| Lunes, 05/03/12 | ||
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| Santa Cruz: cómo se espía a trabajadores en el sur El gobernador Daniel Peralta eliminó un organismo que practicaba inteligencia ilegal. Denuncias de espionaje en la provincia presidencial. “Para que nadie dude de que en mi Gobierno se respetan los derechos constitucionales” fueron las palabras de Daniel Peralta al anunciar la eliminación del Departamento de Información Policial (DIP) de la institución policial de Santa Cruz. |  | |
| La sorpresa para muchos pareció confirmar lo denunciado por la Mesa de Unidad Sindical (MUS) que reúne a más de 11 secretarios generales de los Gremios estatales de la Provincia: “En Santa Cruz las fuerzas de seguridad son utilizadas para espiar e investigar a manifestantes, delegados gremiales”. Días atrás la MUS (que se reunió para organizar un plan de lucha por aumentos salariales) emitió un documento después de ser trabajado en un plenario del que participaron más de 300 trabajadores, en el mismo se pidieron explicaciones sobre la implementación del Proyecto X en Santa Cruz, sus alcances y antecedentes. La disconformidad entre los representantes sindicales fue unánime al conocerse las explicaciones de la Ministro de Seguridad -Nilda Garré-. La respuesta ante las denuncias sobre el Proyecto X como programa de espionaje a manifestantes, delegados gremiales, con la explicación de que dicho programa sólo es una herramienta informática y que las fuerzas de seguridad nunca procederían antes las organizaciones sindicales sin una orden judicial, fueron rechazadas por unanimidad desde la Mesa de Unidad Sindical y condujo a una ratificación de la denuncia. “Pedimos al Estado Provincial nos informe sobre el alcance del Proyecto X en Santa Cruz y repudiamos todo tipo de metodología de espionaje e investigación a trabajadores”, fue parte del Documento emitido por los Gremios santacruceños. Desde el Gremio de Judiciales su Secretario General indicó que “la implementación de programas desde las fuerzas de seguridad han sido permanentes en Santa Cruz. Durante el 2007 hubo una oficina de la policía habilitada donde se tenían fotografías de delegados gremiales, sus datos personales, incluso números de patentes, lugares de trabajo, teléfonos, dirección. Era una panel lleno de fotografías”. “Voy a enviar a la legislatura un Proyecto de Ley para dar una nueva estructura orgánica de la policía, que viene a reemplazar la legislación que data del año 1972. Buscamos mayor eficiencia en la optimización y organización de los recursos en beneficio de la comunidad”, fueron parte de los fundamento del Gobernador Peralta cuando comunicó la supresión de la DIP. El DIP Departamento de Informaciones de la Provincia de Santa Cruz existe hace décadas, figurando dentro del organigrama policial como una dependencia de Operaciones. Fue creada en la época del Gobierno militar en los 70. En sus inicios se buscaba que sirviera como brazo de la justicia pero quienes conocen en detalle el funcionamiento del DIP explicaron que “en realidad su misión fue poner bajo investigación a todo y a todos para detectar cualquier movimiento que se pudiera considerar ‘subversivo’”. Cuando en Argentina retornó la democracia, se buscó reencausar el DIP y hacerlo funcionar bajo su inicial razón de existencia. Paralelamente, en Santa Cruz existía la SIDE provincial que dependía directamente del mismo organismo a nivel nacional. Su principal función era asistir en la investigación de delitos federales, tráfico de drogas, secuestros, entre otros. Pero en la década del 90, se decidió la supresión de la SIDE Provincial para unificar con la DIP, hasta la finalización del edificio para la instalación de la SIDE Nacional en Río Gallegos. Durante los Gobiernos de Néstor Kirchner la DIP fue el organismo de confianza considerando que la SIDE ya no dependía de la Provincia. Fuentes del propio Departamento que se disolverá en días, afirmaron que el organismo cumplía funciones de vigilancia de carácter político y gremial. Los gremios sostienen y han denunciado tal metodología en diversas oportunidades de conflictos que involucraban sindicatos. Pinchaduras de teléfonos, infiltraciones en los movimientos sociales, fotografías proporcionadas a la Justicia, investigaciones sobre datos personales de dirigentes gremiales, son algunos de las acciones que la Mesa de Unidad Sindical denunció. Con los consecutivos reclamos de los Sindicatos de la Provincia, el anuncio realizado por el Gobernador Peralta el día de la sesión inaugural, no pareció un hecho aislado ni mucho menos ajeno a la mediatización de la denuncia sobre la implementación del Proyecto X. Desde la Asociación de Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) su Secretario General hasta enero de 2012, Pedro Muñoz, explicó que “este tipo de metodologías como el Proyecto X ha sido utilizado en Santa Cruz, respondiendo a una línea de conducta del gobierno kirchnerista en la Provincia. Lo hemos visto en diferentes conflictos del sector docentes por años”. Según la información proporcionada por el ADOSAC y denunciada en diversas oportunidades, en el año 2004 cuando se produjo en Zona Norte de la Provincia un importante paro docente durante el Gobierno de Sergio Acevedo, identificaron que personal de Prefectura en la localidad de Caleta Olivia, había procedido con seguimientos a delegados del Gremio como a docentes durante las movilizaciones. Las prácticas de seguimiento y espionaje a docente, tal como denuncia el gremio, fueron constatadas durante uno de los mayores conflictos de la organización sindical en reclamo del blanqueo de un básico de $161 congelado desde 1991 tras la declaración de la Emergencia Económica por Néstor Kirchner que asumía su primera gobernación. “Durante el 2007, había personal de las diferentes fuerzas de seguridad, policía provincial y Gendarmería, que sin orden judicial iba a los establecimientos educativos a buscar datos personales de delegados gremiales. Ese año también de civil, estaban infiltrados en las movilizaciones incluso en las asambleas donde se tomaban las decisiones, e incluso antes de llevar adelante diferentes acciones ya había personal de gendarmería impidiendo el acceso”, agregó Pedro Muñóz. El caso más emblemático que citaría como antecedente ADOSAC, sería el procesamiento de más de 50 docentes de Las Heras durante el conflicto que duró cerca de 60 días en el 2011. Docentes Procesados Después de que los docentes y petroleros decidieran bloquear el acceso a los principales yacimientos de Las Heras, donde YPF tiene los principales emprendimientos hidrocarburíferas, el Juez de la zona –el Dr. Quelin- inició una causa que terminó con más de 50 docentes y referentes petroleros procesados. Lo que parecía un procedimiento atípico por parte del juez -que como antecedente tiene la mayor cantidad de trabajadores procesados-, fue remarcado por la doctoda Raquel Coronel, asesora del gremio docente. El expediente contaba con fotografías de maestros en los piquetes y otras fotografías eran de las patentes de los vehículos de docentes. Fueron las pruebas únicas en la causa e iniciales para comenzar a citar docentes, prohibiéndoles retornar a los lugares donde se mantenían los piquetes y aún más, se les impidió salir de la localidad. Javier Fernández, delegado de la Filial de Las Heras de ADOSAC detalló que “una noche llegaron dos micros con personal de Gendarmería a la ciudad, a partir de allí se los veía vestidos de civiles en camionetas no identificadas, cerca de los piquetes fotografiando. Después comenzaron a citarnos, y vimos que nos citaban en función de las fotografías de las patentes”. Desde la organización gremial, y los propios docentes reconocieron a un policía de apellido Angulo, quien vestido de civil se acercó en diversas oportunidades a los piquetes, después comenzó a sacar fotografías y el material fue incorporado a la causa. El mismo oficial, después admitió que ese trabajo era solicitado para ser utilizado en la causa que condujo al procesamiento de más de 50 trabajadores. “Nunca nos mostraron ni una sola orden judicial para proceder como lo hicieron. El material recabado por Policía y Gendarmería fueron incorporados a la causa, de hecho es el único material mediante el cual comenzaron a procesar. Las fuerzas de seguridad han hecho trabajos de inteligencia desde hace años en Santa Cruz”, remarcó Javier Fernández. El último antecedente, sería la causa abierta por el Fiscal de Estado –Dr. Iván Saldivia-. Calificados de “instigadores” se abrió expediente en contra de los Secretarios Generales de los gremios estatales después de la violenta jornada del 29 de diciembre. El 28 a la noche se instaló una carpa afuera de la Legislatura Santacruceña que se disponía al día siguiente en sesión extraordinaria, a dar tratamiento y posterior aprobación a la Ley de Emergencia enviada por Daniel Peralta. La jornada violenta, con un deficiente operativo de seguridad y 21 heridos, abrió en la Justicia un nuevo expediente. En el mismo, se encuentran fotografías de dirigentes sindicales en distintos momentos de la jornada en las inmediaciones de la Cámara de Diputados. “El material fue proporcionado por personal de las fuerzas de seguridad, porque ni siquiera era material que figuraba en los medios de comunicación”, especificó Pedro Muñóz y agregó “todos los que figuran como instigadores en esa causa somos referentes de los diversos gremios provinciales”. La Mesa de Unidad Sindical no utilizó el potencial en ningún momento, ratificó una vez más que “las fuerzas de seguridad hicieron procedimientos de inteligencia sin órdenes judiciales, fotografiaron, buscaron información que después fue utilizado para el procesamiento en diferentes conflictos docentes y de otros sectores”. El Proyecto X pareciera abrir la puerta a la decisión del Gobernador Peralta que indirectamente termina reconociendo la utilización de la DIP. Las denuncias y repercusiones del proyecto en el seno de la Gendarmería, no sorprendió en los gremios santacruceños, quienes remarcaron que es una antigua práctica implementada en la Provincia. Vehículos circulando con patentes tapadas en una localidad que no supera los 12000 habitantes, será la síntesis de cómo se ha judicializado la protesta social con procedimientos realizados por fuerzas de seguridad. www.plazademayo.com Por Lucía Salinas @salinaslucia (Desde Santa Cruz) | ||
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martes, 6 de marzo de 2012
De casa al país, esa costumbre de controlar...
La pequeña burguesía al desnudo
| Domingo, 04/03/12 | ||
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| Discurso de la Presidenta Argentina. Entrevista con el economista y académico Fernando Azcurra, que analiza la alocución presidencial pronunciada ante la Asamblea Legislativa el 1 de marzo de 2012. "Estamos hablando de un relato salido de una política que no viaja en transporte público, no vive de su salario, pide “ayuda” a los esforzados trabajadores...", señaló el economista. Por Andrés Figueroa Cornejo . |  | |
| La Presidenta de Argentina, Cristina Fernández, inauguró las sesiones ordinarias del Congreso Nacional 2012 a través de un relato transmitido en cadena medial para quien quisiera escucharlo. Consistió en una suerte de discurso total, abarcador, multitemático. Paternal, general, agresivo. Un conjunto contradictorio, a veces golpeado, a veces dramático, a veces pedestre, a veces homérico, a veces coloquial, a veces convincente, a veces inconsistente, a veces verosímil. Para realizar un primer análisis del lato pronunciamiento de la Mandataria, quien suscribe se entrevistó con el economista y académico Fernando Azcurra, investigador fecundo, reflexivo y crítico, cuya obra está registrada en varias publicaciones de consulta recurrente en Argentina y más allá. - Tú has caracterizado a la actual administración como típicamente pequeño-burguesa Los dirigentes políticos de la clase pequeño burguesa cada vez que acceden a la administración del Estado chocan inevitablemente con los intereses y poderes reales del capital financiero interno y mundial que los coacciona y los corrompe. Así les llega el momento de la “real politik” y sus discursos se transforman y manifiestan en que una cosa es la oposición y otra el gobierno: ¡Pero la política es el arte de lo posible y no de lo que se desea! Este apotegma de la política de clases ha quedado patentizado en el discurso de la Presidenta. - ¿Qué aspectos del mensaje advertiste como ingenuos, contradictorios, ‘literarios’, irreales? Voy a numerar algunas afirmaciones y aspectos vertidos por la Presidenta que son especialmente vulnerables a la hora de contrastarlos con el movimiento objetivo de la realidad y las relaciones sociales en verdad existentes. Según la principal representante del Ejecutivo de turno: 1º) No sería necesario eliminar las Ley de Entidades financieras de la dictadura militar de 1976. 2º) La megaminería a cielo abierto y la explotación de los yacimientos con cianuro deberían significar “un orgullo para los pueblos mineros y no deben ser estigmatizados”. 3º) Los docentes no deben pensar sólo en el salario y las condiciones laborales; deben reflexionar y ayudar al gobierno no haciendo huelgas. 4º) Es más importante reformar la Carta Orgánica del Banco Central que tener una ley Financiera Nacional. 5º) ¡Enfrentados los argentinos no hemos logrado nada! Frase hecha que falsea la historia nacional. - En todo caso, el relato planteó con vehemencia una especie de ‘control’ al capital financiero, a su industria, a su hegemonía... La pequeña burguesía argentina carece de poder económico y de fuerza política suficientes como enfrentar a las corporaciones financieras que dominan la economía nacional. La carencia de voluntad y decisión políticas de Cristina no es una cuestión personal: es una impotencia de clase. Y como no puede acometer semejante empresa, pues hace lo que sí puede: reformar la Carta Orgánica del Banco Central que no la obliga a un enfrentamiento con la burguesía financiera interna y mundial, y que, de paso, le permite manejar la cantidad de dinero en circulación con mayor autonomía para la política monetaria. - ¿Y que capacidad de acción política tiene el Poder Legislativo al respecto? El Parlamento, al menos los partidos que se autodenominan “progresistas” y democráticos, tiene aquí un ocasión y una consigna política de enorme importancia para intentar revertir esta actitud complaciente con las corporaciones financieras. LA MEGAMINERÍA - La agenda del pueblo en lucha ha estado regentada por la oposición férrea a la megaminería a tajo o cielo abierto debido a sus negativas consecuencias para la comunidad y el entorno que nos tocó por contexto y condición. ¿Qué opinión te merece la mirada presidencial sobre un territorio tan vital? Las empresas mineras también constituyen parte del gran capital financiero mundial. Por otro lado, los pueblos mineros podrán sentirse igualmente orgullosos y no serían estigmatizados por nadie si las tareas de prospección, exploración y explotación, fueran llevadas a cabo por empresas públicas nacionales y/o provinciales como también por empresas “privadas” de carácter jurídico como entidades asociadas o cooperativas integradas por los pobladores, trabajadores, ONG, etc. de las regiones que tienen en sus yacimientos tal riqueza. Esto permitiría que todas las ventajas de empleo, rentas, controles ambientales, cumplimiento de la legislación, etc. quedaran fronteras adentro, dejando de discutir con el capital corporativo. Pero esto no se hará así. No existen fuerzas políticas ni económicas todavía que le quiten al gran capital el negocio que el propio gobierno defiende. ¡Ah, pero eso sí, con control “ambiental” y ecológico! Bueno, si los mismos se harán como se controla el negocio de las concesiones ferroviarias, ya sabemos por anticipado cuál será el destino de los trabajadores y de los pueblos. “QUE LOS DOCENTES DEJEN DE PENSAR EN AUMENTOS SALARIALES” - En medio de las duras negociaciones colectivas y paritarias en curso con los docentes (http://www.rebelion.org/noticia.php...), la alocución presidencial se refirió a las demandas magisteriales como si provinieran de un bullicioso grupo de chicos, quejándose “de llenos”... La Sra. Presidente ha pedido al vapuleado y maltratado cuerpo docente, reflexión, no huelgas; “ayuda” por el enorme esfuerzo hecho por el Ejecutivo ante el reparto de computadores, y que dejen de pensar sólo en aumentos salariales. Pero que el cuerpo docente no piense sólo en aumentos salariales, reflexione, no haga huelgas y que la ayude, sólo lo puede decir quien no vive de un magro ingreso salarial. Lo puede decir precisamente la Sra. Cristina que no vive de un magro salario docente. Ella vivió de sus honorarios como abogada, y desde hace varios lustros, vive de los ingresos de sus empresas a los que agregó siempre sus ingresos como legisladora y ahora como Presidenta, salarios éstos últimos pagados por el Estado. Lo puede decir también quien no necesita viajar temprano en algún medio público de transporte (trenes, subte, ómnibus) para llegar a su empleo. ¡La Sra. viaja en helicóptero desde la Residencia Presidencial! Estamos hablando de un relato salido de una política que no viaja en transporte público, no vive de su salario, pide “ayuda” a los esforzados trabajadores de la educación quienes malviven de su salario escuálido retaceado por funcionarios gubernamentales venales cuyos salarios son 4 ó 5 veces superiores a los de un docente ‘bien pagado’.” - Tú, como tantos, llegan a fin de mes haciendo clases... La Sra. Presidente no adoptó una posición por el pueblo trabajador: respetar, reconocer y jerarquizar la función docente. Apeló a un argumento típico de la derecha más recalcitrante: se atrevió a decir que los docentes trabajan 4 horas por día cuando deberían trabajar 8 horas, y tienen ‘3 meses de vacaciones’ cuando los demás tienen mucho menos. No dio instrucciones claras, inmediatas, precisas y contundentes para reconocer un salario digno sin recortes por hijos a partir de un límite; eliminar los rubros no remunerativos y/o congelamientos de los básicos; o los rubros en negro que todavía tienen estos empleados del Estado. O sea, la Sra. Presidenta permite la vigencia de un Estado “negrero” en materia salarial. Pero además, la Sra. Presidenta parece no conocer que la mayoría de los docentes trabaja 8 horas y más, puesto que salen de una institución escolar para ir corriendo a otra; y que los 3 meses no son tales puesto que siguen yendo a trabajar sin alumnos paro dar de comer los chicos y a preparar el ciclo lectivo siguiente, luchando contra la precariedad edilicias, de recursos didácticos, etc. En fin. Ella nada sabe de esto puesto que no trabaja. Respetuosas son las docentes mujeres que se abstienen de espetarle que aun con todo el furor que quisiera ella ponerle a un aumento y los reconocimientos de todo tipo ¡no les alcanzaría para comprarse una cartera y/o zapatos de Louis Vuitton! Políticamente esto es una tontería, pero como se suele decir, ‘para muestra basta un botón’. LAS CONTRADICCIONES SOCIALES Y SUS FRUTOS - La Jefa de gobierno señaló que las contradicciones sociales y políticas al interior de Argentina nunca han llegado a conseguir nada... Ha dicho demagógicamente que ¡Enfrentados los argentinos no hemos logrado nada! Cuando en realidad, ¡enfrentados los argentinos hemos logrado mucho! Entre otros hechos históricos: 1º) Hemos logrado ¡ser argentinos! ¿O no hubo enfrentamiento en el seno de los revolucionarios de Mayo? El enfrentamiento entre independentistas o colonialistas produjo a la propia Argentina como país. 2º) Se logró la conciencia nacional y popular con la gesta libertadora de San Martín combatida por Rivadavia y los comerciantes porteños, que prosiguió en la Vuelta de Obligado, cuando los liberales se aliaron a Inglaterra y Francia para invadir el país y J.M. de Rosas obtuvo una victoria diplomático-política. 3º) Se logró el Grito de Alcorta, de los arrendatarios contra los terratenientes. 4º) Se logró -en medio de luchas sangrientas, persecuciones, torturas- la existencia de las organizaciones sindicales de los trabajadores. 5º) Se logró el 17 de Octubre de 1945, contra la oligarquía interna y el dominio externo. El peronismo es su resultado político, el mismo partido al que la Sra. pertenece. 6º) Se logró la Constitución de 1949, que la Sra. jamás tiene en cuenta. 7º) Se logró derrocar a un gobierno entreguista y entregado al capital financiero mundial en diciembre de 2001. ¿Cómo que no se logró nada? - ¿Cómo calificarías la forma en que se expresó el relato, la visión interesada y a discreción, de la Presidenta? La Sra. Presidenta ya cansa con esa “pose actoral” estudiada de “cancherita” de barrio, de minita “sobradora” que se las sabe todas. Parece no haber tomado conciencia que ocupa un cargo político muy importante como para estar dándoselas de ‘piola’. 2 de Marzo de 2012 www.rebelion.org www.andresfigueroacornejo.blogspot.com Red Eco Alternativo | ||
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domingo, 4 de marzo de 2012
CFK avala la soja persistente a la sequía.
| Jueves, 01/03/12 | ||
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| Tras conocerse la reciente firma de un convenio entre el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y el grupo inversor árabe Al-khora-Yef, para el desarrollo de un megaproyecto agroalimentario crece la preocupación ante un desastre ecológico. (Noelia Carrazana – Red Eco) – Chaco – Con este convenio, el gobierno chaqueño da en concesión 220.000 hectáreas fiscales de El Impenetrable, lo que según advirtieron pobladores y diputados, como Clelia Avila, acompañada por el vicepresidente del Interbloque de la Alianza Sergio Vallejos y los diputados Avelino Milar, Delia González y Marilyn Cristófani estaría violando lo establecido en la Constitución Provincial y en la Ley de Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos. Según explicaron los legisladores, las 220.000 hectáreas están en zona amarilla y roja, Comandancia Frías, Fuerte Esperanza y Taco Pozo, es decir que no son aptas para la agricultura. Grupos de campesinos; nucleados en la Corriente Clasista y Combativa, entre otras organizaciones; reclamaron ante esta situación y recordaron a casi un año de su fallecimiento a Mártires López, quien se hizo conocido en los medios nacionales por defender su territorio y a sus hermanos de este tipo de atropellos que diariamente reciben de parte del gobierno provincial. |  | |
| La noticia sobre el convenio llega en el momento en que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció con bombos y platillos que Gustavo Grobocopatel, “el rey de la soja”, ya tiene patente para producir semillas de soja tolerante a la sequía, por lo que hace pensar que si bien la zona concesionada a los empresarios árabes figura como no apto para el cultivo, con estos nuevos avances tecnológicos sembrar allí sería posible ya que la empresa Bioceres, Grobocopatel, obtuvo la aprobación del Gobierno, quien también será beneficiado con las regalías que deje la patente ya que el trabajo se realizó en conjunto con la Universidad Nacional del Litoral y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet). Además, este proyecto degradaría las tierras, y afectaría los bosques nativos y a los pobladores que hoy se benefician ya de manera escasa para su subsistencia de los montes de El Impenetrable. Los legisladores explicaron a medios locales que actualmente “están desalojando como el caso del productor Maldonado de Tres Isletas". Este proyecto, como indica el Centro de Estudios Nelson Mandela, estarían violando las pautas especificas que en materia de administración de tierras fiscales contempla la Constitución Provincial y la ley 2913-más su modificatoria 4133.Y también se debe tener en cuenta que este proyecto es una burla más a la ley de no a la extranjerización que se discute por iniciativa del gobierno nacional, ya que de llevarse adelante lo firmado implicaría una transferencia del uso y de la explotación de miles de hectáreas de tierras fiscales que se entregarían bajo el régimen de concesión, comodato o arrendamiento, una forma solapada de adjudicación indirecta y temporaria de las tierras nacionales que luego se devolverían en condiciones inservibles. Acuerdo Capitanich-Arabes genera temor en los pobladores Red Eco Alternativo | ||
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sábado, 3 de marzo de 2012
Reprimieron en Berazategui
| Sábado, 03/03/12 | ||
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| Un centenar de policías reprimió brutalmente a un grupo de vecinos, principalmente mujeres y niños, que resistían pacíficamente la instalación de una subestación eléctrica en Rigolleau, pleno casco urbano. Contactos: (011)15-62606882 (011)15-65126321 (011)15-59817868. |  No a la subestación. | |
| Se trata de vecinos que se encuentran sitiados en su barrio por efectivos de la policía que mantienen desde hace más de 15 días un vallado perimetral que impide el paso vehicular y peatonal; los vecinos que quieren ingresar a sus hogares deben mostrar documentos para hacerlo. El reclamo de los vecinos siempre ha sido pacifico, el 29 de febrero pasado entregaron personalmente en el ENRE la segunda carta en 15 días (seguida de numerosos pedidos de entrevistas negados durante todo el 2011), a la que el Edesur tampoco respondió, y una nueva carta al Secretario de Medio Ambiente, Juan José Mussi, que tampoco respondió. La petición de los vecinos, de traslado de la subestación fuera de zonas pobladas, se basa en las pruebas de ha aportado la ciencia en estos años de que el electromagnetismo a altos niveles y exposiciones prolongadas produce daños irreparables en las salud, y enfermedades letales como el cáncer y la leucemia. EL ENRE debería controlar a EDESUR y representar la voluntad de la población ante las empresas de servicios eléctricos, para eso fue creado, pero la realidad muestra que su rol actual es otro, acallar a la gente en beneficio de las empresas que para abaratar costos no generan nuevas planificaciones acorde con los avances científicos en esta materia. Los vecinos piden diálogo y responden con golpes de la policía. Los vecinos de la subestación Rigoll Represión en Berazategui Red Eco Alternativo | ||
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Graves violaciones en la U11 de Neuquén.
| Sábado, 03/03/12 | ||
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| En un escrito dirigido al presidente del Tribunal Superior de Justicia Neuquén, Ricardo Kohon, compañeros de Zainuco le solicitan que "se arbitren medidas conducentes, efectivas y tempestivas en relación a las continuas y actuales situaciones de violencia que se reportan en la Unidad de Detención Nº 11 respecto de los detenidos y sus familiares, especialmente desde final de diciembre 2011". |  Reclamo de Zainuco en defensa de detenidos y familiares. | |
| Como no escapa a vuestro conocimiento en fecha 02 de febrero de 2012 esta parte presentó una nota mediante la cual poníamos en conocimiento de varios hechos y conductas violatorias de los más elementales derechos humanos, poniendo de manifiesto que se trataba y se trata en la actualidad de una práctica sistematizada y consentida por todos los ambitos del estado. En esa impronta denunciamos: Falta de Agua para higienizarse y consumir, impidiéndose de igual manera el ingreso de agua o bebidas por parte de los familiares de los detenidos; Falta de Atención médica respecto de los internos con especial énfasis en el caso de Ramón Mansilla que solo recibió atención médica luego de la intervención de Zainuco y del defensor oficial; Represión en el pabellón Nº 3 durante el mes de enero; la golpiza a Emilio Tarduño, quien según sus familiares fue brutalmente golpeado por el personal Policial. Finalmente y sin pretender agotar la interminable lista de ilegalidades cometidas en la unidad de detención, destacamos las vejaciones a las que son sometidas cotidianamente las visitas de los internos. Que no obstante la gravedad de los hechos denunciados, fácil resulta corroborar que no se ha tomado ninguna clase de medida para impedir la comisión de estas conductas abiertamente ilegales y ostensiblemente violatorias de derechos humanos. Que en lo atinente al trato recibido por la visita, es de destacar que a finales del año pasado se nos notificó de la intención de adquirir un scanner a fin de evitar los tratos vejatorios. Que dicha comunicación implica reconocer sin limitaciones que el procedimiento llevado adelante por la requisa resulta violatorio de los derechos humanos y que por lo tanto resulta necesario tomar medidas para evitar dichas situaciones. Que no obstante esto y la claridad y gravedad de las situaciones expuestas, no se ha realizado a la fecha ninguna gestión ya sea tendiente a la adquisición del mencionado scanner o tendiente a modificar el procedimiento de requisa de manera tal de garantizar el acercamiento familiar sin someter a la visitas a tratos vejatorios. No resulta ocioso señalar que las situaciones expuestas en nuestras sucesivas denuncias revisten concomitantemente el carácter de graves, urgentes y manifiestamente ilegales, por lo que su control de parte de la autoridad correspondiente no puede estar supeditado a gestiones burocráticas o promesas de solución, siendo por el contrario, necesario adoptar medidas urgentes y efectivas. Ello es así dado que este tipo de accionar es posible entre otras razones por la absoluta falta de control respecto de lo que sucede en el interior de las unidades de detención. Por lo expuesto vemos con gran preocupación esta situación agravada por la total despreocupación de las Fiscalías, cuya actuación resulta esencial a la hora de determinar los delitos en cuestión. Es por esto que requerimos urgente intervención en su carácter de cabeza del Poder Judicial de la Provincia de Neuquén y en virtud de la potestad atribuida por el Art. 240 Inc. G de la Constitución Provincial, a efectos de que tome debida razón de lo aquí expuesto y se arbitren las medidas que considere adecuadas, a fin de bregar por la tutela inmediata de los derechos humanos que se encuentran vulnerados, acogidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales de Derechos Humanos. ASOCIACION ZAINUCO Presidente Federico Egea Secretaria Gladys Rodríguez Zainuco denuncia graves violaciones en la U11 Agenica Walsh | ||
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Comienza el juicio a los seis dirigentes campesinos paraguayos.
| Sábado, 03/03/12 | ||
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| "Nos dirigimos a todos/as desde la cárcel de Tacumbú, los seis dirigentes campesinos presos políticos, al llegar hoy a cinco años y diez meses de nuestra injusta detención, que coincide con el inicio de nuestro juicio oral y público. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos a estar atentos ante tanta injusticia que venimos soportando desde hace casi seis años, exigimos un juicio justo y nuestra inmediata libertad". Palabras de los compañeros que estuvieron presos en la Argentina y fueron envíados a la justicia estronista por los jueces y el poder político de nuestro país que le nego el asilo. |  Esquivel y los compañeros. | |
| Este juicio que enfrentamos es por nuestra participación en reuniones políticas, llegamos a este juicio con una condena anticipada, ya que el estado paraguayo no reconoce nuestra detención y posterior extradición de la Argentina, en abierta violación a la constitución nacional paraguaya que establece claramente que ninguna persona procesada deberá superar el tiempo de prisión preventiva a la condena mínima, que en este caso es de cinco años. Este juicio deja un precedente histórico de la débil democracia en el Paraguay, a 23 años de la caída de la dictadura más larga del continente, el régimen de Stroessner, el poder judicial conservador y corrupto pretende condenarnos por nuestra participación en reuniones de un partido político. Hacemos un llamado a los organismos de derechos humanos a estar atentos ante tanta injusticia que venimos soportando desde hace casi seis años, exigimos un juicio justo y nuestra inmediata libertad. Les dejamos nuestro abrazo, nuestro cariño, esperando la solidaridad para arrancarnos de esta injusta prisión. Atentamente: Los seis dirigentes campesinos presos políticos. Agustín Acosta, Roque Rodríguez, Basíliano Cardozo, Simeón Bordón, Arístides Vera, Gustavo Lezcano. Libertad a los dirigentes campesinos Agenica Walsh | ||
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viernes, 2 de marzo de 2012
El esplendor de la impunidad biológica
Confirmando tristemente las denuncias que los organismos de Derechos Humanos independientes de la gestión actual venimos haciendo sobre la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, esta semana falleció impune Rubén Oscar Paez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad.
Con este deceso suman 288 los genocidas muertos impunes desde la recuperación de la institucionalidad democrática, número superior al de los 274 represores condenados desde la reapertura de los juicios en 2003. La tendencia marca una clara inclinación de la balanza hacia la elusión de la justicia por sobre los efectos de la voluntad de condena, producto de la falta de celeridad que el Estado evidencia en la investigación, el procesamiento y la condena de los represores.
Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en estas causas, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
Ruben Paez fue jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP), ubicada entonces en calle 55 entre 13 y 14, entre junio y diciembre de 1977. El lugar que funcionó como Centro de Operaciones (instancia de admisión y detención temporaria de prisioneros) por donde pasaron más de 100 detenidos ilegales desde mayo de 1976 hasta noviembre de 1978. Parte de esa responsabilidad, Paez la confesó a medias en el Juicio Por la Verdad en Octubre de 2000, cuando declaró que en los calabozos de la dependencia funcionó un “área restringida que dominaba el Ejército”, ocupada por detenidos “muy especiales”, que “estaba a cargo de las Fuerzas Conjuntas” y concurrían allí “diariamente” oficiales del Ejército y la Marina. Así aprovechó para deslindar su responsabilidad: “La Policía se encargaba de la seguridad del lugar y nada más”. “La Policía hacía los mandados”, dijo, y agregó que en la Brigada “no se torturaba” porque “era un lugar muy chico”. Y destacó: “Nunca vi ni escuché nada (gritos por torturas). Nunca vi un interrogatorio”. Asimismo, contó que los militares confeccionaban listas con los nombres de los detenidos, que cambiaban a diario, debido a los movimientos constantes que hacían con los secuestrados de un centro clandestino a otro. En este marco, Paez enfatizó que las listas “no quedaban archivadas en la Brigada” y que él nunca tuvo acceso a ellas. Y reconoció también que sus subordinados realizaban el traslado de detenidos a otros centros clandestinos, entre los que mencionó la Comisaría 5ta, “Zona Metropolitana” de Bánfield, el Destacamento de Arana y “distintas dependencias de la Capital Federal”.
Durante la etapa de instrucción de la causa N°11 (por la Brigada de Investigaciones) el espacio Justicia Ya La Plata elaboró un escrito donde se pedía revoquen las detenciones domiciliarias de que gozaban entonces 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta. Allí se solicitaba también que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, entre ellos Paez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosos fallos que el hecho de que no se sancione a los responsables “genera un amedrentamiento permanente hacia las víctimas, familiares y operadores judiciales a cargo de las investigaciones”.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de la defensa de varios de estos genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza), y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero la Sala III de Casación concedió sin más la excarcelación con argumentos como: “que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado” en insuficiente para detenerlo en prisión común. O bien que “la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad, hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones”, correspondía dejarlo libre.
Lo cierto es que la mayor parte de los imputados en la causas de BILP y de Arana estuvieron detenidos sólo unos meses, entre abril y diciembre de 2008. Paez, sobre quien los jueces de Casación tuvieron en cuenta para beneficiarlo con domiciliaria que cumplió 76 años en agosto de 2011, que vivía desde hacía 33 años en la Avda. Vergara nº 3708 de Ranelagh, partido de Berazategui, y que no intentaría fugarse durante el proceso, sólo fue detenido a partir de una decisión de la Corte suprema, que suspendió el beneficio para trasladado tardíamente al Penal de Marcos Paz.
Con este fallecimiento quedan en parte impunes los 106 casos de privación ilegal de libertad y tormentos de que el jefe de la Brigada estaba acusado, pero también se desagrega la penosa lista de sólo 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como la CNU.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
HIJOS LA PLATA
El esplendor de la impunidad biológica
Confirmando tristemente las denuncias que los organismos de Derechos Humanos independientes de la gestión actual venimos haciendo sobre la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, esta semana falleció impune Rubén Oscar Paez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que desde octubre pasado se desarrolla en nuestra ciudad.
Con este deceso suman 288 los genocidas muertos impunes desde la recuperación de la institucionalidad democrática, número superior al de los 274 represores condenados desde la reapertura de los juicios en 2003. La tendencia marca una clara inclinación de la balanza hacia la elusión de la justicia por sobre los efectos de la voluntad de condena, producto de la falta de celeridad que el Estado evidencia en la investigación, el procesamiento y la condena de los represores.
Los últimos ocho genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena. El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes. En diciembre pasado, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en estas causas, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
Ruben Paez fue jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP), ubicada entonces en calle 55 entre 13 y 14, entre junio y diciembre de 1977. El lugar que funcionó como Centro de Operaciones (instancia de admisión y detención temporaria de prisioneros) por donde pasaron más de 100 detenidos ilegales desde mayo de 1976 hasta noviembre de 1978. Parte de esa responsabilidad, Paez la confesó a medias en el Juicio Por la Verdad en Octubre de 2000, cuando declaró que en los calabozos de la dependencia funcionó un “área restringida que dominaba el Ejército”, ocupada por detenidos “muy especiales”, que “estaba a cargo de las Fuerzas Conjuntas” y concurrían allí “diariamente” oficiales del Ejército y la Marina. Así aprovechó para deslindar su responsabilidad: “La Policía se encargaba de la seguridad del lugar y nada más”. “La Policía hacía los mandados”, dijo, y agregó que en la Brigada “no se torturaba” porque “era un lugar muy chico”. Y destacó: “Nunca vi ni escuché nada (gritos por torturas). Nunca vi un interrogatorio”. Asimismo, contó que los militares confeccionaban listas con los nombres de los detenidos, que cambiaban a diario, debido a los movimientos constantes que hacían con los secuestrados de un centro clandestino a otro. En este marco, Paez enfatizó que las listas “no quedaban archivadas en la Brigada” y que él nunca tuvo acceso a ellas. Y reconoció también que sus subordinados realizaban el traslado de detenidos a otros centros clandestinos, entre los que mencionó la Comisaría 5ta, “Zona Metropolitana” de Bánfield, el Destacamento de Arana y “distintas dependencias de la Capital Federal”.
Durante la etapa de instrucción de la causa N°11 (por la Brigada de Investigaciones) el espacio Justicia Ya La Plata elaboró un escrito donde se pedía revoquen las detenciones domiciliarias de que gozaban entonces 9 imputados en la causa por el CCD Comisaría 5ta. Allí se solicitaba también que se revoquen las excarcelaciones que les fueran concedidas por la Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal entre diciembre de 2008 y enero de 2009 a 12 represores en las causas de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, entre ellos Paez.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido en numerosos fallos que el hecho de que no se sancione a los responsables “genera un amedrentamiento permanente hacia las víctimas, familiares y operadores judiciales a cargo de las investigaciones”.
Recordemos que entre julio y septiembre de 2008 el pedido de excarcelación de la defensa de varios de estos genocidas ya había sido denegado en dos oportunidades: por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata (Corazza), y ante la apelación de los abogados de Paez, por la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata. Pero la Sala III de Casación concedió sin más la excarcelación con argumentos como: “que pese a la severidad de la pena prevista, los restantes elementos de juicio que ofrece el sumario controvierten la presunción de fuga que podría pesar sobre el acusado” en insuficiente para detenerlo en prisión común. O bien que “la circunstancia que desde la fecha de los hechos que se le imputan al presente han transcurrido más de treinta años, no observándose acto alguno por parte del acusado que indique que durante ese largo período en el que se encontró en libertad, hubiera realizado conducta alguna tendiente a sustraerse de la acción de la justicia, o entorpecer el curso de las investigaciones”, correspondía dejarlo libre.
Lo cierto es que la mayor parte de los imputados en la causas de BILP y de Arana estuvieron detenidos sólo unos meses, entre abril y diciembre de 2008. Paez, sobre quien los jueces de Casación tuvieron en cuenta para beneficiarlo con domiciliaria que cumplió 76 años en agosto de 2011, que vivía desde hacía 33 años en la Avda. Vergara nº 3708 de Ranelagh, partido de Berazategui, y que no intentaría fugarse durante el proceso, sólo fue detenido a partir de una decisión de la Corte suprema, que suspendió el beneficio para trasladado tardíamente al Penal de Marcos Paz.
Con este fallecimiento quedan en parte impunes los 106 casos de privación ilegal de libertad y tormentos de que el jefe de la Brigada estaba acusado, pero también se desagrega la penosa lista de sólo 20 los genocidas condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como la CNU.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
HIJOS LA PLATA
El esplendor de la impunidad biológica
jueves, 1 de marzo de 2012
“Acelerar los tiempos”. Las 6 reglas prácticas.
| Jueves, 01/03/12 | ||
|---|---|---|
| CASACION APROBO RECOMENDACIONES PARA AGILIZAR LAS CAUSAS DE DDHH Por unanimidad, los camaristas aprobaron “seis reglas” para acortar los tiempos de megacausas. El presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, avaló la decisión. |  Pedro David, presidente de la Cámara de Casación. | |
| Discutieron puntos, comas y palabritas hasta que llegó el día y los jueces de la Cámara de Casación Penal aprobaron en forma unánime seis “reglas prácticas” para agilizar los “juicios complejos” –aquellos que aglutinan gran cantidad de víctimas– entre los que prevalecen los que involucran crímenes de la última dictadura, aunque también están comprendidos los de tragedias como la del avión de LAPA, Cromañón o, a futuro, el accidente del tren Sarmiento. La presentación en sociedad de las nuevas normas se hizo ayer en una reunión encabezada por el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, quien dio un discurso de respaldo en el que exhortó “a todos los estamentos del Poder Judicial” a “hacer un gran esfuerzo” para “acelerar los tiempos” de los procesos judiciales. “La celeridad”, dijo, “es un reclamo de la población”. Las “reglas” de Casación apuntan a evitar la repetición de pruebas de un juicio a otro, la exposición reiterada de los testigos y la reedición de discusiones ya saldadas sobre hechos indiscutidos, como la existencia de un plan de exterminio durante el terrorismo de Estado. Incluyen advertencias para que los jueces no generen dilaciones con ardides legales, proponen un acuerdo entre las partes para fijar una frecuencia razonable de audiencias, reducir la lectura de la acusación y lograr alegatos acotados. Establecen inclusive pautas para proteger a las víctimas que deben testimoniar y resguardarlas de la “revictimización”. Los jueces de Casación quisieron hacer un acto con la presencia de Lorenzetti por representar un aval frente a lo que se perfila como un cambio cultural que no será fácil de digerir en los sectores más conservadores de la familia judicial. En sus veinte años de existencia es la primera vez que esta cámara, máxima instancia penal, utiliza la facultad legal de impartir este tipo de pautas dedicadas a los tribunales orales, aunque trazan principios generales. La iniciativa surgió el año pasado, cuando empezaron a desembarcar nuevos camaristas y el primer impulso lo dio la Sala II, que integran Alejandro Slokar, Ana María Figueroa y Pedro David, con apoyo de Angela Ledesma, que presidía el cuerpo. Una comisión de jueces de todas las salas trabajó en la letra fina, cuidado para no herir susceptibilidades. Las reglas toman como base una acordada de la Corte Suprema que en 2008 puso como prioridad judicial “propiciar el juzgamiento de autores o partícipes de delitos contra la humanidad”. Los jueces más optimistas apuestan en voz baja a que con el nuevo esquema los juicios contra represores terminen en “cuatro o cinco años”. A su vez, las normas están pensadas para otros procesos complejos, “megacausas”, como Cromañón o accidentes de distinto tipo. En la reunión de ayer, que fue cerrada pero difundida por video, una de las primeras cosas que dijo el titular de la Corte fue que celebraba la “renovación” de Casación que, aunque no lo explicitó, es sabido que en los últimos años tuvo gran responsabilidad en las demoras en el inicio de los juicios de lesa humanidad. Lo dijo aun frente a los viejos camaristas. Felicitó por las “reglas”, aclaró que no quitarán “autonomía” a los jueces a quienes pidió “mirar al pueblo de la Nación y ver cuáles son sus expectativas”. “Una Justicia que se demora, un procedimiento judicial que no tiene fin agrega a la tragedia que uno tiene una nueva tragedia judicial, una revictimización”, dijo. Reiteró que para la Corte agilizar los juicios de derechos humanos es “una política de Estado. También habló David, presidente de Casación, y devolvió las gentilezas citando el libro de Lorenzetti sobre los juicios de lesa humanidad. Las seis reglas prácticas de Casación disponen lo siguiente: - Los tribunales, al resolver planteos, deberán abstenerse del artilugio de pedir toda la causa completa, lo que suele convertirse en una excusa dilatoria por el volumen de los expedientes. A lo sumo, podrán pedir fotocopias puntuales. - Tendrán que “evitar demoras innecesarias y formulismos” que causen atrasos y si no hay plazos establecidos se usará el de tres días. Todas las partes serán notificadas a la vez y podrán disponer de fotocopias sin trabas. - Habrá una audiencia “preliminar” para que querellas, fiscales y defensas acuerden la prueba del juicio oral, con la premisa de “limitarla” a “aquella que resulta de imprescindible producción en el debate, o que sea relevante o dirimente”. Ya no se podrán poner en discusión los llamados “hechos notorios no controvertidos”, como la existencia del golpe de Estado, la de un plan exterminio en la última dictadura o los centros clandestinos de detención. Se sugiere que las partes acuerden una frecuencia razonable de audiencias (no la impondrá Casación) así como el modo de reducir al máximo mediante una síntesis la lectura de los requerimientos de elevación a juicio, que contienen la acusación, que, si no, pueden durar días. Para abreviar, las normas admiten también la incorporación de las declaraciones de testigos y peritos registradas en “video y otros medios audiovisuales” en otros juicios que sean útiles por conexidad. Cuando se cite a testigos-víctimas, no se podrá divulgar sus datos personales y la regla será “evitar” en ese trámite “la intervención de agentes de organismos o instituciones estatales a las que pertenezcan o hayan pertenecido las personas imputadas”. La quinta regla se centra en la protección y resguardo de los testigos. “Recomienda” a aquellos jueces que evalúen antes de convocar al juicio aquellos casos en que pueda estar en peligro “la integridad física de una persona, su salud mental o afectar seriamente sus emociones, o ser pasibles de intimidación o represalias especialmente en los juicios que involucran a agentes del Estado, organizaciones criminales complejas, crímenes aberrantes, crímenes contra la humanidad, abusos sexuales, o hechos humillantes, a fin de evitar su innecesaria o reiterada exposición y revictimización, privilegiando el resguardo de la seguridad personal”. Insiste en la chance de incorporar grabaciones o actas y en apelar a tecnologías como la videoconferencia. Los alegatos tendrán que durar lo justo y necesario, sin quedar desvirtuados. Cada tribunal podrá “limitar razonablemente la duración de las últimas palabras de los imputados”. El armado de las reglas se basó en propuestas de la Unidad de Derechos Humanos de la Procuración, a cargo de Pablo Parenti y Jorge Auat, del Centro de Estudios Legales y Sociales, del fiscal de Casación Javier de Luca, y del Comité para la Defensa de la Salud, la Etica y los Derechos Humanos. Auat y Parenti dijeron que las normas son “un gran aporte”, que habrá que ampliar, y cuyo resultado dependerá de quiénes deben aplicarlas y del control sobre los juicios. Carolina Varsky, del CELS, dijo que “en algunos puntos pudieron haber sido más específicos, pero es un gran paso”. Por Irina Hauser pagina12.com.ar En adelante detallaremos la discusión sobre cada uno de los seis punto o "reglas prácticas" para "acelerar los juicios", e incluso profundizaremos en que significa acelerar los juicios con el objetivo de "cerrar estapas" en tiempos predefinidos (4 o 5 años). Recordemos que hace unos años CFK daba un discurso donde decia lo mismo que hoy esta en boca de Lorenzetti, el fin de una de las etapas mas sangrientas de la Argentina. HIJOS LA PLATA | ||
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