Mexico: Comunicado urgente.

El día de hoy, 13 de diciembre, siendo las 12 horas, aproximadamente 300 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, tomaron la caseta de salida de la carretera Chilpancingo-Acapulco, para exigir el cumplimiento a sus peticiones de educación al gobierno del Estado de Guerrero. A las 12:30 se presentaron elementos de la Policía Federal y Policía de la Fuerzas Especiales, los cuales abrieron fuego contra los estudiantes, así como persecución contra ellos golpeándolos y deteniéndolos a varios de ellos. Nos confirmaron a las 12:50 que hay 3 muertos, hay heridos y muchos detenidos.

Pedimos a todas las organizaciones sociales, civiles y de derechos humanos que estén atentas a la situación y a la defensa y denuncia de los hechos que se susciten de este ataque a los estudiantes normalistas.

COLECTIVO CONTRA LA TORTURA Y LA IMPUNIDAD
______________________________
Pitágoras 1210-16, Col. Del Valle
03100 México DF
México
Tel./Fax: 0052-55-5604 5642
colectivo@contralatortura.org
www.contralatortura.org

Fuente: Enlace Zapatista

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Rompiendo el cerco... carta a CFK.

Señora presidenta:

Le escribo estas líneas luego de que dos amigos que militan en el kirchnerismo me relataron con seria preocupación que hay crímenes aberrantes cometidos por el Estado que usted dirige de los cuales ni se entera, que hay cuestiones que no le llegan porque se las ocultan. Estamos hablando de violaciones tremendas y cotidianas a los derechos humanos, perpetradas durante su gestión y la de su difunto esposo por instituciones y hombres bajo sus mandos y el de los gobernadores. Se trata del Servicio Penitenciario Federal, Policía Federal y las distintas policías y servicios provinciales. El argumento es idéntico al que en su momento esgrimían quienes sostenían que el Brujo López Rega había creado "un cerco" que impedía a la Jota Pe, entre otros, llegar al general Perón. Del mismo modo, ahora habría hombres de su gabinete, asesores y personajes tras las sombras que le recortan información y manipulan las denuncias que debería atender.
Si es así, está usted en serios problemas: Nadie mató más hijos del pueblo en el encierro y en los barrios del pobrerío que el Estado kirchnerista, luego de la última dictadura cívico militar. Durante el kirchnerismo se elevó el número de presos y cautivas de 22 mil a 70 mil, aunque ahora se registran alrededor de 66 mil. Por su parte, los distintos servicios penitenciarios del país despliegan un plan sistemático de represión clandestina destinado a la muerte o a aniquilar la entidad humana de los seres privados de libertad. Este último concepto no es especialmente mío, en palabras similares lo afirmó la doctora Cristina Beute, fiscal federal de Neuquén en ocasión de presentarse el libro "Cárceles de Mala Muerte", días atrás. En el mismo evento, Lolin Rigoni, de Madres de Plaza de Mayo Filial Neuquén y Alto Valle sostuvo que los presos de hoy son los desaparecidos de los '70. Si tiene dudas, ambos testimonios fueron escuchados por un nutrido auditorio, además de constar en mí archivo personal.

¿Quién debe morir en una cárcel?

Señora, usted sabe como abogada que nadie debe morir en una cárcel -salvo grandísima excepción-, dado que existe -en teoría- un criterio sanitario que para permanecer tras las rejas hay que tener 18 años y poseer un estado más o menos saludable. Ya que si un ser humano preso está herido o enfermo, de acuerdo a la ley, debe ser internado. Si tiene más de 70 años, generalmente accede al arresto domiciliario. Y si padece una enfermedad terminal debe morir en su casa o en el hospital. Y acá viene lo indignante, señora. La tasa de mortalidad es superior en la cárcel que fuera de ella, donde están todos los grupos de riesgo, donde suceden desde las muertes súbitas de los bebés hasta los incidentes de tránsitos, donde están los hombres y mujeres muy ancianos y aquellos que no acceden a alimentos ni a la salud porque fueron despojados de todo derecho. ¿Cómo explica usted que en un sitio en el que nadie debiera morir sucumben más personas que en la "sociedad libre" cuyos guarismos de decesos deberían ser infinitamente superiores?
Le comento, tampoco fue un descubrimiento mío, un abogado asesor del Estado planteó este tema, días atrás, durante la presentación del Informe Anual de la Procuración Penitenciaria de la Nación, en el Congreso Nacional. Dos centenares de personas lo escucharon y aún guardo sus palabras en mi archivo personal.
Y para colmo, tal como lo denunciaron compañeros de Ciudad Interna, en su momento, y otras organizaciones de presos y cautivas, las muertes son por herida corto-punzante, ahorcamiento, fracturas múltiples, entre otras causas, que señalan claramente responsabilidad de sus agentes. A veces provocadas por los "coche bomba", es decir los presos reclutados por sus hombres para "tercerizar" la masacre, lo que agrega aún más responsabilidad estatal y califica a los homicidios. Pero aún si alguien muriese de enfermedad en una prisión también es una responsabilidad del Estado que usted dirige, junto a los provinciales, según corresponda. Y ni hablar en el caso de los "inmolaciones" donde el servicio penitenciario se destaca como principalísimo organismo de ayuda al suicida. Por caso, ¿sabía usted que la picana eléctrica se aplica en prisiones argentinas, como también el submarino seco o húmedo, la bienvenida, el plaf-plaf, el pata-pata, la pirámide humana, la introducción de palos en el ano, simulacros de fusilamientos? Le pido que no crea en mis palabras, lea "Cuerpos castigados", investigación de la conocida socióloga Alcira Daroqui y Carlos Motto, donde queda establecido que el 64 por ciento de los presos fue torturado (creo que un porcentaje alto de ese 36 restante calló por miedo, comprensiblemente), con las sevicias más crueles, no solo por los uniformados de requisa o "la pesada", sino también por médicos y enfermeros del SPF que, en su mayoría, se suman entusiastas a los asesinatos y a su posterior silenciamiento. Todo lo que refiero se perpetró durante el kirchnerismo ¿No lo cree? Pues, en el volumen están los testimonios.
Dígame, ¿no ve ahora un poco más claro el plan sistemático de represión estatal para la muerte o el aniquilamiento de la entidad humana del que hablábamos más arriba?

Mujeres en prisión

Señora, ¿sabía que se obliga a mujeres en el encierro a desnudarse y hacer flexiones, como en la dictadura, o que se realizan requisas vaginales y anales aunque las prohíba la ley? ¿Sabía que hay compañeros y compañeras que optan por decirles a sus familiares que dejen de visitarlos para evitarles esta requisa humillante, ellos también la sufren, y así se pulverizan los vínculos más cercanos y necesarios? Aunque recogí muchos testimonios personalmente sobre este tema, prefiero recomendarle el libro "Mujeres en prisión". Se trata de una investigación realizada por un equipo conformado por profesionales, todas mujeres, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión sobre Temáticas de Género de la Defensoría General de la Nación y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
En el mencionado volumen, por ejemplo, se halla el siguiente fragmento: "Cabe destacar que muchas veces las detenidas señalan que estas prácticas violentas o los controles e inspecciones de sus espacios y sus cuerpos son ejercidos por varones, lo que suele ser vivido como un plus violento y degradante del ejercicio del poder penitenciario sobre ellas. A este respecto una entrevistada describe lo siguiente: "Una requisa fue muy violenta, fue muy humillante, nos hacían desnudar delante de hombres, rompieron todo. El médico se reía detrás del pabellón. Estuvimos dos horas de pie contra la pared hasta que hicieron la requisa" (Unidad 3).
Por mi parte, he comprobado como madres entre rejas llaman por teléfono a sus hogares e interrogan: "¿Te bañaste?, ¿hiciste la tarea? Realmente me emociona ver el esfuerzo de cuidar a los hijos desde el encierro. Aunque, en ocasiones, ese esfuerzo y ese amor no pueden vencer a la ferocidad que se ensaña con los más débiles. Entonces, le pregunto, señora, ¿tiene algún sentido negar el arresto domiciliario a una mujer, madre y jefa de familia, para desarticular la misma y promover el desamparo de los pibes y chicas que generalmente terminarán también institucionalizados? ¿Le encuentra algún sentido? ¿Y si no se lo encuentra, por qué no toma una iniciativa en esa dirección?

Codo a codo

Señora, ahora le brindaré una reflexión de un ser humano en situación de cárcel por demás interesante: "Cuando se piensa en el servicio penitenciario, hay una tendencia a identificarlo con la imagen del carcelero, una especie de máquina idiota de aplicar sufrimientos. Y creo que no estaría de más recordar aquí que en la cárcel- ese dispositivo de control y castigo- trabajan, codo a codo con el carcelero, una legión de profesionales: criminólogos, médicos, psiquiatras, psicólogos, asistentes sociales, docentes. Todos ellos avalan y justifican las prácticas cotidianas de aquella máquina. Los psiquiatras te mantienen lo suficientemente drogado como para que no pienses ni cuestiones. Los psicólogos elaboran «perfiles» de l@s pres@s, que servirán a su vez a los criminólogos para determinar el «tratamiento» adecuado a la población en función de categorías como conflictividad, adaptación al régimen, liderazgo negativo; los médicos (cuando están) te observan morir y luego certifican paros cardiorrespiratorios, sin distinción de razas, sexo o religión ni -por supuesto- causa real de la muerte. A la vez, nada de esto sería posible sin la cobertura que buena parte del Poder Judicial aporta a la «familia penitenciaria», mediante la desestimación sistemática de recursos de amparo y hábeas corpus interpuestos por l@s detenid@s y la escasa (y nula, en muchos casos) investigación de los delitos cometidos por personal de «la familia».
Para quienes habitamos las prisiones no es novedad, pero es imprescindible repetirlo una y otra vez: es el Estado, a través de sus múltiples agencias y funcionarios, el que tortura y mata en las cárceles argentinas".

Traslado de Devoto

Señora, ahora quiero referirle sobre este tema una posición contraria al que le han recomendado sus asesores.
En días previos a las elecciones primarias, usted anunció el traslado de ésta cárcel a un descampado de Mercedes. En Devoto hay cerca de 1700 presos, usted, como mujer militante, ¿realmente cree posible que los familiares, todos pertenecientes al pobrerío, que viven en La Boca, Soldati o Lugano, entre otros barrios, puedan costear el viaje a Mercedes? ¿No pensó que se van triturar los lazos que, por el contrario, debieran afianzarse? Vuelvo a recordarle su condición de abogada. Usted sabe bien que los letrados de oficio, en general, van mal, tarde o nunca a ver a sus defendidos, eso cuando el penal les queda cómodo. Imagínese si así van a Devoto, como lo harán a Mercedes. ¿De verdad no advirtió que se verá afectado el derecho a la defensa en juicio de centenares de personas?
Por otra parte, estoy seguro que conoce la trayectoria del Centro Universitario Devoto, es un ejemplo en todo en el mundo y surgió mucho antes que a usted, dizque, le aplicaran el cerco. ¿Sabía que el CUD solo posee un 7 por ciento de reincidencia frente a casi un 50 de quienes no estudian allí? ¿Sabe que el traslado va a desintegrar al CUD? ¿Le parece que los docentes de la UBA, talleristas, ONGs y otros, podrán viajar a Mercedes como lo hacen a Villa Devoto, sin perder los empleos, por ejemplo?
Señora, si antes un vecino compró una casa más barata por estar ubicada cerca de la cárcel, ahora no resulta ético multiplicar el patrimonio inmobiliario sobre el sufrimiento de otros, y menos ético es ganar votos con ello. Y le informo que somos muchos los que nos oponemos a esa medida, incluidos vecinos del barrio de Villa Devoto.

¿Cuál es su verdadero poder de decisión?

Señora, por si no se enteró debo decirle que el CUD, en 25 años de existencia, jamás había sufrido un ataque tan feroz como el que debió enfrentar durante su gobierno. El cabecilla de esa cruzada contra estudiantes y docentes universitarios fue Alejandro Marambio Avaría, jefe de asesinos y torturadores, al frente del SPF de 2007 a 2011. Si es posible, quisiera razonar junto a usted: Marambio era titular de una Dirección Nacional, que es menos que una Subsecretaría de la cual depende, que es menos que la Secretaría a la cual se supedita, que es menos el Ministerio que integra, que es menos que la Jefatura de Gabinete y que es menos que la presidenta de la Nación en la línea política administrativa de gestión. ¿Cómo es posible que un funcionario de sexta categoría, decida sobre la vida y la muerte con total impunidad, resuelva quienes ingresan y quienes no a un penal, gradúe la intensidad del verdugueo a los familiares, prohíba la entrada a un organismo de derechos humanos, niegue el ingreso a Devoto al embajador de Francia, elabore un obstáculo tras otro para impedir el contralor de la Procuración Penitenciaria de La Nación y robustezca sus bolsillos con negociados, entre otros.
Marambio fue sostenido, durante toda su nefasta gestión, por todos sus funcionarios, señora, desde Julio Alak hasta Aníbal Fernández, a pesar de las innumerables denuncias que contra él proliferaron por parte de familiares, organismos, periodistas, presos y cautivas y hasta familiares de agentes penitenciarios.
Me pregunto, ¿debemos creer que nunca se enteró?
Y, encima, ahora el intelectual a la carta Horacio González, entre otros, lo blanquea invitándolo a dar charlas en la Biblioteca Nacional a pesar que durante su gestión crecieron geométricamente las muertes, torturas y latrocinios en las cárceles federales.

Desmilitarización y control popular

Señora, ya habrá advertido que milito en las filas del abolicionismo, la cárcel no sirve nada más que para destruir la entidad humana y solo rinde, a quienes la regentean, grandes dividendos luego derivados a cuentas suizas y lujos de funcionarios. Así lo demuestran sus más de 2 siglos de existencia devastando a los más pobres. Este tipo de cárcel surgió con el capitalismo, y llegará el día en que será un oprobioso recuerdo.
Pero la única opción al abolicionismo no es la barbarie sangrienta que se desarrolla en su gestión. Usted dice bien cuando afirma que nuestro país es uno de los 10 en el mundo que tienen matrimonio igualitario. Pero omite que las personas gays o trans soportan un plus de castigo, cuanto menos en las cárceles de hombres, donde la homofobia es política oficial. Y lo que calla es que nuestro país es uno de los poquísimos del planeta que mantiene un servicio penitenciario militarizado. ¿Realmente lo cree necesario? ¿Le parecen indispensables las balas, los fusiles y la garroterapia para ocuparse del estudio, la salud y el trabajo de los seres humanos en prisión? Según todas las opiniones recogidas es el principal obstáculo, precisamente. Si ya es imposible educar para la libertad en el encierro, es absurdo creer que se puede lograr bajo el terror permanente.
Por otra parte, le recuerdo en 2004, su marido firmó un pacto internacional contra la tortura y otros tratos inhumanos, el mismo establece la creación de un Mecanismo Nacional de Prevención mediante el cual organismos humanitarios, ONGs, etc, pueden auditar, controlar, denunciar, llegar sorpresivamente a los penales y de esa manera poner freno a la masacre en estos nuevos campos de concentración. Estamos casi en 2012 y no existe tal mecanismo, solo media sanción en diputados, un cajoneo que nadie puede soslayar y un control popular que no se efectúa.
¿No está de acuerdo con lo de campos de concentración? Bueno, así lo definió la Coordinadora Anticarcelaria, que integro. Así los nombra, por caso, Gladys Rodríguez, secuestrada durante la dictadura y hoy referente de Zainuco, así los nombra Alicia Bernal, militante de fierro de la Comisión Antirrepresiva y por los Derechos Humanos de Rosario, así los nombra Adriana Revol, luchadora popular de Córdoba, entre cientos de militantes y así lo creo yo. Y, sobre todo, así los nombran cautivos y presas cuyas identidades reservo para evitarles represalias. Los nuevos campos no son iguales a los de la dictadura argentina del 76', como aquellos no eran exactamente iguales a los del nazismo. Pero, la represión estatal y clandestina, la tortura diaria (picana, submarino, simulacros de fusilamiento, señora) y las muertes silenciadas son elementos comunes a todos.
Es mí deber advertirle que los crímenes cometidos por el Estado son imprescriptibles e inamnistiables. Y, quiero citarle un fragmento del jurista internacional Carlos Slepoy -de gran actuación en el juicio a las dictaduras militares de Videla y Pinochet-,escrito en el libro "Cárceles de Mala Muerte", referido a las violaciones a los derechos humanos: "A diferencia de los estados dictatoriales, a los que se supone violadores de esos derechos, a los estados democráticos se les presume su protección. Desde este punto de vista es más grave que los delitos que comentamos sean cometidos por los estados democráticos. Precisamente porque se amparan en las leyes para vulnerarlos".
Señora, esto significa que los autores materiales y mediatos serán buscados para su castigo por siempre. Por eso creo que sus asesores y funcionarios no le hacen ningún favor edificando el cerco que le impide ver y escuchar la realidad. Quizá sea hora de pedir perdón al pueblo por estos crímenes y comenzar por desmilitarizar la fuerza nefasta, porque más tarde o más temprano deberán responder por la masacre.

La convicción

Señora, sé que usted y sus asesores dirán que fue respaldada por más del 50 por ciento de los votos. Y es verdad. Pero aunque hubiese obtenido el cien por cien de los sufragios, estoy seguro, nadie, ni uno solo de los hombres y mujeres que la votaron, lo hicieron para que se torture a seres humanos en el encierro y esposados, para gozar con las muertes impunes, para obligar a presos a salir a robar automóviles a las calles y violar a sus mujeres si se niegan y asesinarlos si la negativa persiste. Y aunque sí muchos o todos hubiesen respaldado estas aberraciones, usted sabe que los crímenes no se someten a plebiscito, se castigan.
Por eso, con un conjunto de compañeros y compañeras seguiremos con la firme convicción de romper el cerco. Es decir, si el cerco es tan sólido que no llega su respuesta a esta carta, en ese caso, escribiremos las que fueran necesarias hasta escuchar su voz sobre el tema y lograr que la cárcel se discuta en la agenda pública. Cada vulneración de los derechos de los seres humanos en prisión, o de sus familias, se transformará en una carta, y en otra, y otra y otra. Hasta romperle el cerco. Lejos de una amenaza, el aviso es tan solo para contarle que el empeño surge del profundo dolor que nos interpela.
Me quedan muchas cosas en el tintero, pero esta misiva ya se ha hecho bastante extensa. Solo quiero, antes de despedirme, recordarle el pensamiento que manifestó un argentino sobre el tema en cuestión en relación con su persona: "Sé que una de las asignaturas pendientes que tendrá que llevar Cristina adelante es el mejoramiento profundo del Sistema Penitenciario Argentino, es una tarea central para consolidar profundamente la política que todos nosotros, todos los que estamos acá y la mayoría de los argentinos, creemos respecto a los derechos humanos....", Néstor Kirchner, presidente de la Nación, en el acto de demolición de la Cárcel de Caseros, noviembre de 2007.
Sin más, en espera de su respuesta, la saluda respetuosamente:

Oscar Castelnovo
DNI 12.752.072
oscarcastelnovo@yahoo.com
AgruPasión Para la Libertad
Buenos Aires, 18 de octubre de 2011

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2011, UN AÑO DE JUICIOS A CUENTAGOTAS

Presentamos a continuación un informe sobre los procesos contra los genocidas de la última dictadura llevados adelante desde el año 2003 a diciembre de 2011, que destaca sólo los procesos que han pasado por la etapa de juicio oral y tienen condena de un tribunal federal del país. Los datos son de elaboración propia de HIJOS La Plata en base a información pública tanto de las investigaciones de los organismos de DDHH, como del Ministerio Público Fiscal (www.mpf.gov.ar) y del Poder Judicial (www.cij.gov.ar). Cabe destacar que si bien los organismos del Estado realizan seguimientos o informes coyunturales sobre los juicios, su ponderación de las cuantificaciones siempre están marcadas por la media de su respuesta como órgano público ante demandas populares, es decir, se muestra sólo lo que conviene a la rendición de cuentas de una actividad burocrática, relegando los problemas estructurales (políticos y operativos) que atraviesan al tema. Intentamos con estas líneas sumar a la discusión sobre el estado real del proceso de juzgamiento iniciado hace más de 8 años, sus contradicciones y avances, la profundidad de su razón de ser y la necesidad completarlo cuanto antes. Poder contar con estas cifras es importante para evaluar con argumentos sólidos el proceso de juzgamiento. Los datos nos confirman la significancia de la investigación independiente sobre estos temas, y nos inducen a pensar que lo sustancial no es sólo cuantificar qué hizo una gestión de gobierno en abstracto, sino comparar la dimensión real de participación de efectivos de las fuerzas armadas y de seguridad en el Terrorismo de Estado, que supera ampliamente los varios miles de ejecutores, con el último impulso de condena que se viene dando desde 2003. En Agosto de 2011 se cumplieron 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, tiempo en que el Estado argentino sólo efectivizó 58 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 58 juicios estuvieron procesados 287 imputados (algunos represores en varias causas), donde hubo 263 condenas, 23 absoluciones y un muerto impune mientras duraba el proceso, por un universo de 1271 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados desde 2003 fue condenado, y en la mitad de los casos con codenas menores al máximo de la pena. Para un balance rápido sobre la situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos, porque da una pauta de la falta de celeridad del proceso. La balanza sigue inclinando hacia la impunidad, ya que son 283 genocidas muertos impunes contra 257 condenados. Los últimos cinco genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”, Rubén Visuara, primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, Pedro Alberto Duran Saénz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención, Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa excusado por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El último, y más reflejado en los medios de comunicación, fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud y murió impune con varios procesos pendientes. Entonces, comparado con los miles de represores implicados en el Terrorismo de Estado entre el ’76 y el ’83, e incluso, comparado con los cerca de 1.800 procesados, ese 15 % de condenados es menos auspicioso que los datos defendidos desde los sectores oficiales. En cuanto a las zonas represivas y a las fuerzas que participaron del Terrorismo de Estado, si subdividimos el total de juicios y condenas efectivizados por zona y por fuerza represivas, la perspectiva es mucho más desalentadora. Y obtenemos que respecto a las 3 zonas represivas más importantes, en lo que corresponde al Ejército y las policías provinciales se han hecho:   - 20 juicios en jurisdicción del Comando del Primer Cuerpo con 87 condenas. - 13 juicios en jurisdicción del Comando del Segundo Cuerpo con 50 condenas.   - 17 juicios en jurisdicción del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército con 80 condenas. Es lógico que las cifras sean mayores en esas jurisdicciones porque concentraron mayor número de centros clandestinos y de efectivos por ser las zonas más pobladas y de mayor actividad organizativa militante. Pero si revisamos otras jurisdicciones como la del Comando del Cuarto Cuerpo de Ejército, que incluyó 8 partidos del norte bonaerense vemos que el juzgamiento fue de solo un proceso: el que en Abril de 2011 condenó a Luís Patti, Reynaldo Bignone, Santiago Omar Riveros y dos genocidas más, por 5 casos en hechos represivos cometidos en el partido de Escobar y zona de influencia. Y en el caso del Comando del Quinto Cuerpo, que abarcaba a toda la Patagonia, sólo se realizaron 2 juicios que condenaron a 14 policías y militares que actuaron en los CCD “La Escuelita” de Neuquén, las comisarías de Sierra Grande y Viedma y la Escuela de Cadetes de Viedma. En cuanto al resto de las fuerzas represivas, sólo se logró condenar a 21 integrantes de las patotas de la Armada y un civil, Juan Herzberg en la Causa Alonso de La Plata, por el caso de apropiación de Natalia Suarez Nelson-Corvalán, a Justo Ortiz y Roberto Pertusio en la causa de Base Naval de Mar del Plata y a 17 de los 18 represores imputados en Causa ESMA. Además sólo 4 fueron los integrantes de la Fuerza Aérea condenados a la fecha (Pedro Barda, Cesar Comes, Hipólito Mariani y Gregorio Molina) en las causas Mansión Seré y Área Mar del Plata. Y hubo sólo 1 integrante de Gendarmería condenado, Víctor Enrique Rei, en el caso de la apropiación de Alejandro Adrián Fontana-Sandoval. Si revisamos las características de los juicios en cuanto al número de imputados que incluyeron veremos que de los 58 procesos realizados, más de la cuarta parte tuvieron un solo imputado en el banquillo, más de la mitad tuvieron entre 1 y 5 imputados, y las tres cuartas partes de ellos entre 1 y 10 imputados. Ese patrón responde a la lógica de juzgamiento sólo de las responsabilidades de los altos jefes del mando militar o policial que funcionaron como responsables en la estructura orgánica de las zonas represivas, pero no contempla a la totalidad de los represores que actuaron en cada CCD ni mucho menos a la totalidad de víctimas que por ellos pasaron. Si analizamos la característica de las penas, surge que sólo el 45 % de los represores fueron condenados al máximo de la pena (prisión o reclusión perpetua). En efecto, el 17 % de los condenados recibió 25 años de prisión, y el restante 38 % menos de 25 años.   Además hubo 23 polémicas absoluciones, de las que destacamos el caso del genocida Alejandro Duret en la causa por el secuestro y desaparición de Carlos Labolita, absuelto por el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata; el del represor Miguel Angel Trimarchi, perdonado en el juicio por la Masacre de Fátima por el Tribunal Oral Federal Nº 5 de Capital Federal; el caso del torturador de la Policía Federal Juan Carlos Falcón, eximido en el juicio parcial del Circuito Club Atlético-El Banco-El Olimpo por el Tribunal Oral Federal Nº 2 de Capital Federal; el reguero de perdones que despachó el TOF Nº 1 de Córdoba sobre 7 imputados de un total de 31, en el proceso por los hechos de la Unidad Penal Nº 1 de esa provincia y el escandaloso perdón en los 13 casos en que se acusaba al torturador Juan Carlos Rolón en el juicio parcial por hechos ocurridos en la ESMA. De hecho, entre los 17 juicios realizados en 2011, hubo absoluciones de 7 genocidas en 6 de ellos. Estos casos alertan sobre la necesidad de completar las investigaciones incriminatorias preliminares sobre cada imputado para arribar a la etapa oral sin dar posibilidad a las “dudas” absolutorias. Parecieron tener razón los sectores oficialistas que bautizaron al 2010 como “El año de los juicios”, si recordamos que hubo ese año 19 juicios con cerca de 150 condenas. Tan verdad resultó aquello que este año la tendencia decayó a 17 juicios en todo el año con sólo 73 condenas (la mitad de ellas a perpetua) y 7 absoluciones, por un total de 380 casos de víctimas del Terrorismo de Estado.  Es grave el retroceso de la tendencia para este año, si se tiene en cuenta  que la cantidad de procesos venía creciendo paulatinamente desde los 2 juicios en 2006, 2 en 2007, 5 en 2008 y 13 en 2009. La distribución geográfica de los procesos continuó destacando a Capital Federal donde hubo 4 juicios con sentencia. Hubo 2 en Tucumán y 2 en Salta, y en las restantes jurisdicciones (La Plata, San Martín, Paraná, San Juan, Santa Fé, Mendoza,  Chaco, General Roca y Mar del Plata) un solo proceso. Más pesimista es el balance sobre 2011 al corroborar que, salvo en la Causa ESMA, en la mayoría de los procesos de este año se juzgó a menos de 10 represores por causa, siendo que se tuvieron en cuenta hechos y centros represivos tan importantes como los CCD “Orletti”, “Vesubio”, la “causa Urondo”, la masacre de “Margarita Belén” y la segunda versión de la causa “Las Palomitas”. Además hubo sólo 3 procesos por supresión de identidad y apropiación de hijos de desaparecidos, en los casos Cabandié en Capital Federal, Martínez Aranda-Goya en San Juan y por los mellizos Negro-Valenzuela en Paraná. Esto también marca un replanteo sobre la política de restitución de los niños apropiados, cuando esta no está acompañada del castigo penal a los apropiadores. Para La Plata el año no sumó grandes cambios, ya que si bien comenzó un proceso largo con 26 represores imputados por unas 300 víctimas, en 2011 sólo se pudo condenar al guardia cárcel de la Unidad Penitenciaria N° 9, Pedro César Guerrero, juzgado en una causa residual de la de “Unidad 9” de la que quedó afuera gracias a haberse profugado en la etapa de instrucción, y donde fue condenado a sólo 9 años de prisión por 7 de los 15 casos de torturas a presos políticos de los que se lo acusaba.   Suman 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Por último, hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en próximos juicios. En general, y siempre comparando lo que se ha hecho con la dimensión histórica real de participación de agentes militares, policiales y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, así como mayor acumulación de las causas hacia la lógica del CCD o el Circuito represivo, que se logra sólo con un mayor impulso político general del proceso juzgador, que este gobierno no está dispuesto a dar. Por ello, la voluntad manifiesta del oficialismo de “clausurar esta etapa histórica”, será una efectiva clausura, pero que dejará a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo. Para corroborar los datos desarrollados más arriba y ver más detalles específicos sobre cada juicio se adjunta más abajo una planilla de excel con todos y cada uno de los juicios realizados desde 2003 hasta diciembre de 2011, su agrupamiento pormenorizado por estructura de mando y algunas cifras totales de este proceso. Sumamos dos destacados en PDF de resumen de los juicios 2003-2011, de los de este año y de los procesados en causas pendientes en La Plata.   ADJUNTOS: http://www.scribd.com/doc/75460284 http://www.scribd.com/doc/75460277 http://www.scribd.com/doc/75460260 https://rapidshare.com/files/660378400/Causas_Dic_2011.xls A 35 años del golpe genocida seguimos luchando por: - CÁRCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS. - JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION O CIRCUITO REPRESIVO. - RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA. - BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS. JUSTICIA POR SILVIA SUPPO.  - BASTA DE GATILLO FÁCIL.  FUERA LA POLICÍA DE NUESTROS BARRIOS. - BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN. LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS. AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES! AHORA Y SIEMPRE!

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TODOS POR LIBERTAD DE CARLOS OLIVERA. 20/12, 11hs.

ATENCION: La audiencia por la libertad de Olivera, pasó al 20/12, 11hs. en los tribunales de Lomas de Zamora, Larroque y Camino Negro.

Reiteramos la invitación,de manera de organizar una fuerte concurrencia para obtener la libertad del compañero.

Comisión por la Libertad de Carlos Olivera

Lunes 5, 11 horas frente a los Tribunales de Lomas
Todos a la audiencia pública por la Libertad de Carlos Olivera

Luego de la enorme y representativa movilización por la libertad de Carlos Olivera, realizada el 17 de noviembre, los jueces que atendieron a la delegación de referentes políticos, sindicales, sociales y de derechos humanos se comprometieron a fijar fecha para la realización de una audiencia pública, una instancia decisiva para reclamar la liberación del compañero.

Finalmente en el día de hoy, el juzgado correspondiente anunció que la audiencia tendrá lugar el próximo lunes 5 en los tribunales de Lomas. Una excelente oportunidad para movilizar y decirle a la justicia que Carlos, que es inocente, debe permanecer en libertad, mientras dure su proceso, ya que el juicio se llevará adelante en el mes de febrero.

Por todo esto desde la Comisión por la Libertad de Carlos Olivera convocamos a todas las organizaciones y personalidades sindicales, sociales, democráticas, políticas y de derechos humanos a movilizarse ese día hacia las puertas del tribunal, a partir de las once horas. La cita es en Larroque y Camino Negro, Banfield.

TODOS POR LA LIBERTAD DE OLIVERA EL LUNES 5 A PARTIR DE LAS 11 HORAS EN LOS TRIBUNALES DE LOMAS.

Contra la represión, Organización y Lucha!
Fuente: CADH

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Fiesta este viernes 2/11 en Trabajo Social (9 y 62). A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR!

A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR!
Ya estamos finalizando el año 2011, un año intenso para muchos en la facultad, en el trabajo y en la militancia...es por eso, que a esta fecha donde el calor comienza a ser costumbre y argumento para salir a divertirse, donde la sed comienza a molestar pues, queremos invitarlos a nuestra fiesta " A LUCHAR Y GOZAR POR UNA EDUCACIÓN POPULAR" este VIERNES 2 DE DICIEMBRE A LAS 22 HORAS EN LA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL. Entrada $2 pe

¿Por qué luchando y gozando? por que también creemos que además de desarrollar estas tareas principales como estudiante, villero (poblador) y trabajador: concientizar, politizar y organizar con la pretensión de crear espacios críticos de construcción y organización de base, uno también lo pretende transformar con la base de búsqueda de la felicidad colectiva que nos arrebataron durante siglos, de goce y alegría, de conocer a tu entorno, compartir , etc.

Creemos que estos espacios de diversión y buenos momentos son necesarios para fomentar estas relaciones y de conocer otras culturas, otros gustos, otra gente, otros temas, etc.

Es por ello, que tendremos diferentes bandas: CUMBIA COLOMBIANA, ROCK, PACHANGA LIBERTARIA, etc..para bailotear y si se dá para UN BESATÓN POR LA EDUCACIÓN. También tendremos proyecciones, exposiciones, venta de comidas, de buenas y heladas birras... un excelente momento que no te puedes perder...

te esperamos
Movimiento Estudiantil Chilenos Lp

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29/11 19:15hs. en Rawson 106. Charla debate sobre el estallido del 2001

¿Que se vayan todos? A 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001., de la editorial grafica El rio suena.

graficaelriosuena@gmail.com /// TE: (11)15-64521950

29/11 19:15hs. en Rawson 106 - IMPA - Universidad de los Trabajadores.

¿Cómo se gestó la crisis que estalló en 2001? ¿Cómo se llegó a la nueva situación donde pareciera que nos encontramos en una “nueva normalidad”? En estas páginas el lector encontrará respuestas polémicas a estas preguntas. Organizado a manera de balance, ¿Que se vayan todos? A 10 años del 19 y 20 de diciembre de 2001 es un libro que convoca a varios militantes y referentes políticos y culturales, dirigentes obreros e intelectuales orgánicos al campo de los trabajadores y el pueblo que han sido protagonistas de este período de lucha para reflexionar sobre lo que va de la hegemonía menemista hasta la actualidad.

Escriben: Guillermo Caviasca, Andrea D'Atri, Fernando Esteche, Claudio Katz, Roberto Martino, Eduardo "Vasco" Murúa, Martín Ogando, Roberto Perdía, Rubén "Pollo" Sobrero, Natalia Vinelli, Vicente Zito lema.

Indice
Palabras iniciales, 5
Rebelión en las calles, por Guillermo Caviasca, 11
Entre rupturas y continuidades: “El modelo K”, por Roberto Perdía, 37
Los atolladeros de la economía latinoamericana, por Claudio Katz, 61
Desde la Rebelión Popular a construir la Revolución Nacional, por Fernando Esteche, 79
Canto de Homenaje, por Vicente Zito Lema, 99
Comunicación alternativa y lucha popular: Reflexiones a 10 años de la rebelión, por Natalia Vinelli, 103
La construcción de un reclamo. 2001-2011: Vaivenes de una década de lucha por el derecho al aborto, por Andrea D’Atri, 117
Un sindicato al servicio de los trabajadores y tren al servicio del pueblo, por Rubén “Pollo” Sobrero, 139
Ocupar, Resistir, Producir, por Eduardo “Vasco” Murúa, 161
El MTR y el 20 de diciembre: Memorias de una militancia, por Roberto Martino, 171
Con diez años menos. Apuntes apresurados sobre el movimiento estudiantil de la UBA (2001-2011), por Martín Ogando, 181

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Arriba las manos... Esto es el ESTADO!

Profundizando el modelo Nacional & Popular...

Mas de 3300 personas asesinadas por el estado entre el 83 y el 2011. El 56% durante los 8 años del Kirchnerismo. La provincia de Buenos Aires tiene 45% de los casos (1526). 200 casos en los últimos 12 meses.

(Red Eco) Argentina
Desde 1983 hasta octubre de este año, 3.393 personas fueron asesinadas por el aparato represivo del Estado, en sus diferentes modalidades: gatillo fácil, crímenes en lugares de detención, por aplicación de torturas, además de muertes ocasionadas por la represión a la protesta social. El 56% de los casos ocurrió durante los ocho años de gobiernos kirchneristas, y casi 200 muertes en los últimos 12 meses.

El Archivo da cuenta además de que la práctica del gatillo fácil, la tortura y las detenciones arbitrarias son patrimonio de todas las provincias, todos los gobiernos y todas las policías y fuerzas del país. Para los integrantes de Correpi, la represión es el elemento disciplinador por excelencia que utiliza el Estado. Y tiene dos manifestaciones claras: la represión preventiva y la selectiva. “(la preventiva es) aquella que se desata sobre el grueso de la población que potencialmente se muestra como posible cuestionadora del sistema.

El 95% de los casos, es sobre jovenes, casi adolescentes, entre 13 y 25 años, que corresponden a la franja más pobre de la sociedad. Esto se va repitiendo, va creciendo año tras año, y van apareciendo nuevos casos que no fueron registrados antes”, señaló Ismael Jalil. En este mismo contexto, definió a la represión selectiva: “Es la que se despliega sobre los sectores de la población que ya se encuentran organizados y cuestionando en alguna medida al poder establecido.

Esto es lo que ocurrió por ejemplo, en sus distintas modalidades, con los 16 muertos que registra la era K. Desde el año 2003 a la fecha hubo 16 muertos en el marco de la protesta social, donde desde Carlos Fuentealba podemos pasar por los 4 muertos del Indoamericano, los 2 de Formosa QOM, los 4 de Jujuy, y ahora obviamente en la modalidad tercerizada de la represión lo que es Mariano Ferreyra, y otra modalidad que también forma parte de la ´asistencia´ que el Estado le presta a la clase dominante, que es la muerte del militante del Mocase, Cristian Ferreyra”.

Los 8 años de gestión kirchnerista registran el índice más alto, desde 1983, de muertos en manos del aparato represivo del Estado, pero no se trata de una política exclusiva del gobierno nacional. “En orden a la proporción por habitante, la provincia que encabeza el más alto índice de represión es la provincia de Santa Fe. 446 casos, el 13 por ciento de los casos.

La provincia de Buenos Aires tiene 45% de los casos con 1526; pero en la proporción por millón de habitantes mientras Buenos Aires registra 98 casos por millón, Santa Fe registra 139 casos por millón. (…) Es el índice de represión más alto por millón de habitante del país”, explicó Jalil. Correpi elabora y presenta este Archivo de Casos desde hace 15 años, cuando el entonces ministro del Interior Carlos Corach intentaba deslegitimar las denuncias sobre su política represiva, pidiendo datos y números.

Este fue el comienzo de la sistematización de toda la información que les llegaba y que daba cuenta de que los llamados “confusos episodios”, donde morían “delincuentes de frondosos prontuarios” tras un “tiroteo” con la policía, no eran realmente así. “El episodio dejaba de ser confuso porque no había habido un tiroteo, sino que había solo una bala, y esa bala había entrado por la espalda, o por la nuca. (…) Después el tema que también nos llamaba la atención era que un pibe de 17, 18 años fuera un delincuente de frondoso prontuario. Empezamos a investigar todo este tipo de cuestiones”, afirmó Jalil al programa Al Oeste.

Así fue como de a poco el muro de invisibilización de estos casos se fue derribando.

Hoy, viernes, a las 18.30, se realizará una nueva presentación en Plaza de Mayo del Archivo de Casos de personas asesinadas por las fuerzas represivas del Estado. “Mientras el gobierno intenta despegarse de su responsabilidad de la represión, nosotros seguiremos denunciando y llamando a la organización frente a la represión. Porque lejos de ser una práctica del pasado, no sólo los números de nuestro archivo, sino la realidad, nos muestra que la represión sigue siendo política de estado, gobierne quien gobierne”, señalaron desde Correpi a través de la convocatoria al acto.


Entrevista a Ismael Jalil, integrante de Correpi, en el programa Al Oeste de FM En Tránsito
Represion Preventiva
Represion Selectiva
Casos Gobiernos K
Situacion en Santa Fe

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QEP(NO)D. MURIO BUSSI

El represor se encontraba internado en el Centro Privado de Cardiología desde el lunes, pero ya sin asistencia mecánica desde el miércoles. Estaba siendo juzgado junto con Menendez y el Roberto “el tuerto” Albornoz, pero por su estado de salud fue apartado junto con Menendez.

El genocida Antonio Domingo Bussi fue internado de urgencia pero a horas de la internación se dejó de darle asistencia mecánica puesto que padecía una descompensación general en donde la muerte era inminente. Finalmente, el represor falleció esta tarde.

En el juicio del 2008 fue condenado a prisión perpetua por los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura. Bussi murió cumpliendo prisión domiciliaria, a pesar de que en el juicio se exigía que sea cárcel común y perpetua, por su edad y estado de salud se le concedió cumplir la condena en su hogar en un country de Yerba Buena.

Bussi fue ex comandante del Operativo Independencia (desde diciembre de 1975), ex jefe de la 5ta Brigada de Infantería.

Este jueves se inició en el Tribunal Oral Federal un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en donde se juzgará por el homicidio, secuestro y desaparición de 2 militantes montoneros el 12 de julio de 1976 al ex jefe de la Policía y de la patota del SIC, Roberto “el tuerto” Albornoz. Menéndez y Bussi también estaban imputados en la causa pero por el estado de salud de ambos fueron separados de la causa. Ya había sido apartado de otro juicio. Estaba procesado en más de 15 causas (por secuestros, violaciones sexuales, tortuta) y estaba imputado en otras 150 causas.

Murió en el marco de la impunidad de una justicia lenta e imparcial, que llega mal y tarde y que le concede privilegios a los genocidas aun cuando están condenados a perpetua, efectiva y en cárcel común.

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A 35 AÑOS DEL ATAQUE A LA CASA DE CALLE 30

DECLARACIÓN DE HIJOS LA PLATA. A 35 AÑOS DEL ATAQUE A LA CASA MARIANI-TERUGGI

El 24 de Noviembre de 1976 un operativo de fuerzas conjuntas policiales y militares atacó ferozmente la casa de calle 30 n° 1134, donde militaba el matrimonio de Daniel Mariani y Diana Teruggi y donde vivían con su hija Clara Anahí, de 3 meses de edad.

Al momento del ataque se encontraban en la casa Diana con su hija y los compañeros Daniel Mendiburu Elicabe, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris y Alberto Bossio. El operativo fue cruento: se desplegaron cientos de efectivos que cercaron la manzana durante 6 horas y se utilizó armamento pesado para aniquilar lo que era un espacio de trabajo y militancia, donde se confeccionaba y se editaba la revista “Evita Montonera”.

Como parte de la bestial represión fueron asesinados todos los adultos, que habían sido perseguidos y fichados previamente por la inteligencia militar y policial del Batallón 601 y la DIPPBA. Daniel Mariani no se encontraba en el lugar, aunque fue rastreado y asesinado en agosto del ’77 en un operativo en otra casa militante en el barrio La Cumbre.

La impunidad policial intentó instalar durante 35 años la cínica versión de que Clara Anahí murió carbonizada en el ataque. Sin embargo nunca hubo registro oficial de su deceso, ni se entregó su cuerpo.

Este año se está realizando en La Plata el juicio que considera las responsabilidades de sólo 26 represores por hechos recortados de 5 Centros Clandestinos de Detención de la dictadura en la región y por el ataque a la casa de calle 30. En el debate los genocidas Miguel Etchecolatz, Norberto Cozzani, Hugo Guallama y Carlos García, participantes del operativo, insistieron sin pruebas en que Clara murió en la represión. Etchecolatz llegó a decir que “se la llevó la subversión”.

Pero en las audiencias del juicio quedó expresada la forma irregular en que los peritos médicos constataron los homicidios en aquel momento, así como se escucharon los testimonios de vecinos del barrio que aseguraron saber que Clara fue sacada con vida del lugar y entregada a sectores policiales por orden directa del jefe de la bonaerense Ramón Camps.

A 35 años del hecho seguimos acompañando a Chicha Chorobik de Mariani, abuela de Clara, en su lucha por justicia y en la búsqueda y restitución de la niña (hoy joven) a su familia.

No esperamos nada de los genocidas, responsables del Terrorismo de Estado y de la continuidad de los efectos del plan represivo, expresada en los más de 400 niños apropiados durante la dictadura que aún siguen desaparecidos. Será la lucha popular la que consiga que el Estado asuma su responsabilidad de investigar, completar el Banco de Datos Genéticos y establecer con ello una política seria de restitución de todos nuestros hermanos apropiados.

Porque en 8 años de caídas las leyes de impunidad sigue habiendo más genocidas muertos impunes que condenados. Porque aún las condenas, sin restitución, no son justicia. Y porque el país por el que lucharon los militantes en los ’70 no se parece en nada a este modelo de exclusión, saqueo y represión que ningún gobierno del ’83 a la fecha quiso modificar.

A 35 años del ataque a la casa MARIANI-TERUGGI seguimos exigiendo:

¿DÓNDE ESTÁ CLARA ANAHÍ MARIANI-TERUGGI?
JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS Y JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE TODOS NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS SECUESTRADORES DE JORGE JULIO LOPEZ.
BASTA DE REPRESIÓN, HAMBRE Y SAQUEO.

HIJOS LA PLATA

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La justicia cómplice absolvió al represor del GEOP

(AW) En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut absolvió de todos los cargos al único imputado en la causa de Corcovado: el comisario Miguel Gómez, responsable del grupo GEOP, que tomó el pueblo en marzo de 2009 y como en épocas de la dictadura cometió todo tipo de atropellos. Entre ellos la desaparición de Luciano González.-

Esquel, 14 de noviembre de 2011

Tribunales de Esquel: El Tribunal dictó la total absolución por los hechos del GEOP en Corcovado.

En el día de hoy, 14 de noviembre de 2011, en horas de la mañana, el Tribunal Penal del Noroeste del Chubut constituido al efecto, en la Sala de Audiencias del 2º Piso del Edificio de Tribunales de Esquel, dió lectura al fallo definitivo por los cargos formulados por el Ministerio Público Fiscal y la Querella, respecto a los hechos protagonizados por el Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Chubut (GEOP) en la localidad cordillerana de Corcovado en Marzo de 2009. El fallo fue absolutorio, respecto de todos los cargos, contra el único imputado en la causa: el comisario Miguel Gómez, responsable de la fuerza policial en ese momento. Esta causa fue inciada a raíz de numerosas denuncias de particulares damnificados, a raíz de las actuaciones realizadas por esa fuerza en la localidad de Corcovado en marzo del año 2009, en la infructuosa búsqueda del prófugo "Mai" Bustos.
El fallo del Tribunal concluyó con una serie de recomendaciones para el Ejecutivo Provincial, al que se remitirá la decisión judicial, a los fines de que el Gobierno pueda evaluar y corregir lo que los magistrados calificaron de "excesos policiales", pero que no consideraron delitos.
Entre los considerandos del fallo, el tribunal expresó que el estado de alteración vivida por la comunidad influyó en los testimonios de las víctimas, que si bien no se los calificó como "falso testimonio", se los valoró como inexactos o exagerados.
Asimismo, el fallo consideró que el Gobierno Provincial tendrá que reparar los daños materiales causados a las familias afectadas, así como responder por las costas del proceso.
El fallo fue oído por una concurrencia bastante numerosa, que incluyó a familias de Corcovado afectadas por el accionar policial, y también personal de la fuerza policial.
La resolución judicial fue recibida con profundo desagrado, indignación y también sorpresa por las familias afectadas por los hechos que concurrieron a la sala de audiencias del edificio de Tribunales.
Recordemos que la fuerza policial especial realizó una serie de procedimientos que fueron calificados como violentos e innecesarios por las numerosas vícitimas que realizaron denuncias ante el Ministerio Público Fiscal. Cabe destacar que no todas las denuncias llegaron a juicio, sino sólo aquellas que la Fiscalía consideró factibles de probar en el Debate.
Inicialmente, la Fiscalía calificó los hechos como "Delitos de Lesa Humanidad", con lo que solicitó el pase de las actuaciones a la Justicia Federal. Este planteo fue rechazado por el Juez actuante, con lo que el proceso se desarrolló finalmente ante la Justicia local.
Durante dos semanas se realizaron distintas audiencias en el marco del juicio Oral y Público que se llevó adelante contra un único imputado, el Comisario Miguel Gómez. Entre otros testimonios se escuchó el del entonces Jefe de Policía de Provincia, Juan Luis Ale. Seis hechos de abuso de autoridad, cinco hechos de vejaciones y uno de privación ilegal de la libertad, fueron acusados por la Fiscalía y la Querella, con la solicitud de condena.
Esta reciente decisión judicial presenta un contraste muy fuerte con las fuertes condenas que sufrieron los otros protagonistas de los hechos, es decir, los integrantes de la familia Bustos, que ya fueron juzgados por la justicia local con anterioridad.
Quedan numerosos interrogantes sin resolver: en primer lugar, no aparece hasta ahora ningún responsable político por las decisiones de haber ordenado la actuación del GEOP en Corcovado, como tampoco por el desarrollo de los procedimientos en sí. Si bien el Tribunal cuestionó la existencia de personal policial encapuchado, no consideró que estos elementos configuren delito.
Otra de las cuestiones que quedan sin resolver, es porqué solamente fue imputado el comisario, ya que es evidente que de los hechos denunciados participaron numerosos efectivos, no solamente del GEOP, sino de otros sectores de la fuerza policial provincial.
Aún cuando no fue posible identificar a los responsables en el momento de los hechos, es razonable entender que la Policía Provincial tiene la obligación legal de aportar el listado completo del personal que participó de los operativos, que duraron varios días. Fue una falencia muy grande no haber llevado a todo el personal policial que estuvo en Corcovado en marzo de 2009 a Juicio Oral y Público, y que cada uno justifique se actuación.
Tampoco se puede ver hasta ahora quién responderá por los graves y numerosos daños morales sufridos por los vecinos y familias víctimas del accionar policial, donde debemos tener especialmente en cuenta la situación de menores, jóvenes, mujeres y personas de edad avanzada.
En síntesis, queda la fuerte sensación de que no hay Poder Judicial ni Ministerio Público Fiscal en Chubut que pueda hoy por hoy proteger a la ciudadanía ante el accionar desmedido de una fuerza policial, sea el GEOP o cualquier otra.
No caben dudas que después de este fallo, será inevitable que se abra una fuerte polémica sobre la situación de DDHH en Chubut, ante un estado que cada vez se parece menos a un Estado de Derecho.

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