Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

miércoles, 18 de febrero de 2015

EL GOBIERNO K Y EL 18F GARANTIZAN LA IMPUNIDAD

A 101 MESES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN DE JORGE JULIO LOPEZ EXIGIMOS JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES

Junto a la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, espacio que diversos sectores políticos venimos construyendo desde la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez el 18 de septiembre de 2006, vinimos sosteniendo el reclamo en el caso Lopez desde su inicio, primero con frecuencia mensual, todos los 18 de cada mes, con marchas, actos, cortes de calle y todo tipo de actividades que nos ayudaran a visibilizar el caso, y luego imponiendo a razón de lucha la fecha de los 18 de septiembre como una jornada nacional de lucha contra la impunidad de los crímenes de Estado de ayer y de hoy.

De manera que no es inocente que este 18 de Febrero de 2015, al cumplirse el mes 101 de la segunda desaparición forzada de Lopez, nos quieran implantar un espíritu binario de defensa/reclamo por el caso Nisman que, tanto por los planteos desde el gobierno K como desde la oposición de derecha, no ayudan a mejorar la situación de impunidad que viene sufriendo el pueblo trabajador como principal víctima de todos los crímenes con responsabilidad del Estado.

La marcha del denominado “18F” está convocada esencialmente por agentes de la Justicia Federal que han sido y son parte esencial del aparato represivo del Estado y que actuaron siempre y siguen actuando, como la tarea del propio Nisman lo devela, en connivencia con los servicios de inteligencia.
Llamamos a NO MARCHAR con los cómplices de la impunidad, ni con altos dirigentes políticos peronistas y radicales que cuando estuvieron en el poder utilizaron el aparato del Estado para hacer operaciones de todo tipo en su propio provecho.Al igual que lo han hecho los gobiernos K desde 2003 a la fecha. No nos movilizamos con “marchas del silencio” porque sólo luchando contra el silencio y llamando a los responsables por su nombre hemos podido avanzar mínimamente contra décadas de impunidad en nuestro país. Pero no nos quedamos callados, alzamos la voz como lo venimos haciendo desde hace 101 meses contra la impunidad en el caso Lopez.
Porque la Causa Lopez no interpela sólo a lo intolerable que resulta para la sociedad que un ex detenido-desaparecido durante la dictadura, y testigo en una causa de lesa humanidad, haya sido nuevamente desaparecido. Interroga a la capacidad investigativa de la Justicia Federal, que delegó las primeras tareas en la Policía para perder el tiempo, sembrar pistas falsas y empantanar la investigación, y hasta terminó convalidando la denuncia de la familia que pidió investigar al “entorno” de Lopez.. Evidencia las continuidades en las prácticas mafiosas de la Policía Bonaerense, a la que desde el primer momento señalamos como responsable del hecho, y a cuyos agentes de Investigaciones reclutados en la dictadura debimos soportar como primeros responsables de la pesquisa. Exige respuestas del Ministerio Público Fiscal, que de entrada no impulsó al caso como una desaparición forzada y luego se limitó a contestar, ante nuestro requerimiento sobre qué estaban haciendo para encontrar Lopez, que habían “agotado todas las medidas” a su disposición. Y señala las responsabilidades encubridoras del Poder Político, que comenzó ninguneando la gravedad del caso, para pasar solicitar su esclarecimiento en abstracto y luego silenciar nuestro pedido de justicia.

Hace 40 años, la actividad de inteligencia de la denominada “Comunidad Informativa” fue una tarea central en el desarrollo de la maquinaria del Terrorismo de Estado en nuestro país y en toda Latinoamérica. Los agentes de inteligencia fueron el cuerpo de élite de los Grupos de Tareas durante la implementación del Plan Genocida, y durante el período previo al golpe, con la actuación de las bandas fascistas que asolaron las universidades, las fábricas y los espacios de actividad de las organizaciones revolucionarias de nuestro país. Del mismo modo, a más de 11 años de anuladas las leyes de impunidad, los verdugos de la inteligencia militar y policial siguen siendo quienes mejor han eludido el juicio y castigo por el que tanto luchamos, porque su “tareas” se continuaron durante las tres décadas de gobiernos democráticos que sucedieron a la dictadura.
Las causas por el CCD “La Ribera” y la actuación del Comando Libertadores de América en Córdoba, del CNU en La Plata y Mar Del Plata, y por los crímenes de la Triple A, así como la causa por los crímenes del Operativo Independencia en Tucumán y el resto del noroeste del país, sumada a la actuación de Personal Civil de Inteligencia (PCI) con mando militar como quedó probado en el juicio por el CCD “La Cacha”, recién comienzan a desentrañar la actuación real de miles de ejecutores del Genocidio que, con uniforme como el jefe del Ejército César Milani o como “buchones” civiles como el secretario de la UOCRA Gerardo Martínez, fueron parte esencial de la represión y continúan privilegiados bajo el ala protectora del algún sector de poder, no porque sean una “deuda de la democracia” sino porque son elementos necesarios de modelo de hambre y exclusión que imponen los de arriba.
Desde su creación durante la primera presidencia de Perón por el Decreto Ejecutivo 337/46 la Secretaría de Inteligencia ha sido una cueva de conspiradores y de dilapidación de recursos que tras los eufemismos de la protección del “bienestar general”, el “resguardo de derechos” y “las razones de Estado” han cultivado generaciones de operadores políticos con total disponibilidad de personal, logística, comunicaciones e informática para realizar acciones psicológicas, influir en la toma de decisiones, realizar asesinatos y aprietes por encargo y desviar investigaciones judiciales para encubrir al poder de turno.
De Alfonsín a Kirchner, pasando por Menem, De la Rúa y Duhalde, todos se sirvieron de los servicios para efectivizar cuanto negociado político les vino en gana. Así actuó Alfonsín y su secretario Facundo Suárez, cuando impulsaron la la ley de defensa nacional para desviar de la discusión pública la impunidad pactada con los militares en el Punto Final y la Obediencia Debida. Así fue el debate de la ley de Seguridad Interior en 1991, que sirvió a Menem para ocultar la fiebre privatizadora que pulverizó los salarios y endeudó al país, mientras sus secretarios Yofre y Anzorreguy prepraban las “relaciones carnales” con el Imperio que derivaron en los atentados a la Embajada y a la AMIA. Así se sirvió De la Rúa de la “Banelco” financiada por su Sr. 1 Fernando De Santibañes, mientras se pactaba la actual ley de Inteligencia Nacional, y terminaban de squear el país. Así utilizó Duhalde el aparato de su secretario Soria para demonizar al movimiento piquetero mientras ponía en orden el esquema de negocios que fue nombrado rescatar. Así perfeccionó Néstor Kirchner el sistema de agentes que en complicidad con la justicia federal se dedicaron al espionaje interno de los luchadores populares, como lo prueba el proyecto X- sólo denunciado por la izquierda- y la carrera del hoy famoso agente Stiusso en la estructura que hoy nos dicen que quieren reformar.
Las actuales disidencias al seno de la clase dominante y sus representaciones políticas no deben confundirnos en torno al “uso y abuso” del aparato estatal, y deben servirnos como herramientas para avanzar en nuestras denuncias de todo el arco dominante, sean oficialistas “nacionales y populares” u opositores de derecha, como responsables de la creación de esta estructura policial, judicial y de inteligencia que sólo ha servido para hostigar al pueblo.
Por eso hacemos responsables al poder político, al poder judicial, al ministerio público, a sus fuerzas de seguridad, a sus aparatos de inteligencia y a todas las instituciones de la clase dominante por los crímenes impunes contra el pueblo: por los más de 200 casos de desaparición forzada del '83 a la fecha, por los más de 80 compañeros asesinados en protestas, por los más de 4.300 casos de gatillo fácil, muertes por torturas en sede policial o penitenciaria, por los miles de casos de mujeres víctimas de las redes de trata que sólo pueden funcionar con la debida connivencia política-policial-judicial. Nunca vimos movilizarse por estos temas a los sectores que hoy se embanderan contra la impunidad, entendida como “defensa de la Patria y la República”. Todos ellos asumieron como un hecho “natural” que el Estado ejerciera inteligencia y represión sobre los que luchan, ayer sobre los “subversivos” y hoy sobre los “molestos”.
Por eso llamamos a seguir ganando la calle con nuestras consignas históricas, a seguir construyendo una posición crítica e independiente del gobierno, de la oposición burguesa y de la burocracia, para continuar denunciando el rol del aparato represivo, la plena actualidad de la represión a los que se organizan y luchan, y el papel de todos los gobiernos del '83 a la fecha en el mantenimiento y fortalecimiento de ese aparato encubridor.
El movimiento de Derechos Humanos independiente y crítico, los sectores sindicales combativos y los partidos de la izquierda debemos seguir fortaleciendo el rumbo sostenido desde la Multisectorial La Plata-Berisso-Ensenada, desde el Encuentro Memoria Verdad y Justicia en la Ciudad de Buenos Aires -y profundizar la incipiente convocatoria de diciembre pasado de aunar toda las luchas contra la impunidad de ayer y de hoy-, tomando distancia crítica de la “comunidad judicial” de conjunto, del gobierno K y del resto de las fuerzas burguesas.


ESTE 18 DE FEBRERO.
A 101 MESES DE LA DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ DECIMOS:

· Ni S.I. ni SIDE ni AFI
· Desmantelamiento del aparato represivo del Estado y servicios de inteligencia nacional, provincial y municipal que continúan intactos desde la última dictadura genocida
· Destitución ya de Milani, Berni y Granados.
· Apertura de todos los archivos de la represión.
· Cierre inmediato de las causas armadas por el gobierno y la justicia a los más de 5000 procesados por luchar. Basta de espiar y perseguir a los luchadores.
· Basta de represión y gatillo fácil.
· Esclarecimiento al atentado de la AMIA.
· No a la impunidad de ayer y de hoy.

Movilizamos el miércoles 25 de Febrero a las 18hs desde Plaza San Martín.

HIJOS LA PLATA

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