| Lunes, 23/04/12 | ||
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| Sebastián Eskenazi tuvo en diciembre una reunión con la Presidenta donde ésta le recriminó el desempeño de YPF. Cuatro meses después quedó afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto | ||
| La primera señal de alarma se activó después de las elecciones presidenciales. Sebastián Eskenazi, el ahora ex CEO de YPF, tenía diálogo cotidiano con Cristina Fernández de Kirchner, pero luego del histórico triunfo de octubre se le empezó a dificultar el contacto con la Casa Rosada. La relación se tensó aún más luego de que en noviembre el directorio aprobara la distribución y el giro de dividendos, pese a la oposición del representante estatal en la firma. La propia Presidenta le confirmó a Eskenazi el malestar oficial al recibirlo en la Quinta de Olivos a fines de diciembre. En ese encuentro reservado, que se extendió por dos horas, la mandataria cuestionó el desempeño de la compañía en duros términos y le dijo que YPF iba a tener que hacerse cargo del costo creciente que suponía la importación de combustibles. El empresario salió de la reunión preocupado. Por entonces, ya sospechaba que el Gobierno estaba analizando tomar el control de YPF. Incluso había hecho consultas legales con jueces cercanos y hasta con un ministro de la Corte Suprema. Sin embargo, no se imaginó que en menos de cuatro meses el Grupo Petersen estaría afuera de la empresa, con un paquete accionario desvalorizado y un horizonte financiero incierto. Por eso, a los pocos días igual se fue de vacaciones a Uruguay. El avance oficial sobre la compañía sorprendió a Eskenazi todavía en las playas de Punta del Este. El Gobierno hizo público su malestar el 16 de enero, cuando denunció a cinco petroleras por cobrar sobreprecios en la venta de gasoil a granel. Ese día, el ministro de Planificación, Julio De Vido, aprovechó también para pedirle a YPF un incremento de la inversión. “Necesitamos la puesta en valor del combustible para que los anuncios de nuevos descubrimientos no sirvan sólo para que la empresa obtenga una ganancia financiera”, afirmó. YPF respondió dos días después a través de un comunicado donde calificó como “injustificada” la denuncia por cartelización, pero no hizo mención al reclamo de De Vido. El miércoles 25 de enero fue la propia presidenta Cristina Fernández de Kirchner la que se puso al frente del reclamo. “No olviden que las dueñas del subsuelo son las provincias, las empresas petroleras son apenas concesionarias (…). No se puede volver a la época del Virreinato, donde se llevaban todo y no dejaban nada. Creo que es bueno que sepan que han pasado esas épocas y que es necesario reinvertir en el país”, sostuvo en el primer discurso que dio luego de su licencia médica. Después de aquella intervención, a la conducción de YPF ya no le quedaron dudas de que el Gobierno analizaba una posible renacionalización de la empresa. El fantasma de la estatización de YPF siempre preocupó a la conducción de la compañía. Ellos sabían que Néstor Kirchner había evaluado esa posibilidad cuando fue presidente, conocían las simpatías que generaba el tema en numerosos cuadros medios del gobierno e incluso periódicamente tenían acceso a encuestas donde una amplia mayoría de la población se manifestaba a favor de la nacionalización. En mayo del año pasado, el Grupo Petersen estuvo a punto de cancelar la compra de otro 10 por ciento de la empresa, operación que elevó su participación al 25,46 por ciento, porque la familia Eskenazi era consciente de que los dólares habían comenzado a escasear en el país y cualquier cortocircuito con el Gobierno los podía dejar muy expuestos. Lo único que hizo el discurso presidencial fue confirmar esos temores y obligar al presidente de Repsol, Antonio Brufau, a involucrarse personalmente en la negociación, dejando a los Eskenazi en un segundo plano. Brufau se reunió con De Vido y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, el lunes 6 de febrero para tratar de recomponer la relación, pero el resultado no fue bueno. El propio De Vido se los dijo a los gobernadores de las provincias petroleras el jueves 9 de febrero en el encuentro donde los mandatarios y el gobierno nacional empezaron a diseñar la quita de concesiones. El ejecutivo catalán volvió al país el 23 de febrero para una reunión de directorio donde también hubo problemas con el gobierno porque el representante estatal denunció que no lo dejaron entrar porque iba junto al viceministro de Economía, Axel Kicillof, y el secretario de Energía, Daniel Cameron. El tercer viaje fue a fines de ese mismo mes, cuando recrudecieron los temores sobre una posible intervención de la compañía. Entonces llegó junto al ministro de Industria de España, José Manuel Soria, para reunirse con De Vido y Lorenzino, pero tampoco hubo avances. Pese a ello, tanto Brufau como Eskenazi todavía creían que la relación se podía recomponer. El 21 de marzo la evaluación de la cúpula de la empresa cambió. El directorio de YPF propuso ese día no distribuir los dividendos correspondientes a 2011, como reclamaba el Gobierno, y capitalizar a la compañía. De ese modo, la petrolera se comprometía a no demandar dólares en el mercado cambiario ni, obviamente, a girarlos al exterior. El anuncio ponía en crisis el acuerdo societario que había sellado el ingreso de Eskenazi a la compañía, pues éste se había endeudado en más de 3500 millones de dólares para comprar las acciones y venía pagando esos papeles con el dinero proveniente de los dividendos, siendo la propia Repsol uno de sus principales acreedores. Era una apuesta fuerte, pero el director estatal se opuso. “La capitalización no asegura que la plata se invierta donde tiene que ser invertida”, sostuvo Roberto Baratta. Brufau y Eskenazi concluyeron entonces que si el Gobierno rechazó esa idea fue porque ya había decidido tomar el control de la empresa y el desembarco era sólo una cuestión de tiempo. Finalmente, el lunes pasado el desembarco se concretó, dejando al Grupo Petersen en una situación financiera muy delicada. Los Eskenazi conservan sus acciones, pero todavía deben cerca de 2800 millones de dólares y el Gobierno ya adelantó que en los próximos años el reparto de dividendos será mínimo para priorizar la inversión. Sin un flujo de ingresos que garantice el pago de esos papeles, lo más probable es que terminen en manos del pool de bancos acreedores, de Repsol o de algún nuevo inversor que le compre su paquete. El próximo vencimiento de deuda es en mayo, aunque los Eskenazi apuestan a refinanciarlo hasta que se termine de definir cómo quedará la nueva YPF. Luego de su intervención protagónica en el Congreso, varios analistas identificaron a Axel Kicillof como el autor intelectual del proyecto de ley de expropiación. Sin embargo, cerca de los Eskenazi creen que la idea fue gestada por el ministro Julio De Vido, con el asesoramiento de Roberto Dromi, ex ministro de Obras Públicas de Carlos Menem. | ||
