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Por Candela ((i)) - Tuesday, May. 10, 2011 at 1:21 AM
A tres semanas del comienzo del juicio por el asesinato de Juan Andrés Maldonado, en el día de ayer se presentaron los alegatos. La fiscalía pidió entre 16 y 7 años de prisión para los acusados, mientras que la querella exigió 25 años para quien habría asesinado a Maldonado, y 20 para quien habría entregado las armas.
El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, está juzgando desde hace 3 semanas a Fabián Giannotta, Carlos Felipe Garaña Morales, Ariel Orlando Evrett y a Gastón Haramboure, por el asesinato de Juan Andrés Maldonado el 9 de agosto del 2009 en las afueras del boliche Alcatraz. Durante la jornada de ayer las partes, leyeron los alegatos.
Comenzó la fiscalía, representada por Rosalía Sánchez. Haciendo un recorrido por las declaraciones de todos los testigos, la fiscal afirmó que "cerca de las 5 a.m del 9 de agosto del 2009 a metros del boliche Alcatraz, los imputados Evrett, Giannotta y Morales portaban armas aportadas por Haramboure. Evrett, Giannotta y Morales apuntaron a matar a un muchedumbre y que Giannotta mató a Maldonado". Además hizo hincapié en la complicidad policial, nombrando al policía Cuenca, quien habría cubierto a los imputados antes de esta causa y permitía que el boliche permaneciese abierto aun sin cumplir con los requisitos.
Finalmente Sánchez solicitó al tribunal que Fabián Giannotta cumpliese 16 años de prisión acusándolo de "autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de armas de fuego". Para Carlos Felipe Garaña Morales y Ariel Orlando Evrett pidió 7 años por "autor penalmente responsable de tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego". En cuanto a Gastón Haramboure, lo acusó de "partícipe necesario" y solicitó 11 años de prisión, lo que produjo una convulsión en el servicio penitenciario que custodiaba la sala, ya que familiares del imputado se levantaron y salieron de la sala criticando a la fiscal y a la justicia.
Desde el 5 de mayo, frente al IVC, en Carlos Pellegrini y Perón.
Por el acceso a una vivienda, entre otros reclamos.
A 5 meses de la toma del Indoamericano tanto el gobierno kirchnerista como el Macrista, que son los responsables políticos del déficit habitacional en la ciudad y en el país y por lo tanto del hecho político que significó la misma en diciembre del 2010, ni siquiera han cumplido lo que prometieron cuando lo desalojaron de anunciar en 120 días un plan de construcción de viviendas, no hubo anuncio y no hay construcción de viviendas para los trabajadores y el pueblo, ni hay justicia para los compañeros asesinados, ni desprocesamiento de los luchadores. El acceso a la vivienda digna es un derecho. Ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo nos serán regalados. Por eso estamos acá decididos a luchar, exigiendo planes de construcción de viviendas populares. Convocamos a sumarse a esta medida de lucha a las organizaciones, cooperativas de vivienda, y vecinos, que afectados por la emergencia habitacional quieran sumarse con sus demandas. Con el objetivo de que los sectores populares seamos escuchados un conjunto de organizaciones, vecinos y cooperativas de vivienda, decidimos este ACAMPE por tiempo indeterminado frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) ante la falta de respuesta de los gobiernos de la nación y de la ciudad, continuamos denunciando la política habitacional que nos niega el acceso a un techo. Reclamamos: Planes de Vivienda Popular: Que los Gobiernos de la Nación y Ciudad Construyan, como prometieron al desalojar el Indoamericano en diciembre de 2010. Juicio y Castigo a los Asesinos de los Compañeros del Indoamericano. Desprocesamiento de Todos los Luchadores. Presupuesto para la Construcción de Viviendas. Urbanización de las Villas para todos sus habitantes, con control de los vecinos y sus organizaciones sociales y políticas SIN CLIENTELISMO político. Basta de Desalojos, suspensión inmediata de los mismos. Por solución habitacional definitiva. Alquiler social, que no supere el 20% del Ingreso familiar, con garantía estatal. Aumento del Presupuesto para Vivienda Popular y ejecución total del mismo con control de vecinos y organizaciones sociales. Apertura de los programas de crédito blando como la ley 341 y ejecución real de todas sus etapas: compra terreno, inicio de obra, avances de obra escrituración. Que se otorguen los créditos individuales sin clientelismo político. Por una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real. Programa real de vivienda transitoria hasta la vivienda definitiva. Que se destinen los programas de vivienda social todos los inmuebles del IVC. No a la Venta de los terrenos del IVC, ni de tierras e inmuebles del estado. Impuesto a la vivienda ociosa.
Actividades: Radio abierta permanente. Asambleas de lunes a viernes a las 19 hs.
Convoca–Contacto:
Movimiento por Vivienda Popular. MTL Rebelde; Cooperativas Ley 341, Coop. Dulce Hogar, Coop. Congreso, Coop. Domingo 7, Coop. 10 de Noviembre, Coop. Uritorco, Coop. Social de Flores, y otras; MP La Dignidad; MTD Aníbal Verón (CTA); Asamblea de Flores (CTA); TPR; Agrup. Villera Piquetera; Movimiento Resistencia Popular; Tupinamis; Sergio 15-5771-3018 / Cesar 15-6321-9797 / Mingo 15-5497-0232 / Rafa 15-5183-0629 / Laura 15-6360-8244 / Alejandra 15-5717-7270
Había sido procesado por falsedad ideológica y encubrimiento por omisión de denunciar torturas a detenidos en la última dictadura militar. Pero ahora, la Cámara lo desprocesó por todos los cargos al considerar que las denuncias no fueron probadas.
Desde Santa Fe
La Cámara Federal de Rosario revocó el procesamiento del ex juez federal de Santa Fe, Víctor Manuel Montti y dictó su "falta de mérito" por todos los delitos de lesa humanidad que pesaban sobre él, entre ellos los "apremios ilegales" al ex diputado justicialista Orlando Barquín, la omisión de denunciar tormentos que padecieron otros dos presos políticos, Roberto Cepeda y José Villarreal y negarle asistencia médica a Cepeda. En un fallo dividido, la Cámara exculpó a Montti por falta de pruebas, al considerar que Cepeda incurrió en "numerosas contradicciones", Villarreal dejó "dudas" en su relato y los dichos de Barquín "carece de credibilidad". Los tres se toparon con Montti en los centros clandestinos de la dictadura, entre ellos la comisaría 4ª, lo denunciaron durante 30 años y recién pudieron llevarlo a juicio cuando cayeron las leyes de impunidad y la causa avanzó a pesar de la excusación masiva de jueces y conjueces -hasta que quedó en manos del abogado Ricardo Lazzarini y una supuesta "cosa juzgada" que protegía a Montti desde 1984, dictada por el ex juez federal Héctor Trippichio, quien lo benefició con el sobreseimiento sin siquiera indagarlo.
En el juicio al ex juez federal Víctor Brusa y a otros cinco represores, uno de los denunciantes, Francisco Klaric, dijo que Montti integraba la "patota judicial" de la dictadura. El jefe era el ex juez federal Fernando Mántaras, activo colaborador de la represión que murió impune. El número dos y secretario penal, Montti. Y el otro ladero, Brusa, ya condenado a 21 años de prisión por "apremios ilegales" en ocho casos. En la escala jerárquica, Montti era el superior de Brusa, después asumió como juez federal Nº 2 de Santa Fe (entre setiembre de 1983 y octubre de 1984), más tarde se radicó en la provincia de Santa Cruz y se jubiló como fiscal general en Mar del Plata.
Montti había sido procesado el 12 de marzo de 2010, cuando Lazzarini lo consideró "penalmente responsable" de cuatro delitos de lesa humanidad: "falsedad ideológica", "encubrimiento por omisión de denunciar" las torturas a Cepeda y Villarreal, "omisión de auxilio" a Cepeda y "apremios ilegales" a Barquín, todos en "concurso real". Pero ahora, la Cámara lo desprocesó por todos los cargos y dictó su "falta de mérito" al considerar que las denuncias no fueron probadas. La resolución se adoptó en un pleno de la Cámara por cuatro votos a favor (José Toledo, Elida Vidal, Edgardo Bello y Carlos Carrillo) y la disidencia Fernando Barbará, quien votó para que se confirme el procesamiento y se rechacen los agravios de la defensa. La sexta camarista Liliana Arribillaga está apartada de las causas de lesa humanidad.
En la sentencia de 15 fojas, la Cámara comparó los relatos de Cepeda, Villarreal y Barquín que constan en la causa: algunos, aportados hace 35 años en expedientes que armó la dictadura para perseguirlos, en 1976 y 1977. Otros, en el arranque de la democracia, en 1984, o ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, en 1999, en el jury que terminó con la destitución de Brusa. Y por último, los que brindaron en 2003 y 2007, en la investigación a Montti. Y en los tres casos, la conclusión de la Cámara fue la misma: la mayoría consideró que las denuncias contra el ex juez no estaban probadas y por lo tanto, lo benefició con una "falta de mérito". Barbará fue el único que votó por confirmar el procesamiento.
Según la Cámara, de los testimonios de Cepeda "surgen numerosas imprecisiones", Villarreal dejó "dudas" que "impiden tener por probado los hechos atribuidos" a Montti y los dichos de Barquín "carecen de credibilidad" para procesar al imputado.
Barquín acusó a Montti de obligarlo a firmar una declaración arrancada bajo torturas en un centro clandestino y judicializada por Mántaras, en un expediente que es la prueba de la infamia. Es un papel que lo obligaron a firmar a punta de picana torturadores del Ejército que dependían del jefe del Area 212. "Me volvieron a decir que firmara y al negarme, me colocaron un paño especial dentro de la capucha que me provocaba de acuerdo con el control que hacían un estado de asfixia, en forma intermitente. Igualmente me quemaban el pecho con cigarrillos y fósforos, reconozco la voz del oficial que antes me había interrogado, finalmente, sometido por los castigos y casi desvanecido, paralizado todo el cuerpo lo que hace que me revise un médico, firmé"", dijo Barquín.
La Cámara se preguntó entonces "cuál podría ser la declaración que Montti le quiso hacer firmar" a Barquín "si la única existente se encontraba firmada y fueron explicadas por el testigo las circunstancias de esa firma. Por el contrario, la existente en la causa judicial, donde intervino Montti y que corresponde a una fecha posterior a la prestada ante el Area 212 es una rectificatoria de aquélla, y a la vez, ratificatoria de la primera prestada en el Juzgado, por lo cual no se presenta como probable que Montti lo hubiera amenazado para que firme una declaración ya firmada (o sea, la del Area 212)", agregó el tribunal.
"En síntesis, carecen de credibilidad los dichos del testigo y sobre esa base no puede afirmarse la probable comisión de hecho ilícito alguno. Por lo expuesto, corresponde revocar el procesamiento y dictar auto de falta de mérito respecto a Víctor Montti", concluyó la Cámara.
El abogado Rodolfo de Aguirre era secretario del Juzgado Federal de Santa Fe hasta que el ex juez Fernando Mántaras lo echó del cargo. En el juicio a Víctor Brusa, en 2009, De Aguirre relató cómo operaba Mántaras y su grupo. "Mántaras era un personaje nefasto, un nazi", dijo. El otro secretario del Juzgado era Víctor Montti y Brusa operaba como "sumariante" en las causas con detenidos políticos. "Mántaras era pro milico y yo no. Decía que había que pensar con la cabeza y no con el corazón. Él decía que había que apretar", explicó De Aguirre.
¿Mántaras lo echó por negarse a apretar? le preguntó el fiscal Martín Suárez Faisal.
No dije eso. Dije que yo discrepaba con su forma de pensar, sobre el apriete. A Montti no lo iba a echar, si eran del mismo pensamiento.
¿Por qué Mántaras no lo iba a echar a Montti? insistió la jueza Andrea Creus.
Porque pensaban igual- contestó De Aguirre.
Domingo 08/05/11
Esta es la segunda nota que una pluma ligada al Gobierno Nacional critica la candidatura de Carlos Soria en Río Negro. Antes, había sido Horacio Verbitzky. Ahora, Agustín Álvarez Rey, de Miradas al Sur, brinda un lapidario recuento de la trayectoria del ex jefe de la SIDE durante el Gobierno de Duhalde. Para muchos, es una señal del Gobierno Nacional. La nota afirma que el kirchnerismo le está soltando la mano, y que “Pichetto está arrepentido” de apoyarlo.
La nota de Miradas al Sur, vuelve a publicar la foto que en su momento sacó a luz Diario Digital Bariloche. Hace un tiempo, el mismísimo Horacio Verbitzky también tomó la fotografía en cuestión, y además realizó una nota en la que advertía al Gobierno Nacional sobre la deslegitimación del Proyecto Nacional y Popular con candidaturas como la de Carlos Soria. La nota, “Batalla Cultural y Fuego Amigo”, fue considerada como una “bajada de línea” del Gobierno Nacional, ya que la vinculación directa del periodista de Página/12 con la Presidenta Cristina Fernández, es ampliamente conocida.
Ahora, se suma la nota de Agustín Álvarez Rey, de Miradas al Sur, medio que también tiene una estrecha vinculación a la estrategia del kirchnerismo en todo el país. Su Director, Eduardo Anguita, es un periodista e intelectual que apoya al Gobierno Nacional, y sus vínculos son directos.
Aquí publicamos la nota completa:
“El espía que se fue al frío”
Carlos Soria, vinculado con el criminal de guerra Eric Priebke, ex Side y hombre del riñón de Duhalde, apunta a la gobernación de Río Negro. Un almuerzo con el criminal de guerra nazi Eric Priebke, la responsabilidad política –como parte de la cúpula de la Secretaría de Inteligencia Del Estado (Side)– en los asesinatos de Maximiliano Kosteky y Dario Santillán, y su pertenencia confesa al duhaldismo sirven para trazar el perfil del actual intendente de la ciudad de Roca, Carlos Soria, y candidato a gobernador de Río Negro por el Partido Justicialista.
Soria creció en la política de la provincia a la sombra de José Luis Manzano, fue electo tres veces diputado por el PJ, llegó a ser ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires en la administración Duhalde y luego, ya con Eduardo Duhalde como presidente, fue el número dos de la Secretaría de Inteligencia. Desde allí, junto con Oscar Rodríguez, ordenó el espionaje de las organizaciones sociales, pidió la elaboración de informes de inteligencia destinados a justificar la represión y criminalizó la protesta social, a la cual denominaba: “nueva amenaza subversiva”.
Un mes después de asumir, en febrero de 2002, la Side ya había informado sobre la infiltración de las Farc entre los movimientos piqueteros y las asambleas barriales, que en ese momento eran los actores centrales de la movilización social. El 26 de junio de 2002, junto a Juan José Álvarez fue el encargado de informar a Duhalde y al jefe de Gabinete, Alfredo Atanasof, sobre la actuación de las fuerzas de seguridad.
En el juicio que se sustanció contra los responsables materiales de la “masacre de Avellaneda”, Soria declaró: “Yo analizaba junto a los ministros la situación y siempre surgían los mismos temas: cacerolazos, caos, cortes de ruta, escarches. Este –dijo en referencia a la movilización del 26 de junio de 2002– era un caso testigo porque por primera vez todas las organizaciones sociales se ponían de acuerdo. No lo podíamos permitir. La democracia funciona con orden”.
El abogado del Movimiento de Trabajadores Desocupados (MTD), Claudio Pandolfi, explicó que “Soria sostuvo, en el juicio por los asesinatos de Dario (Santillán) y Maxi (Kosteky) que, estábamos en situación pre revolucionaria y que se estaban uniendo sectores sociales creando situaciones complejas que hacían peligrar al Estado. Y señaló que ante esa coyuntura, el Estado debía dar un mensaje claro y contundente. De esa manera justificó la represión”.
En cuanto a su despeño, Pandolfi sentenció: “Soria es quien, en teoría, presentaba los informes de Inteligencia. Digo en teoría porque lo único que acercaron a tribunales fueron carpetas con recortes periodísticos con notas y declaraciones de algunos dirigentes. Como mínimo, poco serio”.
En tanto, durante su gestión en la Side, Soria también fue denunciado por la entonces senadora Cristina Fernández de Kirchner, quien lo acusó de espionaje interno ilegal. La entonces senadora presentó una carpeta con pruebas sobre las instrucciones de la Side que comandaba Soria para hacer seguimientos de Néstor Kirchner a fin de detectar hábitos, comitivas, entorno, infraestructura y posibles puntos débiles.
Pero los problemas de Soria con la Justicia no terminan allí. El candidato a gobernador de Río Negro también fue presidente de la Comisión Bicameral de seguimiento de la causa Amia. Su tarea al frente de esa comisión terminó con una denuncia en su contra por encubrimiento.
Los años no parecen haber mejorado la performance pública de Soria. El intendente de Roca definió, según denunciaron las organizaciones sociales provinciales, como “unos indios, que estaban en tolderías, haciendo chiqueros. Unos sucios” a las 220 familias que participaron durante la última semana de una toma de tierras en reclamo de una solución habitacional. Al respecto José Rodríguez, dirigente de Miles, definió a Soria como parte de una “derecha rancia”.
Ante la enumeración de antecedentes la fragmentación del kirchnerismo rionegrino de cara a la elección de cargos provinciales aparece como lógica. Si bien el PJ de Río Negro prescindió de las elecciones internas y consagró como candidato a gobernador a Carlos Soria, la decisión no sólo no fue tomada con agrado desde algunos sectores del kirchnerismo provincial, sino que ha debilitado seriamente las chances del justicialismo de alcanzar una victoria a nivel provincial.
La confirmación de la candidatura de Soria provocó la ruptura de La Cámpora en Bariloche, la pérdida del apoyo de todo el kirchnerismo no peronista, el silencio de la mayoría del kirchnerismo peronista, el distanciamiento de todos los movimientos sociales y un comunicado de la CGT de Río Negro en el cual advirtió que no acompañará.
En tanto, si bien el senador rionegrino y jefe de bloque, Miguel Ángel Pichetto había apoyado públicamente a Soria al decir que “es un buen candidato para la gobernación de Río Negro”, desde su entorno aseguran que está arrepentido de explicitar su acompañamiento.
“Pichetto no tuvo el apoyo de Kirchner en 2007 para ser gobernador, y sabía que probablemente no lo tuviera ahora tampoco. Por eso, tuvo que bajar su candidatura. Más allá de esto, él está arrepentido de haber bancado públicamente la candidatura de Soria”, señaló un conocedor del entorno del titular de la bancada K en el Senado.
Así las cosas, el kirchnerismo buscaría tener candidato propio en otra fuerza y así capitalizar a los distintos sectores que acompañan al proyecto encabezado por la presidenta Cristina Fernández pero están enfrentados con Soria.
El silencio de todos y cada uno de los representantes parlamentarios del kirchnerismo rionegrino consultados por Miradas al Sur hace pensar que nada aún está definido y que un nuevo candidato, consustanciado con la profundización del modelo, podrá sumarse a la contienda electoral en los próximos días. En Río Negro, ya lo dan por hecho.
(AW) Sorpresivamente ayer por la mañana se hicieron presentes en el acampe Qom de Avenida de Mayo entre 9 de Julio y Lima, personal de Gendarmería Nacional y Policía Federal con orden del Ministerio del Interior para desalojarlos, esta vez del acampe que hace casi cinco meses es su hogar. Velozmente los subieron a un micro con destino a Formosa. El referente Félix Díaz permanece en Capital Federal para la primera reunión del próximo lunes en Casa de Gobierno.

Por Amalia Colombo
No hubo balas, pero hubo patoteada. La regresión se hizo presente en cada uno de los ojos de los Qom que vivieron el horror de la violencia, que las fuerzas de seguridad del Gobierno de Gildo Insfran les propinaron en su Comunidad "La Primavera" de Formosa el año pasado.Esta vez el credito se lo llevó el Gobierno Nacional en plena ciudad Buenos Aires.

La sorpresa fue generalizada. Aunque ya durante la semana los más cercanos a la comunidad hablaban de una "fina tarea" de parte de infiltrados afines al Gobierno kirchnerista para desgastar el propósito del acampe, por la devolución de tierras usurpadas y justicia para los 2 muertos en la represión de noviembre de 2010, y así lograr otra vez hacerlos invisibles, no se lo esperaban.
En la noche del jueves habían decidido en asamblea regresar a Formosa tras la reunión del lunes 9. Sin embargo las cosas fueron precipitadas por orden del Gobierno Nacional. Aunque los más ancianos no querían que terminara de esa forma tan apurada, porque querían agradecer a la gente que los ayudó en todos estos meses de lucha, dejar todo ordenado, la decisión de desalojo vino acompañada de presiones para que se vayan o peligraba el dialogo entre la comunidad y las autoridades.
"El oficial de gendarmería que el gobierno mandó ayer jueves nos dijo que el traslado llevaría un tiempo para transportar nuestras pertenencias, etc." afirman desde la comunidad en esa misma mañana de viernes.


El senador nacional cuestionó a su hermano, el mandatario José Luis Gioja, de beneficiar a la megaminería y, concretamente, a la empresa Barrick Gold. El legislador señaló que la minera canadiense deja apenas 30 millones de dólares a la provincia en concepto de regalía, cuando obtiene ganancias por unos 1000000000 (mil millones).

4 de Mayo de 2011
San Juan es por estos días escenario de una novela política impensada entre dos hermanos: por un lado, el gobernador José Luis Gioja, que busca su tercer mandato al frente de la provincia cuyana; y, por otro lado, César, el senador nacional que cuestionó el afán de su hermano al señalar que el Gobierno provincial "es funcional" a la empresa minera Barrick Gold.
José Luis Gioja aspira a ser reelecto por segunda vez consecutiva, para lo cual tendrá que cambiar la constitución provincial, a través de una enmienda. En este intento por perpetuarse, el gobernador recibió las críticas más feroces por parte de su hermano, el senador nacional, que aspiraba a ser candidato a gobernador en las elecciones de este año.
En comunicación con el programa que conduce Jorge Rial, Ciudad GotiK -por La Red- esta mañana, César Gioja apuntó a la industria minera y explicó puntualmente que las ganancias que logra actualmente la minera Barrick Gold, que opera en esa provincia, sólo pueden obtenerse a través de un nuevo triunfo electoral del actual gobernador.
"La megaminería, la Barrick concretamente, que se ve beneficiada", destacó Gioja y explicó que de los mil millones de dólares de ganancia, apenas 30 millones quedaron para la provincia. "Es un valor irrisorio que debe ser modificado", sostuvo al tiempo que señaló que no está en contra del desarrollo de esta industria, pero sí de modificar el reparto de ganancias para San Juan.
A modo de contraste, el legislador nacional indicó que San Juan recibe más coparticipación por la soja que por la minería, a pesar de ser una provincia eminentemente minera.
"La permanencia de este equipo es funcional, es bueno para las mineras pero malo para San Juan", destacó Gioja.
En la entrevista con Rial, sin embargo, Gioja descartó la existencia de un acuerdo preexistente para suceder a su hermano, y que éste habría roto. José Luis también figuraba, el año pasado, como posible candidato a vicepresidente en una fórmula con el ya fallecido Néstor Kirchner.
En esta línea, señaló que su hermano José Luis "inventó una opción que se llama consulta popular", que se realizará el domingo que viene y que consideró como "inconstitucional". César explicó que se utilizará "un mecanismo atentatorio a la diginidad de los sanjuaninos"
Según el senador nacional, en el padrón que se utilizará para el referendum provincial no figuran unos 60 mil jóvenes que ya estarían habilitados para votar. Gioja también cuestionó otra irregularidad: que este padrón contiene más de 15.500 personas que no fueron eliminadas a pesar de que han fallecido.
"Todo esto es un mecanismo tramposo que lo único que hace es darle chances electorales al gobernador. Nosotros decimos que esto es inconstitucional, antidemocrático y no es ético utilizar el poder para eternizarse en su ejercicio. Es un evidente abuso para conseguir un resultado", remató el despechado senador nacional.
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