La causa judicial contra Blaquier fue una prueba de cómo el Poder Judicial Federal de Jujuy y Salta impidió durante años que avanzaran los juicios de lesa humanidad, que se allanaran los edificios de Ledesma y que se llamara a indagatoria a Blaquier, presidente del Directorio de la empresa, y a su Administrador General, Alberto Lemos.
Luego de una paciente tarea, en la que hubo que desterrar a la camarilla de jueces que protegían al empresario, trabajar en la querella judicial, pero también en la movilización popular y la presión política, se fueron acumulando elementos para acusar a las autoridades del Ingenio como cómplices. So logró imputarlos en las causas “Aredez” y “Burgos”, por sólo un grupo de los secuestros y desapariciones. Pero para impedir ser procesado, Blaquier recusó a jueces y fiscales, y hasta logró que su indagatoria fuera no en Jujuy sino en Buenos Aires.
La querella de la familia Aredez, junto con la Fiscalía, pretendieron ampliar la imputación de cómplices a partícipes necesarios, por entender que sobran elementos que los ponen como colaboradores activos, más que como meros colaboradores de la represión.
En 2013 la Cámara Federal de Salta rechazó estos planteos y afirmó que Blaquier y Lemos sólo contribuyeron a la producción del delito sin realizar la ejecución del hecho y sin ser punibles como autores.
La resolución de la Cámara fue apelada por el fiscal General, Eduardo Villalba, quien entendió que la resolución no estaba debidamente fundamentada. Pero en marzo de este año, la Sala IV del Tribunal de Casación resolvió las apelaciones con un fallo insólito que no solo desestimó lo resuelto por el juez de instrucción jujeño y la Cámara salteña, sino que echó atrás todo lo que se había conseguido. Los jueces de Casación Riggi, Hornos y Gemignani dictaron la falta de mérito y el desprocesamiento de Blaquier y Lemos con argumentos de impunidad, cuando en verdad debían revisar si se ampliaba o no la acusación inicial.
La falta de mérito a Blaquier y Lemos abre la discusión sobre la posibilidad o no de imputar a los cómplices del genocidio, quedando demostrado una vez más, que la justicia cómplice absuelve y encubre al poder económico partícipe de la sangrienta dictadura genocida. Poder económico que es aliado del actual gobierno.
Estos jueces de Casación resumen 50 años de un Poder Judicial que siempre actuó para los poderosos y que fue ejecutor de la represión a las luchas populares.
El juez Eduardo Riggi es un juez de las 2 últimas dictaduras: fue Juez del “Camarón” en la dictadura de Lanusse, creado para delitos de “terrorismos” y, cesanteado en 1973, fue designado juez en la última dictadura. Además está imputado por tráfico de influencias (coimas) para liberar a José Pedraza en la causa por el asesinato de Mariano Ferreyra.
El juez Gustavo Hornos es un juez del menemato: fue promovido a Casación por Menem. Es de familia de policías, y fue docente en la academia de la Policía Federal y en la Universidad Católica. Ha fallado confirmando el fraude montado por la policía para encubrir su responsabilidad criminal en la masacre de Pompeya y que condenó por segunda vez a Fernando Carrera.
Pero cuidado, también hay un kirchnerista entre los que liberaron a Blaquier y Lemos. El juez Juan Carlos Gemignani fue ayudante en la cátedra de Zaffaroni en la UBA. Fue integrante del Consejo de la Magistratura menemista y promovido a Juez por el kirchnerismo en 2011, y junto al juez Hornos ha revocado fallos que sobreseían a luchadores populares por corte de ruta, argumentando que tal acción de lucha es un delito.
En la causa Blaquier Hornos votó diciendo que “no existe mérito” para sostener la acusación, ni por los secuestros ni por los tormentos y homicidios. Riggi opinó que aunque prestaron vehículos, Blaquier y Lemos no tenían voluntad de secuestrar, por lo tanto tampoco de violar domicilios, torturar y asesinar.
Pero el peor voto es el de Gemignani, el juez kirchnerista, quien se animó a sostener que “si bien es cierto que el préstamo de las camionetas es un hecho suficientemente acreditado, ello no constituye sino una prestación socialmente ubicua”. En criollo, opinó que lo que se hizo con las camionetas sólo puede ser reprochado a quien las recibió y usó, pero nunca al dueño ni al representante de la empresa. La posición de este juez implica un profundo desconocimiento de la forma en que se organizó y operó el Terrorismo de estado en nuestro país, y en particular en el feudo de la empresa Ledesma.
En Jujuy hubo en estos años sólo 3 juicios por delitos de lesa humanidad que llegaron a sentencia, con 19 represores condenados, sólo 5 a cadena perpetua. El último juicio llegó a sentencia este mes y juzgó los vuelos de traslado de 90 detenidos ilegales del penal de Villa Gorriti al aeropuerto de El Cadillal, y de ahí a la Unidad 9 de La Plata. En las audiencias los sobrevivientes contaron que el Obispado jujeño aportó las instalaciones para el Centro Clandestino de Guerrero, y que tras el traslado en un avión Hércules, mientras se encontraban detenidos en la U9 de la Plata, los supervisores de la empresa Ledesma iban hasta La Plata acompañados por los genocidas para obligarlos a firmar papeles laborales.
Ese fue el nivel de coordinación que tuvo la empresa Ledesma con el Genocidio.
Lo que tratan de encubrir con este fallo que absuelve a Blaquier y a Lemos es que hubo distintas maneras de aportar al Genocidio: dando una orden, aportando información, prestando la logística necesaria, sumado recursos para cometer los crímenes.
Desde aquí repudiamos a esta justicia cómplice, y vemos con preocupación que se han sucedido otros casos donde sigue imperando la impunidad, como son el sobreseimientos del empresario periodístico Vicente Massot en Bahía Blanca, la negativa a tomarle indagatoria a los dueños de Clarín en la causa Papel Prensa, o la falta de mérito dictada a los directores de la Editorial Atlántida en el caso de la compañera e hija de desaparecidos Alejandrina Barry.
Repudiamos a esa justicia cómplice, que protege a los empresarios que han sido cómplices civiles de la represión. Pero no nos engañemos. La patronal siempre fue nuestro enemigo de clase y actuó como tal. Pero no debemos olvidarnos del rol que jugaron las burocracias sindicales en la aniquilación de las luchas de los sectores revolucionarios de la clase obrera organizada. Aquellos que actuaron aportando la información para marcar a los compañeros, que integraron las patotas para-estatales que entregaban a los compañeros más combativos. Así pasó en la Ford, la Mercedes Benz, en Molinos, en el frigorífico Swift, en Acindar, en Propulsora y otras empresas privadas. Pero también en empresas de Estado como el Astillero Río Santiago, la Petroquímica YPF y ENTel, Segba, Obras Sanitarias y otras.
Muchos de esos burócratas murieron impunes como José Rodríguez del Smata, Rubén Diéguez de la OUM y Juan Horvat de ATE. Pero otros siguen es puestos de poder en los sindicatos, como Gerardo Martínez, agente civil de inteligencia del Batallón 601 y todavía secretario general del sindicato de la construcción en alianza con el gobierno kirchnerista.
Esas burocracias también fueron cómplices del Terrorismo de Estado, y del período represivo previo durante el gobierno de Isabel Perón. Las causas penales por la participación de esas burocracias sindicales en los crímenes contra el movimiento obrero están paralizadas, o avanzan a paso lento con todos los artilugios legales que se puedan imaginar.
Hace tiempo escuchamos hablar de que hay que ir por los cómplices civiles de la dictadura, como si los responsables de uniforme militar, policial o penitenciario ya estuvieran todos procesados o condenados.
Sabemos que en la dictadura hubo más de 200 mil efectivos encargados de la represión tanto de las Fuerzas Armadas como de seguridad nacionales y provinciales. En 12 años de anuladas las leyes de impunidad sólo se ha procesado a 2 mil represores, es decir el 1% del real actuante. Y de esos 2 mil, se ha condenado sólo a 600, es decir 1 represor por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que existieron en todo el país. Además hubo en estos 12 años más de 400 represores que murieron impunes, procesados o libres antes de llegar a juicio. Y de los 600 condenados, casi el 50 % cumple condena con el beneficio de la domiciliaria. Faltan casi 400 jóvenes apropiados por restituir, y no tenemos justicia por Jorge Julio Lopez ni por Silvia Suppo.
Así planteados, los juicios a los genocidas, y a sus cómplices civiles empresariales - religiosos - burócratas sindicales, reproducen la impunidad. La gestión que dijo ser “El Gobierno de los Derechos Humanos” y que administró su tercer mandato con un genocida al frente del Ejército, pretende cerrar una etapa de la historia argentina. Pero lo que lograrán es clausurarla, porque dejarán a miles de represores libres, a miles de familias sin respuesta por tantos años de lucha por Justicia y a una sociedad toda engañada sobre una política a medias de Juicio y Castigo.
HIJOS La Plata
Julio de 2015
