Publicado el 5 de Mayo de 2011Fuente: Tiempo Argentino
Por Gimena Fuertes
El ex ministro del Interior de la dictadura está imputado en la causa que investiga el secuestro y muerte del número dos de Montoneros.
La justicia golpeó ayer la puerta de la casa del represor Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la última dictadura militar. El juez que lleva la megacausa de Campo de Mayo –el mayor centro clandestino del país–, Juan Manuel Yalj, fue hasta el domicilio que Harguindeguy tiene en el partido de San Miguel para indagarlo por el secuestro y asesinato de Roberto Quieto, el dirigente número dos de Montoneros. Harguindeguy ya está procesado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, tiene 83 años y cumple prisión domiciliaria. La cita de la indagatoria estaba prevista para las 9 de la mañana, sin embargo, recién se produjo alrededor del mediodía. Si bien fuentes cercanas a la causa especularon que es posible que el represor se haya negado a declarar, su indagatoria consiste en “un paso adelante” en la causa 4012 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, expediente 31, correspondiente al secuestro y asesinato de Quieto.
Roberto Quieto fue el fundador, a fines de los años sesenta, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organización que luego se integró a Montoneros, donde llegó a ser el número dos en la jerarquía. La tarde del 28 de diciembre de 1975 un grupo de agentes de la Policía Federal lo secuestró desarmado y sin guardaespaldas, en la playa La Grande, de la localidad de Martínez, en el norte del Conurbano Bonaerense, cuando se encontraba pasando un domingo con su familia. En enero de 1976, Roberto Perdía, dirigente montonero, se encontró con Albano Harguindeguy cerca de lo que hoy es Puerto Madero, para pedir la liberación de Quieto. “Quieto no va a aparecer, olvídense del tema. Además, nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una dictablanda, como la de Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, dijo Harguindeguy, quien luego sería el jefe de la Policía Federal de Isabel Perón y, más tarde, ministro de facto del Interior de Jorge Rafael Videla.
La abogada querellante en la causa, Florencia Arietto, explicó a Tiempo Argentino que, debido a los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo, hay escasos testimonios para reconstruir lo ocurrido en ese centro clandestino. “Aseguran que vieron que lo trasladaban al Campito, un lugar de élite dentro de Campo de Mayo, luego lo llevaron a la Superintendencia de Seguridad General y lo tuvieron un tiempo allí. Su presencia generaba mucho movimiento dentro por ser uno de los jefes montoneros. También se sabe que luego lo trasladaron y no se volvió a saber de él.”
Además del juez, también se hizo presente en la indagatoria de ayer el abogado defensor del represor, aunque por ley no se permite que los abogados querellantes participen en la indagatoria.
Para Arietto, este paso “es positivo porque la indagatoria significa que hay semi plena prueba del secuestro”. “Esperamos que lo procesen, que cierren la etapa de instrucción, eleven la causa a juicio, que lo condenen antes de que se muera a cárcel común como a Luis Patti. Él sabía dónde estaba Quieto y tenía la posibilidad de salvarlo y no lo hizo”, destacó la abogada.
El ex ministro del Interior de la dictadura está imputado en la causa que investiga el secuestro y muerte del número dos de Montoneros.
La justicia golpeó ayer la puerta de la casa del represor Albano Harguindeguy, ex ministro del Interior de la última dictadura militar. El juez que lleva la megacausa de Campo de Mayo –el mayor centro clandestino del país–, Juan Manuel Yalj, fue hasta el domicilio que Harguindeguy tiene en el partido de San Miguel para indagarlo por el secuestro y asesinato de Roberto Quieto, el dirigente número dos de Montoneros. Harguindeguy ya está procesado por el secuestro de los empresarios Federico y Miguel Gutheim, tiene 83 años y cumple prisión domiciliaria. La cita de la indagatoria estaba prevista para las 9 de la mañana, sin embargo, recién se produjo alrededor del mediodía. Si bien fuentes cercanas a la causa especularon que es posible que el represor se haya negado a declarar, su indagatoria consiste en “un paso adelante” en la causa 4012 por los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, expediente 31, correspondiente al secuestro y asesinato de Quieto.
Roberto Quieto fue el fundador, a fines de los años sesenta, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, organización que luego se integró a Montoneros, donde llegó a ser el número dos en la jerarquía. La tarde del 28 de diciembre de 1975 un grupo de agentes de la Policía Federal lo secuestró desarmado y sin guardaespaldas, en la playa La Grande, de la localidad de Martínez, en el norte del Conurbano Bonaerense, cuando se encontraba pasando un domingo con su familia. En enero de 1976, Roberto Perdía, dirigente montonero, se encontró con Albano Harguindeguy cerca de lo que hoy es Puerto Madero, para pedir la liberación de Quieto. “Quieto no va a aparecer, olvídense del tema. Además, nosotros no vamos a andar tirando cadáveres en los zanjones, de ahora en adelante los cadáveres no van a aparecer. Nosotros vamos a hacer otra cosa. Lo que ustedes conocieron hasta ahora fue una dictablanda, como la de Lanusse; la nuestra sí va a ser una dictadura. No lo van a volver a ver más a Quieto. En realidad, no volverán a ver a nadie más”, dijo Harguindeguy, quien luego sería el jefe de la Policía Federal de Isabel Perón y, más tarde, ministro de facto del Interior de Jorge Rafael Videla.
La abogada querellante en la causa, Florencia Arietto, explicó a Tiempo Argentino que, debido a los pocos sobrevivientes de Campo de Mayo, hay escasos testimonios para reconstruir lo ocurrido en ese centro clandestino. “Aseguran que vieron que lo trasladaban al Campito, un lugar de élite dentro de Campo de Mayo, luego lo llevaron a la Superintendencia de Seguridad General y lo tuvieron un tiempo allí. Su presencia generaba mucho movimiento dentro por ser uno de los jefes montoneros. También se sabe que luego lo trasladaron y no se volvió a saber de él.”
Además del juez, también se hizo presente en la indagatoria de ayer el abogado defensor del represor, aunque por ley no se permite que los abogados querellantes participen en la indagatoria.
Para Arietto, este paso “es positivo porque la indagatoria significa que hay semi plena prueba del secuestro”. “Esperamos que lo procesen, que cierren la etapa de instrucción, eleven la causa a juicio, que lo condenen antes de que se muera a cárcel común como a Luis Patti. Él sabía dónde estaba Quieto y tenía la posibilidad de salvarlo y no lo hizo”, destacó la abogada.
