Desde HIJOS La Plata denunciamos los graves hechos represivos ocurridos en Villa Soldati como los crímenes cometidos por las políticas represivas del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y del Estado Nacional, incluidos en este, sus fuerzas represivas, su mando político y su Justicia Federal, que ordenó un desalojo violento que provocó muertos y heridos.
Responsabilizamos al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que con su discurso parcial y oportunista sobre los hechos trata de responsabilizar sólo al fascista y xenófobo Mauricio Macri, y convertir el hecho en una cuestión de discriminación racial.
También responsabilizamos por lo sucedido al ministro de Justicia Julio Alak que dijo que sus fuerzas de seguridad no tienen responsabilidad en este asunto por ser jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como ha quedado mostrado a toda la sociedad por vía de los medios de comunicación, fue la Policía Federal , enviada por la jueza Maria Cristina Nazar, pero al mando de CFK, Alak y Fernández la que reprimió el primer momento de los incidentes en el lugar. Todavía ninguna investigación oficial ha determinado las responsabilidades estrictas de la fuerza federal en las muertes y heridas sufridas por los ocupantes del predio. Los disparos y la represión se desarrollaron también en terreno de la gendarmería nacional (espacio del puente que cruza sobre la línea Belgrano, jurisdicción de gendarmería y por lo tanto responsabilidad del gobierno Nacional).
También repudiamos a la Presidenta , que en su total hipocresía, y despreciando la legitimidad de un reclamo para remitirse a dirimir su rivalidad política con el impresentable Jefe de Gobierno porteño, argumenta en su acto por el día internacional de los DDHH que los reclamos de las familias son “azuzados”, como si en eso se resumiera la crisis habitacional estructural que viven todos los grandes conglomerados urbanos del país.
Toda su respuesta política fue renovar el mando de la Policía Federal , e intentar ocultar las denuncias sobre violaciones actuales a los derechos más elementales, al describir su política represiva como no reñida con sus “medidas integrales de Derechos Humanos”. Esa política, que en 7 años sólo condenó a un centenar de los miles de genocidas de la última dictadura, y asesinó a más de 1.300 personas a manos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, muestra su ambigüedad intencionada al hablar de garantías y nunca contemplar las deudas en materia social que esta gestión tiene, y que conforman derechos que hacen tanto a la dignidad del Hombre como el respeto a la vida.
El Estado sigue reprimiendo la protesta a cualquier costo y criminalizando a la pobreza en lugar de combatir las causas que la generan.
El problema de la tierra para vivir y trabajar tiene larga data en este país. Desde la formación del Estado Nacional hasta el surgimiento de las organizaciones barriales y territoriales en los ’90, el desalojo, la expulsión y la represión en nombre de la propiedad privada o pública son maneras frecuentes de intervenir en el conflicto social.
Una certeza es guía: Las tierras no son de ciudadanos legítimos por sobre habitantes ilegales. Son de todos. Estos “ocupas” que el estado reprime y desplaza cada vez más, son nuestros hermanos, son trabajadores en negro, son los originarios de estas tierras que fueron clasificados como indios por el Estado desde su origen y hoy desalojados por las policías provinciales para sostener un modelo agropecuario no sustentable. No son inmigrantes, son los 3 compañeros QOM asesinados en localidad de La Primavera , son los 33 presos políticos MAPUCHES bajo el estado Chileno, son los WICHIS y demás comunidades que el Estado asesina en sus tierras desde hace mas de 500 años. Son los despojados que ven como los desahucian respetables empresarios europeos, norteamericanos, y demás potencias imperialistas dueñas del mundo y sus recursos para la explotación y el incremento de la desigualdad social que el Estado tanto dice combatir...
En el caso de Soldati, al gobierno no lo sensibilizó ni siquiera las vidas que cayeron en la represión, y decidió liberar la zona, permitiendo así que los grupos organizados por sindicalistas, barrabravas, y otros grupos que responden al accionar de la policía, fuerzas paramilitares, grupos de derecha que trabajan para el gobierno, etc, tengan la “cancha libre” para intervenir sobre lo que el Estado nunca atendió, y pasó 3 días discutiendo en términos de jurisdicción mientras se perdían vidas.
Aunque la cancha no estaba limpia cuando los compañeros decidieron tomar el predio en cuestión. No es casualidad que en ese sitio se encontraban cuerpos de mujeres que fueron asesinadas y de las cuales no se dijo nada. Esos cuerpos aparecen muy cercanos al sitio donde la Policía Federal deposita autos secuestrados y robados.
Será que no se encuentran porque se sabe en donde están y no se necesita buscarlos?
Será que esa policía es cómplice de los asesinatos de esas mujeres?
Será que el silencio que caracteriza a estos crímenes, como al de Arruga y López entre otros, son muertos que nos tenemos que bancar y no buscar?
O será que el Estado ya cuenta muertos como “daños colaterales” o respuestas de la “derecha” en las disputas de la previa a las elecciones del 2011, o por los “avances” en sus políticas de DDHH, o por sus políticas de redistribución de la riqueza?
Por otra parte queremos hacer llegar el mas enérgico repudio al ex compañero Sergio Shocklender, que no tiene nada mas inteligente que decir sobre los hechos que echarle la culpa a la derecha y a la izquierda por partes iguales. Sergio es el abogado y secretario de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de las madres que confunden al gobierno con el Estado, a la militancia con el poder, a la lucha con los homenajes, y que acusa a los “troskos” de enemigos del pueblo y los pega a la derecha. La derecha de este país es socia del gobierno y no de la izquierda. La “izquierda siniestra” de la que hablaba Fernández es la que está desaparecida por luchar, son los compañeros que luchan todos los días contra el hambre, la pobreza, la precarización, la cooptación y el discurso único, y que aunque no estén compartiendo su “proyecto”, o justamente por ello, son los únicos que denuncian los atropellos policiales que se cometen todos los días en los barrios pobres. Somos los que no transamos ni con el Estado, ni con sus patrones ni con los jueces, que son cómplices y parte fundamental del aparato represivo tanto del Estado Terrorista como de los gobiernos que despliegan políticas de control social.
Otro punto que queremos destacar es, el dolor que sentimos por la pérdida de una compañera esencial, una inagotable luchadora de los DDHH. El domingo pasado a las 17hs. falleció Adriana Calvo, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) e integrante del colectivo de organismos de Derechos Humanos “Justicia Ya”.
En 1977 Adriana militaba en el gremio de los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y en febrero de ese año fue secuestrada de su casa de Tolosa embarazada de seis meses y medio y junto a su hijo de un año, por las patotas de Camps y Etchecolatz. Fue alojada como detenida ilegal en varios centros clandestinos de detención del circuito Camps como el Pozo de Arana, la Comisaría 5ta y el Pozo de Banfield. En un traslado hacia este último CCD dio a luz a su hija Teresa en un móvil policial bajo la supervisión cómplice del médico policial Jorge Bergés.
Adriana fue una de las primeras sobrevivientes que declaró en el Juicio a las Juntas.
Testimonió además en el Juicio por la Verdad , y en las causas Etchecolatz y Von Wernich. Pero principalmente, a la represión del Terror de Estado, la compañera respondió con organización. Fue integrante de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires, desde donde luchó por la Universidad Pública. Aportó, como ningún gobierno lo hizo, a la investigación sobre la estructura, el funcionamiento, las víctimas y los represores de los 29 CCD que conformaron el esquema represivo en La Plata y el Gran Buenos Aires en dictadura. Denunció los límites de una justicia a medias, propia de una política mentirosa que se pretendía hacer convivir con teoría de “dos demonios”, leyes impunidad, indultos y nuevos desaparecidos en “democracia”.
Nuestra tristeza por su pérdida también es comprender que en su tenacidad y persistencia por conseguir la condena a todos los genocidas y sus cómplices (no sólo a los jefes), lo último que vivenció la compañera fue la puesta en escena hipócrita de un Estado que festeja la “democracia” y los “Derechos Humanos”, mientras es cómplice en ausencia y en silencios respecto de los crímenes que se siguen cometiendo y que conforma la continuidad de la impunidad del mismo sistema y del mismo aparato represivo que sigue activo y asesinando.
La mayoría de los verdugos de los lugares de horror por los que pasó Adriana, continúan impunes. Para completar esa tarea estamos los que quedamos.
A nuestra compañera ADRIANA CLAVO...
PRESENTE!!!! AHORA Y SIEMPRE!
AL ESTADO Y A ESTE GOBIERNO HIPÓCRITA…
BASTA DE ASESINATOS, REPRESIÓN E IMPUNIDAD!
JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS EN CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y LUCIANO GONZALEZ.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, MARTINO, GERMANO LOPEZ, VILLALBA Y DEMÁS PROCESADOS POR LUCHAR.
NO A LA LEY ANTITERRORISTA.
VIVIENDA DIGNA, SALUD Y EDUCACIÓN PARA TODOS. ANTE LA REPRESIÓN : LUCHA Y ORGANIZACIÓN.
Responsabilizamos al Jefe de Gabinete Aníbal Fernández, que con su discurso parcial y oportunista sobre los hechos trata de responsabilizar sólo al fascista y xenófobo Mauricio Macri, y convertir el hecho en una cuestión de discriminación racial.
También responsabilizamos por lo sucedido al ministro de Justicia Julio Alak que dijo que sus fuerzas de seguridad no tienen responsabilidad en este asunto por ser jurisdicción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Como ha quedado mostrado a toda la sociedad por vía de los medios de comunicación, fue la Policía Federal , enviada por la jueza Maria Cristina Nazar, pero al mando de CFK, Alak y Fernández la que reprimió el primer momento de los incidentes en el lugar. Todavía ninguna investigación oficial ha determinado las responsabilidades estrictas de la fuerza federal en las muertes y heridas sufridas por los ocupantes del predio. Los disparos y la represión se desarrollaron también en terreno de la gendarmería nacional (espacio del puente que cruza sobre la línea Belgrano, jurisdicción de gendarmería y por lo tanto responsabilidad del gobierno Nacional).
También repudiamos a la Presidenta , que en su total hipocresía, y despreciando la legitimidad de un reclamo para remitirse a dirimir su rivalidad política con el impresentable Jefe de Gobierno porteño, argumenta en su acto por el día internacional de los DDHH que los reclamos de las familias son “azuzados”, como si en eso se resumiera la crisis habitacional estructural que viven todos los grandes conglomerados urbanos del país.
Toda su respuesta política fue renovar el mando de la Policía Federal , e intentar ocultar las denuncias sobre violaciones actuales a los derechos más elementales, al describir su política represiva como no reñida con sus “medidas integrales de Derechos Humanos”. Esa política, que en 7 años sólo condenó a un centenar de los miles de genocidas de la última dictadura, y asesinó a más de 1.300 personas a manos de las fuerzas de seguridad federales y provinciales, muestra su ambigüedad intencionada al hablar de garantías y nunca contemplar las deudas en materia social que esta gestión tiene, y que conforman derechos que hacen tanto a la dignidad del Hombre como el respeto a la vida.
El Estado sigue reprimiendo la protesta a cualquier costo y criminalizando a la pobreza en lugar de combatir las causas que la generan.
El problema de la tierra para vivir y trabajar tiene larga data en este país. Desde la formación del Estado Nacional hasta el surgimiento de las organizaciones barriales y territoriales en los ’90, el desalojo, la expulsión y la represión en nombre de la propiedad privada o pública son maneras frecuentes de intervenir en el conflicto social.
Una certeza es guía: Las tierras no son de ciudadanos legítimos por sobre habitantes ilegales. Son de todos. Estos “ocupas” que el estado reprime y desplaza cada vez más, son nuestros hermanos, son trabajadores en negro, son los originarios de estas tierras que fueron clasificados como indios por el Estado desde su origen y hoy desalojados por las policías provinciales para sostener un modelo agropecuario no sustentable. No son inmigrantes, son los 3 compañeros QOM asesinados en localidad de La Primavera , son los 33 presos políticos MAPUCHES bajo el estado Chileno, son los WICHIS y demás comunidades que el Estado asesina en sus tierras desde hace mas de 500 años. Son los despojados que ven como los desahucian respetables empresarios europeos, norteamericanos, y demás potencias imperialistas dueñas del mundo y sus recursos para la explotación y el incremento de la desigualdad social que el Estado tanto dice combatir...
En el caso de Soldati, al gobierno no lo sensibilizó ni siquiera las vidas que cayeron en la represión, y decidió liberar la zona, permitiendo así que los grupos organizados por sindicalistas, barrabravas, y otros grupos que responden al accionar de la policía, fuerzas paramilitares, grupos de derecha que trabajan para el gobierno, etc, tengan la “cancha libre” para intervenir sobre lo que el Estado nunca atendió, y pasó 3 días discutiendo en términos de jurisdicción mientras se perdían vidas.
Aunque la cancha no estaba limpia cuando los compañeros decidieron tomar el predio en cuestión. No es casualidad que en ese sitio se encontraban cuerpos de mujeres que fueron asesinadas y de las cuales no se dijo nada. Esos cuerpos aparecen muy cercanos al sitio donde la Policía Federal deposita autos secuestrados y robados.
Será que no se encuentran porque se sabe en donde están y no se necesita buscarlos?
Será que esa policía es cómplice de los asesinatos de esas mujeres?
Será que el silencio que caracteriza a estos crímenes, como al de Arruga y López entre otros, son muertos que nos tenemos que bancar y no buscar?
O será que el Estado ya cuenta muertos como “daños colaterales” o respuestas de la “derecha” en las disputas de la previa a las elecciones del 2011, o por los “avances” en sus políticas de DDHH, o por sus políticas de redistribución de la riqueza?
Por otra parte queremos hacer llegar el mas enérgico repudio al ex compañero Sergio Shocklender, que no tiene nada mas inteligente que decir sobre los hechos que echarle la culpa a la derecha y a la izquierda por partes iguales. Sergio es el abogado y secretario de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, de las madres que confunden al gobierno con el Estado, a la militancia con el poder, a la lucha con los homenajes, y que acusa a los “troskos” de enemigos del pueblo y los pega a la derecha. La derecha de este país es socia del gobierno y no de la izquierda. La “izquierda siniestra” de la que hablaba Fernández es la que está desaparecida por luchar, son los compañeros que luchan todos los días contra el hambre, la pobreza, la precarización, la cooptación y el discurso único, y que aunque no estén compartiendo su “proyecto”, o justamente por ello, son los únicos que denuncian los atropellos policiales que se cometen todos los días en los barrios pobres. Somos los que no transamos ni con el Estado, ni con sus patrones ni con los jueces, que son cómplices y parte fundamental del aparato represivo tanto del Estado Terrorista como de los gobiernos que despliegan políticas de control social.
Otro punto que queremos destacar es, el dolor que sentimos por la pérdida de una compañera esencial, una inagotable luchadora de los DDHH. El domingo pasado a las 17hs. falleció Adriana Calvo, una de las fundadoras de la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos (AEDD) e integrante del colectivo de organismos de Derechos Humanos “Justicia Ya”.
En 1977 Adriana militaba en el gremio de los docentes de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional de La Plata y en febrero de ese año fue secuestrada de su casa de Tolosa embarazada de seis meses y medio y junto a su hijo de un año, por las patotas de Camps y Etchecolatz. Fue alojada como detenida ilegal en varios centros clandestinos de detención del circuito Camps como el Pozo de Arana, la Comisaría 5ta y el Pozo de Banfield. En un traslado hacia este último CCD dio a luz a su hija Teresa en un móvil policial bajo la supervisión cómplice del médico policial Jorge Bergés.
Adriana fue una de las primeras sobrevivientes que declaró en el Juicio a las Juntas.
Testimonió además en el Juicio por la Verdad , y en las causas Etchecolatz y Von Wernich. Pero principalmente, a la represión del Terror de Estado, la compañera respondió con organización. Fue integrante de la Asociación Gremial Docente (AGD) de la Universidad de Buenos Aires, desde donde luchó por la Universidad Pública. Aportó, como ningún gobierno lo hizo, a la investigación sobre la estructura, el funcionamiento, las víctimas y los represores de los 29 CCD que conformaron el esquema represivo en La Plata y el Gran Buenos Aires en dictadura. Denunció los límites de una justicia a medias, propia de una política mentirosa que se pretendía hacer convivir con teoría de “dos demonios”, leyes impunidad, indultos y nuevos desaparecidos en “democracia”.
Nuestra tristeza por su pérdida también es comprender que en su tenacidad y persistencia por conseguir la condena a todos los genocidas y sus cómplices (no sólo a los jefes), lo último que vivenció la compañera fue la puesta en escena hipócrita de un Estado que festeja la “democracia” y los “Derechos Humanos”, mientras es cómplice en ausencia y en silencios respecto de los crímenes que se siguen cometiendo y que conforma la continuidad de la impunidad del mismo sistema y del mismo aparato represivo que sigue activo y asesinando.
La mayoría de los verdugos de los lugares de horror por los que pasó Adriana, continúan impunes. Para completar esa tarea estamos los que quedamos.
A nuestra compañera ADRIANA CLAVO...
PRESENTE!!!! AHORA Y SIEMPRE!
AL ESTADO Y A ESTE GOBIERNO HIPÓCRITA…
BASTA DE ASESINATOS, REPRESIÓN E IMPUNIDAD!
JUICIO A TODOS LOS GENOCIDAS EN CARCEL COMUN PERPETUA Y EFECTIVA.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICION DE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y LUCIANO GONZALEZ.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS, MARTINO, GERMANO LOPEZ, VILLALBA Y DEMÁS PROCESADOS POR LUCHAR.
NO A LA LEY ANTITERRORISTA.
VIVIENDA DIGNA, SALUD Y EDUCACIÓN PARA TODOS. ANTE LA REPRESIÓN : LUCHA Y ORGANIZACIÓN.
