Opinión: Esta nota que se realizo a fines del año pasado (2010) resulta tan contundente por como desnuda la política del gobierno, auto denominado "de los Derechos Humanos", y su imagen que vale la pena reproducirlo.
MARÍA DEL CARMEN VERDÚ, DE LA COORDINADORA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL E INSTITUCIONAL (CORREPI).
Tras el asesinato del militante Mariano Ferreyra, DIAGONAL habla con Carmen Verdú, de Correpi, que representa a dos de los heridos en esta causa.
Fuente: diagonalperiodico.net
Foto: Omar Calvo
Martín Cúneo y Emma Gascó / Buenos Aires (Argentina)
Martes 30 de noviembre de 2010. Número 138
¿En qué pensaba Néstor Kirchner antes de morir? Jorge Altamira, histórico líder del troskista Partido Obrero, y Joaquín Morales Solá, analista del diario conservador La Nación, curiosamente coinciden en sus especulaciones sobre la muerte de Mariano Ferreyra. Este joven militante del Partido Obrero había sido asesinado una semana antes cuando apoyaba una protesta de los trabajadores precarios del ferrocarril. Su muerte a manos de un sicario contratado por la Unión Ferroviaria, un gremio de la CGT vinculada al Gobierno, había despertado una ola de solidaridad entre los movimientos de base. El escándalo amenazaba con avanzar hacia los responsables políticos al tiempo que aireaba una práctica convertida en habitual. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hace un balance sobre este caso y la situación de los derechos humanos en Argentina.
DIAGONAL: Ferreyra fue asesinado por un integrante de una patota sindical (grupo violento ligado a la burocracia de los sindicatos). ¿Cómo funciona este entramado?
Mª DEL CARMEN VERDÚ: Así como se terceriza –subcontrata– la producción para incrementar ganancia, nosotros hablamos de “tercerización de la represión”. El Estado utiliza estos mecanismos para lavarse las manos. Ya en 2004, cuando los Kirchner viajaron a Tucumán para un acto público, los desocupados de la zona se habían organizado para manifestarse contra el Gobierno. Quienes los reventaron a golpes fueron los grupos de militantes de Barrios de Pie, que eran también una organización de desocupados, en ese momento guardia del kirchnerismo. Ejemplos como ése hay a patadas. No puede sorprender que, frente a la movilización de los trabajadores ferroviarios tercerizados, lo que impida que corten la vía sea una patota organizada desde la Unión Ferroviaria y la empresa con reclutamiento de sicarios y con vínculos con la Policía.
En todo momento la Policía escolta a la patota y, cuando los patrulleros han quedado justo en el medio entre el grupo de movilizados y la patota, se abren y la dejan pasar. Cuando la patota ha regresado se cierran para garantizarles la huida.
D.: ¿Se trata de un caso aislado?
M. C. V.: En el periodo kirchnerista, con Ferreyra son ya siete los asesinados en movilizaciones. El primero fue en 2003 en Jujuy, en una movilización espontánea de un pueblo de diez mil habitantes, donde se movilizaron 3.000 frente a la comisaría por la muerte tras tortura de un detenido común la noche anterior. Al reprimir esa movilización fusilan a Luis Cuéllar, un chico de 19 años. En 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado con un disparo en la nuca en una movilización de los docentes en Neuquén. En 2008, Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, murió como consecuencia de una paliza que recibió por la Policía durante un piquete organizado porque no se les pagaba su salario. En 2010 hubo tres muertes de personas que se manifestaban contra hechos previos de gatillo fácil: Vargas, Cárdenas y Carrasco. Y finalmente, ya en una represión directa contra una movilización por reclamos laborales, murió Mariano Ferreyra.
D.: Desde el exterior se percibe el Gobierno de los Kirchner como el de los derechos humanos.
M. C. V.: La llamada “política de derechos humanos” le ha permitido crear una imagen inmune a cualquier crítica que tenga que ver con cuestiones represivas. ¿Quién puede llamar represor a un Gobierno que habla permanentemente de la defensa de los derechos humanos, que reivindica las luchas de los ‘70 o asume el rol de querellante en las causas de las dictaduras? Esos hechos concretos consiguen avances, pero no tienen incidencia en la realidad represiva de todos los días.
Aparte, esa imagen ha servido para dividir los movimientos de derechos humanos existentes antes de 2003, porque muchos optaron por subirse al protoplasma del partido del Gobierno.
D.: ¿Cuál es la visión que contrapone Correpi?
M. C. V.: Hay un promedio de un muerto al día por gatillo fácil o por tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores. Hay más de 6.000 militantes o personas relacionadas con situaciones de protesta social que están bajo procesos penales. Tenemos un incremento permanente de leyes más represivas, exclusivamente en lo referente a la criminalización de la pobreza, desde luego no para los policías que cometen delitos.
Más del 66% de las personas que están en prisión técnicamente son inocentes, gozan de la presunción de no culpabilidad porque están procesadas, no condenadas. Como cualquier proceso dura cinco años, de cada diez personas que vayan a ser juzgadas, a seis, aunque se les condene, va a ser por penas menores de lo que ya cumplieron en pena preventiva.
Notas relacionadas: La Argentina que deja Néstor Kirchner, el “Restaurador”
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Tras el asesinato del militante Mariano Ferreyra, DIAGONAL habla con Carmen Verdú, de Correpi, que representa a dos de los heridos en esta causa.Fuente: diagonalperiodico.net
Foto: Omar Calvo
Martín Cúneo y Emma Gascó / Buenos Aires (Argentina)
Martes 30 de noviembre de 2010. Número 138
¿En qué pensaba Néstor Kirchner antes de morir? Jorge Altamira, histórico líder del troskista Partido Obrero, y Joaquín Morales Solá, analista del diario conservador La Nación, curiosamente coinciden en sus especulaciones sobre la muerte de Mariano Ferreyra. Este joven militante del Partido Obrero había sido asesinado una semana antes cuando apoyaba una protesta de los trabajadores precarios del ferrocarril. Su muerte a manos de un sicario contratado por la Unión Ferroviaria, un gremio de la CGT vinculada al Gobierno, había despertado una ola de solidaridad entre los movimientos de base. El escándalo amenazaba con avanzar hacia los responsables políticos al tiempo que aireaba una práctica convertida en habitual. María del Carmen Verdú, abogada de la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), hace un balance sobre este caso y la situación de los derechos humanos en Argentina.
DIAGONAL: Ferreyra fue asesinado por un integrante de una patota sindical (grupo violento ligado a la burocracia de los sindicatos). ¿Cómo funciona este entramado?
Mª DEL CARMEN VERDÚ: Así como se terceriza –subcontrata– la producción para incrementar ganancia, nosotros hablamos de “tercerización de la represión”. El Estado utiliza estos mecanismos para lavarse las manos. Ya en 2004, cuando los Kirchner viajaron a Tucumán para un acto público, los desocupados de la zona se habían organizado para manifestarse contra el Gobierno. Quienes los reventaron a golpes fueron los grupos de militantes de Barrios de Pie, que eran también una organización de desocupados, en ese momento guardia del kirchnerismo. Ejemplos como ése hay a patadas. No puede sorprender que, frente a la movilización de los trabajadores ferroviarios tercerizados, lo que impida que corten la vía sea una patota organizada desde la Unión Ferroviaria y la empresa con reclutamiento de sicarios y con vínculos con la Policía.
En todo momento la Policía escolta a la patota y, cuando los patrulleros han quedado justo en el medio entre el grupo de movilizados y la patota, se abren y la dejan pasar. Cuando la patota ha regresado se cierran para garantizarles la huida.
D.: ¿Se trata de un caso aislado?
M. C. V.: En el periodo kirchnerista, con Ferreyra son ya siete los asesinados en movilizaciones. El primero fue en 2003 en Jujuy, en una movilización espontánea de un pueblo de diez mil habitantes, donde se movilizaron 3.000 frente a la comisaría por la muerte tras tortura de un detenido común la noche anterior. Al reprimir esa movilización fusilan a Luis Cuéllar, un chico de 19 años. En 2007, Carlos Fuentealba fue asesinado con un disparo en la nuca en una movilización de los docentes en Neuquén. En 2008, Juan Carlos Erazo, trabajador del ajo, murió como consecuencia de una paliza que recibió por la Policía durante un piquete organizado porque no se les pagaba su salario. En 2010 hubo tres muertes de personas que se manifestaban contra hechos previos de gatillo fácil: Vargas, Cárdenas y Carrasco. Y finalmente, ya en una represión directa contra una movilización por reclamos laborales, murió Mariano Ferreyra.
D.: Desde el exterior se percibe el Gobierno de los Kirchner como el de los derechos humanos.
M. C. V.: La llamada “política de derechos humanos” le ha permitido crear una imagen inmune a cualquier crítica que tenga que ver con cuestiones represivas. ¿Quién puede llamar represor a un Gobierno que habla permanentemente de la defensa de los derechos humanos, que reivindica las luchas de los ‘70 o asume el rol de querellante en las causas de las dictaduras? Esos hechos concretos consiguen avances, pero no tienen incidencia en la realidad represiva de todos los días.
Aparte, esa imagen ha servido para dividir los movimientos de derechos humanos existentes antes de 2003, porque muchos optaron por subirse al protoplasma del partido del Gobierno.
D.: ¿Cuál es la visión que contrapone Correpi?
M. C. V.: Hay un promedio de un muerto al día por gatillo fácil o por tortura en cárceles, comisarías o institutos de menores. Hay más de 6.000 militantes o personas relacionadas con situaciones de protesta social que están bajo procesos penales. Tenemos un incremento permanente de leyes más represivas, exclusivamente en lo referente a la criminalización de la pobreza, desde luego no para los policías que cometen delitos.
Más del 66% de las personas que están en prisión técnicamente son inocentes, gozan de la presunción de no culpabilidad porque están procesadas, no condenadas. Como cualquier proceso dura cinco años, de cada diez personas que vayan a ser juzgadas, a seis, aunque se les condene, va a ser por penas menores de lo que ya cumplieron en pena preventiva.
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