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martes, 3 de abril de 2012

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Martes, 03/04/12
De las 24 provincias, en 19 han sido registrados casos de criminalización de la protesta civil
Preocupadas por la criminalización de las protestas y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados.
Preocupadas por la criminalización de las protestas sociales y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales argentinas investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados; el resultado fue el Informe sobre criminalización de la protesta, publicado en el mes de marzo.

El documento muestra el resultado de la sistematización de causas abiertas en Argentina entre 2001 y 2012 contra sectores como organizaciones sindicales, partidarias de derechos humanos, organizaciones de trabajadores desempleados, movimientos estudiantiles, indígenas y ambientalistas, entre otros. El informe señala que existen actualmente en el país 4.000 personas criminalizadas y procesadas. La cantidad de luchadores sociales que fueron asesinados desde 2001 suma cerca de 70 personas.

La criminalización de la protesta, tema principal del informe, es definida como una "estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes”. Su intención es reprimir a las organizaciones populares y amedrentar a los que utilizan el legítimo derecho a organizarse y exigir la resolución de sus necesidades.

El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es señalado por los autores del informe como otro que se sirve de la criminalización para intentar disciplinar y desmovilizar a aquellos que cuestionan la miseria y la opresión y para frenar las luchas de los trabajadores y de diversos movimientos sociales argentinos.

Entre las principales metodologías para criminalizar la protesta social el informe señala: cooptación, procesos judiciales, represión estatal directa y criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado –tácticas utilizadas para castigar a los involucrados en huelgas, movilizaciones, bloqueo de carreteras, piquetes, campamentos y ocupaciones de edificios públicos y plazas.

El Informe sobre criminalización de la protesta ofrece datos sobre investigaciones realizadas desde el comienzo de 2011. Hasta entonces, se sistematizaron informaciones sobre 2.268 luchadores/as sociales criminalizados/as. Basado en 2.198 casos, en el informe se señala que a partir de 2003 creció el número de personas procesadas. Los años 2009 y 2010 abarcaron el 47,2% de los procesados hasta 2012. Sobre el total de 2.238 casos, los sectores más criminalizados fueron el sindical (31,6%) y los pueblos originarios (31,4%). Las organizaciones partidarias siguen con el 11,5%.

Al investigar los tipos de conflictos más criminalizados, las organizaciones autoras del informe descubrieron que los conflictos que involucran los derechos y las demandas por tierra y vivienda crecieron el 32,3% y los que involucran los derechos y reclamos de trabajadores llegaron al 31,7% basado en 2.256 casos de 2001 a 2012.

"En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización”, se señala en el informe.

Basado en 2.221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde ocurrió el conflicto, en el informe se revela que en 19 de las 24 provincias del país se criminalizaron las protestas. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 48% de los casos registrados, seguida por Río Negro (23,4%) y Neuquén (5,8%).

Desde 2001 hasta el presente se identificó a 167 organizaciones, comunidades y grupos que sufrieron por la criminalización de sus acciones. Entre ellas están los Afectados por Represas, Agrupación Estudiantil 29 de mayo, Comunidad Cacique Esteban Tracaleu, Federación de Trabajadores y Empleados Telefónicos, entre otras.

Recordando el período en que Néstor Kirchner estuvo en el poder y los años de mandato de Cristina Fernández, presidente por segunda vez, las organizaciones afirman que la impunidad continúa siendo una política de Estado y la criminalización de la protesta social una herramienta necesaria para sustentar el sistema que privilegia a pocos en detrimento de las necesidades de muchos.

"Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes”, denuncian.

El informe fue realizado por la Asociación de Ex-detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de profesionales en lucha (Apel), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), coordinadora Anti-represiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Liberpueblo.

Traducción: Daniel Barrantes.
barrantes.daniel@gmail.com
www.adital.com.br

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