HIJOS LA PLATA REPUDIA LOS PLANTEOS DE LOS FISCALES QUE BENEFICIAN A LOS MÉDICOS REPRESORES.
Desde abril pasado se juzgan en La Plata parte de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en dictadura en la Unidad 9. Esta cárcel se utilizó desde mediados de los ’70 como parte del plan genocida con la acumulación de más de 4 mil presos políticos provenientes de otras cárceles o de Centros Clandestinos de Detención. Como parte de ello, cientos de agentes penitenciarios participaron de la tortura sistemática, humillaciones, homicidios, y desapariciones forzadas de los militantes y de más de 30 de sus familiares.
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Esos crímenes fueron confirmados por decenas de testigos-sobrevivientes que aportaron sus relatos en los 6 meses que llevan las audiencias. Las responsabilidades de los 11 agentes penitenciarios imputados en esta causa están más que probadas. También esperábamos que fuera contemplado lo que les cabe a los 3 médicos policiales (Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi) que actuaron en la Unidad 9 a la par de los penitenciarios como partícipes del plan de exterminio. En específico se los acusa por la desidia con que actuaron como profesionales de la medicina sobre personas sistemáticamente torturadas, algunas de ellas fallecidas por los castigos recibidos. Alberto Pinto (a quien los médicos constataron como paciente epiléptico) fue una de esas personas, y su hermano Carlos asumió la defensa del caso en el juicio. En su alegato afirmó que Favole, Jurio y Corsi “no podían ignorar a qué estructura habían ingresado”, y que “participaban del plan de exterminio”. Por ello pidió prisión perpetua para los tres, seguro de que “existió una intencionalidad que es el dolo directo de causar la muerte”.
Estos tres genocidas habían llegado en libertad al juicio, acusados de “omisión de evitar la comisión de torturas”. Pero un cambio de calificación -pedido por el fiscal Marcelo Molina- posibilitó su detención en agosto pasado acusados como coautores de “torturas seguidas de muerte”. Al desarrollar su alegato y pedido de condenas, la misma fiscalía se echó atrás con su propio pedido, y solicitó una condena mínima, 10 años de prisión, pese a que la mayoría de las querellas pidieron entre 20 y 25 años.
La actuación vacilante de los fiscales en los juicios contra los genocidas no es nueva en La Plata, y muestra la diferencia entre el rol de deslindar responsabilidades y la complicidad pura y llana con la impunidad. En 2007, al finalizar el juicio al genocida Von Wernich, los organismos de Derechos Humanos que presenciamos las audiencias tuvimos que soportar un alegato del fiscal Carlos Dulau Dumm en el que ponía en duda la situación de “detenido-desaparecido” de María del Carmen Morettini, una de las personas que eran caso en ese juicio. Dulau no se animó a acusar a Von Wernich por ese caso, basado en supuestos que son inaceptables a más de 30 años de exigencia de Justicia. Pese a ello, el tribunal condenó al genocida por todos los casos, incluido el que Dulau puso en duda.
A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado sólo efectivizó en La Plata dos juicios con condena firme. Etchecolatz y Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas en lo que se conoce como “Circuito Camps”. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el kirchnerismo. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.
Junto al espacio “Justicia Ya!” La Plata hemos planteado recurrentemente la necesidad de juzgar unificadamente todas las causas que integraron el circuito Camps. Y hemos expresado en variadas oportunidades que “el “desguace” de las causas resulta jurídicamente inexplicable. ¿Cuál es el sentido de juzgar fragmentadamente a los responsables de un circuito represivo dependiente de la misma cadena de mandos, en el que los prisioneros eran trasladados una y otra vez por las mismas patotas? El resultado de estos juicios es que se empieza siempre de cero, y se requiere que los sobrevivientes digan una y otra vez lo que vivieron y sufrieron.
Este 18 de septiembre se cumplieron 4 años del Secuestro y Desaparición del compañero Jorge Julio Lopez. Miles de personas marchamos por las calles de La Plata para seguir exigiendo Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de su secuestro y desaparición. A 4 años de su secuestro y desaparición, el Estado no dio una sola respuesta sobre qué pasó con Lopez.
La investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura es una responsabilidad indelegable del Estado, y las condenas a los represores deben estar a la altura de la gravedad de los delitos que se están juzgando. Pese a esto, denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político, en este caso de los integrantes del Ministerio Público (dependiente del Poder Ejecutivo) una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, tanto de los responsables militares y policiales, como de sus cómplices civiles, sean médicos, jueces, empresarios o funcionarios políticos.
*BASTA DE FISCALES Y JUECES CÓMPLICES DE LA IMPUNIDAD
* CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
* JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION.
* RESTITUCION NUESTROS 400 HERMANOS APROPIADOS.
* JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE JORGE JULIO LOPEZ. BASTA DE ENKUBRIMIENTO.
* BASTA DE PENALIZAR LA PROTESTA y DE CRIMINALIZAR LA POBREZA.
HIJOS LA PLATA
Desde abril pasado se juzgan en La Plata parte de los delitos de Lesa Humanidad cometidos en dictadura en la Unidad 9. Esta cárcel se utilizó desde mediados de los ’70 como parte del plan genocida con la acumulación de más de 4 mil presos políticos provenientes de otras cárceles o de Centros Clandestinos de Detención. Como parte de ello, cientos de agentes penitenciarios participaron de la tortura sistemática, humillaciones, homicidios, y desapariciones forzadas de los militantes y de más de 30 de sus familiares.
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Esos crímenes fueron confirmados por decenas de testigos-sobrevivientes que aportaron sus relatos en los 6 meses que llevan las audiencias. Las responsabilidades de los 11 agentes penitenciarios imputados en esta causa están más que probadas. También esperábamos que fuera contemplado lo que les cabe a los 3 médicos policiales (Luis Favole, Carlos Jurio y Enrique Corsi) que actuaron en la Unidad 9 a la par de los penitenciarios como partícipes del plan de exterminio. En específico se los acusa por la desidia con que actuaron como profesionales de la medicina sobre personas sistemáticamente torturadas, algunas de ellas fallecidas por los castigos recibidos. Alberto Pinto (a quien los médicos constataron como paciente epiléptico) fue una de esas personas, y su hermano Carlos asumió la defensa del caso en el juicio. En su alegato afirmó que Favole, Jurio y Corsi “no podían ignorar a qué estructura habían ingresado”, y que “participaban del plan de exterminio”. Por ello pidió prisión perpetua para los tres, seguro de que “existió una intencionalidad que es el dolo directo de causar la muerte”.
Estos tres genocidas habían llegado en libertad al juicio, acusados de “omisión de evitar la comisión de torturas”. Pero un cambio de calificación -pedido por el fiscal Marcelo Molina- posibilitó su detención en agosto pasado acusados como coautores de “torturas seguidas de muerte”. Al desarrollar su alegato y pedido de condenas, la misma fiscalía se echó atrás con su propio pedido, y solicitó una condena mínima, 10 años de prisión, pese a que la mayoría de las querellas pidieron entre 20 y 25 años.
La actuación vacilante de los fiscales en los juicios contra los genocidas no es nueva en La Plata, y muestra la diferencia entre el rol de deslindar responsabilidades y la complicidad pura y llana con la impunidad. En 2007, al finalizar el juicio al genocida Von Wernich, los organismos de Derechos Humanos que presenciamos las audiencias tuvimos que soportar un alegato del fiscal Carlos Dulau Dumm en el que ponía en duda la situación de “detenido-desaparecido” de María del Carmen Morettini, una de las personas que eran caso en ese juicio. Dulau no se animó a acusar a Von Wernich por ese caso, basado en supuestos que son inaceptables a más de 30 años de exigencia de Justicia. Pese a ello, el tribunal condenó al genocida por todos los casos, incluido el que Dulau puso en duda.
A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado sólo efectivizó en La Plata dos juicios con condena firme. Etchecolatz y Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas en lo que se conoce como “Circuito Camps”. De esos miles de genocidas, sólo unos pocos están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el kirchnerismo. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.
Junto al espacio “Justicia Ya!” La Plata hemos planteado recurrentemente la necesidad de juzgar unificadamente todas las causas que integraron el circuito Camps. Y hemos expresado en variadas oportunidades que “el “desguace” de las causas resulta jurídicamente inexplicable. ¿Cuál es el sentido de juzgar fragmentadamente a los responsables de un circuito represivo dependiente de la misma cadena de mandos, en el que los prisioneros eran trasladados una y otra vez por las mismas patotas? El resultado de estos juicios es que se empieza siempre de cero, y se requiere que los sobrevivientes digan una y otra vez lo que vivieron y sufrieron.
Este 18 de septiembre se cumplieron 4 años del Secuestro y Desaparición del compañero Jorge Julio Lopez. Miles de personas marchamos por las calles de La Plata para seguir exigiendo Juicio y Castigo a los responsables materiales y políticos de su secuestro y desaparición. A 4 años de su secuestro y desaparición, el Estado no dio una sola respuesta sobre qué pasó con Lopez.
La investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura es una responsabilidad indelegable del Estado, y las condenas a los represores deben estar a la altura de la gravedad de los delitos que se están juzgando. Pese a esto, denunciamos que no existe en muchos sectores del poder político, en este caso de los integrantes del Ministerio Público (dependiente del Poder Ejecutivo) una voluntad real de condenar el carácter masivo y planificado de la represión, tanto de los responsables militares y policiales, como de sus cómplices civiles, sean médicos, jueces, empresarios o funcionarios políticos.
*BASTA DE FISCALES Y JUECES CÓMPLICES DE LA IMPUNIDAD
* CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
* JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCION.
* RESTITUCION NUESTROS 400 HERMANOS APROPIADOS.
* JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE JORGE JULIO LOPEZ. BASTA DE ENKUBRIMIENTO.
* BASTA DE PENALIZAR LA PROTESTA y DE CRIMINALIZAR LA POBREZA.
HIJOS LA PLATA
