En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en varios Centros Clandestinos de Detención: el Destacamento y el Pozo de Arana, la Comisaría 5ta, la Comisaría 8va y la Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79. Sus valientes y lúcidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata. Sus dos testimonios fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua al genocida Etchecolatz, uno de los peores represores de la Bonaerense del coronel Camps. Lopez fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo. Desde HIJOS denunciamos reiteradamente las irregularidades que hubo en la causa por el esclarecimiento de este hecho. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad, recordamos: * Al entonces Ministro del Interior Aníbal Fernández que dijo que el compañero se encontraba “asustado, escondido seguramente en la casa de alguna tía”. * Al Gobernador de la Provincia , el hoy “opositor” Felipe Solá, que encomendó a la bonaerense para la investigación creando una comisión cuyos responsables fueron partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, ingresado en la Bonaerense en marzo del 77, Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura; así como el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzabal dentro de un patrullero de la repartición. * A la Presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema cuando habla de “avances” en materia de Derechos Humanos. * A la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero en una “averiguación de paradero”, como si se tratara de un anciano enfermo que se hubiese perdido. * A la Justicia Federal que siguió las pistas más alocadas, que realizó allanamientos tardíos e irregulares, que no investigó a ninguno de los denunciados por Lopez en su declaración en el juicio a Echecolatz, (Garachico Urcola, Gomez, Gijena, Peralta, Ponce y Aguiar). * Al Juez federal Arnaldo Corazza que cuando por primera vez se apuntaba al círculo de instigadores, ideólogos y ejecutores, se excusó de seguir actuando. * Al Dr. Humberto Blanco, nuevo juez, que apartó a la Secretaría especial y dejó otra vez la causa paralizada y errante entre los intrincados intereses judiciales, el silencio y la pasividad palpables del Poder Ejecutivo y la indiferencia ostensible del Legislativo. La historia nos ha enseñado que, en la mayoría de los casos, las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o para policiales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. Eso es lo que pasó con Julio López, su secuestro y desaparición fueron y son un hecho político. El mensaje de este crimen tiene múltiples funciones, por un lado es un aviso al gobierno para que suspenda los juicios a los genocidas, y por otro de amedrentamiento de los testigos en los juicios, y un intento de volver a sembrar el terror y la pasividad en la sociedad toda. Rechazamos la actitud pasiva, y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es ya una posición de complicidad con los sectores del aparato represivo de la dictadura que siguen impunes y en funcionamiento. Dentro de la Policía Bonaerense continúan existiendo efectivos en actividad que fueron parte del terrorismo de Estado. Mientras, el pretendido “gobierno de los Derechos Humanos” no tiene un solo imputado en la causa López, y sigue predicando el cierre de los juicios a unos pocos genocidas en 4 años para utilizar el tema en función de sus tiempos políticos. El único “avance” que se dio este año en la causa fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado como testigo porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. Se sabe que Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López, y que visitó a este genocida en la cárcel del Marcos Paz en al menos dos oportunidades, según constataron los investigadores de la causa. Falcone tiene 66 años, y pasó a retiro en octubre de 2005. En la declaración se le preguntó en relación al Volkswagen Gol color azul metalizado, sin patente y oxidado, secuestrado el 13 de enero de 2009 en su casa de Mar del Plata. El auto era robado, y el médico policial explicó que se lo habían prestado y “no sabía que era robado”. Obviamente negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima. A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó algunos juicios con condena firme en todo el país. Reconocidos represores como El Turco Julián, Etchecolatz, Von Wernich, Menéndez, Bussi, Olivera Rovere fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo. Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. Pero la investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos. Por todo esto denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, en un concepto, de reconocer que lo que aquí sucedió fue un Genocidio. A 4 años del secuestro y desaparición de Jorge Julio López seguimos exigiendo: -APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA, LUCIANO GONZALEZ (Corcovado) Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. -JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS SECUESTROS. -JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN. -BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS DE LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS. - BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO. -CESE DE LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN. -DESPROCESAMIENTO O AMNISTÍA DE LOS PRESOS POLITICOS.
HIJOS La Plata
