Convocamos a movilizar hasta los Tribunales de Comodoro Py (2002) para reclamar la condena en cárcel común y efectiva a todos los genocidas, por todos los compañeros.
El centro clandestino de detención.
El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”. Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.
Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
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Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.
La Causa
En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este CCD. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
El centro clandestino de detención.
El campo de concentración ubicado entre el Camino de Cintura y la Autopista Riccheri empezó a funcionar en agosto de 1975, más de seis meses antes del golpe genocida del 24 de marzo de 1976. En ese momento, lo llamaban “La Ponderosa”. Después de que los militares se hicieran con el control del aparato estatal, se lo empezó a designar “El Vesubio”.
Según estimaciones de sus sobrevivientes, por ese campo de concentración habrían pasado cerca de 2500 personas para ser, en su gran mayoría, desaparecidas. Los escritores Haroldo Conti y Héctor Germán Oesterheld se cuentan entre las víctimas de Vesubio, así como el cineasta Raimundo Gleyzer.
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Un terreno poblado de eucaliptos daba la macabra bienvenida al Vesubio. La represión que se ejercía en ese centro clandestino se dividía en tres casas. La “casa 1” era donde residía el jefe del campo. La “casa 2” o también llamada enfermería era la que concentraba las salas de torturas mientras que la “casa 3” era la que servía para mantener secuestrados a la mayoría de los detenidos: los hombres en una sala y las mujeres en otra. También había una pileta de natación, vestigio de los tiempos en que el Vesubio servía como centro de recreación para el Servicio Penitenciario Federal (SPF). Desde el 24 de marzo de 1976, el centro clandestino quedó bajo la órbita del Primer Cuerpo de Ejército a cargo del genocida Carlos Guillermo Suárez Mason.
El primer jefe de ese centro clandestino fue el prefecto Alberto Neuendorf (alias Neuman o El Alemán). Después le siguió el mayor Pedro Durán Sáenz (Delta), recientemente fallecido impune, y más tarde, el coronel retirado Gustavo Cacivio (El Francés, identificado el año pasado y que por lo tanto quedó fuera de este proceso). El Vesubio funcionó hasta 1978. Ante la proximidad de la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), los represores demolieron las instalaciones. Intentaban borrar las pruebas de los secuestros, las torturas, las violaciones, los asesinatos y las desapariciones allí perpetradas.
La Causa
En 1983, un grupo de sobrevivientes denunció la existencia de este CCD. Así fue como se abrió la causa 1800 en el Juzgado Penal N°7 de Morón, a cargo de Alfredo Ruíz Paz. Ese mismo año se realizaron varias inspecciones oculares. La causa quedó paralizada desde que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Tras los años de lucha que posibilitaron su anulación en 2003, la investigación se reactivó. En julio de 2008, el juez Daniel Rafecas elevó a juicio a sólo ocho de los tantos genocidas que operaron en El Vesubio por sólo 156 casos de los miles de compañeros/as que pasaron por ese campo de tortura y muerte, repitiendo una táctica habitual en los juzgados argentinos: desguazar las causas para de esta forma desdibujar la magnitud que tuvo el genocidio en nuestro país.
En febrero del año pasado, el TOF Nº4 comenzó a juzgar a estos represores:
- Héctor Humberto Gamen, 84 años, general de brigada retirado. Era segundo comandante de la Brigada de Infantería. Imputado por 76 privaciones ilegales de la libertad (PIL) y tormentos así como por 16 homicidios.
- Hugo Idelbrando Pascarelli, 81 años, coronel retirado. Era el jefe del área militar 114, donde funcionaba Vesubio. Imputado por 15 PIL y tormentos así como por 2 homicidios.
- Pedro Alberto Durán Sáenz, 75 años, oficial de inteligencia de la Brigada. Era el jefe del centro clandestino. Se hacía llamar “Delta”. Imputado por 63 PIL y tormentos así como por 14 homicidios. MURIÓ IMPUNE ESTE AÑO durante el transcurso del debate.
- Ramón Antonio Erlán, 65 años, penitenciario (R), alias “Pancho”. Imputado por 140 PIL y tormentos.
- José Néstor Maidana, 59 años, penitenciario (R), alias “el Paraguayo”. Imputado por 85 PIL y tormentos.
- Roberto Carlos Zeoliti, 63 años, ex penitenciario, alias “Sapo”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Diego Salvador Chemes, 57 años, ex penitenciario, alias “Polaco”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
- Ricardo Néstor Martínez, ex penitenciario, alias “Pájaro”. Imputado por 156 PIL y tormentos.
Sólo los penitenciaros están encarcelados mientras que los jefes del Vesubio llegaron a cada una de las audiencias en libertad.
Exigimos
En sus alegatos de abril, el colectivo Justicia YA! reclamó a los jueces del TOF 4 que reconozcan que en Argentina se perpetró un genocidio y que condenen por tal a sus ejecutores. La querella solicitó una pena de prisión perpetua para Pascarelli y Gamen y de 25 años para Erlán, Maidana, Zeoliti, Chemes y Martínez. También se exigió que todos los genocidas cumplan su condena en el lugar donde deben estar: en la cárcel común y efectiva. La desaparición de nuestro compañero Jorge Julio López deja en claro que las víctimas y todos los interesados en hacer justicia sólo podemos estar seguros si los genocidas están tras las rejas. El compañero Roberto Cristina, desaparecido en El Vesubio, les dijo a sus torturadores que iban a pagar lo que estaban haciendo. Para honrar su memoria y la de los 30 mil, estaremos el próximo jueves 14 de julio exigiendo:
JUICIO Y CASTIGO PARA TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS
PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!
Contactos de prensa:
- Guillermo Lorusso, AEDD, (011) 1551798041
- Dra. Liliana Mazea (011) 1558169178
- Dra. Sabrina Dentone (LADH) (011) 1549362704
Justicia YA! Buenos Aires está integrado por:
Asociación Anahí, Asociación Gremial Docente de la UBA;Abogados Laboralistas de Izquierda (ALI), Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos; Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro de Abogados por los Derechos Humanos (CADHU); Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de Acción Jurídica (CAJ); Comité de Defensa de la Etica, la Salud y los Derechos Humanos (CODESEDH); Comisión de DDHH de Uruguayos en Argentina; Comisión de DDHH del Partido Comunista; Comisión por los DDHH de Trenque Lauquen; Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI); H.I.J.O.S. Regional Oeste; Instituto de Relaciones Ecuménicas; Liberpueblo; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); Vecinos de San Cristóbal contra la Impunidad.
