte que, ya en la ESMA, el Tigre Acosta le preguntó: “¿Por qué mataron (sic) a las monjas?”. Dri no sabía de qué le hablaba. Después lo dejaron hablar con dos compañeros a quienes daba por muertos, que le informaron sobre la infiltración de Astiz y de los secuestros. “Las hicieron mierda. Yo las vi en Capucha –le contó Horacio Maggio–. A la pobre Alice la llevaban al baño entre dos verdes porque no podía caminar. Y todavía me preguntaba por ese muchachito rubio. Ella seguía creyendo que era un familiar y que lo habían secuestrado”, agregó.
–¿Y luego? –preguntó Dri.
–Las trasladaron –respondió Maggio.
Según el libro, el diálogo transcurrió durante el primer día de Dri en la ESMA. Los secuestrados le dijeron que era domingo. Sin embargo, Quiroga, trasladada en el mismo vuelo desde Uruguay, declaró que llegaron el sábado a primera hora, dato que coincide además con un vuelo del Skyvan PA-51 desde el aeropuerto de Carrasco. En el peor de los casos, el domingo 18 el “traslado” era parte del pasado.
Entrevistado para el archivo oral de Memoria Abierta, el sobreviviente Ricardo Coquet precisó que la orden de armar el cartel de Montoneros, léase cuando Acosta ya había decidido el traslado, fue “a los dos días del secuestro”, es decir el sábado 10. Miguel Lauletta, presente cuando se tomó la foto, calculó hace más de quince años, ante el periodista Uki Goñi que el montaje fue a “las siete u ocho de la tarde”. “La idea de Acosta era sacar (la foto) con un diario y después ir trucando el diario para que mucho más tiempo después de haberlas eliminado se pensara que seguían vivas, una idea infantil que no se hizo nunca”, agregó. La única persona que arriesgó día y hora del vuelo fue el periodista que investigó el caso. “Los traslados en la ESMA usualmente ocurrían los miércoles”, escribió Uki Goñi en su libro Judas. La verdadera historia de Alfredo Astiz. Precisó que la foto se tomó el miércoles 14 y concluyó que los secuestrados “fueron probablemente arrojados vivos esa noche a las aguas del océano Atlántico ”.

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martes, 12 de abril de 2011

Represión a docentes en Santa Cruz.

Represión a docentes en Santa Cruz
En el marco del paro por 72 horas convocado por ATE, ADOSAC y AMET, docentes de Río Turbio que se manifestaban en la ruta fueron atacados por un grupo de sindicalistas de la construcción (UOCRA). Hay 12 docentes hospitalizados. El contingente de la UOCRA que golpeó a los docentes y afiliados de ATE se refugiaron con sus vehículos dentro del predio de Isolux Corsán, donde cumplen tareas. Los Concejos Deliberantes de 28 de Noviembre y Río Turbio sesionarán en conjunto y se programa un corte de rutas por tres días

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)
URGENTE

La provincia de Santa Cruz está convulsionada. Hace pocas horas los sectores de la UOCRA que responden al gobierno provincial y que se transformaron en la patota oficial golpearon brutalmente a docentes que pacíficamente volanteaban a la orilla de la ruta, en la cuenca carbonífera, actividad programada para la primera jornada de las medidas de fuerza por 72 hs. en demanda de mejoras salariales.

Compañeros de otros sindicatos se solidarizaron y también fueron atacados, al punto que uno de ellos es trasladado con suma urgencia en ambulancia a Río Gallegos por las graves lesiones sufridas.

Geográficamente el lugar de los hechos fue en 28 de Noviembre, localidad a 13 kms de Río Turbio y a unos 300 kms de Río Gallegos. Es la zona donde está la mina del carbón. Distintos sectores de la comunidad están saliendo espontáneamente a la calle en repudio a lo sucedido.

Hay varios heridos y ya el gremio municipal y ATE determinaron paro.

El gobernador Peralta está en la zona en actos políticos y ya había manifestado que no nos sorprendiéramos si salían trabajadores a respaldarlo. Hace días que está incitando a la violencia desde los medios periodísticos y ya mandó a golpearnos con trabajadores de la UOCRA en diciembre 2010 cuando manifestábamos en contra de la reforma jubilatoria.

Contactos:

Celular Pedro Muñoz: 02966- 15403861

Mónica Galván: 02966- 15403862

Diego Barrionuevo: 0297- 154524739

Carlos Armella: 02902 - 15410573 (Sec Gral 28 de Noviembre)



Más información:
Los de la UOCRA se refugiaron en Isolux Corsan. En la puerta sesiona una asamblea

12/04 - 17:15 - El contingente de la UOCRA que golpeó a los docentes y afiliados de ATE se refugiaron con sus vehículos dentro del predio de Isolux Corsán, donde cumplen tareas. Los Concejos Deliberantes de 28 de Noviembre y Río Turbio sesionarán en conjunto y se programa un corte de rutas por tres días.

Hace instantes acaba de terminar una asamblea pública realizada en las puertas de la empresa Isolux Corsan, constructora de la usina termoeléctrica, debido a que allí, precisamente, dentro del predio de la empresa se refugiaron con sus camionetas los integrantes de la UOCRA que al mando de su Secretario General Carlos García, golpearon salvajemente a docentes y afiliados de ATE que estaban repartiendo volantes en la ruta, durante una visita del Gobernador Peralta a la cuenca carbonífera.

Un equipo de OPI que arribó a la cuenca pudo percibir la tensión que se vive entre la gente afectada y aún entre aquellos que no participaron de los eventos de este mediodía, “les dijimos que se vayan de acá o los vamos a matar”, gritaron los integrantes de la patota que atacó despiadadamente a los indefensos manifestantes que estaban en la ruta.

María Gleu dijo “Atanasio Pérez Ozuna (NdR: diputado provincial con licencia y actual Interventor de YCRT) estaba mirando todo, estuvo allí asique tiene que transformarse en testigo de lo que ha pasado aquí”. El funcionario ha manifestado a FM Tiempo de la cuenca que no está de acuerdo con lo sucedido y dijo que se pone a disposición de ADOSAC, ATE y de la Justicia para dar los nombres de los que estaban allí y atacaron salvajemente “sacaron cachiporras, palos y casi me pegaban a mí. Agarraron a un chico que estaba allí y casi lo matan. Yo voy a dar los nombres en la justicia de la gente que conozco y estaba allí”, dijo por la emisora local.

La asamblea popular que se llevó a cabo contó con aproximadamente 450 personas y decidieron prolongar por tres días el corte de la ruta provincial, teniendo previsto reunirse a las 18:00hs ante el Concejo Deliberante de 28 de Noviembre lugar donde los Concejales de esta localidad y de Río Turbio, sesionarán en forma extraordinaria esta tarde para emitir un comunicado conjunto repudiando los hechos y pidiendo el rápido esclarecimiento de los responsables políticos y los ejecutores.

Los gremios como el SOEM, ATE y ADOSAC han manifestado la intención de instalar un paro por tiempo indeterminado, lo cual queda a consideración de las bases y cuya decisión se conocerá en las próximas horas. También se registra la adhesión de todas las organizaciones intermedias, fuerzas vivas y el comercio de la cuenca, que han propuesto un cierre entre las 16:00 a las 20:00hs en repudio a las deleznables acciones de los afiliados de la construcción.

“Es una vergüenza lo que pasó acá, estos hijos de puta de la UOCRA nos mataron a golpes y después el maricón de García escapó junto con todos los borrachos que trajo, seguramente por pedido del Intendente (Oscar) López. Algunos parece que alcanzaron a salir por la ruta y 5 o 6 camionetas se metieron acá en Isolux Corsan que les da protección a estos delincuentes, porque tienen abierto los negocios en común. Espero que el gobernador salga a explicar y de la cara, porque aquí algunos dicen que son del FPVS que quieren joderlo a Peralta, pero a nosotros nos masacraron estos delincuentes de la UOCRA y ya mismo estamos denunciando penalmente a García que debe ir preso”, remarcó Julio Leandro a nuestro cronista.

El Intendente turbiense Martín Adolfo, el diputado por el Pueblo de Río Turbio y un grupo de diputados del oficialismo elaboraron una Resolución de repudio hacia lo ocurrido y negó que haya tenido una explicación de lo ocurrido por parte del gobierno a la vez que en una entrevista por Fm Tiempo de Turbio Paez señaló que mañana se trasladarán a casa de gobierno para exigirle una explicación al Ministro de Gobierno José Córdoba y que dé cuenta del comportamiento de la policía a quien se acusa de haber declarado “zona liberada” para dejar que la UOCRA actuara con total impunidad.

Fuentes del Hospital Regional de Río Gallegos, consultadas hace algunos minutos señalaron que Carlos Paredes se encuentra fuera de peligro, su estado es bueno y le han efectuado una tomografía computada para determinar el grado de las lesiones. Por el momento permanecerá internado y en observación.

(Agencia OPI Santa Cruz )

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viernes, 8 de abril de 2011

VUELVE LA LUCHA AL AIRE. FM 107,5mHz


Desde este sábado vuelve al aire de FM Universidad “LA LUCHA QUE NOS PARIÓ”, el programa de HIJOS La Plata. Con un staff renovado pero con las mismas convicciones, seguimos adelante. Sábado 9 de Abril - Comentamos la semana en materia de política y Derechos Humanos. - Un repaso del proceso de reapertura de los juicios a los genocidas. Lo que nos dejó el 24 de marzo a 35 años del golpe. - Recordamos la figura de Carlos Fuentealba a 4 años de su asesinato y repasamos la causa contra los responsables políticos de su asesinato y la lucha docente actual. - Columna de Género: comentamos la problemática de la trata de personas, y la lucha por aborto legal seguro y gratuito. LA LUCHA QUE NOS PARIÓ – Sábados 14 hs. Por FM Universidad 107.5 mhz Escuchálo por internet: www.lr11.com.ar Contactos: laluchaquenosparió@hotmail.com – hijos_laplata@yahoo.com.ar, www.hijosprensa.blogspot.com. En Facebook y Twitter: Hijos La plata.

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lunes, 4 de abril de 2011

A 4 años del asesinato del compañero Carlos Fuentealba

(AW) Al cumplirse 4 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba, se realizará en Neuquén una marcha el lunes 4 de abril a las 17.00. La concetración será en el monumento a San Martín. Exigen juicio y castigo a Jorge Sobisch. Publicamos carta de Sandra Rodriguez, compañera de Carlos.-


Neuquén, marzo de 2011. (CoCaPre).


Queridas compañeras/os


Quisiera invitarlos en forma personal. A sus lugares de trabajo, a sus escuelas, a sus familias, estudiantes, amigos y vecinos a participar de la ¨MARCHA DEL 4 DE ABRIL¨, al cumplirse cuatro años del asesinato de ¨CARLOS¨; cuatro años exigiendo juicio y castigo a los responsables políticos e ideológicos del fusilamiento publico, en democracia. Hoy recurro a este medio porque intenta ser el más directo, el más respetuoso, el más idóneo. Sé compañeros/as lo difícil que es que llegue algo claro, transparente y con buena intención a cada uno de ustedes. Mas en un año electoral donde se pone en juego ¨tantos¨ intereses políticos partidarios y sindicales, que lejos de pensar que sean malos a veces interfieren en las intenciones, como la mía, la de mis hijas y de la Cocapre que es seguir manteniendo la ¨única bandera¨ la de la ¨Justicia Completa¨; porque desde hace cuatro años somos conscientes, lo sabemos, lo podemos probar que ese día trágico e irremediable existió un ¨operativo¨ ideado, ordenado por J. O. Sobisch y por los más altos jefes policiales (quince imputados). Fuimos testigos y víctimas. Compañeros/as la causa Fuentealba II está en un momento definitorio. Momento que podría ser la última instancia en la provincia; luego es comenzar un largo camino a la Corte Suprema de la Nación, por ello ¨hoy¨ necesitamos mas que nunca construir en las calles de Neuquén una unidad, una fuerte presencia para exigir al Tribunal Superior de Justicia, a Sapag y a todos los candidatos que quieren gobernar nuestra provincia; que nos habiliten a saber la verdad a investigar por nuestra propia línea ya que la fiscalía no quiere hacerlo $. Prefiere la corrupción. Vos compañero/a sos fundamental, te valoro y te considero protagonista en esta lucha. Si seguís estando del lado de la vida. De la defensa de ella como principio fundamental te pido, colocate vos mismo en tu interior la ¨CAMISETA DE CARLOS¨, tomá esa única bandera, la de que esté ¨Carlos¨, que estés ¨vos¨, que estemos ¨todos¨ para desconstruir la impunidad y avanzar en una Justicia Independiente del poder político. ¨La Justicia que no es Completa no es Justicia¨ Te espero, los espero el 4 de abril a las 17:00 hs. para marchar juntos. Fraternalmente. Sandra Rodríguez





A CUATRO AÑOS DEL ASESINATO DE CARLOS FUENTEALBA PROCESAMIENTO, JUICIO Y CÁRCEL PARA SOBISCH · Exigimos a Ctera la convocatoria a un paro nacional, y un plan de lucha que termine con la impunidad de los resposables políticos del fusilamiento de Carlos Fuentealba · Por la libertad de los presos políticos y el desprocesamiento inmediato de todos los compañeros procesados por luchar · Por la defensa de la educación pública, de los salarios y de las condiciones laborales de la docencia, motivos de la lucha que Carlos Fuentealba llevó adelante hasta que segaran su vida 18 HS. ACTO FRENTE A LA CASA DE NEUQUÉN-MAIPU AL 200 Convocan: SUTEBA LA PLATA LEGITIMO-SUTEBA ESCOBAR–MINORIA CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL SUTEBA SAN MARTIN-TRES DE FEBRERO–MINORIA CONSEJO EJECUTIVO SECCIONAL SUTEBA MATANZA-JUNTA INTERNA DE ATE EDUCACIÓN DEL EDIFICIO DE ESMERALDA 55. TRIBUNA DOCENTE–LISTA ROSA-Corriente Nacional 9 DE ABRIL-LISTA MARRÓN–DOCENTES EN MARCHA–AGRUPACIÓN ALMAFUERTE-AGRUPACIÓN 4 DE ABRIL–LISTA VERDE DE ESTEBAN ECHEVERRIA–AGRUPACION CHE DOCENTE–LISTA DE MAESTROS DE ADEMYS. PARTICIPAN Y ADHIEREN: AGD-UBA-FUBA-CTA CAPITAL-ADEMYS


ACTO EN LA CASA DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 18 HS-Maipú al 200 Maipú al 200

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viernes, 1 de abril de 2011

a pesar de que Pino Cano y Quiroga integran el ejército encargado del plan sistemático de exterminio, son inocentes...

Por Katy García – Prensared “El quiebre argumental es sorprendente y lo hemos manifestado en el escrito. No creemos que haya un error en las absoluciones, sino que tiene una firme intencionalidad de salvar a los cuadros operativos y condenar a la cadena de mandos que es mucho más fácil por la edad y la cantidad de condenas que acumulan”, manifestó Hugo Vaca Narvaja (h) a pocos minutos de entregar por barandilla el recurso de casación que solicita la revocación de la sentencia que absolvió a tres imputados en la causa UP1 y uno en Gontero. Entre las sentencias dictadas por los jueces Jaime Díaz Gavier, Carlos Lascano y José María Pérez Villalobos, integrantes del tribunal que juzgó a una treintena de imputados por crímenes de lesa humanidad en el Juicio Videla, hubo unas absoluciones muy cuestionadas tanto por la querella como por la fiscalía. Se trata de la exculpación de Carlos Pino Cano, Francisco D´aloia y Osvaldo Quiroga imputados en los asesinatos de Gustavo Adolfo De Breuil, Miguel Hugo Vaca Narvaja y Arnaldo Higinio Toranzo (Hecho XI); y de Gustavo Salgado implicado en la causa Gontero. Similar criterio asumió el ministerio público fiscal que también apeló. Por caso, Maximiliano Hairabedián objetó las absoluciones de Quiroga y Pino Cano no así en el caso de D´aloia, pedida por él. Por su parte, el fiscal Carlos Gonella apeló el fallo que benefició a Gustavo Salgado. La sentencia absolutoria fue dada a conocer el 21 de diciembre de 2010 y los fundamentos fueron entregados dos meses después. Hecho XI El recurso de casación interpuesto por María Elba Martínez y Hugo Vaca Narvaja (h) analiza puntillosamente la sentencia y contrapone los argumentos fijados por el Tribunal con las pruebas testimoniales y documentales aportadas durante el debate y con la resolución de otros hechos. La querella había solicitado la pena de prisión perpetua e inhabilitación absoluta perpetua para todos los imputados en los asesinatos de Vaca Narvaja, De Breuil y Toranzo. En general, afirma que las razones expuestas por el Tribunal son “contradictorias” y “excluyentes entre sí” especialmente “al momento de evaluar las conductas de Víctor Pino Cano y Osvaldo Quiroga”. Y en relación a D´aloia insiste en que debe ser considerado partícipe necesario al igual que Quiroga en los asesinatos de De Breuil, Vaca Narvaja y Toranzo, y Pino Cano como autor mediato. Vaca Narvaja en diálogo con Prensared aclaró que “está fehacientemente probada la participación de Quiroga mediante la firma del traslado y la muerte posterior de las víctimas ocurrida dos horas después. De manera que, indudablemente, a Quiroga le cabe una participación necesaria”, afirmó. En esa línea cuestionó la falta de coherencia en los argumentos. “El tribunal haciendo una pirueta argumental injustificada saca a Quiroga del ámbito de la responsabilidad por los traslados, porque dice que duda. Y de golpe, sin tener ningún indicio, ninguna prueba, y ningún argumento más que los dichos del acusado que negó haber estado en el segundo tramo del traslado, le hace caso; cuando la lógica indica que ambas cuestiones están vinculadas”, refutó. Durante el debate quedó acreditado que los presos políticos alojados en la UP1 fueron retirados pon orden de Juan Bautista Sasiaiñ y trasladados por el militar Osvaldo Quiroga subalterno de Pino Cano. El recorrido que los condujo a la muerte estuvo dividido en dos tramos. Se lo conoce como hecho XI debido a que hubo diez matanzas anteriores en similares operaciones informadas oficialmente como intentos de fuga. El recurso afirma que no se realizó debidamente la valoración de las pruebas desde la “sana crítica racional” y que además se omitió la consideración de otras pruebas. En esa línea señala que el estado de duda que llevó a los magistrados a ordenar las absoluciones no está fundamentado debidamente y resulta de una “construcción exclusivamente subjetiva” que deja de lado “nuevos criterios de jurisprudencia”. En general explica que la presencia de errores, falacias y silogismos incorrectos hacen que la sentencia sea calificada como “arbitraria y subjetiva”. Sobre este nudo argumental, Vaca Narvaja le dijo a este medio que “los razonamientos son contradictorios, ya que el Tribunal describe a la UP1 como un campo de concentración y de detención, y luego dice que a pesar de que Pino Cano y Quiroga integran el ejército encargado del plan sistemático de exterminio, son inocentes”. Desde esta perspectiva el abogado consideró que “el Tribunal inventa dos ejércitos, uno bueno y uno malo. Esto no es un error, es una manipulación de la argumentación para llegar a un resultado determinado. La lógica indica todo lo contrario a lo resuelto. La construcción subjetiva es justamente esto: a partir de su propia conciencia, de su propia idea, sin atender a lo que está en la causa, a lo que surge de la prueba, hace una argumentación que no corresponde”, explicó. Y en cuanto a la omisión de pruebas, el letrado puso como ejemplo el testimonio de Gerardo Otto quien identificó a D´aloia en la penitenciaría porque fueron compañeros en el liceo. “Es decir, integraba los grupos militares encargados de la seguridad, golpizas y traslados. En fin, el fallo en estos puntos, solo puede calificarse de lamentable”, manifestó. Otro de los argumentos presentes en el recurso se relaciona con el concepto de unidad de la jurisprudencia. Esto es, que dos casos iguales no pueden ser resueltos en forma diferente y aporta como ejemplo el fallo realizado por el Tribunal de Salta que condenó a Hugo César Espeche a cadena perpetua porque fue quien retiró a 11 detenidos, luego asesinados, en lo que se conoce como la masacre de Las Palomitas. Salgado Días atrás, el fiscal Carlos Gonella solicitó el revocamiento de la absolución de Gustavo Salgado acusado por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada en relación a los ex policías Luis Alberto Urquiza, José María Arguello, Oscar y Horacio Samamé, Carlos Cristóbal Arnau Zuñiga y Rodolfo Urzagasti Matorras, y en el caso de Urquiza por imposición de tormentos agravados. El fiscal consideró que “se violaron los parámetros lógicos que toda sentencia debe tener por exigencia legal y de la Corte Suprema de Justicia, tanto para condenar como para absolver. El Código de procedimientos obliga a los jueces a motivar sus fallos bajo pena de nulidad y conforme las reglas de la sana crítica racional, que implican a la experiencia común, la psicología y al principio lógico de razón suficiente con sus presupuestos no-contradicción y tercero excluso”, explicó. El funcionario de justicia manifestó que no esperaba este fallo porque en su alegato presentó “suficientes fundamentos para que sea condenado” y destacó que en casos en los que no encontró elementos suficientes “no acusé y eso se reflejó luego con las absoluciones dispuestas por el tribunal, acogiendo mi pedido, sobre David Merlo y Ricardo Cayetano Rocha”, sostuvo. Gonella le explicó a este medio que se observa “un desorden lógico” en el escrito porque por un lado considera que el D2 es un Centro Clandestino de Detención y por otro afirma que Salgado quien trabajaba en el lugar “no sabía lo que le iba a pasar a las víctimas” entonces su conducta está “prescripta” por tratarse de un delito común, al margen del terrorismo de Estado. El fiscal agregó que la tesis de la animosidad entre Urquiza y Salgado “es un argumento absolutamente insostenible. En primer lugar, porque Salgado era Oficial de guardia en el D2, fue superior de Urquiza – lo conocía y sabía que estaba sospechado de ‘subversivo’-, y tenía casi 10 años de experiencia como policía. En segundo lugar, porque esos “problemas personales” se originaron porque Urquiza le objetaba maltratar a los detenidos; es decir, cometer delitos de lesa humanidad imprescriptibles contra personas alojadas en el D2”, argumentó. Por su parte desde la querella Vaca Narvaja analizó que “es una argumentación inverosímil porque tiene acreditado que Urquiza fue torturado por Salgado y dice que no es un delito de lesa humanidad, sino un delito común. Lo enmarca de esta manera y declara prescripto. Está diciendo que, en el marco del terrorismo de Estado, Urquiza y Salgado no se querían, se odiaban…”ironizó. Gonella se quejó de que no fueran tenidos en cuenta los testimonios del ex ministro Zapiola y del periodista Mariano Saravia quienes aportaron datos sobre la situación de Urquiza cuando regresó del exilio. “Es indudable que a Urquiza le produjo un daño terrible tener que abandonar el país en democracia (1997) porque los responsables políticos de entonces no le garantizaron su seguridad y, lo que es más grave, avalaron a sus torturadores en los máximos cargos policiales”, expuso. Por otra parte y ante una consulta de este medio reveló que le llamó la atención que en varios fragmentos de la sentencia se afirmara que los represores actuaron “fraguadamente para matar las víctimas porque por ‘su condición, visibilidad, y estar a disposición de autoridades civiles no podían ser llevados, alojados y exterminados dentro de los Centros Clandestinos de Detención”. “Esto, indirectamente, significa que el hecho de estar a disposición de autoridades judiciales, operó como un reparo para los militares. De los legajos penitenciarios surgió que muchos detenidos fueron trasladados a los campos de concentración La Perla y La Ribera. El juez Pérez Villalobos hizo mención a la complicidad de los magistrados y funcionarios judiciales”, añadió. Asimismo recordó que “hubo un memorando que Sasiaiñ envió al Servicio Penitenciario imponiendo condiciones de vida inhumanas a los presos. Si las autoridades hubieran actuado con celo funcional: ¿Por qué no impidieron ese trato? ¿Por qué informaban a los abogados particulares que “por orden de los militares no podían seguir asistiendo a los presos”? ¿Por qué no promovieron las investigaciones para saber qué pasaba con los presos a su disposición?”, interpeló. Ahora el Tribunal quien no tiene competencia para analizar el fondo sino la forma de la cuestión deberá dar curso al pedido y elevarlo a la Cámara de Casación Penal para que resuelva el planteo. Por lo que se pudo averiguar se cree que el plazo máximo para que se expida ronda los dos años. Fotografía archivo prensared www.prensared.com.ar

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miércoles, 30 de marzo de 2011

A un año del crimen de Silvia Suppo

La Corte ordenó girar el expediente al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien ahora deberá profundizar las investigaciones sobre la pista más inquietante: si detrás de los homicidas confesos, hubo algún autor ideológico. La Corte Suprema de la Nación resolvió que el asesinato de Silvia Suppo pase al fuero federal, como reclamaban los familiares de la víctima. "Razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal", donde se "tramitan las causas por delitos de lesa humanidad", dice el fallo que se conoció ayer, justo a un año del crimen y poco antes de una multitudinaria marcha en Rafaela que reclamó el esclarecimiento del caso. La Corte ordenó girar el expediente al juez federal de Santa Fe, Reinaldo Rodríguez, quien ya lo rechazó dos veces y que ahora deberá profundizar las investigaciones sobre la pista máßs inquietante: si detrás de los homicidas confesos, Rodrigo Sosa y Rodolfo Cóceres, dos trapitos de 19 y 22 años, hubo algún autor ideológico. La sentencia definió un conflicto de competencia que demandó siete meses de ping pong judicial. Comenzó en agosto del año pasado, cuando un testigo de identidad reservada alentó la hipótesis del crimen por encargo. El testimonio se presentó ante el juez Rodríguez, pero el magistrado lo desglosó de la causa que investiga el martirio de Suppo y la desaparición de su primer compañero, Reinaldo Hattemer, en 1977, entre otros y se lo remitió a su colega de Rafaela, Alejandro Mognaschi, quien ratificó su competencia. La querella apeló ante la Cámara de Penal de Rafaela, que consideró que la investigación debía pasar al fuero federal. "No es posible afirmar que no exista ninguna sospecha de que lo acontecido con Silvia Suppo haya obedecido al propósito de otorgar impunidad a personas imputadas por graves violaciones de los derechos humanos", dijo el tribunal rafaelino. Y para eso, "tuvo en cuenta que la declaración del testigo de identidad reservada" (cuando ya estaba firme el procesamiento de Sosa y Cóceres) agitó la sospecha del crimen por encargo "encaminado a obstruir el esclarecimiento de delitos de lesa humanidad". El expediente pasó entonces a Santa Fe, pero Rodríguez lo volvió a rechazar, así que Mognaschi lo derivó a la Corte, para que resuelva el entredicho. A principios de marzo, el procurador general subrogante de la Corte, Luis González Warcalde, coincidió con el criterio del juez Rodríguez y aconsejó declarar la competencia de Mognaschi. Ayer, la Corte compartió "la descripción de los hechos y del trámite de la contienda de competencia efectuada" por el procurador González Warcalde. Pero discrepó con la conclusión. "En tanto no puede descartarse que la muerte de Silvia Suppo, obstaculice el normal funcionamiento de los tribunales federales en donde tramitan causas en las que se investigan delitos calificados como de lesa humanidad, razones de mejor administración de justicia aconsejan que conozca en estas actuaciones la justicia federal", dijo la Corte. Y declaró que "deberá entender en la causa" el juez Rodríguez. El fallo fue votado por el presidente del tribunal, Ricardo Lorenzetti y sus colegas Elena Highton de Nolasco, Juan Carlos Maqueda y Raúl Zaffaroni. Antes de conocerse la resolución de la Corte, el gobernador Hermes Binner aprovechó una visita oficial a Rafaela para saludar a los hijos de Suppo, Andrés y Marina Destéfani, al cumplirse un año del asesinato de su madre. "Agradecimos el gesto, pero también le efectuamos reclamos, como los venimos haciendo desde hace un año", dijo Andrés. "Le reiteramos que la Justicia Federal debe resolver el caso, que no está claro para nosotros la posición que tomó la policía de la provincia y que el asesinato no fue derivación de un robo común", agregó. Ayer, la agrupación Hijos descreyó del "falso interés que demostró el gobernador Binner, llamando de apuro a una reunión a Marina y Andrés Destéfani, para que el titular de los diarios sea: 'Binner recibió a los hijos de Silvia Suppo'. Nunca en este año hizo nada por los hijos de Silvia". "Y a pesar de las innumerables trabas, de la falta de apoyo y acompañamiento del gobierno de Santa Fe, de la Secretaria de Derechos Humanos de la provincia y la ausencia del ministro de Seguridad Alvaro Gaviola, tuvimos un gran paso. La Corte Suprema de la Nación falló a favor del pase de la causa a la justicia federal, en sintonía con lo expresado por la Cámara de Apelaciones de Rafaela y lo pedido por la querella, la Secretaria de Derechos Humanos de la Nación, los hijos de Silvia, el Espacio Verdad y Justicia, los organismos de derechos humanos, los compañeros de Silvia Suppo y todos los que honran la memoria de Silvia -señaló HIJOS-. Empezamos una nueva etapa. Tenemos mucho por hacer y lo vamos hacer, por los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos, por Julio López, por Silvia Suppo, por la memoria, la verdad y la justicia".

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Condenan a presos Mapuches.

Han condenado a 25 años a Héctor LLaitul Carrillanca y 20 años a Ramón LLanquileo, José Huenuche y Jonatan Huillical, Presos Políticos Mapuche, los jueces han negado entregar una copia de dicha sentencia a los abogados defensores y además no dieron los motivos por las cuales fuera condenados, esto impide a la defensa preparar una solicitud de nulidad del juicio. En la lectura de sentencia los jueces han negado a los abogados defensores una copia de la sentencia, ya que en la lectura no dieron los motivos por las cuales fueran condenados ni cuales fueron los argumentos y pruebas por las cuales llegaron los jueces a esta conclusión de esta manera los abogados tendrán menos tiempos para preparar los recursos de nulidad, ya que tienen solo hasta el primero de abril para presentar dicho recurso. todo esto es parte de las irregularidades que estuvieron presentes en este juicio, no por nada el más largo de la historia de la reforma procesal penal, en el cual existió tortura, apremios ilegítimos, el suicidio de uno de los testigos y principalmente el doble enjuiciamiento y la aplicación de la ley antiterrorista. Desde ayer luego de leída la condena, permanece tomada una iglesia de cañete por los comuneros y familiares de estos presos, esperando el pronunciamiento de la iglesia. Ellos han dicho que seguirán en la lucha desde la cárcel por la libertad del pueblo mapuche. Queda de manifiesto que estas condenas son una persecución a la organización CAM y sus miembros, ya que de esta manera se pretende por parte del estado y los poderes económicos desarticular dicha organización y poder seguir usufructuando de las tierras de los mapuche. Se les aplico la ley antiterrorista, con descaro ya que se hizo uso de testigos protegidos(a los cuales la defensa tampoco tuvo acceso). La huelga de hambre que hoy cumple 7 días, se solicita en lo fundamental la nulidad del juicio pues la ley antiterrorista se les aplicó. Se solicita que las organizaciones sociales realicen llamados a la Cárcel de Angol preguntando por ellos que se envíen mails al ministerio del interior, a los tribunales de justicia, a gendarmería,etc Aun permanece tomada la iglesia de cañete, no ha habido un pronunciamiento de la iglesia Centro Detención Penitenciaria ANGOL Dirección: Pedro Aguirre Cerda N° 80 y Los Confines s/ n°, Angol, IX Región-Chile. Fax: 56 - 45 - 711560 Teléfono: 56- 45 - 718072 - 718560

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