NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 17 de mayo de 2011

CORREPI – BOLETÍN INFORMATIVO Nº608

16 de mayo de 2011

Sumario:

1. La muerte viaja en patrullero.

2. Más muertos en cárceles.

3. Se matan entre ellos.

4. Verdugos premiados en Tucumán.

5. Todo va mejor para Amnistía.

6. La “inseguridad”: un buen negocio.

LA MUERTE VIAJA EN PATRULLERO

Domingo 5 de setiembre de 2010, seis de la mañana. En la calle Rivadavia del barrio UPCN de Trelew, Gonzalo Julián Antillanca, de 19 años, que cursaba el último año de la secundaria en una escuela nocturna de Trelew, que durante el día cuidaba a Diego, su hermanito de cinco años, y había salido a bailar la noche del sábado como tantos jóvenes, fue arrojado desde un auto en plena calle, e impunidad, con su cuerpo sin vida.

La muerte destrozó a la familia y durante los primeros días no hubo indicios sobre quien mató al joven, hasta que una chica del barrio declaró, reservando su identidad, que esa madrugada vio, escondida tras un árbol, que un cabo, que resultó ser el cabo Solís de la policía provincial, le ordenaba al chofer de un patrullero que bajara el cadáver del chico, que estaba en el baúl. Contó que el policía dio dos golpes en el capot y que antes “miró para todos lados” para cerciorarse que no hubiera testigos.

A la fecha se encuentran imputados en la causa el cabo Martín Solís, de la seccional 4ª de Trelew, con los cargos de partícipe primario y encubrimiento del homicidio, y el comisario Carlos Sandoval de dicha seccional, con los cargos de encubrimiento del homicidio y falsificación de documento público. Todos, agravados por la función pública que ejercían.

Desde el gobierno provincial y la cúpula policial, con el fin de desvincular a los policías de las acusaciones, se llevaron a cabo maniobras ilegales para desviar las investigaciones, como presentar una “testigo” con declaraciones falsas, y manejando la investigación desde la misma fuerza acusada, por los comisarios Guillermo Castaño, jefe de policía de la provincia del Chubut; Claudio Madeira y Absalón Cruz, de la unidad regional Trelew y el comisario Carlos Sandoval, co-responsable del asesinato y, hoy, jefe de Policía en la ciudad de Rawson.

Ante la afirmación de que Julián había muerto de un coma etílico, el tesón de su padre logró que se ordenara una pericia en el Cuerpo Médico Forense nacional, que concluyó, el 3 de febrero de 2011, que el joven presenta "...lesiones evidentes a simple vista en zona de cerebro y cerebelo (...) signos de edema, (...) que permiten inferir macroscópicamente que se corresponde con un cuadro severo de hipertensión endocraneana, postraumática de tipo agudo, con suficiente entidad para producir un enclavamiento de la amígdala y compresión del tronco cerebral incompatible con la vida". O sea, en criollo, murió a causa de los fuertes golpes que recibió en la nuca.

Y ahora, para refutar a los policías, que siempre negaron que Julián haya estado en el patrullero, un estudio complementario encontró, en ese vehículo policial, muestras de tejido con el ADN de Julián. ¡Al joven lo asesinaron a golpes o en la comisaría o en el patrullero!

Frente a los esfuerzos del ministerio de Gobierno y Justicia de la provincia del Chubut por silenciar el caso, ha sido la constancia militante de su padre, César, la que no permitió que lo consiguieran, así como hoy lucha para evitar que el leve arresto domiciliario del cabo Solís se convierta en libertad absoluta.

El compañero César nos honró con su presencia en el estreno del video “Yo sabía”, al cumplirse 20 años de la muerte de Walter Bulacio, y nos hizo saber que el próximo 24 de mayo, día que Julián cumpliría 21 años, convocará a una marcha en Trelew y luego presentará el video en la biblioteca Walsh de Trelew.

MÁS MUERTOS EN CARCELES

Jorge Hugo Navarro (53) se encontraba detenido en una comisaría de San Juan. Fue encontrado muerto en el calabozo donde estaba encerrado. La policía aseguró que sufrió convulsiones y un accidente cerebro vascular, pero su familia denuncia golpizas.

El miércoles 9 murió un preso en la Unidad Carcelaria N° 32, en Florencio Varela, la victima de 32 años falleció luego de recibir un facazo en una supuesta pelea entre presos. Sin embargo, al día siguiente de trascendida esta noticia, el diario Crónica tituló otra muerte, en el mismo penal, con un día de diferencia, la victima Federico Ezkrkowicz, murió al recibir golpes en la cabeza con dos bloques de hormigón por parte de su compañero de celda.

Lo cierto es que sin importar el número de victimas que la prensa difunde, la represión muerte y tortura en las cárceles son moneda corriente tanto en nuestro país como en el mundo entero. Mas allá de los casos concretos por los cuales murieron (enfrentamiento entre presos, problemas de salud por las condiciones terribles en las que sobreviven, etc) cada una de las victimas, está situación deja al descubierto cual es el verdadero rol que cumplen estos lugares de encierro, disciplinar, alienar, y controlar a los pobres.

SE MATAN ENTRE ELLOS

Esta semana ha tenido repercusión en los medios otro crimen policial, pero, esta vez, la víctima no ha sido un pibe pobre sino…un comisario.

La situación fue la siguiente: El sargento Hernán Faure, de la policía bonaerense, fue al destacamento Balneario de Azul, movido por la sospecha de que su pareja, también policía, lo engañaba con el comisario de dicha dependencia, Mariano Cafferatta. El sargento encontró a ambos en el privado de la comisaría, sector que utilizan los policías para descansar.

Hasta ahí, una situación de infidelidad común y corriente.

Lo que fue noticia fue la reacción del susodicho sargento frente a esta situación. Le vació dos cargadores de su arma reglamentaria al comisario, más de 20 balazos, lo cual resultó, claro está, en la muerte de Cafferatta.

Luego del asesinato, Faure se entregó a sus compañeros de la fuerza y está detenido por “homicidio agravado”.

No es este el primer caso de policías que se matan entre sí, y no será seguramente el último. Es que suele pasar que a los verdugos de los pobres a veces les sale el tiro por la culata, y estando tan bien preparados como están para cumplir su función de reprimir y asesinar a los pibes pobres y tan acostumbrados a manejarse con total impunidad gracias a un sistema judicial que los protege y legitima, asesinar se vuelve moneda corriente. Se entregó, sí. Porque el muerto esta vez es un comisario.

VERDUGOS PREMIADOS EN TUCUMÁN

Durante toda la semana pasada la provincia de Tucumán protagonizó incidentes a partir de reclamos de aumentos salariales y otros beneficios por parte de la policía provincial.

Recordemos que la policía tucumana, en abril, recibió un aumento del básico de $900 a $1950, y ahora exigían un muevo aumento a $3.500, ascensos y que la ART cubra las 24hs. Parte de esto fue acordado el mes pasado, pero los efectivos vieron que no se reflejaba en sus recibos de sueldo.

En sus testimonios, ellos se mostraron como los trabajadores más damnificados, mientras nosotros sabemos que ellos no son trabajadores sino desclasados, guardianes del sistema que día a día nos hostiga y la cara visible de la represión.

La medida constó en principio de paros y culminó con una movilización el día 7, de la que participaron policías, familiares y agentes retirados, y que ocasionó disturbios cuando, llegando al Centro de Monitoreo Provincial, los mismos policías que estaban de guardia se encargaron de detener y reprimir a los manifestantes, es decir, se reprimieron entre ellos. Esto de ninguna manera debe sorprendernos, ya que justamente hicieron lo que están mandados a hacer, reprimir sin mirar a quién, incluso con lo patético que pueda verse desde afuera como en este caso.

Finalmente, el conflicto terminó con un nuevo acuerdo con el gobernador, José Alperovich, que cedió a los reclamos del Cuerpo Policial.

Mientras un agente sanitario en esa provincia apenas araña los $2.250 pesos, y el 60% del salario de cualquier empleado público son cifras no remunerativas, en una semana, los responsables de que los ricos sean siempre ricos y los pobres siempre pobres, lograron un acuerdo casi completamente acorde a sus reclamos, con la única excepción de que el básico quedó en $3.000, aunque con adicionales llega a $4.300.

Por otra parte, se habla de falta de fondos para subir el presupuesto Educativo y Sanitario, pero sin mayor escándalo se le puede subir tan ampliamente el sueldo a los 8.000 efectivos que integran esta fuerza provincial. Ahora bien, no se trata de un aumento a un sector trabajador en conflicto, sino de un aumento al presupuesto destinado a la represión y una garantía de que los perros guardianes de este sistema estarán contentos.

Por último, a pesar de ver las imágenes de los policías manifestando en la calle, no nos confundimos, no consideramos de ninguna manera esta situación como una transición de los agentes de policía hacia el sector trabajador, ya que ellos defienden intereses irreconciliables con el conjunto de los trabajadores.

TODO VA MEJOR PARA AMNISTÍA

Como todos los años, se difundió el informe de Amnistía Internacional sobre la situación de los derechos humanos en el mundo. Esta ONG, fundada en 1961 por un abogado británico, expuso, según sus investigaciones, como trascendió el 2010 año en materia de derechos humanos.

Los puntos tocados respecto a nuestro país fueron: la respuesta gubernamental a los conflictos sociales, disputas con los pueblos originarios, juicios por crímenes durante el último régimen militar, situación carcelaria y violencia de género.

El texto critica la situación de nuestro país diciendo que: “Se siguió desalojando a los indígenas de sus tierras ancestrales (…) sigue habiendo amenazas a testigos de casos de crímenes durante la dictadura (…) no hay avances con el caso López (…) no hay solución actualmente para el hacinamiento, el maltrato y la desatención en el sistema carcelario (…) sigue siendo de honda preocupación la violencia de género.

Dio el visto bueno a las asignaciones familiares, a los enjuiciamientos de responsables de violaciones de derechos humanos perpetradas en el pasado y a la reciente ley para prevenir y castigar la violencia contra las mujeres.

Esta organización del primer mundo, que, como el terrorista Obama ostenta un Premio Nobel de la Paz , es muy escuchada y tenida en cuenta por los medios de prensa. Seguramente sabiendo la responsabilidad que esto implica y también atendiendo a lo delicado que es el tema de los DDHH, divulgan un informe en el que no figuran el gatillo fácil, las torturas sistemáticas, las detenciones arbitrarias, los presos políticos, la criminalización de la protesta, las represiones masivas, las frecuentes persecuciones al activismo político y las leyes antiterroristas. Nada dicen de Mariano Ferreyra, Nicolás Carrasco, Sergio Cárdenas, Roberto y Mario López, asesinados por luchar.

Tan incompleto es su informe que es superado en denuncia por el Comité de Derechos Humanos de la ONU. Estos , que hablan descaradamente de derechos humanos mientras invaden pueblos…“para salvarlos”, en sus observaciones sobre la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en la Argentina dejan como tibio el documento de AI ya que sí mencionan al gatillo fácil y las detenciones arbitrarias.

Amnistía Internacional busca en teoría defender los derechos humanos manteniendo y respetando las instituciones gobernantes. Exigen, año tras año, a los gobiernos que impongan el respeto a los pobres, a las mujeres, a los aborígenes, a los que opinan distinto, cuando bien saben que es central función de los diferentes gobiernos el profundizar la pobreza, la miseria, la desigualdad, haciendo que se note lo menos posible.

LA “INSEGURIDAD”: UN BUEN NEGOCIO

Así como hace unos meses el gobernador de la provincia de Bs. As., Daniel Scioli, viajó a Israel para hacer acuerdos con ese gobierno para la provisión de insumos para seguridad, hoy, nuevamente, se busca desde el gobierno provincial aprovechar el tema de la “inseguridad” para seguir haciendo negocios.

La provincia no tiene dinero para aumentar ni a jubilados ni a empleados estatales pero los millones que se están destinando al equipamiento de la bonaerense son cifras extraordinarias. Evidentemente la inversión en “seguridad” es mucho más rentable para Scioli que la educación o la salud.

Apenas entrado el mes de mayo se realizó en casa de gobierno una reunión el jefe de Gabinete, Alberto Pérez; el ministro Casal, y el jefe de la Policía , Juan Carlos Paggi. Junto a ellos estuvieron el subsecretario de Justicia, Carlos Cervellini; el de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa, Julio Pángaro; de Política Criminal el Investigaciones Judiciales, César Albarracín; y de Planificación, Guido Lorenzino Matta. También estuvieron los comisarios generales Hugo Matzkin (superintendente de Coordinación Operativa de Seguridad); Roberto Castronuovo (superintendente de Investigaciones en Función Judicial); Sergio Zudaire (a cargo de la zona interior); Osvaldo Castelli (zona sur); Sergio Bianchi (zona oeste); Guillermo Britos (zona norte); Alexis Ivanoff (superintendente en Seguridad Vial) y Rubén Lobos (superintendente de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas).

En esta reunión “consolidaron el bloque de seguridad ciudadana” en el que anunciaron haber incorporado 2.106 policías, destinaron 1.300 vehículos para los municipios, 3.762 cámaras de vigilancia y se pusieron en funcionamiento el 911 “pánico”, el 911 escuelas y el 911 “temático” (exclusivos para desarmaderos y narcotráfico).

A esta mega inversión se suma el reciente acuerdo que el gobernador y el ministro de justicia hizo con el responsable de educación provincial, Mario Oporto, quienes se proponen poner cámaras de seguridad en las escuelas del conurbano para garantizar el permanente monitoreo y una mayor presencia policial.

Evidentemente, para los funcionarios de la provincia, con en el negocio de la “inseguridad” se come, se cura y se educa… y se hacen muchos negocios.

De paso, la policía tendrá cada vez más facultades y herramientas para seguir haciendo su trabajo, cuidar a los ricos y vigilar y reprimir a los trabajadores y los pobres.

LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS

Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110.

www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.

El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.

Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.

Visitá nuestros espacios de difusión: http://correpidifusion.blogspot.com yhttp://correpi.lahaine.org ¡Buscanos en Facebook!

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CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar

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La trata de personas vinculada a la prostitución en La Plata

INFORME DEL COLECTIVO DE MUJERES JUANA AZURDUY

Por estos días leemos en los medios de comunicación de nuestra ciudad que semanalmente la Justicia allana prostíbulos y rescatan a mujeres víctimas de esta red que promueve el primer negocio clandestino más rentable del mundo, seguido del tráfico de armas y de droga. Pero más allá de las crónicas policiales es necesario tener en cuenta cómo se da la proliferación de centros de esclavas sexuales, en qué condiciones se lleva adelante el procedimiento a cargo de los efectivos, y hasta dónde son suficientes los tiempos de la justicia para las víctimas en cautiverio.

Hace más de un año, la Fundación contra el trabajo esclavo La Alamedadenunció el funcionamiento de unos 70 prostíbulos en La Plata, 50 en el casco urbano, donde someten diariamente a unas mil mujeres; pero es a cuenta gotas que estas bandas de esclavitud y explotación sexual son desbaratadas.

Para responder al cuestionamiento de la proliferación de prostíbulos en nuestra ciudad, es necesario tener en cuenta qué factores la hacen posible. El elemento principal es la falta de escrúpulos de “empresarios” que regenteen estos lugares; según publicó en un informe el diario “El Día”, en base a la investigación del fiscal Fernando Cartasegna, responsable de los allanamientos en La Plata: “Lejos de ser percibida como un delito, muchos la consideran hoy (a la explotación de mujeres) casi ‘otra forma de ganarse la vida’ y así se ha vuelto un negocio en el que incursionan ‘desde pequeños empresarios hasta estudiantes’, cuentan los investigadores.”

En el mismo análisis, el matutino advierte que aunque el regenteo de prostíbulos suele estar asociado a oscuros personajes, la realidad del negocio en La Plata es hoy bastante más amplia: “No sólo está en manos de viejos comisarios y barrabravas, hay también pequeños empresarios y comerciantes de distintos rubros que le ven la veta y se mandan. De hecho, uno de los últimos explotadores que agarramos era un estudiante que dejó la universidad y puso una casa”, según informó un agente judicial.

Esta impunidad con la que “trabajan” un número cada vez mayor de regentes nos lleva a un segundo elemento indispensable para la supervivencia: la policía bonaerense.
Volviendo al informe que la organización La Alameda junto al programa televisivo GPS denunciaron el año pasado, el eje de la información se basó en las coimas que cobraban algunos efectivos de la División Moralidad dela Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) para la “protección” de estos centros clandestinos. Quienes regentean estos centros deben acordar además con el cuerpo inspectivo de la municipalidad y las comisarías en jurisdicción.

Tal es así, que días atrás, una delegación integrada por el juez Juan Pablo Masi, el fiscal Cartasegnia y la DDI La Plata allanó un cabaret a tan sólo 20 metros de la Comisaría de la Mujer, en la intersección de 1 y 42. Lo más llamativo fue que, ante el requerimiento de la delegación, desde la Comisaría de la Mujer dijeron “no haberse dado cuenta” de que a 20 metros funcionaba un cabaret. Hoy la dependencia está intervenida por Asuntos Internos.

Pero hay otro organismo que debería a su vez controlar a los efectivos que no estén obrando como servicio a la comunidad sino por sus intereses privados, este factor es el poder ejecutivo municipal, provincial y nacional. En este sentido, no hay que olvidar que hace unos meses se rescató a una joven secuestrada en Paraguay y explotada sexualmente en un prostíbulo de 11 y 48, a tan sólo 4 cuadras de la Municipalidad, a menos de 10 cuadras de la Casa de Gobierno de la Provincia, a 6 de la Legislatura, a 2 de los Tribunales de La Plata.

Pero existe aún un elemento que funciona como soporte de esta red, y el interrogante aquí sería: ¿Para qué “usuarios” o "clientes" se abren estos prostíbulos cerca de estas dependencias oficiales? ¿Cómo pueden ignorar su existencia? ¿Se puede obviar la sospecha de connivencia o de “distracción conveniente”?

Por obvio que parezca, la trata de personas vinculada a la prostitución es en todo caso una realidad que los “consumidores” “nunca tienen presente”, aseguran desde la Fiscalía. A ese sector -que hoy representa enLa Plata “cerca del 50% de la población masculina de las clases media y media alta”- es al que más le apuntan las organizaciones de lucha contra la trata de mujeres, exigiendo una ley que castigue su conducta, dado que hoy no son punibles. Lo que genera un debate al respecto, ya que desde la Justicia aseguran valerse de estos “consumidores” para encarar una investigación.

Pero estos consumidores, si bien no son las víctimas del sistema, también son promovidos y alentados a través de los medios de comunicación, ya sean televisivos o gráficos, que presentan a la mujer como un objeto de consumo y objeto sexual, o algunos diarios que publican servicios sexuales o de casas de citas con fotos de mujeres que parecen un bien de adquisición más entre el resto de los clasificados.

Por otra parte, es necesario señalar que en el Concejo Deliberante de La Plata sectores de la oposición presentaron un proyecto de ordenanza vinculado a eliminar automáticamente las habilitaciones de aquellos locales que funcionen para la categoría de 'actividades incómodas' donde se compruebe o promueva la trata de personas. La cual parece una iniciativa más que interesante para combatir este delito.

Con respecto a los allanamientos, la Asociación de Meretrices Argentinas (AMMAR), que desde una posición reivindicativa del trabajo sexual mantiene una militancia activa para erradicar la trata, asegura que distintas fuerzas de seguridad maltratan, roban y golpean a las mujeres que encuentran en los allanamientos. Advierte que “bajo la excusa de combatir la trata se violan los derechos de las trabajadoras sexuales”.

Según la entidad estos procedimientos se incrementaron en las últimas semanas en la zona de La Plata, con intervención de la Policía Bonaerensey la Gendarmería, en el marco de acciones que estarían destinadas a combatir la trata de personas.

En este sentido la titular de Ammar, Elena Reynaga, que el año pasado fue premiada por la ONU, propuso “trabajar en conjunto en la capacitación del personal que interviene en esos operativos, pero para eso deberían reconocer que ellas tienen saberes”.

Más allá de una mejor legislación, de un procedimiento de la Justicia un poco más activo, o de un compromiso de la dirigencia política un poco más firme, debemos tener en cuenta que día tras día miles de mujeres y niñas son secuestradas por estas redes con diversas trampas, en donde generalmente las más perjudicadas son quienes provienen de sectores sociales más postergados, en donde en algunos casos son entregadas por sus familias a cambio de unos pesos.

Los tiempos de la Justicia siempre son lentos para estas mujeres y niñas; en muy poco tiempo su vida ya no es la misma. Según la investigación de la Alameda, se las explota hasta el desmayo en muchos de estos prostíbulos. Se les descuenta el 50 por ciento de los pases, además de un sistema de multas en caso de no querer “atender clientes”. En muchos casos ni siquiera usan preservativo, porque cuando ya están muy alcoholizadas no tienen control de la situación.

Si La Plata es el segundo lugar de destino (luego del Conurbano bonaerense) de mujeres secuestradas en el Paraguay, por ejemplo, hay que tener en cuenta lo que numerosas investigaciones apuntan respecto a que este negocio, que va en detrimento de los derechos humanos de miles de mujeres y niñas, sólo es posible con la complicidad y el consentimiento de empresarios sin escrúpulos, fuerzas de seguridad, funcionarios de la Justicia y de la administración pública y la sociedad en general, tanto de los clientes que consumen el cuerpo de una mujer vulnerable como un producto, como de quienes callan al ver pasar esta realidad ante sus ojos.

Saludamos el funcionamiento de la Justicia en tanto y en cuanto siga rescatando a las víctimas de esta red clandestina, pero a la vez que reclamamos que se lleven adelante políticas de prevención y erradicación priorizando los derechos de las mujeres y niñas y controlando de manera firme el funcionamiento de los organismos estatales al servicio de la comunidad.


Colectivo de Mujeres Juana Azurduy
Movimiento Libres del Sur
Contacto: Analía Luna (011) 1540340057

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Santa Fe: Convocatoria contra la Impunidad

En repudio a la impunidad y por justicia.

(AW) Plaza 25 de Mayo, frente a Tribunales, ciudad de Santa Fe.
10:30hs.


Ernesto Esteban Velázquez fue visto atendiendo un carro de comidas rápidas en la plaza central de la ciudad de Arroyo Seco. Vecinos de esa localidad dan cuenta de que el carrito lo guarda en la comisaría, beneficio del que no gozan otros presos que cumplen salidas laborales o libertad condicional. Con Velázquez en libertad, el único responsable material o ideológico vinculado a la represión de diciembre de 2001 que queda preso es Luis Quiroz, condenado a once años de prisión por el asesinato de Graciela Acosta. El pasado 26 de abril, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de la ciudad de Rosario absolvió de culpa y cargo a cinco policías que habían sido condenados en 2009 por falsificación de instrumento público y encubrimiento del asesinato de Claudio Lepratti. Los efectivos beneficiados fueron Marcelo Fabián Arrúa y Rubén Darío Pérez -chofer y acompañante respectivamente del móvil en donde iba Velázquez-; el ex jefe de la subcomisaría 20ª Roberto de la Torre; el ex jefe del Comando Radioeléctrico Daniel Horacio Braza; y el ex oficial de guardia de la sub 20ª, Carlos Alberto de Souza. Por su parte, nunca fueron procesados ni condenados los autores ideológicos y políticos de la salvaje represión de diciembre de 2001, entre ellos el máximo responsable, ex gobernador y actual senador nacional Carlos Alberto Reutemann. Los asesinados en la represión en nuestra provincia fueron nueve personas: Walter Campos, Rubén Pereyra, Yanina García, Graciela Acosta, Claudio Lepratti, Graciela Machado, Ricardo Villalba, Juan Delgado y Marcelo Pasini. Además de las decenas de heridos, muchos no conocidos por temor a represalias policiales...

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jueves, 12 de mayo de 2011

CON PROYECTOS Y NUEVAS GANAS SEGUIMOS CAMINANDO…

A l@s Compañer@s y Amig@s:

Agradecemos a las personas y organizaciones de Argentina, Chile y del resto de Latinoamérica, con l@s cuales, durante el pasado año 2010 tuvimos la oportunidad de compartir, trabajar y organizar. Cada ocasión de encuentro en los diferentes espacios sociales, políticos y culturales que nos avocamos a generar y apoyar tuvo gran significado en nosotras y nosotros.

La organización que construimos, la Videoteca Popular Bajo La Escalera (VPBLE), si bien genero humildes expectativas en cuanto al impacto social, en la práctica las supero con creces, sobre todo motivada por las reivindicaciones que tiene constantemente nuestro pueblo y de las cuales no podemos ser indiferentes. Desde el comienzo, nuestras posturas fueron claras y sinceras. Lo que intentamos hacer fue denunciar críticamente el simulacro de sociedad que “nos” quieren naturalizar, el neoliberalismo como profundización del capitalismo imperialista que busca ocultar y a la vez enajenar a las masas; esa es su fabula, pero que también se presenta y acciona de la forma más perversa y violenta hacia el “otro”, los pobres y marginados. Frente a esto, el plantearnos para atentar contra esta indiferencia que se naturaliza constantemente en la sociedad capitalista fue uno de nuestros objetivos. Fuere en la calle, las marchas, el piquete, el comedor, el barrio, en los foros, la universidad, es decir, en las trincheras que nos fuimos dando y en las cuales nos propusimos instancias de comunicación a diferentes problemáticas con el consecuente objetivo de politizar esos espacios.

En todas las actividades que realizamos, sentimos el apoyo de compañer@s de diversos lugares de nuestra América Rebelde e Insurgente, es por todo ello que la red de solidaridad, confianza y apoyo que fuimos construyendo nos hizo plantearnos la necesidad de profundizar nuestro trabajo.

Finalizado el 2010, comenzamos a generar nuevas expectativas en los esfuerzos futuros como organización. La necesidad de abarcar mayores ámbitos de interés colectivo como lo son, en primer lugar, la Investigación Histórica con el objetivo de rescatar la memoria de nuestros pueblos. No la historia de esos héroes patrios y hechos “gloriosos” que ofuscan la explotación y el menoscabo al cual son, y han sido, sometidos los pueblos a través de la historia. Queremos investigar otra historia, Nuestra Historia, desde abajo, desde nuestros pueblos originarios, criollos, inmigrantes, campesinos, obreros y populares, es decir, desde donde nacen y se gestan los procesos sociales que dieron como resultado nuestras identidades y contradicciones actuales. Por todo lo anterior, es que nos planteamos la necesidad de dar cuenta de aquellas voces silenciadas por el capitalismo hegemónico y por las Oligarquías Nacionales, por ello intentaremos construir una red a través de la cual circulen aquellas identidades, luchas, sufrimientos, alegrías y subversiones,para que sirvan de ejemplo a las generaciones jóvenes y para aquellas ya más longevas les haga nuevamente caminar de la mano de la rebeldía.

En segundo lugar, trabajaremos la Comunicación Audiovisual manteniendo la, ahora, Videoteca de la Resistencia y externalizando las investigaciones y discursos desarrollados previamente, considerando estos medios como un recurso social estratégico en un pueblo cada vez más dirigido por los medios de comunicación de los ricos y poderosos.

Estas son nuestras modestas provocaciones, que también son invitaciones para que desencadenemos nuestras esperanzas y volvamos a caminar con la convicción de generar juntas y juntos una América Rebelde y Solidaria.

GRUPO AUDIOVISUAL DE LA RESISTENCIA

Argentina, Mayo de 2011.

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Identifican restos, cuatro eran muchachas embarazadas

martes 19 de abril de 2011


Identificaron los restos de cinco desaparecidos en la última dictadura y los entregarán a sus familias

La justicia federal porteña formalizó la identificación de los restos de cinco desaparecidos durante la última dictadura y ordenó su entrega los familiares, con lo cual el número total de desaparecidos cuyos restos quedaron identificados suman 200, informaron ayer fuentes judiciales.

Se trata de María Leonor Abinet, Gladis del Valle Porcel de Puggioni, Liliana Irma Ross de Rossetti, Norma Robert de Andreu y Miguel Ángel Soria, secuestrados en 1976, cuyos restos fueron exhumados en el cementerio municipal del partido de General San Martin en 1984 pero recién quedaron identificados ahora.

Según informó Horacio Cattani, presidente de la Sala II de la Cámara Federal porteña a cargo de todas las actuaciones relacionadas con la búsqueda de la verdad y destino final de las personas desaparecidas, las labores para estas cinco identificaciones las inició el Equipo Argentino de Antropología Forense en 2006.

Todos los cuerpos habían sido hallados en los primeros días de febrero de 1977, en la localidad de Ciudadela, en el Gran Buenos Aires, y según las partidas de defunción todas las muertes se produjeron por heridas de bala.

María Leonor Abinet tenía 31 años y estaba embarazada de siete meses cuando fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976 en Caseros y dio a luz en cautiverio a Elena Gallinari Abinet, la primera hija de desaparecidos restituida, en 1986.

Gladis del Valle Porcel de Puggioni fue secuestrada el 28 de octubre de 1976 cuando tenía 23 años y se encontraba embarazada de cinco meses, tras lo cual fue vista en los centros clandestinos de detención “Proto Banco” y “Vesubio”.

Liliana Irma Ross de Rossetti fue secuestrada el día 10 de diciembre de 1976 en La Plata, cuando tenía 21 años y cursaba el cuatro mes de embarazo, y fue vista en el centro clandestino de detención de 1 y 60 en La Plata, dependiente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

Norma Robert de Andreu, maestra y estudiante de arquitectura en la Plata, tenía 25 años cuando fue secuestrada el 16 de octubre de 1976 en Carhué, luego de lo cual fue vista junto a su marido también desaparecido, Edgardo Miguel Andreu, en el en el centro clandestino Pozo de Banfield.

El quinto identificado es Miguel Ángel Soria, un obrero de 25 años delegado en los Astilleros Rio Santiago y en el frigorífico Swift que fue llevado al centro clandestino de detención que funcionó en la Brigada de Investigaciones de La Plata.

Los restos óseos habían sido recuperados del Cementerio Municipal de General San Martín, en 1984, pero volvieron a ser inhumados en esa necrópolis luego de que la Asesoría Pericial de La Plata no lograra ninguna identificación.

Vueltos a exhumar en 2006 por orden de la Cámara Federal Porteña, se determinó que los restos correspondían a 35 personas, cuyos restos fueron sometidos a una “reasociación intraesqueletal” y enviadas las muestras a laboratorios cordobeses para los correspondientes análisis genéticos, “lo que permitió ir logrando paulatinamente las identificaciones”, señaló Cattani.

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Aviones de la muerte

Una de las aeronaves está en el museo de la base Comandante Espora, en Bahía Blanca. La otra, en un predio de una empresa privada en Esteban Echeverría. Página/12 revela dos nuevos testimonios sobre la metodología utilizada por las Fuerzas Armadas para deshacerse de los detenidos-desaparecidos.

Por Diego Martínez

Dos de los aviones usados por la Armada para desaparecer de la tierra a sus enemigos secuestrados en la ESMA permanecen en exposición. Se trata de modelos Lockheed L-188 AF Electra, el mismo que el ex capitán Adolfo Scilingo utilizó en su segundo vuelo, confesado hace ya catorce años. Ambos integraron durante la dictadura la 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, con base en el sector militar del aeropuerto de Ezeiza, última escala antes de la muerte. Mientras, la Justicia no esboza ninguna estrategia para identificar a los pilotos y tripulantes que participaron de los vuelos de la muerte.

El Electra mejor preservado, matrícula 5-T-2, bautizado Ushuaia, está en el museo de la base aeronaval Comandante Espora, en Bahía Blanca, y luce un “esquema de colores de baja visibilidad”: gris oscuro, descolorido por los años, con la bandera argentina en la cola. El segundo, matrícula 5-T-3 Río Grande, está desde 1997 en un predio de la firma Astilleros Irupé de Marina del Sur SRL, en Camino de Cintura al 8300 de la localidad de 9 de Abril, partido de Esteban Echeverría. Conserva los colores originales de la Armada, blanco con líneas celestes, aunque los emblemas de la fuerza fueron tapados.

La 1ª Escuadrilla Aeronaval de Sostén Logístico Móvil, que participó de los últimos eslabones del proceso de secuestro, tortura, muerte y desaparición, dependía de la 5ª Escuadra Aeronaval. Sus comandantes fueron los capitanes de corbeta César Enrique Avila en 1976 y José Roberto Fernández en 1977. La certeza sobre el uso de ambos aparatos para arrojar personas al mar surge de combinar la confesión de Scilingo con un dato originado en la burocracia naval: hasta 1982 la Armada tenía sólo tres Electra, todos “con portalón trasero con capacidad de ser abierto en vuelo”, según explicó una fuente con acceso a registros de la Marina al periodista Roberto Leiva, del diario Crónica. El tercero, matrícula 5-T-1, Antártida Argentina, habría sido desguazado y convertido en chatarra.

El piloto y blogger Carlos Abella, en su artículo “El Electra del Camino de Cintura”, detalló que el decreto de compra de la flota lo firmó el dictador Agustín Lanusse, pero que ingresaron al país tras el retorno del peronismo al poder. La fuente naval precisó la fecha: diciembre de 1973. Durante la guerra de Malvinas los Electra “prestaron servicio con el Grupo de Tareas 80.4 bajo el mando del capitán de navío Jorge Vildoza”, torturador de la ESMA prófugo desde 1986. “Los amplios interiores de los Electra” sirvieron para trasladar material bélico, personal y carga, apuntó Abella, que no mencionó el relato de Scilingo.

El empresario Jorge Ramírez compró el aparato con la idea de “conseguir un sponsor para pintarlo y obtener algún tipo de ingreso desde lo publicitario, ofreciendo la posibilidad de ganar un aerocartel de 36 metros de largo sobre el Camino de Cintura, vista obligada para los transeúntes”, contó el piloto. El proyecto incluía “una confitería con asientos enfrentados delante de un parque de recreación, con lago artificial destinado a actividades náuticas, situación que hasta el presente no prosperó”.

El abogado y periodista Pablo Llonto, que patrocina al padre de Norma Arrostito, asesinada y desaparecida luego de un año de cautiverio en la ESMA, solicitó al juez Sergio Torres que dicte una medida de no innovar sobre los dos Electra en exposición y que disponga su custodia con vistas a futuras inspecciones oculares y reconocimientos. Aún no obtuvo respuesta.

“El nivel de los subversivos”

La cita es un bar de Bahía Blanca. Roberto Venancio Del Valle, 62 años, suboficial de la Armada, integró en 1976 la 2ª Escuadrilla de Sostén Logístico Móvil de mecánicos de Ezeiza, que no operaba con los Electra sino con los más antiguos Douglas DC3, utilizados también para arrojar personas al mar. La 2ª Escuadrilla fue comandada por los capitanes de corbeta Norberto Horacio Dazzi en 1976 y Adolfo Guillermo Videla en 1977.

La cita es para hablar sobre la muerte de su hijo, cabo segundo Eduardo Del Valle, el 27 de agosto de 2007 en la base Espora. La versión oficial dice que se suicidó de un disparo en la cabeza. “Lo mataron”, afirma el padre. “No tenía ningún motivo. Algo escuchó o vio”, sugiere, y enumera: robo de accesorios de aviones, drogas, prófugos con protección. Agrega que tenía signos de violencia en la cabeza y que no confía en la Justicia. “A cinco días de la muerte, la secretaria del fiscal, sobrina del almirante Carlos Marrón, dijo que esperaban los resultados de las pericias para archivar la causa. Logramos la calificación de ‘muerte dudosa’ pero hasta ahí llegamos”, concluye. Consciente de que el hombre de manos curtidas ha hablado sobre los vuelos, Página/12 propone el tema:

Un día vi manchas de sangre en el patín de cola de un DC3. Abrí la puerta y vi restos de sogas, de unos cuarenta centímetros, y restos de ropas, pedacitos de telas como de camisas arrancadas. Pensé “hijos de puta, están matando gente”. Se corrió la bola, hubo malestar y, como a la semana, el comandante juntó a toda la Escuadrilla.

–¿Quién era el comandante?

–Capitán Dazzi.

–¿Qué les dijo?

–Que estábamos en guerra y que había que rebajarse al nivel de los subversivos para poder combatirlos. Ahí empiezan a involucrar a todos.

–¿A todos?

–A mí no me tocó, no sé por qué –responde. El hijo que lo acompaña escucha casi sin respirar–. “Muchos quedaron locos”, continúa. “¿Te acordás del que salía a correr desnudo?”, le pregunta al hijo, que sigue en silencio. “Creo que se suicidó. Otro quedó mudo”, agrega.

–¿Por qué había sangre?

–Les pegaban con una estaca de hierro en la cabeza. Me lo contó un muchacho que después gritaba cuando dormía, un mecánico que era soltero y vivía en Ezeiza.

“Nunca vi cuando traían a los secuestrados”, afirma Del Valle, aunque sabe que “había pendejitas chiquitas” y, para graficar, coloca sus manos casi pegadas al pecho. Agrega que los vuelos “se hacían siempre de noche”, que “ponían como operadores de tierra a civiles amigos” y que “no se registraba nada: esos vuelos salían sin comunicación”.

Página/12 se comunicó con el capitán Dazzi. El ex jefe de la Escuadrilla confirmó su destino de 1976 pero no respondió preguntas y sugirió que las debe responder la Armada. Consultado sobre la orden de “rebajarse al nivel de los subversivos”, cortó la comunicación.

El Colorado Ormello

Rubén Ricardo Ormello era en 1976 cabo segundo de la Armada. Tenía 21 años, era mecánico motorista y también prestaba servicios en el área militar de Ezeiza. Su recuerdo de los vuelos lo escucharon sus compañeros del hangar de aeroparque de Aerolíneas Argentinas, empresa a la que ingresó durante la dictadura. Página/12 confirmó el dato con dos fuentes que lo escucharon en lugares y momentos distintos. Ambos están dispuestos a declarar ante la Justicia.

“Escuché el relato en el hangar 2 de Ezeiza. Sería 1984 o 1985. Habíamos ido a reparar un Fokker F-28. El jefe de turno conocía la historia y le pidió que la repitiera”, recuerda el primer testigo. “Contaba que colocaban un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Venía un ‘tordo’ con un maletín y se paraba en el portón del avión. Se los bajaba ‘medio en bolas y como en pedo’ y con los ojos tapados. ‘Los sentábamos en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval. Los apilábamos adelante y cuando ya estaba listo salíamos a volar. Cuando nos avisaban empezábamos a arrastrarlos y los tirábamos por el portón’, contaba Ormello” y reconstruye el operario, ya jubilado.

“Yo lo escuché una madrugada en el hangar de aeroparque. El turno noche era el más distendido, se charlaba mucho. Eramos cuatro o cinco”, recuerda el segundo testigo, que reitera un relato similar. “Lo contó con frialdad, con naturalidad, como quien se limitó a cumplir una orden”, agrega.

Las dos fuentes citan un detalle que los paralizó. “Una vez trajeron a una gorda que pesaba como cien kilos y la droga no le había hecho el efecto suficiente –contaba Ormello–. Cuando la íbamos arrastrando se despertó y se agarró del parante. La hija de puta no se soltaba. Tuvimos que cagarla a patadas hasta que se fue a la mierda”, recordaba el joven suboficial, ya retirado y sin remordimientos.

Página/12 buscó a Ormello para darle la palabra. El encuentro debió concretarse el jueves 13 de agosto en su lugar de trabajo, el aeropuerto de Mendoza. No pudo ser: el ex marino viajó a Buenos Aires minutos después del arribo del cronista para embarcarse hacia Colombia. Por la tarde, en su caserón de Godoy Cruz, su esposa confirmó que “está de viaje” y “por mucho tiempo”. No facilitó ningún teléfono y tomó nota de los de Página/12. Ormello nunca se comunicó.

El mes pasado la Unión de Promociones Navales renegó desde las páginas del diario La Nueva Provincia por lo que llama “presos políticos”. Lamentó que Astiz, Acosta & Cía. “sean juzgados individualmente, como si hubieran cometido delitos en forma personal”, y aseguró que durante la dictadura existió una “participación integral” de la Armada. Tal vez los vuelos sean el mejor ejemplo.

dmartinez@pagina12.com.ar

http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-131277-2009-09-06.html

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miércoles, 11 de mayo de 2011

El corazón de Betty

La testigo de la causa Díaz Bessone, Beatriz Ifran, murió el fin de semana pasada como consecuencia de un infarto masivo. Beatriz fue secuestrada durante la última dictadura militar como su padre, Ernesto de los Santos Ifran y su marido, Fernando Moffa. Declaró el 18 de abril pasado en el juicio oral. Allí dijo: "Ellos podrían estar acá contando sus vivencias, fueron torturados, denigrados, no están acá para defenderse. Vengo por ellos y por todos los que no pudieron defenderse porque murieron". Su corazón resistió poco tiempo más. "A menos de 20 días de esas declaraciones, Betty fallece como consecuencia de un infarto masivo. Declarar en el tribunal oral es reparador pero por otro lado puede ser muy angustiante, revivir épocas muy duras que te marcan hasta hoy. Betty no lo resistió", expresó Liliana Gómez, también ex detenida política. Desde la Asamblea de Ex Presos Políticos 22 de Agosto, despidieron con "un emocionado abrazo" a Ifran.

ANDH
agenciadenoticiasdh@mail.com

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Alegatos del juicio por Maldonado

Por Candela ((i)) - Tuesday, May. 10, 2011 at 1:21 AM

A tres semanas del comienzo del juicio por el asesinato de Juan Andrés Maldonado, en el día de ayer se presentaron los alegatos. La fiscalía pidió entre 16 y 7 años de prisión para los acusados, mientras que la querella exigió 25 años para quien habría asesinado a Maldonado, y 20 para quien habría entregado las armas.

El Tribunal Oral en lo Criminal N° 5 de La Plata, está juzgando desde hace 3 semanas a Fabián Giannotta, Carlos Felipe Garaña Morales, Ariel Orlando Evrett y a Gastón Haramboure, por el asesinato de Juan Andrés Maldonado el 9 de agosto del 2009 en las afueras del boliche Alcatraz. Durante la jornada de ayer las partes, leyeron los alegatos.

Comenzó la fiscalía, representada por Rosalía Sánchez. Haciendo un recorrido por las declaraciones de todos los testigos, la fiscal afirmó que "cerca de las 5 a.m del 9 de agosto del 2009 a metros del boliche Alcatraz, los imputados Evrett, Giannotta y Morales portaban armas aportadas por Haramboure. Evrett, Giannotta y Morales apuntaron a matar a un muchedumbre y que Giannotta mató a Maldonado". Además hizo hincapié en la complicidad policial, nombrando al policía Cuenca, quien habría cubierto a los imputados antes de esta causa y permitía que el boliche permaneciese abierto aun sin cumplir con los requisitos.

Finalmente Sánchez solicitó al tribunal que Fabián Giannotta cumpliese 16 años de prisión acusándolo de "autor penalmente responsable de homicidio agravado por el uso de armas de fuego". Para Carlos Felipe Garaña Morales y Ariel Orlando Evrett pidió 7 años por "autor penalmente responsable de tentativa de homicidio agravado por el uso de armas de fuego". En cuanto a Gastón Haramboure, lo acusó de "partícipe necesario" y solicitó 11 años de prisión, lo que produjo una convulsión en el servicio penitenciario que custodiaba la sala, ya que familiares del imputado se levantaron y salieron de la sala criticando a la fiscal y a la justicia.

Por otro lado la querella, representada por el abogado Francisco Sánchez Peralta, adhirió al alegato de Sánchez. Sin embargo pidió 25 años de prisión para Giannotta por el "autor penalmente responsable por el delito de homicidio agravado por el uso de armas de fuego" y remarcando la participación de Haramboure solicitó 20 años de prisión acusándolo de "autor penalmente responsable por el delito de homicidio".

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COMUNICADO DE LA COORDINADORA ANTIRREPRESIVA Y POR LOS DERECHOS HUMANOS DE CORDOBA.

REPUDIAMOS LAS AMENAZAS DE MUERTE A MÓNICA SONZINI

RESPONSABILIZAMOS A LA CÚPULA POLICIAL, LOS MINISTROS CASERIO Y ANGULO, EL GOBERNADOR SCHIARETTI Y EL INTENDENTE ACCASTELLO

Acaba de trascender que el domingo 8 de mayo, Mónica Sonzini, integrante de Vaccap (Vecinos Autoconvocados Contra el Abuso Policial), delegada gremial docente y militante del Partido Obrero en Villa María, fue amenazada de muerte por vía telefónica. Una voz masculina le dijo “si seguís jodiendo te queda poco tiempo”.

El día anterior, los diarios de Villa María publicaron en sus tapas una fuerte denuncia de abusos policiales contra menores de edad, que fueron detenidos de manera totalmente ilegal y golpeados. Mónica Sonzini jugó un papel decisivo, junto a otros compañeros de Vaccap para obtener la libertad de los chicos secuestrados ilegalmente por la Policía, y luego en la denuncia pública de los hechos.

Sonzini ya ha sufrido represalias por su incesante denuncia contra los abusos policiales. Por esto, ha sido víctima en dos ocasiones de detenciones arbitrarias y brutales golpizas por parte de la Policía. En ambas ocasiones, Mónica se encontraba reclamando por la detención ilegal de menores.

Ni la Justicia ni la Policía de la Provincia han determinado las responsabilidades de estos abusos. Por el contrario, en la segunda ocasión, el fiscal Atienza prolongó deliberadamente y con saña la detención de la docente.

Al igual que gran parte de nuestra provincia, la ciudad de Villa María se ha convertido en un coto de caza contra la juventud. Con el auxilio ‘legal’ del anticonstitucional Código de Faltas, la Policía persigue a jóvenes (y ahora también a niños), los secuestra, golpea y mantiene amedrentados.

Caben claras responsabilidades políticas: a la cúpula policial;, al gobernador Schiaretti, bajo cuya gestión han aumentado exponencialmente los abusos policiales, en línea con el incremento de la cantidad de agentes; al Ministro de Gobierno Carlos Caserio, responsable de la Policía, al Ministro de Justicia Luis Angulo, al Poder Judicial de la Provincia y al Intendente Eduardo Accastello (que en sus 12 años de gobierno ha alentado este régimen de abusos policiales; casualmente, Gustavo Atienza, el mismo fiscal responsable de perseguir a Mónica Sonzini, ha archivado sistemáticamente todas las causas que se le han abierto a Accastello con denuncias por enriquecimiento ilícito y otros delitos).

Responsabilizamos a los funcionarios arriba mencionados de la integridad física de Mónica y exigimos el inmediato esclarecimiento y detención de los autores de las amenazas.

¡Basta de persecución a la juventud y los luchadores!

¡Anulación del Código de Faltas!

COORDINADORA ANTIRREPRESIVA Y POR LOS DERECHOS HUMANO

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martes, 10 de mayo de 2011

Capital Federal: Acampe y Radio Abierta frente al IVC. Martes 10/05/11

Desde el 5 de mayo, frente al IVC, en Carlos Pellegrini y Perón.

Por el acceso a una vivienda, entre otros reclamos.


A 5 meses de la toma del Indoamericano tanto el gobierno kirchnerista como el Macrista, que son los responsables políticos del déficit habitacional en la ciudad y en el país y por lo tanto del hecho político que significó la misma en diciembre del 2010, ni siquiera han cumplido lo que prometieron cuando lo desalojaron de anunciar en 120 días un plan de construcción de viviendas, no hubo anuncio y no hay construcción de viviendas para los trabajadores y el pueblo, ni hay justicia para los compañeros asesinados, ni desprocesamiento de los luchadores. El acceso a la vivienda digna es un derecho. Ni la vivienda, ni la salud, ni la educación, ni el trabajo nos serán regalados. Por eso estamos acá decididos a luchar, exigiendo planes de construcción de viviendas populares. Convocamos a sumarse a esta medida de lucha a las organizaciones, cooperativas de vivienda, y vecinos, que afectados por la emergencia habitacional quieran sumarse con sus demandas. Con el objetivo de que los sectores populares seamos escuchados un conjunto de organizaciones, vecinos y cooperativas de vivienda, decidimos este ACAMPE por tiempo indeterminado frente al Instituto de Vivienda de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (IVC) ante la falta de respuesta de los gobiernos de la nación y de la ciudad, continuamos denunciando la política habitacional que nos niega el acceso a un techo. Reclamamos: Planes de Vivienda Popular: Que los Gobiernos de la Nación y Ciudad Construyan, como prometieron al desalojar el Indoamericano en diciembre de 2010. Juicio y Castigo a los Asesinos de los Compañeros del Indoamericano. Desprocesamiento de Todos los Luchadores. Presupuesto para la Construcción de Viviendas. Urbanización de las Villas para todos sus habitantes, con control de los vecinos y sus organizaciones sociales y políticas SIN CLIENTELISMO político. Basta de Desalojos, suspensión inmediata de los mismos. Por solución habitacional definitiva. Alquiler social, que no supere el 20% del Ingreso familiar, con garantía estatal. Aumento del Presupuesto para Vivienda Popular y ejecución total del mismo con control de vecinos y organizaciones sociales. Apertura de los programas de crédito blando como la ley 341 y ejecución real de todas sus etapas: compra terreno, inicio de obra, avances de obra escrituración. Que se otorguen los créditos individuales sin clientelismo político. Por una ley de Emergencia Habitacional con programa y presupuesto real. Programa real de vivienda transitoria hasta la vivienda definitiva. Que se destinen los programas de vivienda social todos los inmuebles del IVC. No a la Venta de los terrenos del IVC, ni de tierras e inmuebles del estado. Impuesto a la vivienda ociosa.


Actividades: Radio abierta permanente. Asambleas de lunes a viernes a las 19 hs.

Convoca–Contacto:

Movimiento por Vivienda Popular. MTL Rebelde; Cooperativas Ley 341, Coop. Dulce Hogar, Coop. Congreso, Coop. Domingo 7, Coop. 10 de Noviembre, Coop. Uritorco, Coop. Social de Flores, y otras; MP La Dignidad; MTD Aníbal Verón (CTA); Asamblea de Flores (CTA); TPR; Agrup. Villera Piquetera; Movimiento Resistencia Popular; Tupinamis; Sergio 15-5771-3018 / Cesar 15-6321-9797 / Mingo 15-5497-0232 / Rafa 15-5183-0629 / Laura 15-6360-8244 / Alejandra 15-5717-7270

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