Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 15 de diciembre de 2015

REGALITOS DE NAVIDAD

Tres represores beneficiados por la justicia platense en causas de Lesa Humanidad

Al reciente apartamiento del coronel Héctor Gamén en 3 causas, se suma el otorgamiento de domiciliaria a Juan Carlos Herzberg, revocado 1 mes atrás en la sentencia del juicio FT5, y el sobreseimiento de Luis Ponce en la causa residual de Comisaría 5ta, donde estaba procesado por el secuestro de Jorge Julio Lopez en 1976.

Por HIJOS La Plata

La justicia penal federal platense continua desplegando generosidades de fin de año sobre los represores de la última dictadura: este mes apartó de las causas por “incapaz” al jefe de operaciones e inteligencia del Ejército en nuestra zona, envió a su casa al marino Juan Carlos Herzberg, que suma 3 condenas y ya violó la domiciliaria ocultando un arsenal en su casa, y sobreseyó al policía Luis Raúl Ponce en la acusación por el primer secuestro de Jorge Julio López en su casa de Los Hornos.
Mientras en muchos sectores preocupa la continuidad en abstracto de los juicios a los genocidas, los tribunales de instrucción y el encargado de realizar los debates orales demuestran con sus decisiones la emergencia real de los procesos en La Plata, donde en 12 años sólo se ha condenado a 70 de los 160 represores procesados en estas causas. La tardanza del Estado en acelerar los procesos juega a favor de la impunidad biológica de los represores, y los criterios ambiguos para sostener las acusaciones, aportar prueba y conceptuar el debido cumplimiento de las condenas está llevando a un cuello de botella donde cada vez más genocidas quedarán fuera de futuro juicios.



El coronel desorientado
Como informábamos hace poco, e titular del juzgado Criminal y Correccional N°3 de La Plata, Ernesto Kreplak, decidió apartar el pasado 2 de diciembre al coronel Héctor Humberto Gamén, alias “Toto” o “Beta”, de las causas por los delitos cometidos en los CCD “Pozo de Quilmes, “Pozo de Banfield” y Brigada de San Justo. Lo hizo siguiendo un pedido de la defensa del represor, que arguyó una resolución del TOF 1 de CABA en la causa por el CCD “Sheraton” donde se, había dictaminado que no se encontraba en condiciones de estar a juicio.
Los hechos investigados en La Plata se le atribuyen por su responsabilidad de mando en el Comando del Primer Cuerpo del Ejército durante los primeros 2 años de la dictadura. De hecho, como segundo comandante de la Brigada de Infantería X, con sede en el barrio Hipódromo de La Plata, y como jefe de la Central de Reunión de Información (CRI) de La Tablada, Gamén coordinó las tareas de inteligencia y operaciones de las patotas militares y policiales en los CCD del Circuito Camps y los de la Zona I del Primer Cuerpo.
Los informes del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de junio de este año afirmaron que Gamén estaba clínicamente compensado y sin evidencias de patologías físicas agudas, pero se lo notaba “desorientado en tiempo y espacio y con marcha vacilante”. Un segundo informe, ya con peritos de parte, habría corroborado que sus facultades mentales “no encuadran en la normalidad psicojurídica”, que “reviste la forma clínica de Deterioro neurocognitivo moderado a grave” y que “no se encuentra en condiciones de afrontar su derecho de defensa en juicio”.
En este caso se ordenó que Gamén sea peritado trimestralmente para determinar si recupera su capacidad de ser sometido a juicio. El genocida sólo fue condenado en 2011, en el primer tramo del juicio por los crímenes cometidos en el CCD “El Vesubio”, y con su nueva situación zafó de tres procesos en la Plata y dos en Comodoro Rivadavia.


El marino escoriado
En la sentencia del juicio por los crímenes de la “Fuerza de Tareas 5” de la Armada, el Tribunal Oral Federal N°1 había condenado el 19 de octubre pasado a Juan Carlos Herzberg, ex director del Liceo Naval y comandante de dicha fuerza en dictadura, a 25 años de prisión como coautor del delito internacional de Genocidio. Además. Había revocado, por mayoría de los jueces Carlos Rozansky y César Alvarez, las domiciliarias a todos los represores juzgados en el debate.
En tal decisión pesó, en el caso de Herzberg, el hecho de haberse descubierto durante el juicio que el marino ocultaba en su casa, o en poder de sus familiares, municiones y 11 armas de fuego: 8 calificadas “de guerra”, entre las calibre 12/70, las pistolas Smith &Weson, la Beretta, la Browning, los Winchester y hasta un fusil Máuser.
Pero dos meses más tarde la sentencia fue morigerada por otra resolución del TOF 1, que con votos de los jueces Alvarez y Castelli le volvió a otorgar el beneficio de la domiciliaria e informó que los últimos partes médicos afirman que Herzberg “deambula con dificultad, no autoválido, requiere asistencia parcial para higiene, vestido y alimentación”, “sufrió un golpe en la Unidad 28 del SPF que le produjo escoriaciones en el rostro, y será operado de cadera en el Hospital Naval Pedro Mallo el 18 de diciembre”.
Los jueces, que a partir d ella salida de Rozansky de los juicios serán la nueva mayoría en próximos procesos, determinaron que cumpla arresto domiciliario hasta que sea operado “y en función de
la evolución post operatoria, deberá volverse a analizar la modalidad de cumplimiento de la condena”.
En tanto el juez Rozansky recordó en su voto el incidente de las armas y opinó que “los crímenes por los cuales fue condenado Juan Carlos Herzberg, resultan de una magnitud claramente superior a la de cualquier escoriación, patología física o a la edad que figura en su documento de
identidad”. Por ello votó por su alojamiento en cárcel común con todos los cuidados o en un hospital penitenciario, y agregó que “enviarlo a su domicilio, donde no tendrá mayores restricciones, como si tienen los miles de condenados por nuestra justicia, transforma en la práctica, en mera formalidad, las condenas impuestas”.
Herzberg fue condenado en 2010 a 10 años de prisión por la apropiación de la hija de desaparecidos María Natalia Suarez Nelson Corvalán, y en 2014 a otros 12 años por “complicidad en el Genocidio perpetrado durante la última dictadura” en 3 casos de secuestros juzgados en el proceso referido al CCD “La Cacha”. Con la nueva decisión, y pese a acumular 3 sentencias en su contra, volverá a mirar la vida desde el departamento de Luis María Campos al 1400 de CABA.
Varios hechos recientes, que no han tenido la suficiente trascendencia, vienen a relativizar todo el proceso de Memoria, Verdad y Justicia. El último refiere a Luciano Benjamín Menéndez, el “Chacal”, el jefe del Comando del Tercer Cuerpo del Ejército en dictadura, condenado 12 veces a perpetua y con 2 sentencias más de 20 años de prisión, el genocida con más condenas de los 148 juicios que se hicieron en los últimos 9 años; que goza de prisión domiciliaria por razones de salud fue descubierto por una chica, a las 4 de la tarde, sentado solo, suelto, libre y sin custodia en una sala de espera médica, y cuyo detalle puede verse en https://www.facebook.com/laucharevista/?fref=nf



El policía impune ayer y hoy
Pero los presentes de fin de año no terminan allí. En otra resolución que va pintando sus amplios criterios en la toma de decisiones, el juez Kreplak decidió sobreseer en la causa N°21, residual de Comisaría 5ta, al represor Luis Raúl Ponce de la acusación que cargaba por el secuestro de Jorge Julio Lopez en su casa de Los Hornos el 27 de octubre de 1976. Tanto en sus declaraciones en instrucción como en el juicio a Miguel Etchecolatz de 2006, Lopez había mencionado que en su secuestro había reconocido a un joven oficial de apellido Ponce, que manejaba el móvil donde lo trasladaron a Arana, así como el que lo llevó de la Comisaría 8va a la Unidad 9 para su blanqueo. Lopez agregó que creía recordar que el agente se llamaba “Jorge Ponce” y que lo conocía del barrio.
Ponce también está procesado en la causa por torturas seguidas de muerte al joven Andrés Nuñez, ocurrida el 27 de septiembre de 1990 en la Brigada de Investigaciones de La Plata, donde comandaba un grupo de calle. Tras estar más de 20 años prófugo, Ponce fue detenido en agosto de 2012 en Junín de los Andes con identidad falsa, y se encuentra a la espera de juicio alojado en la Alcaidía Roberto Pettinato. Llamado a indagatoria en diciembre de 2012 en la causa por Comisaría 5ta, Ponce negó las acusaciones y trató de argumentar que Lopez había mencionado a un “Jorge Ponce”, que él no se llamaba así y que nunca había vivido en Los Hornos.
Más allá del detalle, en la causa consta el testimonio del policía Gabriel Ernesto Gonzáles, integrante de la Dirección de Investigaciones al mando de Etchecolatz, que dijo que “éste le había ordenado tareas de coordinación con las diferentes unidades regionales que funcionaban en la provincia de Buenos Aires, razón por la cual debía viajar constantemente a bordo de un auto conducido por un chofer de apellido Ponce”. También consta el relato del policía Luis Marcelo Vera ante la Conadep en 1984, que había sindicado a Ponce (“morocho, de pelo negro, en ese entonces usaba bigote, mas bien morrudo”) y a un oficial “Jaime” como agentes que operaban en Arana, donde “se torturaba y se quemaban los cadáveres de las personas que fallecían durante la tortura o en 'enfrentamientos'”.
En el derrotero de la causa, la Cámara Federal había confirmado el procesamiento de Ponce por el secuestro de Lopez en diciembre de 2012, y en marzo de este año el anterior juez de la causa, Eduardo Di Lorenzo había cerrado la instrucción y elevado el proceso a juicio en conjunto con hechos de Arana y Brigada de Investigaciones no juzgados en el juicio “Circuito Camps” de 2012.
Sin embargo, el 11 de diciembre el Dr. Kreplak resolvió sobreseer a Ponce con el argumento de que la fiscalía no había sostenido la acusación. De hecho el Ministerio público se había opuesto a la elevación a juicio en relación a Ponce y había pedido reconfirmar las testimoniales de Gonzáles y Vera. Sin detallar que éstos se hayan desdicho, según los fiscales “si bien las pruebas reunidas podían sustentar el procesamiento, no resultaban suficientes para formular acusación”. Hasta se animaron a afirmar que no alcanzaba para sostener la acusación en un juicio oral “la sola consideración de los testimonios de la víctima Jorge julio Lopez”. Además de poner en cuestión la palabra de las víctimas, los fiscales desligan con ello su propia responsabilidad en el hecho de que Lopez no podrá reafirmar en debate sus dichos por estar nuevamente desaparecido.
Como detalle final, Kreplak se encargó de aclarar que “el proceso en orden al hecho descripto no afecta el buen nombre y honor del que hubiera gozado el imputado”. Con ello se olvida Kreplak de Jorge Julio Lopez y de Andrés Alberto Nuñez.
Por el caso de Jorge julio Lopez, por el que fue condenado sólo el comisario Etchecolatz en 2006, también está acusado Jorge Antonio Bergés, en el mismo expediente del que ahora fue separado Ponce. Y a más de 9 años de su segunda desaparición forzada, por lo cual no hay imputados ni procesados, se conforma una nueva burla a la memoria del compañero.

Hoy más que nunca, para juzgar de manera plena la participación de agentes militares, policiales, penitenciarios y civiles en la represión, es necesario un mayor impulso de avance en los procesamientos, y en su llegada al debate oral. Si en 12 años sólo se juzgó al 40% de los represores procesados en todo el país, resulta claro, sobre todo por razones biológicas de los imputados, que el 60 % restante no podrá esperar otros 12 o 15 años y quedará impune si no se acelera el proceso, como los 230 procesados que fallecieron en esta década.
Este 24 de marzo, a 40 años del golpe, debemos imponer este reclamo en la agenda al nuevo gobierno, sumando todas las luchas contra la impunidad de los crímenes de Estado en democracia.

HIJOS La Plata
Diciembre de 2015

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