Reflexiones sobre del estado de los juicios a los genocidas a diciembre de 2016
Por HIJOS La Plata
"Para Enrique “Cachito” Fukman,
que nos enseñó el camino y sus dificultades."
En su texto de comienzos de la década pasada “Conflictos de la memoria en la Argentina” el reconocido historiador, psicólogo y ensayista Hugo Vezzetti afirma que en el surco de los Derechos Humanos sigue abierta “una recuperación pública y una edificación política y jurídica de la memoria y de una acción efectiva sobre el pasado”. (1) Vezzetti señala que en la experiencia argentina de constitución de una memoria social, que ha sido herencia de la dictadura, “en la intersección de memoria y política se sitúan las apuestas decisivas e inciertas de una formación duradera, equilibrada, de la relación justa entre memoria del pasado e imaginación y voluntad proyectadas al futuro”. Ninguno de esos elevados conceptos parecen representar un valor en esa suerte de conocimiento adquirido sobre lo que produjo la dictadura, y de lo que “quedó definitivamente atrás” como propio del Estado criminal, superación que se ha dado por sentada en cada uno de los gobiernos constitucionales en Argentina del '83 a la fecha.
Quienes conocíamos la performance del represor Daniel Scioli en la violación masiva de derechos en La provincia de Buenos Aires desechamos el año pasado el mal menor y el balotaje de los Derechos Humanos como rumbo político, porque sostenemos la independencia del Estado y los gobiernos como eje fundante. Sin desconocer lo que el triunfo de Macri auguraba, analizamos ahora las consecuencias de las políticas de una gestión que ingresó a la Casa Rosada instalando una falsa contradicción entre “lo pasado”, esto es un absoluto de crisis, conflicto y divisiones, y el “futuro” como un abstracto de unión y prosperidad que ellos vendrían a representar. Trasladada a las políticas de Derechos Humanos esa interesada dicotomía muestra a los actuales detentadores del poder estatal haciendo agua por varios flancos: desde las calurosas recepciones del secretario nacional del área, Claudio Avruj, a familiares y admiradores de varios reos encarcelados por delitos de lesa humanidad, hasta las expresiones del gestor cultural Darío Lopérfido poniendo en duda el símbolo de los 30.000 desaparecidos, pasando por la negación de Macri de la responsabilidad del Estado en el genocidio denominándolo “guerra sucia”, y con puntos álgidos en la visita del presidente Obama, Nobel de La Paz que bombardeó 7 países en 6 años, en una sentida fecha como el 24 de marzo, y la venia al desfile de los genocidas del Operativo Independencia en Tucumán en la conmemoración oficial del Bicentenario de la independencia, no hacen más que mostrar a los funcionarios del gobierno tal cual son y, si se permite la exageración, “piensan” los procesos de Memoria. Lo que el kirchnerismo no supo ni quiso impulsar presa de los propios límites y contradicciones de su intervención política (Carlos Pedro Blaquier y Cesar Milani, socios políticos de la gestión y testigos de lo que afirmamos), el macrismo lo atrasa. Atrasa porque no aporta en lo más mínimo a profundizar o cuestionar las representaciones habituales del pasado reciente y en su patriotismo de shopping abona a los perimidos argumentos típicos de la derecha como que pedir justicia es “buscar revancha”. Atrasa porque está lejos de interesarle plantear un marco de recuperación
y de sentido de la Memoria en el presente, y está más cerca de echar mano al lenguaje autojustificador castrense del Genocidio, que por otra parte le pertenece por una cuestión de clase. Y atrasa porque si en la última década el Estado vociferaba logros intentando impostar el lenguaje de las víctimas, lo que genera chispazos no menores cuando las voces de nuevas víctimas o sus familias reclaman contra la persistente omnipotencia del Estado, ahora asistimos a una transición donde los Derechos Humanos pasan a un segundo plano, o mejor al nivel de lo que el español Ortega y Gasset llamaba “barbarie del especialismo”. (2) Si el filósofo fundó el término desde la derecha para analizar la irrupción social del hombre-masa y la atomizacion de la cultura en el siglo XX contra el conocimiento holístico, resulta que hoy las elites gobernantes de la tecno derecha en el siglo XXI se caracterizan por buscar representar la opinión del hombre medio, acrítica, anti-histórica y despolitizante, pero siempre desde el espacio de poder.
LOS JUICIOS
En este contexto, el balance anual del estado de los juicios a los genocidas comienza por reafirmar el estancamiento general del proceso que se venía evidenciando. Desde la anulación de las leyes de impunidad en 2003 y hasta el 29 de noviembre de 2016 el Estado argentino sólo efectivizó 167 juicios orales y 1 por escrito con sentencia en todo el país. En esos 168 juicios hubo 1.033 procesamientos, y como resultado se dictaron 918 condenas sobre 712 represores, hubo 103 absoluciones, 9 muertos impunes mientras duraba el proceso y 3 apartados durante el juicio, por un universo de 5.015 víctimas. (Los guarismos pueden verificarse en la base de datos de HIJOS La Plata en www.hijosprensa.blogspot.com)
Esto quiere decir que en 10 años de juicios alrededor del 43% del total de los 2.400 procesados desde 2003 fue llevado a juicio, y un 38% de aquel número de procesados fue condenado. Como venimos diciendo, y habiendo llegado a juicio casi la mitad de los procesamientos en 10 años, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que la otra mitad no podrá esperar otros 15 años para ser juzgados y quedará impune (como los 260 que fallecieron en este lapso antes de llegar a juicio) si no se acelera el proceso. Pero resulta que en lugar de acelerarse, el proceso viene decreciendo año a año.
Además, si seguimos tomando como referencia los 600 Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en todo el país durante la dictadura, los 712 condenados siguen representando, a más de una década de anuladas las leyes de impunidad, un poco más de 1 represor condenado por cada CCD. Para completar el cuadro, el 40% de los procesados y condenados goza del beneficio de la detención domiciliaria, y hay menos de 180 represores con condena firme, es decir confirmada por los tribunales superiores del país, siendo que en muchos casos eso define si se los aloja en cárcel común o en sus casas. Esto marca claramente que la pretensión punitiva de estos procesos sobre delitos gravísimos está muy cerca de representar una mera formalidad, que contrasta con el sistema de crueldad que significa la cárcel para los presos comunes, donde según datos del Ministerio Público Fiscal a agosto de 2016 el 61 % de los 10.624 presos del Servicio Penitenciario Federal está encarcelado preventivamente, es decir sin condena, y donde 9 de cada 10 jóvenes adultos presos, generalmente por infracción a la ley 23.737, cumple la preventiva como ejecución anticipada de pena.
Con un pico de actividad en 2012 los juicios vienen decreciendo desde entonces tanto en cantidad de juicios como de condenas anuales. No se ha podido mantener aquel tope de dos decenas y media de juicios con un centenar y medio de condenas cada año, ya que de 25 juicios en 2012, pasamos a 24 en 2013, 20 en 2014, 21 en 2015 y sólo 15 procesos terminados a fines de noviembre de este año. Aún con varios procesos en curso con fecha de sentencia para diciembre, lejos se está de modificar la caída de los últimos años.
Ni siquiera se ha cumplido el prometido “salto cualitativo” de los juicios respecto a la cantidad de represores juzgados en cada debate: en los últimos 4 años el 45% de los procesos se han hecho contra 1 a 3 represores.
Tampoco se avanzó masivamente en las complicidades civiles, esto es empresariales, eclesiásticas y de la burocracia sindical. En marzo pasado se condenó al empresario del transporte Marcos Levin junto a tres policías salteños por el secuestro y torturas de un chofer de la empresa La Veloz del Norte, y en abril recibió 12 años por encubrir homicidios y tormentos y como integrante de asociación ilícita el ex juez Roberto Catalán, en el proceso realizado contra Menéndez y otros jerarcas del 3er Cuerpo de Ejército en La Rioja que incluía el caso por secuestro y torturas de Plutarco Schaller, denunciante junto a otros sobrevivientes y a la familia de Ledo de Cesar Milani como integrante de las patotas de la represión en esa provincia. La efectiva indagatoria al general K, que como joven suboficial firmaba la deserción de soldados desaparecidos, se hizo esperar otro año y solo fue citado a dar explicaciones en la causa que lo investiga por enriquecimiento ilícito.
Respecto a los juicios por la apropiación de los hijos de los compañeros desaparecidos, mientras quedan casi 380 casos de restitución de identidad por resolver, sólo dos hechos fueron llevados a juicio este año, llevando a 22 los procesos específicos realizados en 10 años por aquel delito. En abril pasado fueron condenados en Santa Fe el policía Juan Perizotti y el ex juez Luis María Vera Candiotti por la apropiación de María Carolina Guallane. En el caso de Candiotti también se lo sentenció por prevaricato en un juicio que incluyó otros 20 casos de secuestros, torturas y homicidios. También en Santa Fe pero en septiembre pasado, se condenó a la apropiadora, hija de un civil de inteligencia de Fuerza Aérea, y a la médica que facilitó la entrega en el caso de José Luis Maulin Pratto, nieto recuperado 120 que debió dar una dura batalla por recuperar su verdadero apellido.
También tuvieron sentencia este año importantes procesos que van completando el complejo esquema real de la represión del Plan Sistemático de exterminio desplegado en todo el país en dictadura. El juicio por los CCD La Ribera y La Perla, que incluía 716 casos registrados desde fines de 1975 y sobre un amplio arco de represores militares, policiales, penitenciarios y civiles de inteligencia, arrojó un fallo con 38 condenas, la mayoría a perpetua, y con 5 represores absueltos de todos los cargos. Se trata del juicio más importante de Córdoba, del 3er Cuerpo de Ejército y de todos los concluidos hasta ahora en estas causas, siempre en término de la cantidad de víctimas.
El proceso específico por el “Plan Cóndor”, que antes sólo había sido revisado parcialmente en causas por los CCD “A.B.O.”, “Automotores Orletti” y “Vesubio” llegó a su fin en mayo pasado con 15 condenas sobre 109 víctimas, en su mayoría por asociación ilícita y tormentos dada la coordinación represiva que significó el operativo, aunque también arrojó dos absoluciones.
Tras distintas postergaciones, concluyó en mayo el juicio por el secuestro y homicidio en 1983 de los militantes de Montoneros Osvaldo Cambiasso y Eduardo Pereyra Rossi. Las condenas a los jefes militares Pascual Guerrieri y Luis Muñoz y a los policías Luis Patti y Juan Spataro compensan una causa que se inició sobre el final de la dictadura y que había sido manipulada y cerrada en procura de impunidad. Sin embargo las absoluciones de los jerarcas Reynaldo Bignone, Rodolfo Rodríguez y otros policías señalados en el caso hicieron incompleto el sentido del fallo.
El único proceso realizado por los crímenes cometidos en jurisdicción del Comando del V Cuerpo del Ejército, denominado “La Escuelita 4” fue un verdadero bochorno. El proceso volvió a sentar en el banquillo a varios de los condenados en 2009, 2012 y 2014, pero con imputación por 28 casos distintos tanto de los CCD "La Escuelita", como la comisaría 24° de Cipolletti y delegaciones de la Policía y Servicio Penitenciario federales y de la Gendarmería. Los jueces Guido Otranto, Alejandro Silva y Marcos Aguerrido probaron delitos gravísimos, de hecho es la primera vez que se dictan condenas en Neuquén por el homicidio de personas que permanecen desaparecidas, pero solo aplicaron una perpetua al jefe de la subzona militar, más 12 condenas menores de entre 4 y 10 años a connotados represores como Jorge Di Pasquale, Raúl Guglielminetti, Gustavo Vitón e Hilário Sosa, y hasta dos condenas a 3 años en suspenso para probados integrantes de las patotas de la zona y con el polémico criterio de ser coautores en solo 1 caso. Además absolvieron a 4 represores, coincidentemente nuevos imputados, por beneficio de la duda.
Poco se ha avanzado también en lo que respecta al período represivo previo al golpe, aunque este año comenzó a juzgarse la megacausa por el Operativo Independencia en Tucumán y recibieron condena en CABA 5 represores de la Triple A, entre ellos Jorge Conti, Carlos Villone y Julio Yessi, en una causa por asociación ilícita con penas menores. Con igual ambivalencia, está por llegar a sentencia el juicio contra un importante grupo de genocidas de la CNU en Mar Del Plata, pero se frustró dos veces el inicio de la causa contra dos represores de ese grupo de la derecha peronista en La Plata.
LAS NOVEDADES
La verdadera mala nueva sobre la revisión de los crímenes del Terror de Estado fue el infame fallo del 9 de junio de este año donde la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal, con voto mayoritario de los jueces Eduardo Riggi y Liliana Catucci, y disidencia de Ana María Figueroa, decidió anular la sentencia de 2013 sobre la Masacre de Capilla del Rosario, o causa “Carrizo”, absolver a los tres condenados y ponerlos en libertad. (3) En lo esencial Riggi y Catucci consideraron que los hechos no encuadran en la categoría de crímenes contra la humanidad porque "no se encuentra acreditado por ningún medio de prueba o directamente no existía" a esa época "un plan sistemático de persecución y aniquilamiento de un sector de la población civil" y porque "estaba debidamente instalado un gobierno constitucional elegido por más del 60 por ciento de los votos del padrón electoral".
En principio cabe destacar que estos dos jueces opinantes fueron funcionarios del poder judicial tanto en el Camarón como en la dictadura. Pese a que hace años hay elementos en las autopsias que demuestran que hubo ejecuciones (repetidos balazos en tórax y nuca), es interesante detenerse en la valoración que realizaron los jueces del contexto en el que se sucedieron los hechos, esto es agosto de 1974, ya muerto Perón y gobernando Isabel Martínez. El doctor Riggi opinó que si bien había un clima de violencia y se perpetraban crímenes y atentados cometidos por distintas agrupaciones o bandas, en todo caso el Estado respondía como contrapartida y con “probables excesos en la forma de enfrentar y reprimir dichas conductas”. Es más, citó profusamente el discurso de Perón tras el ataque al cuartel de Azul en enero del '74, no solo en cuanto afirmaba que el gobierno nacional atacaría “al mal en sus raíces, echando mano a todos los medios y movilizando todos los recursos necesarios”, sino también cuando señalaba que “el movimiento nacional justicialista movilizará, asimismo, sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo”. Por su parte la doctora Catucci entendió que el suceso no se corresponde con un plan sistemático, descalificó a los testigos por conceptuarlos partícipes de hechos delictivos y llegó a decir que “sin desconocer que el resultado letal de muerte de los individuos que no lograron huir como sus compinches (SIC) y que es lo que llevó a percibirlos crímenes de lesa humanidad, esa concepción no puede asentarse en el resultado sino en todas las circunstancias que permitieron apreciar las diferencias con aquéllos”.
El fallo es un alerta importante porque se trata de un tribunal federal de segunda instancia, que revisa lo actuado en primera instancia por los tribunales orales, y que ha argumentado con inconsistencias y arbitrariedades varias. La discusión que se abre con este fallo sobre el carácter real de los delitos investigados, porque todavía hay resistencias judiciales a reconocer plenamente que hubo crímenes de Estado entre 1973 y 1976 y que esos crímenes son delitos de lesa humanidad, con todo lo que la definición conlleva. Si no fueron crímenes de lesa humanidad, como pretenden Riggi y Catucci, fueron crímenes de guerra, que tampoco prescriben. La mayor paradoja de este fallo, que ya ha sido apelado por las querellas del juicio y recurrido por el Fiscal General, es que se pronuncia justificando la represión ilegal durante un gobierno democrático, y principalmente por tratarse de una gestión constitucional, que es desarrollada por magistrados que integraron el poder judicial durante la última dictadura y siguen en funciones 40 años después para revisar aquellos hechos. Es allí donde aparece el verdadero “elemento político” de los fallos en este tipo de juicios.
Pero sabemos que este tema lleva a un dilema político. Así como el alfonsinismo negoció y puso un freno a la investigación de los crímenes de la dictadura con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, la gestión menemista intentó sembrar la impunidad superlativa y perdonando con indultos desde el Estado y con pretensión de igualdad a los asesinos de la dictadura, a los criminales de la guerra de Malvinas y a los compañeros militantes con causas pendientes por su actividad política en los '70. En 2007 una verdadera caja de Pandora se abrió cuando el impresentable juez Espartacus Oyharbide pretendió citar a indagatoria a Isabel Martínez de Perón por los crímenes de la Triple A, y la ciudad de Buenos Aires apareció afichada con carteles firmados por la CGT, la Fraternidad y las 62 Organizaciones que rezaban: '”No jodan con Perón”. Hoy los juicios por crímenes de lesa humanidad no pueden ser nuevamente el límite de otro pacto político de impunidad. La responsabilidad del gobierno peronista, y de muchos de sus funcionarios y verdugos vivos, en los más de 1.000 asesinatos cometidos por la Triple A, la CNU, el Comando Libertadores de América y otras de sus bandas entre 1973 y 1976, y su caracterización como crímenes de lesa humanidad, son ya innegables. Es hora de discutir a fondo la organización desde el Estado de la represión a los opositores políticos antes del golpe y condenar esos crímenes. (4)
LA PLATA COMO TUBO DE ENSAYO
Para La Plata el 2016 fue un año de disputas más que de concreciones. Por un lado se realizaron los juicios por las desapariciones de Daniel Omar Favero y Paula Álvarez, que debería haber formado parte del juicio “Circuito Camps” de 2012, se condenó al represor del Regimiento 7 del Ejército Lucio Ramírez por 2 homicidios y un secuestro en casos residuales del juicio “Unidad 9” de 2010, y finalmente se inició el primer proceso en nuestra ciudad contra agentes de la Policía Federal por un raíd represivo de tres homicidios y tres desapariciones en octubre de 1977, causa que tiene muertos impunes y un prófugo como revés.
Por otra parte sucede que el 2016 comenzó en La Plata con el otorgamiento masivo de domiciliarias a los condenados a fin de 2015 en el juicio por la estructura represiva de la Armada y Prefectura en nuestra zona, conocido como “Fuerza de Tareas 5” y a otros represores como jefe de la Unidad Regional La Plata de la bonaerense en dictadura, Horacio Elizardo Luján, con dos condenas a perpetua a cuestas; al ex integrante del Destacamento 101 del Ejército Ricardo Von Kyaw, que estuvo prófugo 4 años y fue capturado en Panamá; al ex integrante de las patotas de la Brigada de Investigaciones de San Justo, Alfredo Boan. Si en el juicio FT5 sólo a través del pedido de nuestra querella de Justicia Ya La Plata se había logrado poner las cosas en su preciso lugar y sentenciar por primera vez en estos procesos a los represores como co-autores del delito internacional de Genocidio, a tres meses de aquel fallo la sala II de Casación (jueces Pedro David, Alejandro Slokar y Ángela Ledesma) benefició a la mayoría de los condenados con la domiciliaria fundando la decisión en razones humanitarias genéricas y sin tener en cuenta que han sido responsables de delitos gravísimos.
A través de este año también se desenvolvió el conflicto de poder desatado en el Tribunal Federal 1 de nuestra ciudad, el único que venía realizando los procesos orales y con un desempeño cada vez menos parejo. La renuncia del juez Carlos Rozansky y el cambio de composición del tribunal no auguraron avances ni mejoras. De hecho el nuevo TOF1, con Germán Castelli, Jorge Michelli y Roberto Lemos Arias, se despachó en agosto con un fallo favorable al otorgamiento de la domiciliaria al símbolo de la represión en nuestra zona, el múltiples veces condenado Miguel Osvaldo Etchecolatz, extinto de acción penal en la apropiación de Clara Anahí Mariani Teruggi y principal señalado en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez. Echando mano al seudo argumento de la “razón humanitaria” el tribunal se dejó llevar por la manipulación de los informes periciales de parte de la defensa del represor, que quería devolverlo a su chalet de Boulevard del Nuevo Bosque entre Guaraníes y Tobas de la ciudad de Mar del Plata. Sólo con la movilización popular y con solidez en los planteos unificados en los recursos de las distintas querellas de los organismos de DDHH logramos visibilizar la gravedad de tamaña decisión. En noviembre pasado Casación anuló el fallo del tribunal platense (votos del joven manos de pliegos Mariano Borinsky y del menemista Gustavo Hornos, con disidencia del juez K Juan Gemignani) y sostuvo que “las patologías que presenta Etchecolatz pueden ser tratadas dentro de la unidad de detención donde se aloja", que es lo que varias querellas planteábamos como criterio general desde el comienzo de la cuestión.
En un contexto donde el propio Ministerio Público Fiscal reconoce en sus informes que en la “década ganada” el 40% de los represores judicializados cumplió arresto domiciliario (más de 400 genocidas), (5) y donde pocos tienen en cuenta que hasta el represor con más condenas en el país, Luciano Menéndez con 13 perpetuas y dos condenas menores, goza del beneficio de vivir en un casa, éste es el peligro real que enfrenta la ejecución de condena en estos juicios: ser una mera formalidad.
En este sentido, para quienes revisamos cotidianamente la situación de las causas es útil dar a conocer que se está dando un festival de recursos de parte de los represores tanto procesados como condenados en La Plata, donde abundan no sólo los pedidos de domiciliarias, sino de salidas a estudiar, a casarse, a visitar parientes y hasta de vacaciones. Utilizando a su favor la tardanza del Estado en estos procesos, también avanzan con los pedidos de cese de prisión preventiva.
Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, va quedando cada vez más en evidencia que la tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuros juicios. Nosotros seguiremos exigiendo la cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas y sus cómplices, sin ningún beneficio.
Con esto suman 85 los genocidas condenados en La Plata en 15 juicios desde la reapertura de las causas, menos de la mitad de ellos sentenciados a perpetua. La cifra sigue siendo poco representativa para una zona que contó con al menos 15 CCD y miles de víctimas de la represión, y mucho más para una jurisdicción federal donde se juzgan los delitos cometidos en los 29 CCD de la Bonaerense de Camps, más las responsabilidades de como las patotas del Ejército, la Armada, el Servicio Penitenciario y agentes civiles de Inteligencia o grupos paraestatales como el CNU.
Pero además hay en La Plata unas 17 causas fragmentadas en instrucción, entre ellas las relativas a las Brigadas de Investigaciones de Lanús, Quilmes, Banfield y San Justo, con procesamientos que repiten los mismos imputados y que en definitiva incluyen nada más que 8 decenas de represores a ser juzgados en próximos juicios. Es decir que, aun presuponiendo la efectiva condena de todos los represores procesados en la jurisdicción federal La Plata, no superaríamos los 170 genocidas condenados en el horizonte de juzgamiento que el Estado propone.
Con la causa por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, de la que se cumplieron 10 años de encubrimiento en septiembre, como elemento de impunidad que trasunta estos procesos de revisión del pasado reciente, comienza a dibujarse un panorama donde, si en algún momento los juicios de la ciudad de La Plata eran el faro para avanzar contra tanta impunidad acumulada, hoy nuestra jurisdicción muestra los límites generales del proceso de una pretendida “política de Estado” basada en “Memoria, Verdad y Justicia”.
(2) Jose Ortega y Gassett, “La barbarie del especialismo”, en “La rebeli'on de las masas”.
Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS.
CARCEL COM'UN, PERPETUA Y EFECTIVA.
BASTA DE PRIVILEGIOS A LOS REPRESORES.
HIJOS LA PLATA
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Contacto - 0221 155892221
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