Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 21 de octubre de 2014

Ante la aparición del cuerpo de Luciano Arruga desde HIJOS La Plata decimos: UNA VEZ MÁS EL ESTADO ES RESPONSABLE


En estos años de lucha hemos aprendido varias cosas. Entre ellas que el Estado siempre es reticente si se trata de probar la verdad de sus propios crímenes atroces y que nunca le alcanzan las pruebas para encontrar a los verdaderos responsables.
La intencionada versión del accidente de tránsito parece una burla más a la lucha de todos estos años por encontrar a Luciano, y en todo caso no exculpa las responsabilidades por esta trama de encubrimiento y desidia política-policial-judicial en el destino del cuerpo. Sea cual haya sido su trágico final.
No queremos una versión a la medida del momento político, queremos saber la verdad. Y tenemos sobrados antecedentes para afirmar que el Estado se niega a reconocer las desapariciones forzadas como tal. De hecho la “déKada ganada” dio continuidad a esa práctica a poco de echada a andar: en octubre de 2003 la policía de Chubut secuestraba, torturaba y desaparecía a Iván Eladio Torres, un joven de 26 años de Comodoro Rivadavia que ya venía sufriendo amedrentamientos por el solo hecho de ser joven y pobre. Como Luciano. El caso Torres resultó una marca para esta gestión, pues a partir de un fallo condenatorio de la Corte Interamericana de DD.HH. en 2011 fue conminada a incluir la figura específica de la desaparición forzada de persona en su ordenamiento legal. Esto es: en el país de los 30 mil desaparecidos, el Estado argentino tardó 28 años en reconocer la entidad del delito con la ley 26.679, y sólo lo hizo tras recibir una sanción externa, como medida parcial por un caso aún impune en plena “democracia”.
En los casi 6 años de lucha por Luciano, quedan muchas preguntas pendientes:
¿Qué pasó con los testimonios que al inicio del hecho convalidaban la versión de una detención de Luciano con destino incierto?
¿Qué pasó con la detección por el sistema AVL de que un móvil de la 8va y del Destacamento de Lomas estuvo ausente la noche del hecho?
¿Qué pasó con la investigación inicial realizada por la fiscal Castelli y el comisario Javier Chebriau, de conocido pasado en la Delegación Drogas de la Maldita Bonaerense de los '90?
¿Qué pasó con las indagatorias a Diaz, Herrera, Monte, Marquez, Sotelo, Fecter, Vazquez y Zéliz, los 8 efectivos del Destacamento puestos en disponibilidad por la fiscal Cejas?
¿Qué pasó con los libros de registros allanados por la fiscalía en la seccional 8va de Quintana y en el Destacamento?
¿Qué pasó con las pruebas de luminol para encontrar rastros de sangre, hechas a dos años del hecho?
¿Qué pasó con la preventiva pedida por la fiscal Cejas sobre los dos policías responsables de detención y golpes a Luciano en la primavera anterior al verano de los hechos?
¿Por qué, al igual que en el caso Lopez, la investigación la inició la propia Policía bonaerense, en el fuero ordinario, como si se tratara de una búsqueda de persona?
¿Por qué se tardó tanto en aceptar la radicación de la causa en el fuero federal, que es el que investiga delitos complejos como la desaparición de persona?
¿Por qué se tuvo que exigir el llamado a interpelar a los responsables de Seguridad, Justicia y Derechos Humanos para poder seguir avanzando en la causa?
¿Por qué se tuvo que llegar a la Cámara de Casación Penal para que se habilitara el Habeas Corpus, que fue el que dio este resultado?
Tantas preguntas parecen apuntar a una sola dirección: impunidad y encubrimiento.

Los “accidentes viales” con la Policía de por medio tienen serios antecedentes. En 1997 el sargento Omar Aquirino Díaz conducía un colectivo policial de infantería e iba siguiendo a un colectivo trucho para requisarlo. El móvil policial tenía sede en La Plata, pero estaba operando en Quilmes. En la esquina de Belgrano y Mosconi embistió a Gerardo Godoy, un joven que iba paseando en ciclomotor con un amigo. Gerardo estuvo cinco días en coma y falleció. A partir de allí su familia comenzó a luchar por justicia en el caso. Y conocieron el manto de encubrimiento que la bonaerense despliega cuando uno de los suyos está en problemas. Descubrieron que el sargento Díaz no tenía registro para manejar el colectivo, sino móviles sólo de carga de hasta 350 toneladas. Nunca le retiraron el registro. Fue juzgado por un simple delito de tránsito. El padre de Gerardo dijo en el juicio, en este caso siendo literal: “No olvidemos que quien maneja un vehículo también porta un arma”. Agregamos “porta un arma y viste gorra azul”.
También la modalidad policial de asesinar para luego hacer pasar como accidente tiene ejemplos claros. En enero de 2002, el cuerpo inconsciente de Christian “El Rusito” Pérez fue arroyado por un tren cerca de la estación de City Bell. Había sido detenido de madrugada en la comisaría 10ma de City Bell, llevado por un grupo de personas que lo acusaba de haber atropellado al hermano de un policía. Trasladado luego al Cuerpo Médico, le constataron “lesiones leves” en un acta que no tenía su firma. Luego lo llevaron nuevamente a la comisaría, donde lo cruzó el hermano del supuesto policía atropellado. A las 6:20 según un acta policial, con firma también falsa, el joven se habría retirado de la comisaría. A las 8:30 su cuerpo era arroyado por un tren, cuyo maquinista declaró que pudo observar a distancia un cuerpo inmóvil sobre las vías y que no tuvo posibilidad de frenar a tiempo. El fiscal Leandro Heredia convalidó la versión policial de “suicidio”, y delegó la investigación en la fuerza. Hubo dos autopsias que se contradecían sobre la causal de muerte. Las ropas y pertenencias de Christian desaparecieron, mientras que las muestras de ADN entre sus dedos, así como el libro de guardia, fueron ocultados por 7 años. A pesar de esto, la carátula de suicidio se mantuvo. Doce años después, y por la intervención del Colectivo de Investigación y Acción Jurídica, se logró impedir el cierre de la causa y se logró la detención de 4 policías por “homicidio agravado por alevosía”.

Hace poco, desde HIJOS contrastábamos la actuación médico-policial en la Morgue local durante la dictadura, que salió a luz en el juicio por el CCD La Cacha; con el ocultamiento de cuerpos que siguió a las inundaciones del 2 de abril en nuestra ciudad. Y decíamos que se continuaban hasta hoy las mismas prácticas de ayer: identificación irregular de los cuerposcomo NN, falseamiento de las causales de muerte, asentamiento irregular de muertes traumáticas como decesos naturales, inhumación en doble sepultura, autorización indebida de la cremación de cuerpos para borrar prueba, déficit estructural de la documentación del caso sin protocolo de acción, sin código de seguridad, sin régimen de entrega del cuerpo al familiar.
38 años después, la misma mecánica. Ayer el Terrorismo de Estado, falseando cuerpos NN de personas a las que habían investigado, detenido y asesinado planificadamente, como último eslabón de la cadena de crímenes impunes. Hoy la desidia política-policial-judicial para encubrir el crimen social que significaron las inundaciones.
Todos los funcionarios de la morgue policial de La Plata en dictadura siguen impunes y trabajando como médicos. Por la actuación como parte de la burocracia desaparecedora de cuerpos tras el 2 de Abril en La Plata están procesados los titulares de las comisarías 4ta de La Loma, 6ta de Tolosa y 11va de Ringuelet, y una médica policial. Pero la cadena de responsabilidades se extiende más allá y llega al superintendente de Investigaciones en Funcion Judicial, comisario Jorge Narsala,; al Superintendente de Policía Científica, comisario Pablo Vazquez; al delegado departamental de la Científica, Carlos Jaime; al jefe de la Morgue Policial, comisario Sergio Marano, a los médicos de la morgue Juan Alsina y David Costi; al juez Atencio que intervino en el caso; y a los responsables políticos del área de Seguridad y Justicia en la provincia, por aquel entonces juntas en manos del ex Alcaide Mayor del SPB en dictadura, aún hoy ministro, Ricardo Casal.

A esta altura una cosa queda clara: no necesitamos más muertes impunes para confirmar la continuidad de las vejas prácticas de encubrimiento de los crímenes de Estado.
No necesitamos que el Estado nos diga que va a combatir su propia “violencia institucional”: Scioli, Casal y Espinoza son responsables por este crimen.
Va toda nuestra solidaridad para los familiares y amigos de Luciano en estos momentos de dolor. Para su mamá Mónica, para su hermana Vanesa y para todos los que las acompañaron estos años. Hacia adelante haremos lo que mejor aprendimos: seguiremos la lucha por justicia en el caso, por la memoria de Luciano y de los más de 200 desaparecidos en estos últimos 31 años.

HIJOS La Plata
Octubre de 2014

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