La agrupación HIJOS La Plata es el nombre con que durante sus 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina Genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Hoy, tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 44 juicios orales con sentencia en todo el país. Sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy.
Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.
En nuestra provincia es clara la politica de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70 % de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado.
La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.
Así como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.
A quienes se reagruparon en “H.I.J.O.S. Regional La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.
Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales al que hoy asistimos sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.
HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
LOS QUE LUCHAN Y LOS QUE LLORAN
“Y volví a encontrar dentro de mí una extraña, indefinible sensación de que desertaba, de que retornaba al mundo de los que lloran”.
Jorge Ricardo Masetti
“Los que luchan y los que lloran”.
En el mundo de los que lloran reina el desgaste de la memoria social. Allí, los lenguajes que otrora transportaban el proyecto emancipador pueden ahora servir para maquillar tanto políticas de representación de intereses sectoriales como de conciliación de antagonismos. En el mundo de los que luchan no hay años del Bicentenario. Desde hace siglos el capitalismo es siempre el mismo, y utilizando las mismas reglas nos recuerda que apenas cruzadas las puertas del tercer milenio, pueden existir desamparos límites que se corresponden con el inicio de la Revolución Industrial. En el mundo de los que lloran el hambre puede convivir con la mafia, porque es hegemónica la percepción cínica de la realidad, donde no hay malestar social que no sea plausible de ser pasado por la horma de la negociación constante entre fines y medios. En el mundo de los que luchan nunca existieron “derechos a medias”, porque la voluntad transformadora convierte al desposeído en “sujeto”, nunca en beneficiario de un status mejorado. En el mundo de los que lloran la Justicia parece incluir los palos en las cárceles, los tiros policiales en la nuca en los barrios, los desaparecidos en “democracia”, los desalojos represivos de los que se caen del margen social y las patotas sindicales que defienden con uñas y dientes sus privilegios, ya que esos son sólo efectos no deseados del esquema de elección entre el “mal menor” y el “mal mayor”.
En alguno de esos mundos, Camilo es hijo de Julio César Cagni y Nora Liliana Silvestri, secuestrados el 22/06/1977, en una casa en 46 entre 5 y 6 en La Plata. Matías y Martín son hijos de Carlos Alberto Moreno Max, en los ’70 abogado laboralista de los obreros del sindicato AOMA de la empresa de la Fortabat en Olavarría, Detenido-Desaparecido de Olavaria, secuestrado en la vía pública el 29 de abril de 1977. Diego es hijo de Lidia Nelida Massironi y Roberto Perdoni, militantes del ERP desaparecidos en junio de 1976. Claudia y Felipe son hijos de Héctor Aníbal Bellingeri, militante del PROA, desaparecido desde el 12/05/1977.
En alguno de esos mundos Yiya es hija de Haroldo Logiurato, militante del PROA, desaparecido el 12/06/1977. Andrea es hija de Luisa Marta Córica, asesinada el 7/04/1975 por la AAA. Gonzalo es hijo de Héctor Chávez, asesinado por la Triple A en 1975. Laura es hija de Adrián Claudio Bogliano y María Susana Leiva, secuestrados el 12/06/1977 en Villa Elisa. Camilo y Pía son hijos de Oscar Dionisio Ríos, conocido por sus compañeros como “chino” o “el cabezón “, secretario general del PCML, secuestrado el 02/11/77 en su domicilio en Capital y visto en el CCD El Banco.
En alguno de esos mundos, Lucía es hija de Gustavo García Cappannini, militante de Montoneros, detenido-desaparecido el 14/10/1976 en la provincia de Buenos Aires a la edad de 27 años, y de Matilde Itzigsohn, también militante de Montoneros y empleada de Astilleros Río Santiago, detenida-desaparecida en la ciudad de Buenos Aires el 16 /03/1977 a la edad de 27 años. Ramón es hijo de Arturo Baibiene y Elba Leonor Ramírez Abella, asesinado y secuestrada el 26 /04/1977 en su casa de Berisso.
Elba fue vista en el CCD La Cacha en junio de 1977. Permanece desaparecida. Ana es hija de Pablo Alberto Balut, conocido por sus compañeros como “el Turquito”, militante del PCML, jugador de rugby y comerciante, secuestrado a los 28 años en Mar del Plata el 24/10/77. Visto en los CCD Base Naval de Mar del Plata y Base Naval de Punta Indio.
En alguno de esos mundos, Ana Laura es hija de Mario Miguel Mercader y Anahí Fernández, secuestrados el 10/02/1977 en su casa de Tolosa, La Plata, y vistos en los CCD Comisaría 5° y Pozo de Banfield, respectivamente. Y Pablo Rivelli es hijo de Roberto Abel Rivelli y de Elba Beatriz Pirola, estudiantes de arquitectura de la UNLP, secuestrados en La Plata el 9/10/76.
Ninguno de los aquí nombrados, ni sus familias, han obtenido justicia ni condena sobre los represores responsables del secuestro y desaparición de sus padres. Pero sabemos que la lucha contra la impunidad de los crímenes del terrorismo de Estado en Argentina no es una lucha sólo individual o familiar, y así lo ha demostrado el proceso de construcción de memoria de casi 35 años que los organismos de Derechos Humanos han elaborado junto al pueblo comprometido en sus demandas. Esta es una lucha de toda la sociedad, contra de la impunidad de la barbarie de ayer y contra los abusos represivos de hoy.
Pese a ello, la trasnochada obsecuencia, los enjuagues des-ideologizantes y la campaña electoral de este año los motiva a juntarse en una agrupación kirchnerista que usurpa la identidad de lucha de16 años de una organización independiente de Derechos Humanos para destacar “los avances en el juzgamiento a represores”. Seguramente los aquí nombrados incluyen en ello los 47 juicios con condenas dispares que han servido para encarcelar a dos centenares de represores por los casos de unos 800 compañeros en estos 8 años de reapertura de las causas contra los genocidas.
Lo cual no invalida afirmar que esos procesos son fragmentados, parciales y reconocen sólo al 10 % de los dos mil y tantos procesados en estas causas, cifras mucho menores al total de genocidas que planificaron y ejecutaron el genocidio en nuestro país. Y que es innegable que por la tardanza misma que evidencia el proceso de Juicio Y castigo hay más represores muertos impunes que los efectivamente condenados.
Sin embargo, los aquí nombrados afirman que “hace 16 años, cuando nos organizamos, no había justicia; por eso elegimos como método el escrache, la condena social", y que hoy este 10 % de condenas sobre procesados es “Justicia”. Con total certeza, los aquí mencionados reconocerán que una herramienta de lucha social como el “escrache”, hoy hecha propia por amplios sectores populares en demanda de justicia, es impracticable con una situación de “Justicia” que incluye represores prófugos, genocidas procesados e incluso condenados que gozan del beneficio extraordinario de la prisión domiciliaria, y cómplices civiles del terrorismo de Estado, integrantes del poder judicial, del ministerio público y de las empresas líderes de la burguesía local, que jamás vieron cuestionado su accionar encubridor del genocidio.
Con lo cual no habría más motivos para seguir luchando y resistiendo.
Como los aquí mencionados aseveran que “falta mucho por recorrer, que todavía no hemos podido encontrar cerca de 400 hermanos que se encuentran secuestrados por los genocidas y sus cómplices, que la justicia no será definitiva hasta que queden presos todos y cada uno de los responsables del genocidio cívico-militar", se los reconoce socialmente como militantes que organizan sendas comisiones de “Hermanos” para buscar la identidad de los jóvenes apropiados y de “Legales” para seguir las causas contra los genocidas y explicarle a la sociedad de qué se trata este proceso de juzgamiento y cuáles son sus distintos matices..
Pero sobre todo, los arriba aludidos hacen su opción política, y enfatizan que “participamos y estamos orgullosos de este proceso de transformación del Estado que desde aquel 25 de Mayo tiene como unos de sus objetivos principales la construcción de un país justo, libre, soberano y emancipador, tal como lo soñaron nuestros viejos y nuestras viejas”.
Seguramente, lo que sus viejos y viejas soñaron es un país con desocupación, pobreza, hambre, desigualdad, clientelismo y represión, por eso el legado histórico de sus padres no se trata del mandato de luchadores revolucionarios, sino del de simples soñadores que apoyaron cualquier opción acuerdista y democrático burguesa que se les cruzó en su momento histórico. Con lo cual, para los arriba nombrados no sólo no hay motivos hoy para seguir luchando, sino que la lucha fue siempre eso: la instrumentación de lo exclusivamente posible, o una simple valoración moral entre fines y medios.
Con todo, individual o socialmente, siempre estamos obligados a decidir…a elegir si integramos las trabajosas filas de los que luchan o el tránsfuga campo de los que lloran. Nosotros decidimos.
HIJOS LA PLATA
Alejandro Herrero, el abogado defensor del ex policia Luis Alberto Rodriguez Vazquez, imputado en una causa por delitos de lesa humanidad en el año 1976 en Mendoza (la cual fue suspendida per este hecho), murió este martes. Fue arrestado por la tarde porque había ingresado, muy exaltado, a dos negocios diciendo que la Policía lo perseguía.
