Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

viernes, 21 de marzo de 2014

¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!


20 de marzo  Escrache...

Basta de impunidad!
Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

Hace años que diversas organizaciones sociales y políticas del distrito venimos movilizándonos todos los 24 de marzo a la actual DDI (ex Pozo de Quilmes durante la última dictadura), para llevar adelante un escrache popular, para que toda nuestra ciudad sepa que en ese espacio que hoy sigue funcionando como una dependencia de la policía bonaerense, se torturó y desapareció gente; para que se sepa que ese lugar formó parte del circuito genocida que se llevó la vida de 30.000 compañeros, que vino a destruir los sueños y proyectos de transformación del pueblo argentino y la clase trabajadora.
El golpe de Estado llevado adelante el 24 de marzo de 1976 desplegó un genocidio que tuvo por objetivo acabar con la organización de los trabajadores que luchaban por un proyecto político y económico de país distinto, distinto al de entonces y distinto al de hoy. El genocidio tuvo por objetivo aniquilar físicamente a miles de personas que se organizaban para derrotar todas las injusticias de este sistema. A su vez, el golpe de Estado fue la condición necesaria para la implantación del neoliberalismo en nuestro país. Fue parte de una ofensiva a nivel internacional de la clase empresarial. Hoy, a 38 años del golpe genocida, las banderas de socialismo por las que nuestros compañeros desaparecidos lucharon, siguen vigentes. Porque siguen vigentes el hambre, la exclusión, los mono
Los empresarios que junto al imperialismo yanqui orquestaron el golpe, aún hoy siguen beneficiándose del sistema de explotación con las garantías que les otorgan los gobiernos locales.
Es por esto que la lucha de ayer no puede separarse de la lucha de hoy. Los 30.000 desaparecidos no lucharon por una sociedad en la que César Milani, participante activo del último genocidio, sea el Jefe del Ejército. Los 30.000 desaparecidos no pelearon por una sociedad en la que las balas de la represión policial se lleven a un pibe por día a causa del gatillo fácil, tampoco por una sociedad en la que continúan las desapariciones, como la de Julio López, Luciano Arruga o las miles de desaparecidas a causa de la trata de personas.
La memoria oficial es una memoria a medida de las aspiraciones hegemónicas del kirchnerismo, rápidamente se convierte en estática conmemoración o icono vacío.
Los juicios a los genocidas están estancados. A más de 10 años de anuladas las leyes de impunidad, el Estado argentino sólo condenó a 470 represores en todo el país, menos de 1 genocida condenado por cada uno de los 600 Centros Clandestinos de Detención que hubo en dictadura. Sigue habiendo decenas de represores prófugos, otros que siguen muriendo impunes y la mitad de los procesados gozando de la prisión domiciliaria. Es claro que la pretensión de castigo de estos juicios tiene un límite fijado por el Estado, 2 mil represores en todo el país, una cifra que está lejos de representar la dimensión real del aparato represivo genocida.
En La Plata, donde deberían investigarse los más de 29 CCD del Circuito Camps, llegamos a 38 años del golpe genocida con 46 represores, mientras hay otros 90 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso de juzgamiento que nos proponen en la zona, no incluye más que 150 represores.
Mientras tanto sigue pendiente la búsqueda de los jóvenes apropiados durante la dictadura, porque queda por restituir la identidad del 80% de los 500 casos denunciados
históricamente. Y el Banco Nacional de Datos Genéticos, órgano central en esta tarea, hoy está siendo desguazado por el traslado de su sede y tergiversado su objeto fundacional hacia los negocios con la genética. Queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros. Así como la responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños.
La señalización de los Sitios de Memoria se ha transformado en la política de la foto, la placa y el discurso: sólo señalizaron 76 de los 600 CCD, y no se impulsa la investigación sobre los centros que no sean emblemáticos. A los más conocidos se los quiere transformar en circos de la memoria, como se intenta hacer con el proyecto de Museo en el Casino de Oficiales de la ESMA.
La causa por los crímenes en el Pozo de Quilmes es otra muestra de la desidia que el Estado pretende hacer pasar como justicia: a más de 10 años de reabierto el expediente hay sólo 20 genocidas procesados, sólo 6 por su actuación específica en el CCD, y todo esto por un lugar donde pasaron más de un centenar de compañeros detenidos. En la causa hay varios represores con domiciliaria, otros prófugos y otros a los que directamente se les dictó la falta de mérito.
Desde los sectores populares no entendemos otra forma de la memoria que no sea activa, aquella que se apropia críticamente de la historia y la reconoce raíz, basamento del hoy y del mañana. No basta con recordar o señalar qué se hizo en los Centros Clandestinos de Detención, es preciso visibilizar la sociedad por la que los desaparecidos pelearon.
El gobierno municipal propone señalizar la DDI como espacio de tortura; desde las organizaciones sociales y políticas del distrito decimos que con eso sólo no alcanza y convocamos el 20 de marzo a un escrache popular del predio que denuncie las violaciones a los derechos humanos que allí se cometieron y que vuelva a poner en alto las banderas por las que nuestros 30.000 compañeros lucharon y por las que seguimos luchando hasta el día de hoy.

¡A 38 años del golpe genocida, escrache popular al pozo de Quilmes!
Basta de impunidad! Expropiación de todos los ex-centros clandestinos de detención!

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