El Tribunal resolverá un conflicto de competencias entre la justicia ordinaria y la federal de Santa Fe, que investiga violaciones a los DD HH. La Corte Suprema resolverá en su acuerdo de hoy si el asesinato de Silvia Suppo, testigo fundamental en causas por violaciones a los Derechos Humanos en la provincia de Santa Fe, debe ser investigado como un episodio más de inseguridad o será necesario determinar si, hace ya un año, fue asesinada para acallar su voz acusadora. El máximo tribunal debe dirimir una “cuestión de competencia” entre la justicia ordinaria y la federal de Santa Fe. Si se inclina por la primera opción, tácitamente estará admitiendo que se trató de un asesinato en ocasión de robo sin más particularidades; si opta por la segunda, dejará abierta la angustiante sospecha de que, al igual que Jorge Julio López, todos los testigos en causas por delitos de lesa humanidad están en peligro. Suppo tenía 53 años y atendía en un comercio de prendas de cuero en el centro de Rafaela, la misma ciudad de la que es oriundo el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, cuyo voto será trascendental en el acuerdo de hoy. Poco después de las 10:00 del 29 de marzo de 2010, dos personas ingresaron al comercio. Se llevaron apenas 200 pesos y, según confesó uno de ellos, la asesinaron “por temor a ser reconocidos”. Así, de haber cometido un delito –robo– que contempla penas de entre un mes y seis años de cárcel, pasaron a perpetrar otro –homicidio agravado– que el Código Penal reprime con prisión o reclusión perpetua. La Corte analizó el caso la semana pasada, después de que Carmen Argibay firmara su voto. Pero por esos días las aguas estaban agitadas por el exhorto de la justicia suiza y la situación del líder de la CGT, Hugo Moyano, de modo que la resolución se postergó. De paso, el pronunciamiento coincidirá con el aniversario del crimen. Los dos presuntos autores materiales del homicidio, identificados en el expediente como Rodrigo Sosa y su primo Rodolfo Cóceres, están en camino al juicio oral. Pero un testigo de identidad reservada instaló la idea de un crimen por encargo, ideado presuntamente por el hijo de un represor. Es que Suppo –cuyo testimonio ayudó a condenar al ex juez federal de Santa Fe durante la dictadura, Hermes Brusa– debía declarar en otras causas por violaciones a los Derechos Humanos. Y sus relatos, según ya había quedado probado, eran contundentes. El procurador general adjunto Luis González Warcalde ya opinó que la causa debe seguir en la órbita de la justicia local. En un dictamen que firmó el 21 de febrero último, entendió que “no se observa en este caso ninguna de las circunstancias” que habiliten a la justicia federal. “No estamos aquí en presencia de ninguna causa en la que se haya fijado una hipótesis delictiva semejante, a raíz de la denuncia de varios hechos encaminados al fin común de obstruir el esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad”, puntualizó entonces el procurador general adjunto.
