La ministra María do Rosario afirmó que el gobierno de Dilma Rousseff está empeñado en crear la Comisión de la Verdad. Denuncian al país por mantener la ley de amnistía.
Brasil ratificó su compromiso con la lucha por la defensa de los derechos humanos. “El gobierno está empeñado en concretar la creación de la Comisión de la Verdad”, aseguró la secretaria de Derechos Humanos, María do Rosario, en referencia al futuro grupo cuyo objetivo principal será la investigación de los delitos cometidos por la última dictadura militar que sufrió el país entre 1964 y 1985. Así, el gobierno de Dilma Rousseff respondió escuetamente a la organización mundial Humans Rights Watch (HRW), que esta semana lo cuestionó por no haber procesado a los responsables de ese régimen dictatorial.
María do Rosario remarcó que la meta principal de la Secretaría en la primera etapa de gestión es lograr que el Congreso apruebe el proyecto de creación de la comisión. Los medios locales advirtieron que Rousseff ordenó que la secretaria trabaje en el avance de la comisión de manera coordinada con los ministros de Defensa, Nelson Jobim, y de Justicia, José Cardozo.
Esa necesidad de trabajo conjunto es la que puede llegar a hacer ruido en la estrategia de la comisión. Unos días después de la asunción de Rousseff en la presidencia, Jobim declaró a los medios brasileños que estaba a favor del impulso en la investigación de los hechos, pero que se oponía a aplicar cualquier clase de castigo a quienes resultaran responsables. De todas maneras, Folha do São Paulo aseguró ayer que la presidenta no admite que haya polémicas públicas entre la secretaria de Derechos Humanos y el titular de Defensa.
En relación con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los 20 años de dictadura, HRW también advirtió al gobierno brasileño por mantener en vigor la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979, que impide que los protagonistas de ese gobierno de facto, en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, puedan ser investigados por delitos comunes y de lesa humanidad que hayan cometido durante esos años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó a Brasil por esa norma. Hace poco más de un mes, responsabilizó al Estado brasileño por no haber buscado a más de 50 desaparecidos que habrían sido ejecutados por militares durante la década de 1970 en la región amazónica.
Las consideraciones que HRW realizó sobre Brasil formaron parte de su informe mundial 2011 sobre la situación del respeto a los derechos humanos en todo el globo. Pero lo relativo al período dictatorial no es la única advertencia que le apuntó al Estado de Brasil. También denunció la situación con los voluntarios que trabajan por la defensa de derechos humanos y que se especializan en situaciones de abuso policial y conflictos territoriales. “Son blanco de intimidaciones y violencia”, apreció, y citó como ejemplo el caso de Manoel Mattos, un abogado pro derechos humanos que, producto de un disparo, falleció en enero de 2009 en el límite entre los estados de Paraiba y Pernambuco.
María do Rosario remarcó que la meta principal de la Secretaría en la primera etapa de gestión es lograr que el Congreso apruebe el proyecto de creación de la comisión. Los medios locales advirtieron que Rousseff ordenó que la secretaria trabaje en el avance de la comisión de manera coordinada con los ministros de Defensa, Nelson Jobim, y de Justicia, José Cardozo.
Esa necesidad de trabajo conjunto es la que puede llegar a hacer ruido en la estrategia de la comisión. Unos días después de la asunción de Rousseff en la presidencia, Jobim declaró a los medios brasileños que estaba a favor del impulso en la investigación de los hechos, pero que se oponía a aplicar cualquier clase de castigo a quienes resultaran responsables. De todas maneras, Folha do São Paulo aseguró ayer que la presidenta no admite que haya polémicas públicas entre la secretaria de Derechos Humanos y el titular de Defensa.
En relación con las violaciones a los derechos humanos sucedidas durante los 20 años de dictadura, HRW también advirtió al gobierno brasileño por mantener en vigor la Ley de Amnistía, sancionada por el dictador Joao Baptista Figueiredo en 1979, que impide que los protagonistas de ese gobierno de facto, en su mayoría miembros de las Fuerzas Armadas, puedan ser investigados por delitos comunes y de lesa humanidad que hayan cometido durante esos años.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también condenó a Brasil por esa norma. Hace poco más de un mes, responsabilizó al Estado brasileño por no haber buscado a más de 50 desaparecidos que habrían sido ejecutados por militares durante la década de 1970 en la región amazónica.
Las consideraciones que HRW realizó sobre Brasil formaron parte de su informe mundial 2011 sobre la situación del respeto a los derechos humanos en todo el globo. Pero lo relativo al período dictatorial no es la única advertencia que le apuntó al Estado de Brasil. También denunció la situación con los voluntarios que trabajan por la defensa de derechos humanos y que se especializan en situaciones de abuso policial y conflictos territoriales. “Son blanco de intimidaciones y violencia”, apreció, y citó como ejemplo el caso de Manoel Mattos, un abogado pro derechos humanos que, producto de un disparo, falleció en enero de 2009 en el límite entre los estados de Paraiba y Pernambuco.
Fuente: pagina12
