13 de marzo - 9 hs - 8 e/56 y 57
Tribunales de La Plata
El próximo 13 de marzo comenzará en La Plata el segundo debate oral por la desaparición de Andrés Nuñez, secuestrado, torturado, asesinado y desaparecido por un grupo operativo de la Brigada de Investigaciones de La Plata el 28 de septiembre de 1990. La familia de Andrés convoca a los medios y a las organizaciones populares a acompañar las audiencias.
EL JUICIO
Tras más de dos décadas prófugo y 4 años y medio de haber sido detenido, será llevado a juicio el ex comisario Luis Raúl Ponce, quien dio las órdenes para que, con la excusa del robo de una bicicleta, se detuviera a Andrés y se lo trasladara a la Brigada de 61 entre 12 y 13 para interrogarlo con métodos de tortura hasta matarlo, tras lo cual coordinó el ocultamiento del cuerpo en busca de la impunidad del crimen.
Andrés Alberto Nuñez, fue secuestrado, asesinado y ocultado su cuerpo el 28 de septiembre de 1990 por el accionar del personal de la Brigada de Investigaciones de La Plata de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. La causa que investiga los hechos es la 84.650 del departamento judicial La Plata. Por más de 5 años la familia no pudo hallar sus restos, hasta que uno de los policías implicados, José Daniel Ramos, colaboró para beneficiarse en la causa e indicó el lugar de inhumación clandestina en un campo de la localidad bonaerense de General Belgrano. Hasta el momento, y tras 26 años de luchar por justicia, sólo se ha conseguido parte del reclamo: se ha condenado a perpetua a 2 de los policías responsables (Víctor Dos Santos y Alfredo González), hay otro a la espera de juicio tras estar prófugo por 20 años y ser capturado en 2012 (Luis Raúl Ponce), un cuarto que permanece prófugo desde diciembre de 1993 (Pablo Martín Gerez), cuatro agentes más siendo investigados por encubrimiento (los efectivos Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla) y un ex juez penal de La Plata co-imputado por encubrir el caso, Amílcar Benigno Vara, murió impune en marzo de 2014 (en la IPP 43576/10 de La Plata).
Dado que la causa lleva 26 años abierta, y es uno de los procesos con mayor tiempo de trámite en la justicia penal bonaerense, se instruye bajo el viejo código procesal penal por lo que se debió conformar un tribunal ad hoc para el debate oral. Estará integrado por los jueces Eduardo Raúl Delbés (presidente vitalicio de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal), María Silvia Oyhamburu (vicepresidente de la Sala 1 de la misma Cámara) y Claudio Bernard (vicepresidente del TOC 2).
El juicio a Dos Santos y González, realizado en 2010 y con sentencia ya confirmada a perpetua por torturas seguidas de muerte, lo realizó un tribunal integrado por jueces de las distintas salas de la Cámara, en aquella oportunidad los doctores María Elena Riusech, Laura Lasaga y Raúl Dalto.
El reo Ponce será defendido por los doctores Oscar Salas y Christian Romano del estudio “Salas y Asociados”, quienes también patrocinan al ex integrante de la CNU Juan José “Pipi” Pomares en una causa por delitos de Lesa Humanidad a la espera de juicio en el Tribunal Federal 1 de La Plata.
La familia de Andrés, su esposa Mirna Gómez como particular damnificada, será patrocinada por los doctores Manuel Bouchoux y Ernesto Ferreira, defensores oficiales en la UFD Nº 1.
EL COMISARIO
El comisario Luis Raúl Ponce fue quien dio las órdenes desde la sede de la Brigada de La Plata para que un grupo operativo allanara la casa de la familia de Nuñez en calles 78 y 119 de Villa Elvira en la primavera de 1990. Pero el comisario también guarda un oscuro pasado en la fuerza represiva que nos remonta a la última dictadura. Nacido en octubre de 1954 en Saladillo, Ponce realizó su formación en la Escuela Vucetich a mediados de los años '70, egresando como Oficial Subayudante. La temporalidad le da perfecta para haber integrado las patotas del Terrorismo de Estado.
De hecho, tanto al prestar declaración en la justicia federal en causa N° 7/SE en noviembre de 2005, como en el juicio oral contra Miguel Etchecolatz de 2006, el testigo Jorge Julio López identificó a Ponce como uno de los que participó de su secuestro en octubre de 1976 y que lo trasladó en más de una oportunidad durante su periplo por distintos lugares de detención clandestina. López manifestó textualmente que “...la persona que a él lo llevó en el auto secuestrado era Jorge Ponce del Servicio Penitenciario...”. Además, en el marco de la causa 1170/SU el policía Gabriel Ernesto Gonzáles prestó declaración testimonial y refirió que se desempeñó en la Dirección General de Investigaciones, al mando de Miguel Etchecolatz, y que éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente, a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce, que le había asignado el propio Etchecolatz”. Años después, al momento de su descargo sobre esto y citado a indagatoria por la justicia federal Ponce negó ser el chofer en cuestión y afirmó que siempre trabajó haciendo sumarios y que en dictadura revistó siempre en la Comisaria de Villa Ponzatti, causalmente dependiente de la Comisaría 8va por donde pasó Lopez junto a otros detenidos antes de ser legalizado al PEN y ubicada a 6 cuadras de donde 24 años después Ponce mandó a secuestrar a Andrés.
Una vez estallada la denuncia por el caso Nuñez, y sabiéndose impune con la cobertura del juez Vara y el comisario Mario “Chorizo” Rodriguez, Ponce continuó viviendo en La Plata. De hecho, y aunque le pesaba la orden de detención, trabajó un tiempo en una agencia de taxis en Tolosa, dato aportado a la causa por la familia de Andrés y nunca investigado. Tiempo después el criminal había reorganizado su vida en el sur del país bajo otra identidad: había adoptado su segundo nombre, Raúl, y el apellido de su madre Laurentina Peralta. Pese a ello fue detenido en agosto de 2012, puede decirse que por error, en un operativo de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Junín de los Andes. La pesquisa trataba de ubicar al prófugo en una causa de Lesa Humanidad de Santa Fe Cesar Heriberto Peralta. Tras un operativo cerrojo en una ruta en el que el sospechoso se dio a la fuga, fue perseguido y aprehendido. Luego se comprobó su verdadera identidad y se lo trasladó a La Plata para responder en la causa Nuñez. Tras esto, en diciembre de 2013 el juez federal Arnaldo Corazza lo procesó en causa federal Nº 271 por el secuestro de Jorge Julio López en octubre de 1976 y como integrante de la patota de la Comisaría 5ta de La Plata en dictadura. Aún con confirmación del procesamiento por la Cámara Federal platense, la acusación se cayó por responsabilidad de los fiscales federales Marcelo Molina y Hernán Schapiro, que no sostuvieron los cargos con el cínico argumento de que los datos eran confusos y que el testigo López no podía reafirmar sus dichos, ya que se encontraba nuevamente desaparecido. Cabe agregar que los instructores de la causa por la segunda desaparición de López en septiembre de 2006 eran los mismos fiscales que afirmaban lo dicho.
Durante toda la instrucción de la causa Nuñez los abogados de Ponce insistieron con recursos buscando la prescripción del expediente. Llegaron incluso hasta la Corte Suprema de Nación, que en diciembre de 2014 rechazó los planteos de la defensa. Esos recursos frustraron una primera fecha del juicio a Ponce, que había sido fijada por la Cámara Penal platense para fines de 2013. Finalmente este represor de la bonaerense de Ramón Camps, que siguió practicando la tortura y la desaparición de personas en democracia, será llevado al banquillo de acusados desde el 13 de marzo próximo.
EL PRÓFUGO
Pablo Martín Gerez es uno de los principales responsables del brutal crimen de Andrés. Siendo un oficial joven, comandaba el grupo operativo de 4 policías que se movilizaban en Fiat 147 blanco y que allanaron la casa de Villa Elvira. Se mostraba agresivo frente a la familia de Andrés porque no estaba cuando llegaron, y organizó la espera de la víctima en la misma casa durante horas con González, Dos Santos y Ramos, los dos primeros ya condenados a perpetua en 2010. Una vez que tuvieron al detenido en la Brigada, Gerez respondía a las órdenes del comisario Ponce, pero encabezó el interrogatorio con “submarino seco” y golpes y también proporcionó los contactos clave para el ocultamiento del cuerpo de Andrés en la estancia “El Roble” de General Belgrano, donde su primo era cuidador de la finca y donde solía visitar el lugar con otros uniformados para practicar tiro. Procesado desde diciembre de 1993, este asesino se profugó de la justicia y así continúa hasta el momento.
En mayo de 2013 la Suprema Corte de Justicia bonaerense resolvió que no está prescripta la acción sobre otros 4 policías responsables del asesinato y ocultamiento del cuerpo de Andrés: Carlos Veiga, Ernesto Zabala, César Carrizo y Pedro Costilla. A su vez, en fallo de marzo de 2014, y apoyándose en la doctrina surgida de los casos “Bulacio” y “Bueno Alves” en la Corte Interamericana, la Suprema Corte desechó los planteos de prescripción de la defensa de los imputados Ponce y Gerez y dictaminó que el caso de Andrés constituye una “grave vulneración a los DD.HH.” y que se impone “extremar la diligencia judicial” para procesar y juzgar a los responsables. Es todo un dato que el caso de Andrés ocurrió a siete años de concluida la dictadura militar, y se convirtió en uno de los más de 210 casos de desaparición forzada de persona a manos de la fuerzas de seguridad en estas tres décadas de gobiernos constitucionales.
El prófugo Gerez está procesado en este tramo de la causa, junto a Ponce, porque es igualmente responsable del crimen y deberían ser juzgados en conjunto. Sin embargo resulta inaceptable que habiendo un fallo del máximo tribunal provincial que avala la continuidad de las investigaciones no se establezca un mecanismo efectivo para la búsqueda del asesino prófugo. Este criminal se ha burlado de la lucha de la familia, y hasta ha presentado en 2009 escritos a través de su abogada defensora, María Natalia Nosenzo, solicitando la prescripción de la causa y firmando de puño y letra por él mismo, siempre en calidad de prófugo. Ello indica, además de una situación irregular, que esta persona estaba en el país por lo menos hasta 2009.
La familia de Andrés ha recopilado y presentado en la instrucción de la causa información sobre el entorno de Gerez, entre ella el testimonio de un familiar que asegura que el ex policía visita y se comunica asiduamente con su madre, Nelly Ester Duhalde, en la localidad de General Belgrano de donde es oriundo el prófugo. Por lo demás el domicilio y teléfono de su madre son información pública.
Por eso la familia exige a la justicia provincial y al Poder Ejecutivo nacional una estrategia de investigación criminal acorde al caso, como puede ser la inclusión de Gerez en el programa nacional “Buscar” del Ministerio de Justicia de Nación, que incluye a prófugos de causas de Lesa Humanidad, pero también a criminales en rebeldía en causas penales graves.
La familia está convencida de que ubicar a una persona prófuga por tanto tiempo no se trata de una tarea imposible, como lo muestra el caso de la “masacre de Wilde”, donde en 2014 la justicia de Lomas de Zamora y la Policía de Seguridad Aeroportuaria, lograron dar con el paradero del cabo Marcos Rodríguez, imputado en el caso, prófugo por 20 años y que, al igual que en la causa de Andrés, no prescribió pese al paso del tiempo.
Seguimos exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE ANDRÉS NUÑEZ.
CÁRCEL AL ASESINO LUIS RAÚL PONCE.
BUSQUEN AL PRÓFUGO PABLO MARTIN GEREZ YA!!!
BASTA DE MUERTES POR TORTURAS EN CÁRCELES Y COMISARÍAS
FAMILIARES Y AMIGOS DE ANDRÉS NUÑEZ
COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FÁCIL
Contacto de prensa: Julio (Colectivo Contra el Gatillo Fácil) 221 5892221
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