Para mediados de 1947, segundo año del primer gobierno de Juan Domingo Perón, hacía ya más de medio siglo que en el Norte de Argentina, se había impuesto el régimen de colonias aborígenes (antes llamadas reducciones). Estas colonias eran fundamentales para el sistema de control de la población originaria sobreviviente del genocidio iniciado cuatrocientos años antes por los conquistadores españoles. Eran una versión renovada de las antiguas reducciones religiosas y estatales, y concentraban a miles de personas de distintos pueblos que el Estado argentino sometía al trabajo esclavo para satisfacer las necesidades de ingenios, algodonales y obrajes. El Ministerio del Interior era el organismo de gobierno que velaba por el buen funcionamiento del régimen de colonias. La policía y la Gendarmería Nacional , tenían a cargo el disciplinamiento y la represión. En 1947 los Pilagá que habían sobrevivido a sucesivas campañas de exterminio estaban siendo desplazados a tierras áridas o inundables. Aislados, y con su territorio reducido, no tenían otra salida que buscar trabajo en las industrias. En octubre del 1947, en La Bomba , un paraje cercano a Las Lomitas, se cree que unos dos mil Pilagá se habían reunido para recibir de boca del carismático Tonkiet (Luciano) la noticia sobre un Nuevo Dios escrita en un libro hasta entonces desconocido para ellos: La Biblia. Las danzas y los tambores se mezclaron con los himnos bíblicos y resonaron durante muchas noches, y en el regimiento 18 de Gendarmería, distante a sólo un kilómetro del paraje comenzó a gestarse la represión planificada y ordenada por el Estado. La indisciplina tenía que cesar, la gente debía ser encerrada en un espacio controlado para ser enviada a trabajar. Aquella expresión de libertad cultural y religiosa podía ser contagiosa y el escarmiento no tardó en llegar. El día 10 de octubre, al caer la tarde, la Gendarmería Nacional apuntó sus armas contra la multitudinaria reunión, fusilando a cientos de personas. De acuerdo a los testimonios de los sobrevivientes, la matanza se extendió varios días. Después de los fusilamientos del día 10, se iniciaron las persecuciones de testigos a través de los montes, las mujeres sufrieron violaciones y hubo más fusilamientos en las comunidades cercanas. Muchos niños murieron por las heridas de bala. Muchos ancianos y murieron vencidos por el cansancio y la sed, acorralados por las tropas que patrullaban el acceso a los arroyos. Los cadáveres no pudieron ser sepultados y continúan desaparecidos. Los sobrevivientes recuerdan las capturas y el encierro final. ¿Cómo pudieron ocultarse estos hechos durante tanto tiempo? Durante más de sesenta años el pueblo Pilagá no tuvo oportunidad de contar lo sucedido, el terror fue sembrado con éxito, y también la mentira. Algunos historiadores, antropólogos y medios de comunicación hicieron su aporte para cubrir estos crímenes con un manto de silencio. Sin embargo la memoria de los sobrevivientes permaneció en espera de ser escuchada. En el año 2006 la masacre de La Bomba da lugar a una demanda contra el Estado Nacional de características inéditas en el derecho argentino, fundada en los principios jurídicos de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. El juez federal Mario Bruno Quinteros ordena que un forense trabaje en la búsqueda de restos humanos y los sobrevivientes inician junto a él la búsqueda de sus familiares desaparecidos. Este es el punto de partida para una lucha largamente demorada: la de la búsqueda de la verdad en la que deberán embarcarse las generaciones presentes y futuras. Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio revela hechos deliberadamente ocultos, sin ser una película sobre el pasado, sino un vehículo para entender el presente. Está hecha de retazos de memorias personales que dan cuenta de una historia que urge conocer y asumir: la del genocidio de los pueblos originarios de la Argentina.
lunes, 23 de mayo de 2011
Se presenta en La Plata el premiado film documental: Octubre Pilagá, relatos sobre el silencio.
Las Abuelas pueden esperar tranquilas.
En la Cámara de Representantes (diputados) de los Estados Unidos, 214 miembros pasarán a la historia por haberse negado a desclasificar documentos de inteligencia que ayuden a identificar nietos secuestrados en la dictadura argentina. A la cabeza estuvo el republicano Mike Rogers, diputado por Michigan y presidente de la Comisión de Inteligencia. Su argumento: “Tenemos que dedicarnos de lleno a Al Qaida. El tema de la Argentina puede esperar. Ya esperó 25 años. Unos años más no harán la diferencia”. Maurice Hinchey, veterano de la Marina, opositor de la guerra de Irak del 2003 y diputado por Nueva York, fue el autor del proyecto de desclasificación y encabezó la minoría de 194 miembros que perdió la votación. Ni Rogers ni su staff contestaron las preguntas enviadas por este diario. Consultado por Página/12, un vocero de Hinchey dijo ayer por la tarde: “No hay ninguna razón para sospechar que la iniciativa de Hinchey podría significar un problema para los esfuerzos en la lucha actual contra el terrorismo. Pensar eso sería ridículo”. Hinchey había piloteado una iniciativa similar para Chile en 1999. Tuvo éxito: los organismos de Inteligencia desclasificaron entonces 24 mil documentos que fueron útiles a la Justicia chilena. En la Cámara baja la mayoría demócrata es de 240 contra 192 republicanos. El voto sobre la Argentina, de 214 contra 190, revela que además de los ausentes no todos los demócratas votaron por el proyecto de Hinchey. En el caso argentino, el Departamento de Estado (Cancillería) ya desclasificó un pelotón de documentos. Hinchey buscaba que hicieran lo mismo la Agencia Central de Inteligencia (CIA) y la Oficina de Investigaciones Federales (FBI). También los argumentos de Hinchey quedaron registrados para la historia de los derechos humanos. Esta fue la secuencia de su argumentación en la Cámara de Representantes: - La Argentina y otros regímenes militares del Cono Sur realizaron la Operación Cóndor, que consistió en la captura y el asesinato de disidentes a través de las fronteras. - La mayoría de los 30 mil desaparecidos fueron torturados y arrojados al agua. - “Durante la dictadura, cientos de chicos nacieron en cautiverio y fueron entregados a miembros de las fuerzas de seguridad, mientras que sus madres presuntamente eran asesinadas.” - “Se descubrió la identidad de muchos de estos chicos, pero la mayoría no se conoce.” - “Dada la relación estrecha (de los Estados Unidos) con sus contrapartes argentinas de las comunidades de inteligencia, seguridad y militar, es probable que la documentación de la comunidad de Inteligencia de los Estados Unidos contenga información de gran valor útil para apoyar las nuevas investigaciones sobre la búsqueda de los hijos de los ‘desaparecidos’.” - “Recomiendo que la Cámara se dirija al director nacional de Inteligencia para que suministre a los paneles de inteligencia de la Cámara y del Senado información relacionada con las violaciones a los derechos humanos del gobierno militar en la Argentina y que también sirva para echar algo de luz sobre los niños nacidos en cautiverio.” - “Miles de familias esperaron más de 30 años para conocer el destino de sus seres queridos y hoy tenemos la oportunidad de hacer una contribución significativa a la verdad y a la justicia y ayudar el cierre de un capítulo problemático de la historia argentina.” En su refutación de Hinchey, Rogers admitió que se trataba de un “asunto particularmente difícil en la Argentina” y que tal vez un pedido como el de su colega por Nueva York “pudiera aportar cierta información que terminara atenuando las heridas”. El problema, para el republicano por Michigan, es que aceptar el criterio de Hinchey “dañaría el esfuerzo actual de lucha contra el terror”. ¿De qué modo? Así: “Podría desviar a la comunidad de inteligencia de su misión de proteger a los Estados Unidos y nuestros intereses respecto de las amenazas actuales”. Y así: “Cuando uno piensa sobre qué difícil es obtener algo de información e identificar un alias en árabe, se da cuenta de que el aparato entero de inteligencia estuvo años tratando de desarrollar la pista que nos permitió traer a Osama bin Laden a la Justicia”. En su negativa a ayudar a las Abuelas, Rogers argumentó que la comunidad de Inteligencia reclama “más analistas y más recursos humanos”. Para él la iniciativa de Hinchey, “a pesar de su buena intención”, sería un perjuicio porque absorbería “recursos para un problema que tiene 20 o 30 años de antigüedad”. “Lo lamento, pero hoy no podemos darnos ese lujo”, dijo Rogers. “La comunidad de inteligencia está preocupada porque los próximos seis meses serán cruciales y Al Qaida buscará retomar posiciones luego de haber perdido a su líder inspirador y sus puestos operacionales para lanzar un nuevo ataque. Tenemos que dedicar cada minuto de nuestro día a identificar a los que quieren matar norteamericanos o a ciudadanos de nuestros aliados.” Agregó Rogers que “no es momento de interrumpir a nuestros analistas en contraterrorismo, a nuestros oficiales, a la CIA o a cualquiera de nuestras agencias de inteligencia ocupados en combatir a Al Qaida y ponerlos en actividades que sucedieron en la Argentina 25 años atrás”. Hinchey no se dio por vencido. Dijo que no era verdad que su proyecto tuviera algún costo significativo. “La operación (Cóndor) ocurrió en el pasado. La información que queremos obtener está disponible ya mismo. No insumirá recursos importantes y puede conseguirse muy muy rápido. Lo que pasó en la Argentina debe corregirse. Fueron hechos violentos que afectaron profundamente a la sociedad y se dieron en el contexto de muchas, muchísimas familias, muchas de ellas completamente inocentes. Los perjuicios fueron desastrosos. Lo que proponemos se puede realizar con facilidad y rapidez y la última vez que lo planteamos fue una iniciativa apoyada por todos de manera unánime.” El diputado por Nueva York pidió a la oposición republicana que reconsiderase su postura. “Piensen bien en esto, en cuán importante es para la Argentina y para los Estados Unidos y con qué facilidad puede llevarse a la práctica. Nadie lo objetaría. Necesitamos hacerlo. Es algo honesto y será positivo, además de efectivo.” Cuando consiguió por última vez el uso de la palabra, Rogers aludió a su propia experiencia. Con todo respeto por la pasión demostrada por Hinchey, contó que él mismo fue agente del FBI y sabe lo que significa un minuto para un oficial. “Es un minuto que se quita de un caso, de la búsqueda de información, de una investigación, del tiempo de alguien que trabaja como analista u opera en el terreno para conseguir datos y procesarlos.” Fue en ese punto de su respuesta que Rogers dio su opinión en el sentido de que la restitución de chicos hijos de padres secuestrados y asesinados podía esperar, porque ya había pasado mucho tiempo. “Es probable que los próximos años no marquen una diferencia para este tema, pero sí serán importantes para la vida o la muerte de ciudadanos norteamericanos a manos de Al Qaida”, dijo. El presidente de la Comisión de Inteligencia dijo tener la esperanza de que el caballero, es decir Hinchey, no piense que él condena su esfuerzo. Simplemente, se trata de una cuestión de “prioridades de seguridad nacional”. El proyecto original del diputado por Nueva York pedía información y documentos sobre la Secretaría de Inteligencia del Estado, el batallón de Inteligencia 141 de Córdoba, el 601 del Estado Mayor, el 121 de Rosario, y también detalles sobre operaciones de colaboración con fuerzas de Brasil, Paraguay, Uruguay. Sobre los chicos nacidos en cautiverio, solicitaba información disponible que diera cuenta de los campos de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada, Automotores Orletti, La Perla, Campo de Mayo e Institutos Militares. Si la comunidad de Inteligencia se rehusara a desclasificar un documento, Hinchey quería saber de qué manera ese documento podía herir la seguridad nacional de los Estados Unidos. Pero Rogers y 213 diputados más opinaron que las Abuelas tienen tiempo y pueden esperar.
Por Martín Granovsky
domingo, 22 de mayo de 2011
Diálogo abierto con Atilio Boron este martes 24 de Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100
Cátedra Che Guevara
Universidad de los Trabajadores - IMPA
Todos los martes de 19 a 21 hs. en Rawson 106, a dos cuadras de Avenida Rivadavia al 4100
Martes 24 de mayo
Diálogo abierto con
Atilio Boron
sobre su nuevo libro
ROSA LUXEMBURG:
"¿Reforma social o revolución?"
Martes 31 de mayo
El Che Guevara y la historia de América Latina
(próximamente enviremos los textos del Che sobre este tema para debatir ese martes 31)
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Detenido un represor a partir de testimonios de ex conscriptos
Legajos desaparecidos
sábado, 21 de mayo de 2011
La Cámara Federal de Mar del Plata rechazó un recurso de apelación por la acción penal a miembros de la CNU.
Las defensas de los imputados plantearon la prescripción de la acción, lo que fue rechazado en ambas instancias.
Para los camaristas, “los delitos por los cuales el Fiscal Federal ha requerido instrucción habrían sido una multiplicidad de asesinatos ocurridos en los años 1975 y 1976 y cometidos por integrantes de la Concentración Nacional Universitaria (CNU) contra militantes peronistas de izquierda, delitos que se llevaron a cabo a través de recursos estatales y de acuerdo con la política que descendía de los escalones más altos del gobierno nacional”.
Para justificar la categoría de crímenes de lesa humanidad para estos hechos, los jueces indicaron que “ha quedado claro a partir del relato efectuado que existen razones, generadas por la prueba reunida en esta causa, para pensar que los integrantes de la CNU tuvieron intervención en la multiplicidad de delitos denunciados, los cuales fueron cometidos por ellos de manera planificada, a través de la utilización de recursos materiales y humanos del Estado, y de acuerdo con una política, alentada o tolerada por el aparato estatal, de persecución a militantes del peronismo de izquierda y de su eliminación”.
“En tales condiciones, los hechos denunciados pueden calificarse como crímenes contra la humanidad, respecto de los cuales, como sabemos, el instituto de la prescripción no procede”, concluyeron los magistrados.
Fuente: www.cij.gov.ar
El Congreso docente rechazó los términos de la multa y decidió seguir con el paro
Como lo informáramos ayer, la Subsecretaría de Trabajo multó a la ADOSAC (Asociación Docentes de Santa Cruz) al pago de 700 mil pesos por los días de paro, al no acatar la conciliación obligatoria dispuesta por el organismo y de la misma manera actuó con AMET (Escuelas Técnicas) gremio al que le impuso una punición de 50 mil pesos. En ambos casos, la multa fue rechazada.
El Congreso Docente que se llevó a cabo en la localidad de Pico Truncado en la tarde de ayer decidió sostener la medida de fuerza por tiempo indeterminado, que ingresa al día 35, recurrir a la Justicia interponiendo una apelación y continuar con la planificación de medidas de protesta, considerándose entre ellas el bloqueo de los accesos a los organismos encargados de viabilizar las inscripciones de los docentes suplentes para cubrir los cargos acéfalos por huelga.
Por su parte los padres han comenzado a generar reclamos ante las autoridades educativas, presentando requerimientos de normalización ante el Consejo Provincial de Educación, tal como sucedió en la tarde de ayer con 14 padres de la cuenca carbonífera que acudieron al CPE y al gremio de la ADOSAC, donde entregaron un petitorio en el cual llaman a las partes a una rueda de conciliación que resuelva el reinicio de las clases.
Los alumnos del nivel polimodal han comenzado a tomar protagonismo a nivel provincial y en localidades como Caleta Olivia, Pico Truncado, las Heras, Río Gallegos, Río Turbio y 28 de Noviembre, se fundaron distintos movimientos de alumnos autoconvocados que se reúnen, realizan sentadas en los establecimientos, para hoy está prevista una marcha en zona norte, realizan asambleas, invitan a padres, docentes y reclaman por los medios radiales, que tanto el gobierno como el gremio, resuelvan la situación porque esto lleva irremediablemente a la pérdida del año lectivo, con el mayor daño puesto en los cursos que deben articular contenidos con los niveles mayores de la educación, por ejemplo, los de EGB a polimodal o aquellos que terminan el secundario y pasan a la universidad.
Otro de los factores que rebela a padres, alumnos y docentes, es la decisión de las autoridades del CPE de poner en marcha el acuerdo 078, por el cual los docentes y directivos en huelga pueden ser sustituídos por docentes suplentes y en algunos casos idóneos.
Los alumnos sostienen que a nadie le importa la calidad de educación que reciban, los padres en su mayoría están de acuerdo con encontrarle una salida al conflicto pero piensan que no es adecuado tomar docentes sin currículum, sin pasar por determinados filtros que aseguren la calidad de la educación y toman esta medida más como una salida política al conflicto que como un hecho educativamente redituable. Los docentes, por su parte, han visto incrementada su plantilla de paro, porque los Directivos de algunos colegios se niegan a recibir personal en estas condiciones, señalando que los mismos no cumplen con los requisitos básicos exigidos por la reglamentación y porque no saben en manos de quién están poniendo a los chicos; en tanto ven que la responsabilidad institucional de ellos al frente de las escuelas se ven sensiblemente debilitadas. “No sabemos si el que ingresa tiene antecedentes o no, si llegó ayer y de dónde vino y nos piden que lo pongamos al frente de un grado con 40 chicos y nos hagamos responsables de que esa persona actúe decorosamente. Es inaudito e incomprensible que se piense en términos políticos y no de Educación”, manifestó ayer uno de los directores de escuelas consultados en la ADOSAC.
El gobierno provincial, decidido a no ceder en la coyuntura, considera que ADOSAC está traccionando a través de sus representantes más radicalizados y que lleva adelante una lucha sin otro objetivo que el político. Lo culpa de no acatar la conciliación obligatoria ni el fallo de la Justicia y por tal motivo cierra las puertas de cualquier acercamiento con la cúpula gremial.
El conflicto continúa, todos pueden contar cómo comenzó, pero nadie puede asegurar cómo terminará. (Agencia OPI Santa Cruz)
viernes, 20 de mayo de 2011
Sin respuesta
La recomendación del organismo incluye indemnizarlos como víctimas de violación de derechos humanos. Si el Estado no responde, ni resuelve, el caso irá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Mientras tanto, Lucas Matías Mendoza en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz; César Alberto Mendoza y Claudio David Núñez en la Unidad 4 de Santa Rosa, La Pampa; y Saúl Cristián Roldán Cajal y Diego Arce en la Cárcel de Almafuerte, Cacheuta, en Mendoza, continúan esperando sin, siquiera, tener una sola salida transitoria. Ricardo David Videla Fernández, fue el primero de los menores cuya condena a perpetua motivó la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, murió con un cinturón al cuello el 21 de junio de 2005, en una celda del módulo 11 A de máxima seguridad de la Penitenciaría de Mendoza. Según el Servicio Penitenciario, los guardias lo encontraron colgado de su cinturón. La pericia probó todo lo contrario: las marcas en el cuello indicaron que fue ahorcado desde atrás jalando con un cinturón. Unos días antes, Videla Fernández había escrito dos cartas en las que pedía el cambio de prisión porque tenía miedo de que lo mataran. La denuncia ante la Comisión por los casos de Claudio Núñez, Lucas y César Mendoza, fue realizada por la defensora general de la Nación, la Doctora Stella Maris Martínez. Los tres fueron condenados a penas de reclusión / prisión perpetua, por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad. El 26 de abril pasado, Luz Patricia Mejía, relatora de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, participó en una reunión conjunta de las comisiones de Legislación Penal, Derechos Humanos y Garantías y Niñez, Adolescencia y Familia de la Cámara de Diputados de la Nación. Asistieron también representantes del Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos, quienes leyeron una carta escrita por Lucas Mendoza, condenado por el Tribunal Oral de Menores Nº 1 de la Capital Federal a la pena de Prisión Perpetua por hechos cometidos cuando tenía dieciséis años de edad y alojado actualmente en el Complejo Penitenciario Federal II de Marcos Paz. Allí, Lucas cuenta: “Me resulta difícil explicar con palabras, lo que siento, lo que pienso, hay un dato que quiero destacar: me condenaron a una pena que era mayor a la edad que yo tenía, me mataron en vida, hoy con treinta años y un hijo de cuatro, con casi ceguera avanzada por desprendimiento de retina "ojo izquierdo producto de un golpe", ojo derecho, por cicatriz de toxoplasmosis. La mayoría de los elementos que hace a una vida normal, uso de celulares, internet, etc., los conozco de forma indirecta, por comentarios. Mi vida se quedó en el tiempo, me siento una persona totalmente disocializada. Toda mi posibilidad de socialización está limitada a mi familia y a los internos con los que comparto el encierro. No voy a eludir la responsabilidad de los hechos que me trajeron a la cárcel, solamente quiero destacar que era menor, que no tenía la suficiente madurez como para medir las consecuencias de mi comportamiento. Este es uno de los motivos para que los menores reciban un trato penal diferente”. La Convención Internacional de los Derechos del Niño establece en su artículo 37 inciso a): “No se impondrán la pena capital ni la prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años”. Argentina es el único país de Latinoamérica que tiene menores de edad condenados a la pena máxima. Recomendaciones que envió la Comisión Interamericana de Derechos Humanos al Estado Argentino, el 18 de noviembre de 2010. http://www.redeco.com.ar/nv/index.php?option=com_content&task=view&id=5732&Itemid=130 |
Hostigamiento y persecución contra un denunciante de comisaria sexta de La Plata
COMISION POR LA MEMORIA
Comunicado de prensa
GRAVE PERSECUCION POLICIAL, HOSTIGAMIENTO Y AMENAZAS CONTRA JOVEN QUE DENUNCIARA A LA COMISARIA SEXTA DE LA PLATA POR TORTURAS.
Se agrava la persecución policial contra joven que denunció torturas de la comisaría 6ta. Falta de respuesta de los funcionarios judiciales y del Gobierno de la Provincia.
Manifestamos nuestra más profunda preocupación y reclamamos a los órganos judiciales y al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires que se tomen medidas para garantizar la vida y la libertad de HECTOR ALEJANDRO ALONSO.
Alejandro Alonso denunció haber sido víctima de torturas en octubre de 2010, sindicando como supuestos autores a agentes policiales de la Comisaría 6ta de Tolosa. La víctima fue golpeada en la calle, lo pasearon en un patrullero mientras lo amenazaban con pegarle un tiro y arrojarlo al Río de la Plata, luego en la comisaría de Tolosa fue sometido a TORTURAS COMO SUBMARINO SECO, SUBMARINO HUMEDO, y UNA BRUTAL GOLPIZA por parte de una veintena de oficiales. En ese momento Alonso contaba con 17 años de edad.
Estos hechos fueron denunciados el día 6 de octubre de 2010 ante la Unidad Funcional Nº 4 de La Plata, a cargo del Dr. Fernando Cartasegna, quien hasta la fecha continua tramitando la causa caratulada como "Severidades, vejaciones y /o apremios ilegales" siendo que se trata del delito de torturas, asimismo no se ha imputado a nadie la comisión de estos delitos, ni citado a declaración indagatoria a mas de 7 meses de producidos los hechos.
La gravedad de la situación ha llevado a la Organización Mundial Contra la Tortura a solicitar a los Estados Nacional, Provincial y Municipal medidas de protección y de reparación a la víctima, como asimismo una pronta y exhaustiva investigación, apartando del cargo a los funcionarios responsables.
Los hechos de persecución y hostigamiento se han agravado a partir de una orden de allanamiento del 5 de mayo de 2011 solicitada por el mismo fiscal Cartasegna que entiende en la causa de torturas, quien, conociendo los padecimientos sufridos por la victima en manos de la policía avaló este allanamiento en el marco de una causa donde se lo menciona falsamente. El mismo fue extremadamente violento, con roturas en muebles, ropas, puertas. El día 8 de mayo varios autos particulares vidrios polarizados pasaron frente a su domicilio durante el día y la noche, con personal policial de civil. El 11 de mayo de 2011 a las 2,00 hs. un automóvil VWPolo gris con vidrios polarizados se detuvo frente a la casa de la victima y sacaron dos fotos.
Desde la denuncia de torturas la policía, además de constantes persecuciones y hostigamiento, le ha imputado más de una decena de causas, le han realizado varios allanamientos, lo mantuvieron 20 días detenido por una causa armada lo amenazan a él y a su familia, patrulleros de civil lo persiguen y se detienen en la puerta de su casa.
Las torturas padecidas han dejado secuelas graves en el joven, como pérdida de memoria, de la audición del oído derecho y gran temor.
Solicitamos a los órganos judiciales, al Estado Provincial y subsidiariamente al Nacional, responsable del cumplimiento de los tratados internacionales, que investiguen las torturas y se brinde protección al joven, para proteger su vida y que esta democracia no se cobre otra víctima de la violencia policial.
Alejandro Mosquera, Secretario Ejecutivo de la Comisión Provincial por la Memoria. 011-1531772269.
Roberto F. Cipriano García, Director del Comité contra la Tortura de la Comisión Provincial por la Memoria. 0221-156017695.
Director
COMITE CONTRA LA TORTURA
COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
Provincia de Buenos Aires, Argentina
Telefóno: 0221-15-6017695
"Nosotros no salimos a matar, fue un accidente"
(AW) El sargento Millanao intentó librar de culpa con estas palabras al agente Colombil acusado por el asesinato de Diego Bonefoi en junio de 2010.
Millanao: "No salimos a matar, fue un accidente". El Sargento Alfredo Millanao, quien compartió con Colombil el operativo durante el cual Diego Bonefoi fue asesinado, intentó exculpar a su compañero de fuerza. Dijo que perseguían a dos personas distintas, a unos 30 o 40 metros, cuando escuchó un disparo. Según su testimonio ante el Tribunal, Colombil le dijo: "se me escapó" un tiro. "Nosotros no salimos a matar, fue un accidente", afirmó. Enumeró los incumplimientos en la preparación y aporte de material para la realización de tareas de seguridad. Otros dos policías brindaron su testimonio, en un mismo sentido.
Millanao, sargento de la Policía, brindó su testimonio ante el Tribunal que juzga al cabo Sergio Colombil, y aseguró que el acusado de dar muerte a Bonefoi le dijo que se le "escapó" el tiro que terminó con la vida del joven.
Durante su testimonio intentó desvincular al imputado, y explicó que "no salimos a matar". Millanao confirmó que las armas del grupo de cuatro policías que actuaron ya estaba cargadas, porque venían de un procedimiento anterior por un robo en una Iglesia del barrio El Frutillar. Justificó que no descargaron las armas, ya que requiere "medidas de seguridad". Luego de ese operativo, según su relato, observaron al grupo que comenzaron a perseguir. Entre ellos estaba Bonefoi. Según el testimonio, los perseguidos comenzaron a correr y a tirar mochilas y otros elementos.
El sargento de la Policía indicó que corrió a otra persona, y que se encontraba a unos "30 o 40 metros" de la persecución que lideraba Colombil.
En varias oportunidades, el Fiscal de Cámara Carlos López contrapuso el testimonio con lo dicho por el sargento pocas horas después del hecho, durante la instrucción.
Durante varios minutos, el testigo detalló el lugar del inicio del procedimiento, así como las condiciones climáticas y de visibilidad, ambas escasas.
Según indicó, mientras corría a uno de los integrantes del grupo en la plaza del Barrio Boris Furman -con el arma en su cartuchera-, escuchó un disparo, y al acercarse al lugar pudo observar a Colombil y el cuerpo de Bonefoi en el piso.
"Cuando llegué Colombil miraba hacia mi, y el pibe estaba caído y sangrando. Pensé que lo había reducido", dijo, ya agregó que el policía acusado "tenía el garrote en la mano, y me decía 'se me escapó'".
El fiscal de Cámara le recordó que en esa oportunidad Colombil también le dijo "le pegué en la cabeza".
"No salimos a matar, fue un accidente", insistió, pero admitió que no observó que los perseguidos portaran armas. "Al que más cerca tenía no le vi ni las manos", agregó.
Fuente: El Mensajero