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jueves, 2 de junio de 2011

Una causa repleta de impunidad

Adolfo Pérez Esquivel se suma a la búsqueda de Luciano Arruga.
El lunes acompañó a familiares y amigos del adolescente desaparecido para exigir avances en la causa.
Fuente: Red ECO
Foto: Andrés Lofiego

Vanesa Orieta-hermana de Luciano Arruga:
Habla de la inacción de la justicia en los primeros días
Explica cómo actuó la justicia y la policia
Comenta su reunión con el Juez Banco
Adolfo Pérez Esquivel - presidente de Serpaj Habla sobre el asesinato de Luciano Arruga

Pablo Pimentel - presidente de la APDH Detalla las irregularidades de la justicia


(Red Eco) Buenos Aires- A 2 años y 4 meses de la desaparición de Luciano Arruga por parte de un grupo de policías de la bonaerense, Adolfo Pérez Esquivel (premio Nobel de la paz) acompañó este lunes a Vanesa Orieta (hermana de Luciano) y a Pablo Pimentel (titular de la APDH de La Matanza) para reunirse con el intendente de La Matanza, -Fernado Espinoza-, el juez que interviene en la causa, Gustavo Banco y la fiscal Celia Cejas.
Durante el encuentro con Espinoza, éste prometió cerrar el destacamento Policial de Lomas del Mirador y convertirlo en un centro cultural. La dependencia está ubicada en Indart 106 y depende de la comisaría 8va que en la dictadura fue un Centro Clandestino de Detención, conocido como “El Sheraton”. Además, tanto los testigos como los peritajes indicaron que Luciano estuvo en esos lugares antes de desaparecer.
Sin embargo, el juez Gustavo Banco afirmó en la reunión con Esquivel, Orieta y Pimentel que no cree en los testimonios de los presos que vieron a Luciano fuertemente golpeado en el destacamento de Lomas del Mirador. Vanesa manifestó que son precisamente los presos los únicos que pueden haber visto a Arruga, ya que la policía - afirmó- no va a declarar sobre su responsabilidad en la golpiza y posterior desaparición.
Gustavo Banco, juez de Garantías del Juzgado Nº 5 de La Matanza, fue acusado por su inacción en causas en las que hay efectivos policiales implicados (también interviene en causas como la del joven Jonathan Bolig, a quien un móvil policial de la comisaría 4° del Laferrere lo atropello y mató el 12 de enero de 2010). En este sentido se expresó el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) en el escrito presentado al incorporarse como querellante en la causa Arruga: "existen elementos objetivos que vinculan la desaparición de Luciano Arruga con el accionar ilegal de agentes policiales” y que este caso "expresa la debilidad de las instituciones para desarticular las redes de ilegalidad y violencia heredadas de la dictadura”.
A pesar de todos los elementos que involucran a los 8 efectivos del destacamento, desde el juzgado y la Fiscalía consideran que aún no tienen "pruebas suficientes" para acreditar que estos policías son los responsables de la desaparición de Arruga, por lo que sólo están imputados por encubrimiento en una causa que luego de 2 años y 4 meses de impunidad aún sigue caratulada como "averiguación de paradero".
Al respecto, Pérez Esquivel expresó su preocupación y dijo que se trata de "un caso claro de secuestro y desaparición forzada de persona" donde las pruebas "se están dispersando" y adelantó que se presentará como amicus curiae (amigo del tribunal) para exigir que la causa avance, se cambie su carátula y los efectivos implicados sean procesados por la desaparición de Luciano. Además, agregó que de seguir así, la causa "puede ir a punto muerto, como el caso de Julio López, que hasta el día de hoy no sabemos qué pasó".
Tras reunirse con Fernando Espinoza, Adolfo Pérez Esquivel, Vanesa Orieta, Pablo Pimentel y los abogados de la causa, acompañadxs por familiares y amigos de Luciano se reunieron con la fiscal Celia Cejas, que está a cargo de la causa Arruga luego de que se separase a la fiscal Roxana Castelli de la investigación.
La fiscal Castelli estuvo al frente de la causa durante los 45 días posteriores a la desaparición de Arruga y nunca recibió a Vanesa y a Mónica – madre del adolescente- ni a lxs integrantes de la APDH de La Matanza, que desde los primeros días acompañaron a la familia de Luciano. Es por ese motivo que desde la APDH se evalúa pedir un jury de enjuiciamiento para la fiscal.
Además, Castelli desoyó las acusaciones de lxs familiares hacia la policía, y asignó la investigación del caso a la Policía Bonaerense, a pesar de que los efectivos implicados en la desaparición pertenecen a ella. De este modo, su accionar avaló el manejo impune de los policías, quienes se deshicieron de pruebas fundamentales que hubieran ayudado a dilucidar qué pasó con Luciano.
Tras el apartamiento de Castelli, la investigación pasó a estar en manos de la fiscal Celia Cejas, que ordenó peritar el Destacamento de Lomas del Mirador, la comisaría 8va y un patrullero: los resultados de los rastrillajes determinaron que Luciano estuvo en todos esos lugares.
El sistema de gps incorporado a los móviles policiales indicó que 2 vehículos del destacamento estuvieron varias horas detenidos en Monte Dorrego, un predio municipal cercano. Sin embargo, los peritajes en ese lugar no avanzaron y el patrullero 12806 (donde se encontraron rastros de Luciano y prueba fundamental en la causa) no fue secuestrado: se cambió su numeración y actualmente sigue circulando.
También se detectaron severas irregularidades en los libros policiales: hojas arrancadas, faltante de datos de los presos y la no inclusión del ingreso de Luciano al destacamento.
La familia denunció a los efectivos por supresión de documento público, incumplimiento del deber de funcionario público. Pero también por querer reclutar a Luciano en un grupo de jóvenes para que roben para la policía: debido a que se negó a delinquir, el adolescente era víctima de golpizas, detenciones ilegales y constantes amenazas de muerte, hasta su desaparición en la madrugada del 31 de enero de 2009.
En 2010, el Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas exigió a las autoridades argentinas “concluir una investigación exhaustiva e imparcial” e incluir el caso Arruga en la convención sobre los derechos de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Eso no se cumplió: la causa sigue repleta de impunidad.

Vanesa Orieta-hermana de Luciano Arruga:
Habla de la inacción de la justicia en los primeros días
Explica cómo actuó la justicia y la policia
Comenta su reunión con el Juez Banco
Adolfo Pérez Esquivel - presidente de Serpaj Habla sobre el asesinato de Luciano Arruga
Pablo Pimentel - presidente de la APDH Detalla las irregularidades de la justicia

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