Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 9 de mayo de 2015

Seguimos defendiendo el Banco Nacional de Datos Genéticos

PREGUNTAS PARA ABUELAS

La reciente conferencia de prensa ofrecida por Abuelas de Plaza de Mayo en su sede, junto a algunos de los responsables del desgüace del Banco Nacional de Datos Genéticos en la órbita del Ministerio de Ciencia y Tecnología, pretendió convalidar la designación de nuevos directores del organismo.
Par hacerlo Abuelas acusa sin fundamentos a quienes luchamos de manera independiente del Estado y sostiene el vaciamiento de un organismo central en el otorgamiento de su identidad a todas las personas que la buscan.



Dijo Abuelas y su corte que la Ley 26.548 se llevó al Parlamento en 2009 para “adecuar los progresos de la ciencia en la materia y precisar claramente” la función del BNDG.
¿A qué qué progresos de la ciencia se refieren?
Mejor sería explicarle a la sociedad cómo funciona hoy el Banco y qué superación técnica aportaría el traspaso, es decir, qué herramientas técnicas que hoy no están funcionando en el organismo y sólo serían aplicables a partir del aporte del Ministerio nacional.
No lo explican porque no hay ninguna herramienta técnica novedosa. De hecho, el traspaso consistirá materialmente en la apropiación de la maquinaria ya existente en el Banco desde hace décadas, y que fue conseguidas por la gestión en el país y en el extranjero de las organizaciones de DDHH que trabajaron años en la tarea, entre ellas las propias Abuelas.
A este respecto, habría que recordar lo expuesto en el comunicado oficial del MinCyT de junio de 2013 que, además de describir los 470 metros cuadrados de oficinas y laboratorios de la nueva sede, sus despachos, boxes y sector de planta administrativa, las tres zonas de laboratorios, los freezers para mantener muestras orgánicas y un sector para ubicar el archivo en papel; hace especial mención de la novedosa instalación de campanas con filtros Hepa, para una atmósfera controlada y remarca pomposamente que las instalaciones contarán con “un sistema de aire acondicionado independiente, con ventilación constante, y un grupo electrógeno que funcionará como resguardo del equipamiento instalado”.
A más de esta descripción, en el mismo comunicado el MinCyT reconoce los objetivos manifiestos del cambio de sede al decir que “una vez que se efectúe el traslado del BNDG, liderado por los doctores Víctor Penchaszadeh y Héctor Targovnik, coordinadores Técnicos Científicos responsables de este proceso, el Banco comenzará una etapa signada por la modernización de sus instalaciones, la elección de sus directivos por concurso público y la suma de capacidades de investigación en genómica”. (http://www.mincyt.gob.ar/noticias/el-banco-nacional-de-datos-geneticos-tendra-nueva-sede-4864).

El BNDG ya ha incorporado estudios de ADN en marcadores genéticos autosómicos, ADN mitocondrial, haplotipos de cromosoma X e Y, SNPs y todo otro tipo de prueba que el desarrollo científico generó en estos años. La modernización de las instalaciones será quizás la única excusa de “progreso de la ciencia en la materia”, si es que no se quiere reconocer que la principal motivación de cambio es, como lo venimos diciendo desde el comienzo desde el espacio Todos Por el Banco, y como reconoce el propio MinCyT, “la suma de capacidades de investigación en genómica”, lo cual no está contemplado en las nueva ley del Banco ni en su decreto reglamentario y cuya aplicación médica se restringe a quien puede pagar abultados costos en dólares.
Por otra parte, afirmó Abuelas que la nueva ley del Banco suma transparencia a la elección de sus autoridades y le otorga “autonomía y autarquía”.
¿Quiere decir ello que las autoridades actuales o anteriores no fueron designadas con transparencia y que el organismo no contaba con la autonomía y autarquía que su ley de creación le asignaba?
¿Por qué se ha convalidado un concurso público donde los aspirantes son conocidos integrantes del lobby privado de la medicina genómica?
Seguramente allí se explica por qué los nuevos directores son los doctores Herrera Piñero y Bozzo, miembros de la Sociedad Argentina de Genética Forense, aspirantes en un concurso cuya reglamentación redactaron, beneficiados por una ley restrictiva que ellos mismo promovieron, y con aval técnico de una institución cuya comisión directiva integran. Un canto a la transparencia.
También aclara el panorama respecto a la futura “autarquía” defendida por Abuelas la reciente denuncia de la Dra. Belén Rodriguez Cardoso, última directora del Banco, respecto al faltante de insumos para realizar su trabajo que es exclusiva responsabilidad del Estado nacional desde el año 2009.
Finalmente Abuelas reconoce que son “las principales interesadas en que el traspaso físico del Banco a la sede del Ministerio de Ciencia y Tecnología se concrete lo antes posible y así la ley entre plenamente en vigencia”.
¿Por qué aplicar con celeridad una ley inconstitucional que en lugar de ampliar derechos los recorta?
Recordamos que desde la Mesa Todos por el Banco cuestionamos la implementación de la ley y denunciamos la inconstitucionalidad de dos de sus artículos, porque limita el acceso al Banco solo a casos de lesa humanidad, excluyendo a aquellos conflictos de filiación de orden civil o la identificación de identidades robadas o desaparecidas en democracia.
El acotamiento temporal de la actuación del Banco hasta el 10 de diciembre de 1983 no figuraba en el proyecto que el kirchnerismo presentó en 2006 en Diputados, sí en el que se terminó aprobando en 2009. El problema es que esa medida deja afuera a más de 3 mil jóvenes que buscan su identidad y, sean o no hijos de desaparecidos, el análisis les ha dado negativo, así como a miles de personas adultas que buscan su identidad biológica negada por diversas razones sociales y a las que asiste pleno derecho de establecer su filiación. Ni hablar de la identificación de personas víctimas del aparato represivo del Estado con posterioridad a 1983 y cuyas familias establecer la identificación de sus restos.
No es de extrañar entonces que l mismo Estado ha recortado derechos en igual sentido cuando en 2011 reformó el Código Penal para incluir la figura de desaparición forzada de persona como delito específico, pero con aplicabilidad sólo a hechos ocurridos hasta que los militares entregaron el poder.
Finalmente Abuelas convoca “a todos los involucrados directa e indirectamente con esta tarea, a que se comprometan con nuestra urgencia”.
¿Por qué el urgente interés en el traspaso si el Banco no ha dejado de funcionar desde la sanción de la Ley en 2009, y desde entonces ha recuperado identidad a 18 jóvenes desde el caso Amarilla-Molfino?
La versión intencionadamente desesperada de Abuelas esconde una confusión de roles: el responsable de la restitución de la identidad a toda persona que la busque es el estado, no Abuelas. Pero la política de ese Estado se limita a delegar su responsabilidad investigativa en la familia Carlotto, autora del proyecto de la nueva ley del Banco, gestora de la CONADI y, desde ahora del propio Banco. Y ésta deriva las búsquedas en alegres campañas publicitarias, sea con el goleador del Barcelona, o en el reciente acuerdo con el Vaticano para que, rodeado de las referentes de Abuelas y en cabeza de su presidente José María Arancedo, la Conferencia Episcopal Argentina reflote un documento de hace 2 años donde piden a otros inciertas personas que reconozcan lo que ellos, desde Bergoglio hacia abajo, conocen al detalle y no hacen: “a quienes tengan datos sobre el paradero de niños robados o conozcan lugares de sepultura clandestina, que se reconozcan moralmente obligados a recurrir a las autoridades pertinentes”.
Ambas campañas pueden verse en estos spots:



Desde nuestro rol de organismo independiente del Estado y los gobiernos seguiremos defendiendo el derecho universal a la identidad, así como la tarea del BNDG y de su directora Belén Rodríguez Cardoso, porque hasta ahora todos los argumentos que los organismos presentamos a la justicia para exigir una política clara en el tema no han sido contradichos. Y porque seguimos entendiendo que el titular de las muestras existentes en el Banco no es el Estado, sino los familiares de desaparecidos, que tienen total legitimidad para cuestionar al Estado, responsable del traslado, si las garantías no están brindadas. Y en todo caso, no se puede argumentar que la pretensión del Estado de búsqueda de la Verdad, que es su obligación, puede estar por encima del derecho de los familiares.

HIJOS La Plata
Mayo de 2015

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