| Jueves, 08/03/12 | ||
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| Las constantes agresiones, detenciones arbitrarias, suspensiones de juicios por casos de gatillo fácil, asesinatos y persecuciones son hechos que dan cuenta que las policías, tanto federal como provinciales, tienen vía libre por parte de los poderes del Estado para actuar en contra del pueblo. |  | |
| Ayer a la tarde los canales de televisión y sitios web de noticias comenzaron a difundir la existencia de una “batalla campal” entre vecinxs del barrio porteño de Balvanera y la policía. Daban pocos datos, solo cuántos patrulleros y ambulancias había en el lugar. Con el correr de los minutos cobró fuerza la versión “oficial” de que un grupo de personas que hacía un asado en plena calle, agredió a efectivos cuando éstos se acercaron. Cifras de heridos y detenidos, y listo. Pero lo cierto fue que los efectivos de la Comisaría 8° de la Policía Federal reprimieron a familiares de víctimas de gatillo fácil y a vecinxs que se acercaron a solidarizarse. Los agredidos integraban las familias de John Camafreitas y de Marcelo Sepúlveda. John fue asesinado de un disparo en la nuca a fines de enero por el cabo de la 8ª Martín Alexis Naredo; Marcelo fue torturado hasta la muerte por policías de la localidad de Benavidez (partido de Tigre) y vigiladores privados de la empresa Securitas, a principios de este año. Desde los asesinatos, ambas familias fueron continuamente hostigadas por las Comisarías 6ª y 8ª, y la empresa Securitas. De hecho, hay una denuncia por amenazas calificadas formulada el 17 de febrero, que está siendo tramitada en el Juzgado de Instrucción nº 41. A diferencia de lo informado por los medios masivos de comunicación, lo sucedido ayer por la tarde comenzó cuando varios policías de la 8ª atacaron a Sabrina Castro, prima de John y Marcelo, mientras paseaba con sus hijos. Vecinxs y familiares se acercaron a ayudarla y la policía los reprimió a ellos también. Los hostigamientos y amenazas a familiares y amigos de víctimas de gatillo fácil por parte de policías son, lamentablemente, muy comunes, y tienen su claro origen en la total impunidad con la que pueden actuar los uniformados. Un contundente ejemplo de esta situación es el de Fabián Gallardo, uno de los mejores amigos de Diego Bonefoi, asesinado en junio de 2010 en Bariloche de un disparo por la espalda efectuado por el cabo Sergio Colombil (condenado luego a 20 años de prisión). En su momento, el asesinato de Diego generó una gran movilización de vecinos de El Alto de Bariloche, que denunciaron los constantes atropellos de la Comisaría 28°. Pero la respuesta policial fue más represión, en la que mataron a otros dos jóvenes: Nicolás Carrasco de 16 años y Sergio Cárdenas de 29 (sus crímenes permanecen impunes). Ahora, una vez más, la policía de Río Negro golpeó ferozmente a Fabián. Efectivos se acercaron a él recriminándole ser amigo de “Los Bonefoi”. Lo esposaron, patearon, cortaron, escupieron e insultaron, en presencia de su hermana. Cuando la madre del joven llegó al lugar, alertada por su hija, fue insultada también por los mismos oficiales. Fabián fue atendido en el Hospital público, y los certificados y exámenes médicos constatan la gravedad de las heridas y confirman que estuvo inconsciente. Fabián ya había denunciado agresiones y detenciones arbitrarias en julio de 2011. En aquella oportunidad fue llevado a la Comisaría 2da, donde lo dejaron tirado en un pasillo frente a un calabozo, sin permitirle llamar a su madre, golpeándolo y burlándose de él. Unos días antes, el menor también había sido bajado de un colectivo y golpeado fuertemente por una docena de efectivos. Un par de meses más tarde, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de Bariloche debió presentar un habeas corpus por la integridad física de Fabián, luego de ser nuevamente amenazado por haber denunciado penalmente a los policías que lo habían golpeado en julio. Obviamente, el caso de Fabián no es el único en Bariloche. Actualmente, existe una causa iniciada en contra de varios efectivos de la Comisaría 2da. En este marco, se realizó una Cámara Gesel, que permitió que una de las víctimas identificara a uno de los agresores, lo que motivó que recibiera amenazas de muerte de parte de encapuchados. Ante la sistemática persecución contra jóvenes de El Alto en Bariloche, la Multisectorial contra la Represión y la Impunidad emitió un comunicado dirigido al gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, y a su Jefe de Policía, Jorge Uribe. Entre otras cosas señalan: “Sr. Gobernador, señor Jefe de Policía, los cambios en las filas de la policía no pueden hacerse esperar, están corriendo graves riesgos las vidas de los jóvenes provenientes de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad. Señor Uribe usted habló de identificar los problemas de cada localidad, le recordamos que uno de los problemas más graves de nuestra ciudad es no saber quién o quiénes mataron a Nicolás Carrasco y a Sergio Cárdenas el 17 de Junio de 2010 y no saber quién o quiénes fueron cómplices de intentar ocultar el homicidio de Diego Bonefoi en la madrugada de ese mismo día. ¿Serán los mismos policías que salvajemente golpean nuevamente a Fabián Gallardo? ¿Serán los mismos a los que Ud. pretende más profesionalizados?” Desde ya que Río Negro no es la única provincia con policías represoras. Tan solo por citar un ejemplo, en la localidad salteña de Apolinario Saravia, en el Departamento de Anta, vecinxs denunciaron el violento e incorrecto proceder de la fuerza de seguridad local; particularmente del personal de la Subcomisaría “El Dorado”, a cargo del Comisario Bogarini; quienes detienen e incomunican continuamente a jóvenes, e incluso menores, provocándolos con insultos, golpeándolos, esposándolos y en algunos casos disparándoles balas de goma. Suspensión fácil El lunes pasado se suspendió a último momento el inicio del juicio a los policías Luciano Principi, Germán Cernuschi y Víctor Gómez y al ex ayudante de guardia Leandro Antonelli, por el asesinato de Christian Domínguez y su posterior encubrimiento. Christian fue detenido ilegalmente el 5 de febrero de 2005 por personal de la Comisaría Primera de Berisso (en la zona sur de la provincia de Buenos Aires), a la que se había acercado para denunciar el robo de una campera. No tenía antecedentes penales, ni contravencionales y no había pisado una comisaría previamente. Poco después de ser detenido apareció muerto en un calabozo. La policía dijo que se había suicidado colgándose con su cinturón. En ese momento, estaba de turno la Fiscalía a cargo del Dr. Leandro Heredia, quien no se presentó en el lugar y delegó la investigación en los mismos sospechosos, lo que les dio la posibilidad que armaran la escena del crimen, para instalar la versión del suicidio. De hecho, una primera autopsia, efectuada por médicos forenses de la misma policía bonaerense, ratificó esta versión. Pero la realización de una segunda autopsia, esta vez por forenses judiciales y el Dr. Miguel Ángel Maldonado-perito de parte de la Asociación Miguel Bru-, determinó que en realidad Christian fue estrangulado y que falleció “a causa de un síndrome asfíctico compatible con la acción de terceros”. Además, varios testigos confirmaron que Christian sufrió torturas, hostigamiento y sufrimiento psicológico, mientras pedía que lo dejaran realizar un llamado y lo liberaran, ya que nada justificaba su detención. La causa fue elevada a juicio en 2009 y desde el principio hubo irregularidades, tres fiscales fueron removidos por no investigar ni cumplir con sus deberes de funcionario público. El juicio debía comenzar el lunes, pero uno de los magistrados del Tribunal Oral Criminal N°2, Patricia de la Serna, renovó un pedido de licencia médica que tiene desde fines de 2011. El viernes, se había sorteado un nuevo juez para completar el Tribunal, pero el designado, Claudio Bernard, se excusó porque tiene un juicio oral en curso. La familia y abogados de Christian sabían que esto podía suceder, por lo que la semana pasada ya habían presentado un recurso ante la Suprema Corte de Justicia solicitando que se arbitraran todos los medios para garantizar el inicio del proceso. Denunciaron además la “inexcusable mora en la tramitación de las referidas actuaciones que han significado un real y perjudicial trastrocamiento del proceso, en general, y que pone en juego la realización del debate”. Ahora debe esperarse la designación de un nuevo juez, para lo que no hay un tiempo consignado. Ante esta situación, los tres policías acusados, que por el momento permanecen detenidos, podrían pedir la morigeración de la prisión preventiva (con una prisión domiciliaria, por ejemplo), ya que llevan más de cuatro años y medio detenidos sin sentencia, por lo que existe la opción de que lleguen libres a una nueva fecha de inicio del juicio. Esto genera altas posibilidades de fugas o incidencias en la investigación. Lo concreto es que aún estando los tres detenidos, la policía ha perseguido y amenazado a testigos del juicio. Así lo denunció Pedro, el papá de Christian, quien relató que uno de ellos fue interceptado por un ex-compañero de los procesados que le dijo “ojo con lo que vas a decir”. A esto debe sumarse que muchos testigos no han declarado nunca en la causa justamente por temor a las consecuencias. Una clara muestra de la vigencia de la impunidad. Fuentes: Asociación Civil Miguel Bru / Anred / Correpi / Multisectorial contra la Represión y la Impunidad de Bariloche La vigencia de la impunidad Red Eco Alternativo | ||
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