HIJOS - LA PLATA

lunes, 26 de marzo de 2012

El comienzo de la represión en democracia y el golpe genocida a la clase obrera.

FECHA
Antes de la última dictadura militar en la Argentina -durante los gobiernos constitucionales de Juan Domingo Perón, primero, y de María Estela Martínez de Perón, después- la barbarie represiva se expresó en cambios en la legislación penal, en la carta blanca a José López Rega para crear una fuerza paramilitar: la "Triple A" (Alianza Anticomunista Argentina) y en el mandato a las Fuerzas Armadas para el aniquilamiento de la “subversión”.

La ofensiva fue muy fuerte en particular contra las organizaciones gremiales más combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos hasta el paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas, detenciones y asesinatos. Se preparó así el terreno para uno de los principales objetivos del golpe de Estado de 1976: desarticular la organización de la clase trabajadora e imponer un modelo económico antipopular y antiobrero. La primavera democrática duró poco Luego del 25 de mayo de 1973, la legislación represiva sancionada por el régimen militar fue derogada y se disolvió el fuero antisubversivo. Pero esa primavera duró poco y dio comienzo una escalada represiva, iniciándose con el envío del Poder Ejecutivo a las Cámaras para reformar el Código Penal. La reforma fue considerada de la misma naturaleza que la legislación promulgada por el régimen militar que gobernó el país entre 1966-73. La primera respuesta vino del Gral. Juan Domingo Perón, quien advirtió que si la ley no era aprobada se apelaría a las mismas armas que se buscaba combatir. El 23 de enero de 1974 declaró al diario La Nación que “Nosotros vamos a proceder de acuerdo a la necesidad, cualquiera sean los medios. Si no hay ley, fuera de la ley también lo vamos a hacer y lo vamos a hacer violentamente Porque a la violencia no se le puede oponer otra cosa que la propia violencia. Eso es una cosa que la gente debe tener en claro, pero lo vamos a hacer, no tenga la menor duda”. (1) Después de la muerte de Perón, se tomaron distintas medidas represivas. En septiembre de 1974 se aprobó la ley de represión del terrorismo, que penaba la difusión de información relacionadas con esos hechos y la obstrucción al trabajo cuando el conflicto era declarado ilegal. De acuerdo a esa ley, el Ministerio de Trabajo prohibió las huelgas por motivos salariales, los paros y ocupaciones de plantas, y comenzó a intimar, amenazar y suspender personerías gremiales con más frecuencia que antes. En el mes de noviembre se implementó el estado de sitio en todo el país y se encarceló a cientos de activistas gremiales y políticos, abogados laboralista y estudiantes. Hasta ese momento la participación de las Fuerzas Armadas en forma abierta era evitada y la lucha era encabezada por grupos paramilitares, “ejecutores del trabajo sucio”, a través de la Triple A. Pero al poco tiempo, el Ejecutivo nacional sancionó el Decreto Nº 261, en el que anunció oficialmente que había ordenado a las Fuerzas Armadas tomar intervención en la “lucha antisubversiva”, firmado por la presidenta María Estela de Perón y los ministros Rocamora, Ivanissevic, Vignes, Savino, López Rega, Gómez Morales, Otero. En el Articulo Nº 1 se decía que “El comando General del Ejército procederá a ejecutar todas las operaciones militares que sean necesarias a efectos de neutralizar y/o aniquilar el accionar de los elementos subversivos...”. En octubre de ese año, se sancionó el Decreto Nº 2770 por el cual se creó el Consejo de Seguridad Interna, fijando sus atribuciones, y el Consejo de Defensa. Ese decreto lleva la firma del presidente provisional Italo Luder y los ministros Arauz Castex, Vottero, Ruckauf, Emery, Cafiero y Robledo. (2) La represión a la clase obrera apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en Villa Constitución. Luego de las heroicas jornadas protagonizadas por la clase obrera, durante junio-julio de 1975, cuando la burguesía, desde su Estado, intentó planificar la crisis capitalista -con el proyecto económico de Rodrigo de distribución contra los trabajadores y el respaldo político del lopezreguismo- se encontró con la intransigencia proletaria que derrumbó totalmente ese intento autocrático. El proletariado acrecentó sus fuerzas de clase, organizándose fabrilmente, comenzando a superar -aunque en forma embrionaria- la constitución sindical. Pero la expresión de su mayor fortalecimiento consistió nuevamente en debilitar aún más a la burguesía, haciéndole cada vez más difícil gobernar bajo la forma más democrática de la dictadura del capital, la democracia burguesa parlamentaria. Recuperar la autoridad política para usar el Estado era el medio necesario para recomponer todas las relaciones sociales anarquizadas, restaurar el orden, no sólo en la economía sino en la sociedad toda, era la necesidad fundamental de la burguesía. Desde esos días comenzaron a aparecer con frecuencia en el discurso de militares, empresarios, políticos y sindicalistas, las apelaciones a la lucha contra la “guerrilla fabril”, “las huelgas salvajes” y los “infiltrados en el movimiento obrero”, tras lo cual “toda la potencia represiva del Estado se concentró furiosamente sobre las fábricas, los trabajadores y sus aliados, con todos los medios a su alcance...”. José López Rega, Juan Domingo Perón y Ma. Estela Martínez de Perón El Sindicato de Obreros y Empleados de Petroquímicos Unidos (SOEPU), de la ciudad de San Lorenzo, denunció la represión desatada en esos días a través de un pronunciamiento “Contra la escalada de Terror y Matonaje”, en el cual plantearon: “la escalada terrorista que invade el país, y que invariablemente ha quedado impune (jamás se encontró un asesino a sueldo del imperialismo), los asesinatos, cárceles, invención de falsos complots. Secuestros, amenazas a auténticos exponentes del arte popular, a políticos, etc. Las amenazas a nuestro asesor letrado y a uno de nuestros dirigentes, las amenazas a un dirigente de los obreros de Sulfacid y su familia, la inmolación del joven compañero José Polenta. No podríamos comprender la existencia del terrorismo y el matonaje impune, sin entender el poder que lo nutre”. (3) Por su parte, en octubre de ese año, el genocida Gral. Jorge Rafael Videla al participar en la XI Conferencia de Ejércitos Americanos, realizada en Montevideo, reveló la decisión militar sobre la cuestión del poder y declaró que en la Argentina deberían morir todas las personas que sean necesarias para lograr la seguridad del país. El ciclo de la barbarie represiva se cerraba: cambios en la legislación penal, amenazas desde el ejecutivo nacional de actuar fuera de la ley, carta blanca a López Rega para crear la Triple A, órdenes a las Fuerzas Armadas para aniquilar a la “subversión”. Finalizados los 49 días de la presidencia de Cámpora (25 de mayo- 13 de julio de 1973) , durante las presidencias de Lastiri (13/7/73- 12/10/73), de Perón (12/10/73-1/7/74) y sobre todo durante la presidencia de Isabel Perón (1/7/74-24/3/76) la represión siguió un ritmo creciente contra peronistas de izquierda, líderes sindicales antiburocráticos, activistas gremiales de las grandes empresas, militantes de las organizaciones de izquierda, abogados laboralistas y defensores de presos políticos, periodistas, estudiantes.. La Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) en su informe “Nunca Más” contabilizó 458 asesinatos durante ese período: 19 en 1973, 50 en 1974 y 359 en 1975, obra de grupos parapoliciales, que actuaron principalmente con el nombre de “Triple A”, dirigida por José López Rega, ministro, sucesivamente, de Cámpora, Lastiri, Perón e Isabel Perón, y secretario privado de los dos últimos. Entre los primeros atentados atribuidos a la “Triple A”, se cuentan la bomba que explotó en el automóvil del senador radical Hipólito Solari Yrigoyen el 21 de noviembre de 1973, que le ocasionó graves heridas, y el asesinato del abogado del Peronismo de Base Antonio Deleroni y de su esposa, el 27 de noviembre del mismo año. Solari Yrigoyen había hecho pocos días antes una larga exposición en el Senado criticando las reformas a la ley de asociaciones profesionales de trabajadores, destinadas a consolidar el control de la burocracia sindical sobre el movimiento obrero. Pocos días antes del atentado, un notorio representante de esa burocracia, Lorenzo Miguel, había calificado a Solari Yrigoyen como “enemigo público número uno”. Pero ya antes había comenzado la represión contra el movimiento obrero: el 17 de julio de 1973 fue intervenida la CGT de Salta y en esos días se produjeron ataques armados contra la CGT, SMATA y Luz y Fuerza de Córdoba. Dicha represión incluyó también en 1973 el asesinato de militantes sindicales: Carlos Bache, del Sindicato de Ceramistas de Villa Adelina, el 21 de agosto; Enrique Damiano, del Sindicato de Taxistas de Córdoba, el 3 de octubre; Juan Ávila, de la Construcción de Córdoba, el 4 del mismo mes: Pablo Fredes, de Transportes de Buenos Aires, el 30 de octubre; Adrián Sánchez, de Mina Aguilar, Jujuy, el 8 de noviembre de 1973. Durante el Gobierno de Isabel Perón (1974-76) se le dio al enfoque represivo iniciado con la dictadura 66-73 una apariencia de legitimidad mediante el decreto secreto Nº 261 de febrero de 1975 que ordenó a las Fuerzas Armadas emprender las acciones militares necesarias para aniquilar a los elementos subversivos en la provincia de Tucumán. Los asesinatos de políticos, de abogados y otros profesionales, y de activistas sindicales siguieron en 1974 y 1975 a un ritmo creciente y los sindicatos más combativos fueron intervenidos y sus dirigentes encarcelados. La ofensiva fue muy fuerte contra las organizaciones gremiales combativas y clasistas, lo que abarcó desde intervenciones a los sindicatos, detenciones, asesinatos, paso a la clandestinidad de dirigentes y activistas. En 1973, en un “accidente” automovilístico sumamente sospechoso fallecieron el Secretario General del combativo y clasista SOEPU, el Flaco Moglia, y su esposa Betty. En agosto de 1974, el Gobierno le retiró la personería gremial a la Federación Gráfica Bonaerense y en octubre fue detenido su secretario general Raimundo Ongaro. También en agosto de 1974 el sindicato SMATA Córdoba, en conflicto con la empresa Ika Renault, fue intervenido por la dirección nacional del gremio. La mayoría de sus dirigentes y activistas fueron encarcelados y muchos de ellos fueron asesinados durante la dictadura 76-83, entre ellos su secretario general, René Salamanca. En octubre de 1974, la policía allanó el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba y detuvo a varios militantes sindicales. Su secretario general, Agustín Tosco, consiguió eludir la detención y pasó a la clandestinidad hasta su muerte, el 5 de noviembre de 1975. Ya instalada la Junta Militar, el Secretario general adjunto del mismo sindicato, Tomás Di Toffino, fue secuestrado el 28 de noviembre de 1976 y fusilado en un campo militar en Córdoba el 28 de febrero de 1977 en una “ceremonia castrense” presidida por el general Luciano Benjamín Menéndez. Atilio López, secretario general de la CGT de Córdoba y ex vicegobernador de la Provincia, fue asesinado en Buenos Aires el 16 de setiembre de 1974. Seis meses antes, en marzo de 1974, había sido derrocado del Gobierno de Córdoba junto con el Gobernador Obregón Cano por el Jefe de Policía provincial, coronel Navarro. El Gobierno nacional, en lugar de reponerlos en sus cargos, intervino la Provincia. Sólo en 1974 fueron asesinados por lo menos 25 activistas sindicales. En el mismo año también fueron asesinados los abogados Rodolfo Ortega Peña (quien era diputado nacional) en julio; Alfredo Curutchet y Silvio Frondizi, en septiembre y las abogadas y periodistas Nilsa Urquía y Marta Zamaro, de Santa Fe, vinculadas al gremio gráfico liderado por Raimundo Ongaro y a la CGT de los Argentinos, en noviembre. En 1975 fueron asesinados los abogados Concepción de Grandis, Rafael Fagalde, Sergio Karakachoff, Ángel Gerardo Pisarello y Felipe Rodríguez Araya. Rodolfo Ortega Peña, asesinado por la Triple A en 1974 La represión contra los refugiados de países vecinos comenzó antes de la dictadura, en setiembre de 1973, contra los chilenos que huían del golpe de Pinochet. Muchos de ellos al llegar de Chile fueron detenidos en Ezeiza. Los exiliados chilenos solicitaron a Perón su intervención personal para resolver el problema. No obstante, el primer resultado concreto provino de la Justicia. El 17 de octubre de 1973, el juez federal Miguel Inchausti hizo lugar al recurso de amparo interpuesto por 112 asilados chilenos alojados en el Hotel Internacional de Ezeiza, ordenando su libertad inmediata. Pero este fallo judicial no fue obedecido por las autoridades de la Dirección de Migraciones, que, haciendo caso omiso de lo dispuesto por el juez Inchausti, dieron un plazo de 24 horas a los asilados chilenos para abandonar el país. El secretario del Juzgado, Guillermo Díaz Lestrem (posteriormente secuestrado y asesinado por la dictadura militar), impulsó decisivamente el fallo favorable a los refugiados. Otro caso, entre otros, fue el de los refugiados uruguayos Daniel Banfi, Guillermo Jabif y Luis Latrónica, secuestrados y asesinados en setiembre de 1974. Esta hospitalidad con los refugiados tenía antecedentes: en 1954, 32 guatemaltecos y 3 salvadoreños, no obstante haber llegado legalmente como asilados a Argentina escapando a la sanguinaria represión desatada en Guatemala por la dictadura militar que sucedió al Gobierno de Arbenz, fueron alojados durante un año gratuitamente por el Gobierno... en la cárcel de Villa Devoto. Eran de izquierda y el secretario de Estado estadounidense John Foster Dulles no los quería en libertad. El Operativo “Serpiente Roja” Luego del gran triunfo de los trabajadores metalúrgicos en Villa Constitución, en marzo de 1974, la represión apareció con toda su magnitud el 20 de marzo de 1975 en dicha ciudad, a partir del accionar de las fuerzas conjuntas reclutadas por la SIDE, que incluían a la Policía Federal, Provincial, Ejército y Gendarmería, grupos de choque entre los cuales iban armados los guardias blancos pagados por las acerías de Martínez de Hoz, y miembros de la Triple A. Las órdenes firmadas por Rocamora, Savino y López Rega eran claras: ahogar en sangre a los obreros y activistas de Villa Constitución. La ciudad se despertó invadida por miles de efectivos de fuerzas represivas. Con una lista de los domicilios provista por la empresa Acindar, se lanzaron sobre las casas de cientos de activistas obreros. El operativo se extendió a lo largo del cordón industrial del río Paraná, pasando por el barrio de SOMISA de San Nicolás y las fábricas combativas del norte de Rosario. Isabel de Perón, desde el gobierno nacional, denunció un "complot de características inusuales en la Argentina". Ese complot, según el comunicado oficial, pretendía paralizar la industria, amenazando a los obreros mediante el terrorismo para no ir a trabajar. Decía: "La gravedad de los hechos es de tal naturaleza que permiten calificarla como el comienzo de una vasta operación subversiva terrorista, puesta en marcha por una deleznable minoría nacional". Los diarios del 21 de marzo titularon "Denuncian que fue desbaratado un complot destinado a paralizar la industria pesada" (La Opinión) y "Denuncian amplio plan subversivo" (Mayoría). El saldo de la represión fue la detención de la Comisión Directiva de la UOM-Villa y de cientos de militantes. Cuando llegó la noticia a las fábricas, los metalúrgicos paralizaron la producción. Los obreros, en estado de asamblea permanente, ocuparon nuevamente los establecimientos. Trabajadores metalúrgicos de Villa Constitución Comenzó así una larga y dura huelga con movilización por la libertad de los presos y la devolución del sindicato. Cuando la Prefectura rodeó la fábrica, los obreros se replegaron a los barrios. Un Comité de Lucha de las fábricas y barrios encauzó la enorme participación y solidaridad de toda la zona. Se inició una resistencia de dos meses donde todos aportaron al fondo de huelga y a las masivas marchas del 16 y 22 de abril en el centro de Villa, respondidas con más represión. Pero el gobierno de Isabel y López Rega, con el apoyo de la CGT, estaba decidido a terminar con el movimiento obrero combativo, aceptando el costo político que del operativo dejó a los dirigentes de Villa presos y sin abrir el diálogo. Los metalúrgicos volvieron a las fábricas el 19 de mayo, sufriendo más bajas entre despidos y asesinados. El plan represivo se denominó Operativo Serpiente Roja. Fue uno de los mayores ejemplos de complicidad del Estado, sus fuerzas de seguridad, la burocracia sindical y los empresarios para atacar a la clase obrera. Una columna de 105 Ford Falcón -cargados de policía, miembros de la Triple A y matones- invadió la ciudad. En los dormitorios de solteros de Acindar se montó el primer campo de concentración, en un adelanto de lo que haría luego la dictadura del 76. Fueron cientos los detenidos y más de veinte los asesinados. Los vecinos cuentan que ese día las campanas de la parroquia San Pablo Apóstol celebraron el operativo. El cura Samuel Martino, responsable de la iglesia, aparece en las listas de represores de la CONADEP. Carlos Sosa, miembro de la Unión Ferroviaria, comentó algunos datos de la crueldad con que actuaron los represores: “El 16 de octubre secuestraron al delegado Julio Palacio, a la doctora De Grandi y a un pastor, Carlos Ruesca. Los fusilaron y aparecieron los cuerpos mutilados: a la doctora le cortaron los senos, a los hombres los testículos y los tiraron en Albarellos para que todo el pueblo los viera. “Un año después, Alfredo Martínez de Hoz renunció a su puesto en la dirección de Acinda, y asumió como ministro de economía de la dictadura. Lo reemplazó el General Alcides López Aufranc, quien en 1969 había encabezado la represión del Cordobazo. En esa jornada, durante un coctel en su honor, aprovechó para brindar por ‘los 23 delegados de Villa Constitución que ya no joderán más porque están bajo tierra’.” (4) La represión antisindical en grandes fábricas transnacionales, como Ford, Fiat, Mercedes Benz, Peugeot, Renault, entre otras, antes de la dictadura y durante ella, se llevó a cabo en varios casos con la colaboración de personal superior de las empresas y de algunos dirigentes de las centrales sindicales. Uno de ellos, José Rodríguez, ha sido señalado como cómplice en el juicio por la desaparición de trabajadores de Mercedes Benz durante la dictadura. El mismo José Rodríguez que en 1974 intervino la seccional Córdoba de SMATA y que aún hoy es Secretario General del sindicato. Elena Villagra junto a la tumba de su compañero, Rodolfo Ortega Peña El golpe genocida contra la clase obrera Meses antes del golpe de 1976 los fenómenos que caracterizaban la situación del país eran los siguientes: Imposibilidad de mantener la conciliación de clases en el terreno de la producción Se puso al rojo vivo la contradicción entre economía y política La burguesía se debatía en su impotencia para gobernar, que se expresaba en: debilitamiento del ejecutivo; ruptura de la prescindibilidad de las Fuerzas Armadas; necesidad del reforzamiento de sus instituciones Indisciplina social y productiva. La indisciplina fabril y la anarquía social carcomían el “cuerpo social”. Los empresarios estaban atemorizados por el poder creciente de las comisiones internas y cuerpos de delegados dentro de las fábricas y por la situación económica que combinaba control de precios y alta inflación. A mediados de 1975, en una reunión privada con Videla, sugirieron que las Fuerzas Armadas asumieran el poder. El compromiso que tomaron los principales empresarios fue que uno de ellos, José Alfredo Martínez de Hoz, fuera el responsable de la gestión económica del nuevo gobierno militar. Los sectores con poder económico resolvían así sus dos problemas principales: ellos arreglarían las finanzas del país, mientras los militares ponían orden eliminando a la subversión. Los medios de comunicación mayoritarios también apoyaron el golpe. El golpe militar del 24 de marzo de 1976 fue clara y contundentemente contra la clase obrera y los trabajadores, para restaurar el orden en la producción y desarticular las distintas formas de organización obrera e imponer un plan económico de distribución contra el proletariado. Desde 1969, en distintas zonas industriales, se fueron dando formas organizativas democráticas, con gran participación de las bases obreras, estableciendo con el tiempo profundas relaciones interfabriles, con innumerables contactos regionales y nacionales. A lo que se sumó la intensificación de las relaciones y debates al interior de las fábricas, de las fábricas a otras fabricas, de las zonas industriales a los barrios obreros. Para frenar ese desarrollo en ascenso, el principal objetivo de la dictadura militar fue destruir y paralizar toda esa organización que se venia gestando. La supresión de las garantías civiles fue la metodología para imponer las condiciones necesarias de destrucción y reestructuración económica, política, social y cultural, según los lineamientos internacionales que condicionaron los años sucesivos. Se desarticularon las formas de participación, de movilización, que venían construyendo los sectores populares. Fueron años trágicos, con profundas secuelas de sufrimiento y dolor, cambios y mutaciones. Los militares genocidas vinieron a poner disciplina y orden capitalista, ante la indisciplina social y productiva, la indisciplina fabril, la anarquía social que corroía el cuerpo social, y que había roto las jerarquías políticas en todos los planos. Lo hicieron para controlar las cuestiones sociales e implementar mecanismos de desarticulación y escisión de todas las estructuras y organismos participativos, bajo signos de alta violencia y sin vigencia de las garantías civiles. La larga lista de atropellos y apremios ilegales a los que fueron sometidas los detenidos explican la crudeza del modelo de reorganización de la estructura productiva del país. El primer objetivo de la Junta Militar de Videla, Massera y Agosti fue desarticular las luchas, la organización de la clase obrera, controlar las demandas y cuestionamientos que generarían el segundo objetivo, que fue la imposición de un modelo económico antiobrero. Su aplicación trajo consecuencias sociales, como el cierre de fábricas, desocupación, deteriorando las condiciones de vida de los trabajadores y de la población. La clase obrera, como hemos analizado desde un tiempo antes del golpe militar del 24 de marzo, venía soportando una dura represión, pero desde ese día se inició la mayor persecución desde sus orígenes en el siglo XIX. Nunca, como en el período 1976-83, se alcanzó lo que ahora conocemos como terrorismo de estado, nunca como entonces se llegó al nivel de exterminio de miles de hombres, mujeres y niños. La sociedad argentina se vio sometida por la dictadura militar que llevó al paroxismo la persecución política, la cárcel, la tortura y la desaparición de personas. El segundo objetivo del golpe militar -imponer el proyecto económico- estuvo encarnado en la figura del Ministro de Economía, José A. Martínez de Hoz y fue elaborado como un programa de “modernización del aparato productivo y racionalidad”. En la práctica, esto se manifestó en un lenguaje economicista que explicaba y trataba de justificar el proyecto de apertura económica, con el fin de atraer inversiones de capitales que concretaran la reestructuración económica. Todo se tradujo en una crisis económica que fue en aumento, con fábricas cerradas, miles de desocupados y una deuda externa que endeudó al país por años. Las consecuencias de la represión son conocidas: 30.000 desaparecidos, miles de muertos, torturados, secuestrados, robo de niños y todo el tipo de aberraciones. El 24 de marzo de 1976 representa la muerte, la corrupción, la persecución, el exilio. No obstante el terror, la resistencia y la búsqueda de personas se manifestaron públicamente. Los jueves, la Plaza de Mayo vio marchar a las Madres. Publicaciones clandestinas y periodistas independientes contribuyeron con su valerosa tarea a sacar a la luz los oscuros sucesos de ese período. Notas: 1.- La Nación, 23 de enero de 1974, pág. 4 2.- Ley de Isabelita / Aniquilamiento, Libro CTA 3.- El Petroquímico, Nº 33 4.- Saglul, Carlos, “Operativo Serpiente Roja”, periódico CTA, Año VII, Nº 74, Marzo 2011 Foto portada: Imagen de “El Petroquímico”, boletín de los trabajadores del Sindicato de Obreros y Empleados Petroquímicos Unidos Leónidas Ceruti, historiador.

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El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la clase trabajadora.

Sábado, 24/03/12
"El conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar". Aún hoy, 36 años después, existen fuertes debates tanto académicos como políticos sobre el significado y carácter del golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la dictadura que éste inauguró.

Frente a las perspectivas que privilegian la dimensión política de esta historia, y que entienden al golpe militar exclusivamente en el marco del enfrentamiento entre fuerzas armadas y organizaciones político-militares, consideramos fundamental introducir una mirada de clase que permite iluminar aspectos centrales de esta historia. Esta breve intervención tiene como objetivo sintetizar los hallazgos de algunas investigaciones realizadas desde distintos campos y disciplinas, que en conjunto permiten dar cuenta de las relaciones existentes entre las transformaciones sociales, políticas y económicas en un período que tuvo un impacto clave en la historia argentina de las últimas décadas. Rescataremos entonces aquí algunas líneas que consideramos fundamentales para la discusión histórica y política, que creemos que sería muy rico profundizar. 1. La importancia del conflicto entre capital y trabajo desde fines de los ’60 hasta mediados de los ’70 y sus vinculaciones con las confrontaciones políticas En lo que se refiere al período previo al golpe militar, se produjo una creciente articulación entre las aproximaciones que habían destacado la importancia del proceso de radicalización política y el crecimiento de las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda, con aquellas centradas en el conflicto entre capital y trabajo entre fines de los años ’60 y mediados de los años ’70 (1) . En los últimos años hubo un gran número de contribuciones que hicieron aportes importantes para superar la división previa entre estudios políticos y estudios del mundo del trabajo, y comenzaron a explorar la relación estrecha, rica y muchas veces tensa y contradictoria que se fue tejiendo entre militancia política y militancia sindical (2). Algunos de estos trabajos se centraron en el activismo sindical de base, afirmando que las luchas en torno a la organización en el lugar de trabajo fueron un campo de importancia decisiva en el que se tejieron estas vinculaciones. (3) Al mismo tiempo, una cantidad de trabajos se centraron en el momento inmediatamente anterior al golpe, que se caracterizó por una agudización del conflicto sindical, mostrando una creciente actividad de los sectores tanto combativos como ortodoxos del sindicalismo (4). Todos ellos contribuyen a afirmar que el conflicto entre capital y trabajo se encontraba en el centro de la escena a mediados de los años ’70, y que constituyó uno de los principales desafíos que el golpe militar se propuso enfrentar. 2. La significación que tuvo el final de la segunda etapa de la industrialización por sustitución de importaciones (ISI) Existen también contribuciones importantes que permiten apreciar que este auge de la radicalización política y la lucha obrera se produjo en un contexto estructural que sentó ciertas condiciones de posibilidad que fueron aprovechadas por la clase trabajadora. Frente a estudios anteriores, basados en información estadística incompleta, que sostenían que la industrialización había entrado en una fase de estancamiento definitivo en la década del ’60, una serie de trabajos realizados en el campo de la economía demostraron que pueden distinguirse, en la segunda etapa de la ISI, caracterizada por una creciente diversificación e integración de la estructura industrial argentina y que se extendió desde mediados de los años ’50 hasta mediados de los ’70, dos subetapas distintivas (5). Si bien en la totalidad de la segunda ISI las industrias dinámicas fueron la automotriz, la metalúrgica y la química, en un contexto de claro ascenso de la participación del capital extranjero en la economía, hay que distinguir una primera subetapa, extendida entre mediados 1956 y 1963, que se caracterizó por un crecimiento del PBI a una tasa del 2,1% anual y ciclos de corto plazo que implicaron, en sus fases descendentes, caídas del producto en términos absolutos (6). En cambio, en la segunda subetapa desarrollada a partir de 1964, el crecimiento del PBI fue del orden de 5,1% anual hasta 1974. Durante este último período siguieron existiendo ciclos ascendentes y descendentes, aunque éstos ya no involucraron caídas en términos absolutos sino desaceleraciones del crecimiento, luego seguidas por alzas más pronunciadas. Esto sugiere que el modelo sustitutivo, aún con sus limitaciones y problemas, lejos de estar agotado a mediados de los años ’70, había transitado en cambio un período de gran crecimiento y desarrollo durante una década. Esta evolución constituyó un punto de partida para el activismo obrero que tuvo grandes logros. Estudios económicos disponibles proveen un dato clave referido a la distribución funcional del ingreso que refleja el poder de la clase trabajadora: en 1974, los salarios tenían una participación de alrededor de 48 puntos en el ingreso nacional, es decir estaban cerca de igualar el hito histórico de 50 puntos alcanzado durante los dos primeros gobiernos peronistas. Este es otro dato clave para reafirmar el poder de la clase trabajadora que, aún con fuertes diferencias y confrontaciones internas, se hallaba en un gran nivel de organización y movilización a mediados de los años ’70. 3. La estrecha vinculación existente entre políticas económicas, laborales y represivas de la última dictadura militar Desde esta perspectiva y con estos aportes en mente, es posible comprender que el golpe de estado de 1976 intentó no sólo dirimir una confrontación política de las fuerzas armadas contra las organizaciones políticas y político-militares del campo de la izquierda en sentido amplio, sino también poner fin a fuertes conflictos existentes entre las clases que estaban fuertemente vinculados con el proceso de radicalización social acentuado desde fines de los años ’60. Tres líneas de política de la dictadura militar, en el campo económico, laboral y represivo, fueron centrales para reformular la dinámica anterior de relación y conflicto entre las clases (7). Las políticas represivas constituyeron una de las marcas más visibles de la dictadura militar: la instauración del terrorismo de estado, y la aplicación de la desaparición de personas como método privilegiado, además del encarcelamiento, el asesinato y demás formas de persecución a la oposición y de disciplinamiento social son sin dudas las características más resonantes del gobierno que tomó el poder por la fuerza en 1976 (8). Sin embargo, sólo recientemente han tomado mayor visibilidad e importancia las aproximaciones que enfatizaban que esta política represiva no estuvo únicamente dirigida a militantes políticos del campo de la izquierda, sino también a sectores importantes de la clase trabajadora, entre los cuales los delegados, miembros de comisiones internas y activistas de base tuvieron un papel muy importante (9). Al mismo tiempo, estudios recientes destacaron la importancia de examinar las vinculaciones que se establecieron entre fuerzas armadas y elites económicas en la represión a los trabajadores, destacando que tuvieron como objetivo central marcar un punto de inflexión en la historia previa de organización y lucha del movimiento obrero argentino, en particular en la desarrollada en el lugar de trabajo (10). Esta relación entre sectores del capital concentrado y fuerzas militares no se restringió a la política represiva, sino que se plasmó también en la política económica, que marcó un profundo quiebre en la historia de más de cuatro décadas de industrialización desarrollada en el país desde la década del ’30, promoviendo una inédita redistribución del ingreso en contra de los trabajadores, una creciente apertura al mercado internacional, un acelerado crecimiento del endeudamiento externo y una marcada desindustrialización. Un símbolo central de esta relación fue José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó de ser Presidente del directorio de la empresa siderúrgica Acindar, en la cual se desarrolló un proceso represivo de inédita magnitud en 1975 que incluyó un campo de detención dentro del predio de la fábrica, a ser Ministro de Economía de la dictadura militar entre 1976 y 1981 (11). La clase trabajadora no sólo sufrió el fuerte embate de las políticas represivas y económicas, sino que además vio dramáticamente reducida su posibilidad de organización y lucha debido a un profundo reordenamiento de la legislación y la práctica de las relaciones laborales, que comenzó por la intervención por parte de personal militar de la CGT y de los gremios más importantes y representativos, e incluyó una batería de legislación que prohibió toda forma de organización en el lugar de trabajo, así como toda forma de movilización en el espacio público. Es importante destacar que a pesar del impacto de esta ofensiva desarrollada en estos tres frentes, distintos sectores de la clase trabajadora consiguieron organizarse y movilizarse durante la dictadura, con demandas económicas y laborales, o con protestas contra la avanzada represiva, lo cual resultó fundamental para mantener ciertos niveles de organización y de lucha que permitieron, en la transición a la democracia, iniciar un proceso de reconstrucción y reorganización obrera (12). 4. Las profundas transformaciones estructurales operadas durante la dictadura y su legado para la historia posterior de la clase trabajadora Frente a interpretaciones que se refieren al “fracaso” de la dictadura militar aduciendo que éste fue finalmente desplazado del poder en 1983, resulta imprescindible recordar que las transformaciones operadas en este período marcaron fuertemente el rumbo de las décadas siguientes de la historia argentina. No sólo las políticas represivas dejaron un legado de terror y disciplinamiento social de gran impacto, al tiempo que los retrocesos en los derechos laborales sólo pudieron ser revertidos parcialmente en un proceso que llevó años, sino que se produjeron en esta etapa cambios en la estructura económica y social que se mantuvieron y profundizaron durante los gobiernos democráticos que siguieron a la dictadura (13). Las políticas que dieron inicio a estos cambios profundos en la economía argentina fueron la Reforma Financiera de 1977, y su confluencia con la apertura económica y la drástica reducción de la protección arancelaria implementada en 1979, las cuales promovieron una transformación en los precios relativos de los sectores económicos en perjuicio del sector industrial. Esto ocasionó un abrupto descenso de la participación del sector industrial en el Producto Bruto Interno, al tiempo que las transferencias al capital concentrado favorecieron una profunda reestructuración del sector, que se concentró de manera inédita (14). Al mismo tiempo, se produjo un dramático incremento de la deuda externa (de alrededor de 8 mil a 140 mil millones de dólares, entre 1976 y 2001) y una transformación de su funcionalidad y objetivo (15). Una ilustración clara y contundente del impacto de estos procesos en la clase trabajadora es la evolución de la participación de los asalariados que llegó a un piso de 22 puntos del PBI en la crisis hiperinflacionaria de 1982 (16). Este cambio del patrón de acumulación de capital, que tuvo lugar en un contexto de cambios profundos en la economía mundial que marcaron el fin del denominado “modelo fordista”, se implementó en el caso argentino con un ritmo especialmente acelerado y abrupto y tuvo un sesgo particularmente excluyente y regresivo que marcó en forma significativa la historia de la clase trabajadora y sus organizaciones en las décadas siguientes. A modo de conclusión: la clase trabajadora y sus desafíos hoy El conjunto de aportes citados (que son sólo algunas de las aproximaciones que proveen claves útiles), nos permite no sólo comprender algunos aspectos importantes de la historia reciente argentina, sino también detectar líneas para la construcción futura. El gran desafío hoy, a la hora de recordar el golpe de estado, es no sólo discutir en qué medida algunos de estos legados regresivos se encuentran presentes aún en la actualidad, sino también encontrar formas de combatirlos. El fortalecimiento de la clase trabajadora y sus organizaciones, el apuntalamiento y extensión de mecanismos de representación en los lugares de trabajo y la articulación de los trabajadores con organizaciones políticas representativas parecen, en este sentido, vías fundamentales para revertir definitivamente las herencias de la dictadura y abrir nuevos caminos. Notas: 1. El Cordobazo fue un símbolo de la confluencia de estas luchas, y la bibliografía sobre él es amplia y diversa. Ver entre muchos otros Balvé, Murmis, Marín, Aufang, Balvé, Jacoby, Lucha de Calles, Lucha de Clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969), Buenos Aires, Ediciones RyR, 2006, Beba Balvé y Beatriz Balvé, El 69. Huelga política de masas. Rosariazo, Cordobazo, Rosariazo, Buenos Aires, Ediciones RyR, 2005, Gordillo, Mónica, Córdoba en los 60: la experiencia del sindicalismo combativo, Córdoba, Universidad Nacional de Córdoba, 1996, Nicolás Iñigo Carrera, “Acerca de los sesenta y los setenta” en Anuario IEHS, N° 12, Universidad Nacional del Centro de la Pcia. de Buenos Aires, Tandil, 1997. Ver también sobre la organización obrera en la segunda ISI Daniel James, Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976, Buenos Aires, Siglo Veintiuno editores, 2005 (primera edición 1990), Alejandro Schneider, Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo (1955- 1973), Buenos Aires, Ediciones Imago Mundi, 2006, y artículos de Darío Dawyd, “La ‘huelga santa’ de los petroleros de Ensenada. Petróleo, peronismo y política en el 68 argentino” y Valeria Snitcofsky, “Villas de Buenos Aires y conflictos portuarios bajo el gobierno de Onganía: aportes para un análisis de la articulación entre sindicalismo de base y organización territorial” en Victoria Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX: experiencias de lucha y organización, Buenos Aires, Cara o Ceca, 2010. 2. Algunos de los estudios sobre la relación entre clase obrera y distintos sectores de la izquierda son Federico Lorenz, Los zapatos de Carlito. Una historia de los trabajadores navales de Tigre en la década del setenta, Buenos Aires, Norma, 2007, Agustín Santella y Andrea Andújar, “El Perón de la fábrica éramos nosotros”. Las luchas metalúrgicas de Villa Constitución. 1970-1976, Buenos Aires, Desde el subte, 2007; Daniel de Santis, La historia del PRT-ERP por sus protagonistas, Buenos Aires, Estación Finlandia, 2010; Pablo Pozzi y Alejandro Schneider. Los setentistas. Izquierda y clase obrera (1969-1976), Buenos Aires: Editorial de la Universidad de Buenos Aires (EUDEBA), 2000, María Cristina Tortti, “Protesta social y "nueva izquierda" en la Argentina del “Gran Acuerdo Nacional”” en Taller, Revista de Sociedad, Cultura y Política vol. 3, no. 6, Buenos Aires: abril 1998; María Cecilia Cangiano, What did it mean to be a revolutionary? Peronism, Clasismo and the steel workers of Villa Constitución. Argentina, 1945-1996, Tesis de doctorado, SUNY Stony Brook. 1996. Uno de los temas que aún requieren una exploración más exhaustiva y sistemática es la relación entre la clase trabajadora y las organizaciones político-militares. 3. Ver por ejemplo Victoria Basualdo, “Los delegados y las comisiones internas en la historia argentina: una mirada de largo plazo, 1943-2007” en Daniel Azpiazu, Martín Schorr y Victoria Basualdo, La industria y el sindicalismo de base en la Argentina, Buenos Aires, Editorial Cara o Ceca, 2010, y Victoria Basualdo, “Labor and structural change: Shop-floor organization and militancy in Argentine industrial factories (1943-1983)”, Tesis de doctorado, Columbia University, 2010. 4. Ver, entre otros, James, Resistencia e Integración; Juan Carlos Torre, Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976, CEAL, Buenos Aires, 1983; Elizabeth Jelin, "Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976"; Revista Mexicana de Sociología, año XL, vol. XL, no. 2, abril-junio 1978; Ruth Werner y Facundo Aguirre, Insurgencia obrera en la Argentina. Clasismo, coordinadoras interfabriles y estrategias de la izquierda, 1969-1976, Ediciones IPS, 2007; Héctor Lobbe, La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976), Buenos Aires, RyR, 2006; Yolanda Colom y Alicia Salomone, “Las Coordinadoras ínterfabriles de Capital Federal y Gran Buenos Aires”, en Razón y Revolución N° 4, Buenos Aires, 1997; María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, “La lucha del movimiento obrero y crisis de la alianza peronista. Argentina, Junio -Julio, 1975 y Marzo 1976, en Anuario PIMSA, Buenos Aires, 1997; María Celia Cotarelo y Fabián Fernández, “La huelga general con movilización de masas” en Anuario PIMSA, Buenos Aires, 1998; y artículos de Florencia Rodríguez, “Estrategias de lucha en industrias dinámicas durante la segunda ISI. Un análisis a partir del estudio de caso de Mercedes Benz Argentina” Federico Lorenz, “‘Por la buena o por la mala.’ Militancia sindical y violencia política entre los trabajadores navales de la zona Norte, 1973-1975”, Belén Zapata, “‘Necesitaban gente que estuviese en el oficio...’ Del olor a plomo, al olor a tinta en los talleres gráficos de La Nueva Provincia (1973-1976)” y Victoria Basualdo, “La organización sindical de base en Acindar Villa Constitución en la segunda ISI: aportes para la comprensión de sus particularidades y significación histórica” en Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX. 5. Ver Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Desde mediados del siglo XX a la actualidad, Buenos Aires, Siglo XXI, 2006, Mario Brodersohn “Estrategias de estabilización y expansión en la Argentina, 1959-67” en Aldo Ferrer y otros, Los planes de estabilización en la Argentina, Buenos Aires, Paidós, 1969, y “Política económica de corto plazo, crecimiento e inflación en la Argentina, 1950-1972” en Problemas económicos argentinos, Buenos Aires, Macchi, 1973, y E. Eshag y Rosemary Thorp, “Las políticas económicas ortodoxas de Perón a Guido (1953-1963). Consecuencias económicas y sociales” en Ferrer, Los planes de estabilización, entre otros. 6. Estas crisis externas recurrentes, que habían comenzado en los años finales del peronismo, se debían a un desbalance entre el nivel de importaciones necesario para sostener el desarrollo industrial y las insuficientes exportaciones para financiarlas, en un contexto de baja rentabilidad del sector agropecuario. 7. Algunos de los trabajos que abordan la historia de los trabajadores durante la dictadura son: Victoria Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina, 1976-1983. Apuntes para una discusión sobre la “resistencia” obrera,” Dossier disponible en: http://www.comisionporlamemoria.org..., La Plata, Comisión Provincial por la Memoria, 2010; Arturo Fernández, Las prácticas sociales del sindicalismo, Alvaro Abós, Las organizaciones sindicales y el poder militar, Buenos Aires, CEAL, 1984; Pablo Pozzi, Oposición obrera a la dictadura (1976-1982), Buenos Aires, Contrapunto, 1988; Bernardo Gallitelli y Andrés Thompson, “La política laboral en la Argentina del “Proceso”, en Manuel Barrera y Gonzalo Fallabella (comps.), Sindicatos bajo regímenes militares. Argentina, Brasil, Chile. Santiago de Chile, CES-Naciones Unidas, 1990; Ricardo Falcón, “La resistencia obrera a la dictadura militar. Una reescritura de un texto contemporáneo a los acontecimientos” en Hugo Quiroga y César Tcach (comps.), A veinte años del golpe. Con memoria democrática, Rosario, Homo Sapiens Ediciones, 1996; Osvaldo Calello y Daniel Parcero, De Vandor a Ubaldini, Centro Editor de América Latina, 1984; Paul W. Drake, Labor movements and dictatorships. The southern cone in comparative perspective. Baltimore and London, The Johns Hopkins University Press, 1996; Daniel Dicósimo, “Dirigentes sindicales, racionalización y conflictos durante la última dictadura militar”, Revista Entrepasados No. 29, 2006; Ivonne Barragán, “Acción obrera durante la última dictadura militar, la represión en una empresa estatal. Astillero Río Santiago (1974-1984)” en Basualdo (coord.), La clase trabajadora argentina en el siglo XX. 8. Ver entre otros Pilar Calveiro, Poder y desaparición. Los campos de concentración en Argentina, Buenos Aires, Editorial Colihue, 1998. 9. Ver Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina” e Inés Izaguirre y Zulema Aristizábal “Las luchas de la clase obrera: alineamientos y desapariciones en la Argentina de los ’70. Una Medición”, en Antognazzi y Ferrer (Comp.), Argentina: raíces históricas del presente, Escuela de Historia, Humanidades y Artes, UNR, 1996, entre otros. 10. Ver Victoria Basualdo, “Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz”, en Suplemento especial de Engranajes a 30 años del golpe militar, FETIA-CTA, marzo de 2006 disponible en: http://www.riehr.com.ar/detalleInv..... 11. Ver Basualdo, “Complicidad patronal-militar”, José Ernesto Schulman, Acindar, una empresa del Proceso, Buenos Aires, Ediciones del PC, 1985; Ernesto Rodríguez, Oscar Videla, María Cecilia Cangiano, Bernardo Gallitelli, Ángel Porcu y Victorio Paulón, El Villazo. La experiencia de una ciudad y su movimiento obrero, Villa Constitución, RHR Libros, 1999; Jorge Winter, La clase trabajadora de Villa Constitución. Subjetividad, estrategias de resistencia y organización sindical, Buenos Aires, Editorial Reunir, 2010. 12. Basualdo, con la colaboración de Florencia Rodríguez e Ivonne Barragán, “La clase trabajadora durante la última dictadura militar argentina.” 13. Un trabajo clásico en este sentido es Aldolfo Canitrot, “La disciplina como objetivo de la política económica. Un ensayo sobre el programa económico del gobierno argentino desde 1976”, en Revista Desarrollo Económico, Vol. XIX Nº 76, 1980. 14. Sobre la política económica de la dictadura y sus impactos estructurales, ver Daniel Azpiazu, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, El Nuevo Poder Económico en la Argentina de los años 80, Buenos Aires, Legasa, 1986 y Hugo Nochteff, “Reestructuración industrial en la Argentina: Regresión estructural e insuficiencias de los enfoques predominantes” en Revista Desarrollo Económico, Vol. 31, No. 123 (Oct. - Dic., 1991). Específicamente sobre las distintas formas que asumieron las transferencias al capital concentrado, ver Manuel Acevedo, Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse, ¿Quién es quién? Los dueños del poder económico (Argentina, 1973-1987), Buenos Aires, Editora/12 y Pensamiento Jurídico, 1990, Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo, Cara y contracara de los grupos económicos, Buenos Aires, Cántaro Editores, 1989. 15. Si durante la sustitución de importaciones la deuda externa había sido aplicada a financiar importaciones imprescindibles para el desarrollo del sector industrial, durante esta etapa, en cambio, puede verse que la magnitud y evolución de la fuga de capitales es equivalente al monto de la deuda externa, llegando en 2001 a 137 mil millones de dólares. Ver Eduardo Basualdo, Acerca de la naturaleza de la deuda externa y la definición de una estrategia política, Buenos Aires, FLACSO/Editorial UNQUI /Página 12, Colección Economía Política Argentina, 2000. 16. Para un análisis exhaustivo de las transformaciones económicas de la etapa ver Eduardo Basualdo, Estudios de historia económica argentina. Para contactarse con la investigadora: basuvic@yahoo.com.ar www.redeco.com.ar Por Victoria Basualdo (FLACSO Argentina-CONICET).

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sábado, 24 de marzo de 2012

ROSARIO: DOCUMENTO PARA EL 24 DE MARZO.




DOCUMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE DDHH, SOCIALES Y POLÍTICAS PARA EL 24 DE MARZO A 36 años del golpe: Juicio, castigo y cárcel efectiva a todos los genocidas. Inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura. No a la impunidad de ayer y de hoy. Exigimos al gobierno: Basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión. Derogación de la ley antiterrorista. ¡¡¡30000 compañeros detenidos desaparecidos presentes!!! ESTE 24 DE MARZO RESULTA INSOSLAYABLE EN HOMENAJE A NUESTROS COMPAÑEROS DESAPARECIDOS EXIGIR LA DEROGACIÓN DE LA LLAMADA LEY ANTITERRORISTA. ESTE FUE UN DEBATE FRATERNAL CON ALGUNAS ORGANIZACIONES POLÍTICAS Y DE DERECHOS HUMANOS, PERO LAMENTABLEMENTE ALGUNAS DE ELLAS NO QUISIERON ACOMPAÑAR ESTA EXIGENCIA. POR ESO UN BLOQUE MUY GRANDE DE FUERZAS POLÍTICAS SOCIALES Y DE DERECHOS HUMANOS - ALGUNAS DE ELLAS CONSTRUCTORAS DE ESTA MARCHA UNITARIA DESDE 1996 - HEMOS DECIDIDO CONCURRIR A ESTA MARCHA ÚNICA, HACIÉNDOLO EN UN BLOQUE INDEPENDIENTE, NO FIRMANDO EL DOCUMENTO QUE SE VA A LEER EN EL MONUMENTO Y NO INGRESANDO AL MISMO. POR TODO ESO EXIGIMOS: - JUICIO Y CASTIGO A LOS REPRESENTANTES DEL PODER ECONÓMICO QUE SOSTUVO A LA DICTADURA. -BASTA DE IMPUNIDAD: 600 CENTROS CLANDESTINOS, SÓLO 850 PROCESADOS Y SÓLO UN TERCIO DE GENOCIDAS EN LA CÁRCEL -RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD DE LOS JÓVENES APROPIADOS - APARICIÓN CON VIDA DE JULIO LÓPEZ - JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO -NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA SOCIAL -DEROGACIÓN INMEDIATA Y TOTAL DE LA LEY ANTITERRORISTA -ANULACIÓN DE TODA LEGISLACIÓN REPRESIVA - CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES POLÍTICOS Y MATERIALES DE LOS ASESINADOS POR LUCHAR CARLOS FUENTEALBA Y LÁZARO DUARTE (NEUQUÉN)-DIEGO BONEFOI, NICOLÁS CARRASCO Y SERGIO CÁRDENAS (BARILOCHE)- MARIANO FERREIRA- ROBERTO LÓPEZ Y MARIO LÓPEZ (FORMOSA)- BERNARDO SALGUEIRO, ROSEMARY CHURA PUÑA Y EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ (INDOAMERICANO) - JUAN VELÁZQUEZ, FÉLIX REYES Y ARIEL FARFÁN (JUJUY)-CRISTIAN FERREYRA (SANTIAGO DEL ESTERO) - NOEMÍ CONDORÍ (ESCOBAR) SANDRA CABRERA (ROSARIO) -JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LOS ASESINATOS DEL 19 Y 20 DE DICIEMBRE DE 2001: POCHOLEPRATI . GRACIELA ACOSTA. JUAN DELGADO. YANINA -CASTIGO A LOS RESPONSABLES POLITICOS DEL ASESINATO DE DARIO SANTILLAN Y MAXIMILIANO KOSTEKI. -JUICIO YA A PEDRAZA, LA PATOTA Y LOS POLICÍAS IMPLICADOS EN EL CRIMEN DE MARIANO FERREIRA. -LIBERTAD A VÍCTOR OÑATE (PETROLERO DE SANTA CRUZ) Y MARIO TAPIA Y ALDO CLARO DE JUJUY. -CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A LOS LUCHADORES POPULARES, EN ESPECIAL A EDUARDO DELMONTE (CCC) Y CARLOS GHIOLDI (LA TOMA) Y LOS COMPAÑEROS DE ATILRA -BASTA DE PERSECUCION A LOS DELEGADOS Y ACTIVISTAS OBREROS POR RAZONES SINDICALES Y POLITICAS. -BASTA DE REPRESIÓN Y PATOTAS PARAESTATAL ES Y DE LA BUROCRACIA SINDICAL. -CÁRCEL A GERARDO MARTINEZ, AGENTE DEL BATALLON 601. -BASTA DE ESPIONAJE E INFILTRACIÓN SOBRE LOS ORGANIZACIONES POPULARES. APERTURA Y DESTRUCCIÓN DE LOS ARCHIVOS DE ESPIONAJE DEL PROYECTO X Y DE TODOS LOS DE LAS FUERZAS ARMADAS Y DE SEGURIDAD. -FUERA PREFECTURA Y GENDARMERIA DE LAS BARRIADAS POPULARES. -BASTA DE MANIPULAR LA CAUSA DE LA AMIA. APERTURA DE ARCHIVOS E INVESTIGACION INDEPENDIENTE. -JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE CROMAÑON. -JUICIO Y CASTIGO A LOS INUNDADORES DE SANTA FE, EN ESPECIAL CARLOS ALBERTO REUTEMANN NO A LA CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA -BASTA DE GATILLO FÁCIL -BASTA DE ASESINATO POR LA SANTAFESINA S. A., PERSECUCIÓN, ENCARCELAMIENTO Y TORTURA A LOS JÓVENES EN LAS BARRIADAS POPULARES. -JUICIO Y CASTIGO A LOS ASESINOS DE LUCIANO ARRUGA-LOS PIBES DE BARADERO- FRANCO ALMIRON Y MAURICIO RAMOS (JOSÉ LEÓN SUÁREZ). Y MUY ESPECIALMENTE A LOS DE LOS COMPAÑEROS DEL BARRIO VILLA MORENO MONO, PATOM Y JEREMIAS. -APARICION CON VIDA DE LAS MUJERES Y NIÑOS SECUESTRADOS Y DESAPARECIDOS POR LA TRATA DE PERSONAS, -LIBERTAD A ROMINA TEJERINA. -ABORTO LEGAL, SEGURO Y GRATUITO. - NO MAS VIOLENCIA DE GENERO. BASTA DE FEMICIDIOS. BASTA DE AJUSTE, TARIFAZOS, SAQUEO Y REPRESION DEL GOBIERNO DE CRISTINA FERNADEZ Y DE TODOS LOS GOBIERNOS JUICIO Y CASTIGO A POR LA MASACRE DE ONCE A TODOS LOS RESPONSABLES POLITICOS, EMPRESARIALES Y DE LA BUROCRACIA SINDICAL. CESE INMEDIATO DE LA CONCESION A CIRIGLIANO Y TBA. REESTATIZACION DE LOS FERROCARRILES YA! CON CONTROL DE LOS TRABAJADORES Y DE LOS USUARIOS. TODA NUESTRA SOLIDARIDAD CON LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES. BASTA DE DESPIDOS! EN LA CARNE Y OTROS GREMIOS. REAPERTURA REAL DE MAHLE Y PARANA METAL. BASTA DE AJUSTE Y SAQUEO LUCHA DE LOS PUEBLOS DE FAMATINA, BELÉN ANDALGALA, TINOGASTA, ESQUEL, SANTA MARÍA, CHILECITO Y DE TODOS LOS QUE LUCHAN CONTRA EL SAQUEO Y LA CONTAMINACIÓN. -NO A LA MEGAMINERÍA A CIELO ABIERTO Y CONTAMINANTE. -BASTA DE REPRESIÓN Y DISCRIMINACIÓN A LOS PUEBLOS ORIGINARIOS. BASTA DE DESALOJOS. DEVOLUCIÓN DE SUS TIERRAS. -BASTA DE BAJOS SALARIOS, HAMBRE Y ENTREGA. NO AL TOPE SALARIAL. SALARIO MINIMO IGUAL A LA CANASTA FAMILIAR. -NO A LA PRECARIZACION LABORAL. TRABAJO GENUINO PARA TODOS. 82 % MOVIL PARA LOS JUBILADOS. -BASTA DE DISCRIMINAR A SANTA FE CON LOS PLANES ARGENTINA TRABAJA. PROGRAMA PROVINCIAL DE TRABAJO FINANCIADO CON UN IMPUESTO A LAS EMPRESAS MONOPOLICAS RADICADAS EN LA PROVINCIA. -TIERRA VIVIENDA SALUD Y EDUCACION PARA TODOS LOS SECTORES POPULARES. -SOLIDARIDAD CON LA LUCHA DE LOS DOCENTES DE SANTA FE. NO AL ATAQUE A LAS ORGANIZACIONES SINDICALES POR PARTE DE LOS GOBIERNOS. -NO AL PAGO DE LA DEUDA EXTERNA. -BASTA DE SAQUEO Y DESTRUCCIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES. -NO A LA ENTREGA DEL PETROLEO, GAS Y RECURSOS ENERGETICOS. -REESTATIZACION DE YPF SIN INDEMNIZACION Y CONTROL DE LOS TRABAJADORES. -FUERA INGLESES DE MALVINAS. NULIDAD DE LOS PACTOS SECRETOS DE MADRID. -NACIONALIZACION SIN PAGO DE LAS EMPRESAS Y BANCOS INGLESES Y DE TODAS LAS MULTINACIONALES QUE SAQUEAN LAS MALVINAS. -FUERA EL IMPERIALISMO DE AMERICA LATINA. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS PRESENTES AHORA Y SIEMPRE!

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Base militar de EEUU en nuestro Chaco


	Profundizando el modelo para el despojo. En el 2008, el gobierno de los DDHH, firmo la autorización para la instalación de una base militar yanqui en El Chaco, el proyecto se completa con la media sanción de la ley antiterrorista, donde el paquete para desarticular y aplastar las luchas y reclamos populares, quedaría cerrado y listo para su utilización. Obama y Kristina, codo a codo, son bastante más que dos.	Foto de AW

Reproducimos. EL HUEVO DE LA SERPIENTE El proyecto político de Kristina, agitando por izquierda la bandera de los derechos humanos del pasado, enajenó el futuro de las nuevas generaciones de jóvenes argentinos autorizando, silenciosamente en el año 2008, la instalación en nuestro país, de la primer base militar de la CUARTA FLOTA de los EEUU (en ese año denunciado por Sergio Soto y Utre Ctera, quienes hoy nada dicen desde sus cargos de funcionarios) y ahora, la media sanción de la nueva ley antiterrorista "sugerida" por el gobierno norteamericano para ser aplicada contra las lucha del pueblo argentino para proteger "legalmente" la libertad de saqueo e intereses de las empresas monopólicas yanquis. El aeropuerto internacional de la ciudad de Resistencia, administrado por el dueño del mayor monopolio que saquea el Chaco, EURNEKIAN, fue el lugar elegido para la instalación de esta base militar de la CUARTA FLOTA DE LOS EEUU, y hoy podemos ver a quinientos metros de la Ruta 11, en el acceso al aeropuerto de Resistencia, una inmensa mole de cemento, un verdadero bunker, con gigantescas antenas satelitales para espiar todos los movimientos de esta parte de América del Sur, controlando y "haciendo estudios" sobre las luchas de nuestro pueblo por mejores condiciones de vida, para "evitar" el terrorismo, recopilando datos sobre nuestras riquezas petroleras y sobre todo la gran cantidad de agua dulce, no contaminada de nuestros grandes rios, lagunas y los acuiferos Guaraní y Toba para ser explotadas por las grandes empresas monopólicas yanquis. Un verdadero nido de serpientes y espias para ser utilizados contra los intereses de nuestra patria.- El agua será en el futuro cercano un negocio más rentable que el petróleo y los yanquis vinieron a tomar posesión de nuestros recursos naturales autorizados por el gobierno de Kristina, de Koqui incluso de Aida, quien agasajó y homenajeó junto a una ONG a los futuros masacradores del pueblo chaqueño los últimos días de septiembre de 2011.- Resulta una burla a la razón y a nuestra inteligencia creer como dice el enuncio oficial que los espías civiles y militares yanquis vienen con fines humanitarios y para evitar catástrofes en la zona. Justamente los que hasta hoy no solucionaron en Georgia luego de más de 10 años el desastre padecido por los negros pobres de EEUU por el huracán Katrina, quieren venir a "salvarnos" a los chaqueños de desastres naturales. Los recursos humanos, los pueblos somos descartables para los yanquis.- Para tener un ejemplo del grado de capacidad de "salvar poblaciones" veamos el curriculum de los jefes de esa Cuarta Flota cuya base fue inaugurada en nuestro aeropuerto: Su primer jefe designado en 2008 fue JOSEP KEMAN, jefe de los Comandos de Elite Navy Seals, preparados para actuar en guerra irregular, operaciones encubiertas, contrainsurgencia y terrorismo, premiado y condecorado por la gran experiencia y actuación "humanitaria" contra los pueblos de Vietnam, Irak, Agfanistan, Pakistan el Golfo Pérsico y Medio Oriente. El Comandante contralmirante Victor G. Guillory, de raza negra, oriundo de Georgia, reemplazó Keman en 2009. Desde el año 1978 se desempeñó al frente de distintas fragatas misilísticas de la SEPTIMA FLOTA con gran participación en bombardeos "humanitarios" durante la guerra del Golfo, Durante esta gira, fue el responsable de las operaciones anfibias conjuntas y combinadas en todo el Pacífico Occidental. Además, se desempeñó como comandante en jefe de las Fuerzas Navales de EE.UU. para el Apoyo a la Fuerza Combinada 535. En enero de 2010 participó al mando de la Cuarta Flota en la ayuda a las víctimas del terremoto de Haiti. Guillory es un graduado de la Universidad de Defensa Nacional (Colegio Industrial de las Fuerzas Armadas) y sus premios y condecoraciones incluyen la Legión de Mérito, la Medalla de Servicio Meritorio de Defensa, dos Medallas de Mérito, la Medalla de Encomio Armada con Estrella de Oro y al Combate "V" y varias medallas de campaña. Él es también un receptor de reconocimiento y medalla 2009 del Ingeniero Negro del Año para el Liderazgo. Actualmente el contralmirante Kurt W. Tidd es el nuevo jefe de la Cuarta Flota Marina de los Estados Unidos . Tidd fue nombrado Director de Política de Capacidades Estratégicas, Dirección de Política de Defensa en julio de 2006. Se unió al personal del Consejo Nacional de Seguridad en marzo de 2005 Director de Asuntos de Estrategia y Defensa en la Dirección de lucha contra el terrorismo. Sus responsabilidades incluyen el desarrollo y la coordinación interinstitucional de políticas en la lucha contra las armas de destrucción masiva, el terrorismo, las amenazas a la seguridad de la aviación internacional y la política de seguridad marítima. Desde enero 2004 hasta marzo de 2005, Tidd participó en la Guerra del Golfo Pérsico en las operaciones de terror como comandante en Oriente Medio y Comandante de la Fuerza de Tareas de la Fuerza 55.- Este breve currículo de estos expertos jefes "humanitarios" de la Cuarta Flota de los EEUU con base en nuestro aeropuerto de la ciudad de Resistencia, autorizados por el gobierno nacional y provincial y que cuenta con el apoyo público de personalidades de nuestra ciudad como Ayala, Alabe, Valdez, Leunda, Moro, Pereyra directivos de la Unión Industrial, etc, nos obliga a tener memoria futura. Cuando este pequeño "huevo humanitario", transparente, cual simpática e inofensiva criatura, rompa la cáscara salga del huevo y se desparrame en nuestra patria sembrando el terror y el genocidio como lo sufren hoy los pueblos de medio oriente. Porque cuando la serpiente salga del huevo y comience a hacer lo suyo, el proceso no parará hasta que la destrucción sea total. Y cuando por fin alguien quiera hacer algo al respecto, ya será demasiado tarde como en la magnífica película de Bergman. Abogado Marcelino O, Leiva DNI 7.623.500 Esquiú 1075 Barranqueras TEXTO PERMANENTE 2 Profundizando el modelo para el despojo Agencia Walsh

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jueves, 22 de marzo de 2012

Documento 23/03/12. La Plata


		Afiche de convocatoria.

Documento 23 marzo 2012. La Plata Mañana se cumplen 36 años del golpe más sangriento de la Argentina. Los militares genocidas, con la complicidad de sectores civiles, fueron los responsables de la instauración, sostenimiento y funcionamiento de más de 600 CCD. Campos de concentración, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos fueron los métodos mediante los que intentaron disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70. El terrorismo de estado tuvo como antecedentes a la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país que actuaban junto a los sectores que preparaban el golpe. La dictadura instaurada en marzo del 76 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y religiosos que vieron peligrar sus privilegios. A estos grupos les preocupaba el ascenso de luchas y conciencia populares, sindicatos arrancados a las burocracias traidoras, miles de delegados de base organizados democráticamente para avanzar en las luchas por salarios y mejores condiciones de trabajo, universidades en dónde se discutía las formas de articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, la lucha para que el estudio deje de ser para pocos, colegios secundarios que mediante sus cuerpos de delegados y centros de estudiantes buscaban una mejor educación, la lucha, hoy emblemática por el boleto secundario; las villas y barrios populares que se organizaban para mejorar definitivamente su situación; el arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso en consonancia con todos estos avances, eran obstáculos serios que ponía en peligro los privilegios de las clases dominantes. Su respuesta fue el golpe genocida, el terrorismo de estado como medio de disciplinamiento y acatamiento a los planes de hambre y miseria que impusieron. Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la heroica resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino. Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene, no existe voluntad política de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión; en una palabra, de reconocer que aquí sucedió un genocidio. Este nuevo 24 de marzo nos encuentra comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de nuestro país de las luchas y nuevas formas de organización popular, puebladas, manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares. 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE! A 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos juicios sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados fue condenado, y en la mitad de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Y si tenemos que estos 1800 procesados son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, veremos la dimensión del grado de impunidad que genera los juicios fragmentados, a pocos represores y por pocos compañeros. Para tener una clara noción de esta situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos: 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. El último caso fue la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. Más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados que siguen desconociendo su identidad. Exigimos al Gobierno que encuentre a esos jóvenes y que les restituya su verdadera identidad, y la apertura inmediata de todos los archivos. JUICIO Y CASTIGO. CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS Este mes se cumplieron 66 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. a la inacción que padece la causa, a la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro, se le suma la sustanciación de una escandalosa causa, por la que en estos días se están tomando declaraciones, contra jueces y querellantes en el juicio al genocida Etchecolatz en cuyo marco desapareciera el compañero. La denuncia fue hecha por los abogados patrocinantes de la familia de López, quienes presentaron una demanda penal para que se investigase a todas las personas de su entorno social, personas vinculadas a los organismos de DDHH, compañeros, jueces y fiscales como responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio. La causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas. A 66 meses no existen imputados, ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial. Ha sido y es, precisamente, la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos. APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN. La nueva ley “antiterrorista” que fue impulsada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Esta ley amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta. Sus alcances son mucho mayores a la sancionada en el 2007 y permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983. Se utiliza el termino “terrorista” para demonizar al opositor político, justificar su persecución y su eliminación. Actualmente existen claros intereses políticos por parte de los imperialistas y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Estas leyes fueron aplicadas en Chile los mapuches, en Perú los docentes. En Irak y Afganistan los “terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios. La facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta, es muy amplia. A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera se posibilita calificar de terrorista casi a cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos. Esto va de la mano del incremento de la criminalización de la protesta social ocurrido estos últimos 9 años, junto a la ya desembozada inteligencia sobre los sectores en lucha. El denominado Proyecto x no es más que una muestra palmaria de esta política dirigida a perseguir a los luchadores. Hay más de 5000 luchadores criminalizados, miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros. Y no sólo cada día se suman nuevas causas sino que en el transcurso de este año muchos compañeros serán sometidos a juicio donde se definirá su libertad. En éste último año prácticamente no ha existido lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento. Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. (aquí van cantidad de asesinados en las distintas luchas) Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belen, Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con “permiso” de las Policías provinciales y de la Justicia tanto federal como provincial. La represión, la criminalización de la protesta y la pobreza, el Proyecto X, el gatillo fácil son muestra de que el aparato sigue intacto e impune, el gobierno de Cristina y los provinciales, no sólo lo utilizan contra toda oposición popular sino que lo vienen reforzando con la Ley Antiterrorista y grupos parapolicilaes. Desde aca queremos denunciar, que hace pocos días, clausuraron a la Casa por los DDHH Hermanos Zaragoza por ruidos molestos mientras se pasaba una pelicula, cuando todos sabemos que desde la desaparición de Jorge ese ha sido el ámbito de organización de esta Multisectorial. DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA ABAJO EL PROYECTO X DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES De los 3.139 asesinatos a manos de las fuerzas represivas del estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha, más de la mitad, 1.637 corresponden al gobierno de los Kirchner. Existe una continuidad en los métodos represivos y en la desaparición forzada de personas, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzabal son sólo algunos de los casos que lo demuestran. El secuestro y desaparición de Luciano Arruga a manos de la bonaerense es otra muestra de la continuidad de los métodos represivos dictatoriales. El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza, nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy. La cárcel se usa como control social, más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados, la mayoría de ellos pobres y excluidos. Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista siguen creciendo. Un total de 750 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos 3 años a causa del machismo. En nuestra ciudad continúa impune el asesinato de (nombre de las 4). No existe trata de personas sin complicidad del estado. Muertes evitables, como las 500 producidas anualmente por abortos. Sin embargo y demostrando el verdadero carácter de su gobierno, Cristina de la mano de la Iglesia y la reacción dijo claramente que no piensa legalizar el aborto. En nuestra ciudad tenemos un grito de lucha que es Sandra Ayala Gamboa, violada y asesinada en dependencias del gobierno provincial sin que haya respuestas. A 5 años del femicidio de Sandra tenemos un juicio en puerta con un solo acusado. Nunca se investigó la complicidad de otras personas, el desastre pericial que hizo la policía y que avaló la fiscalía BASTA DE GATILLO FACIL JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UN FEMICIDIO MÁS. EDUCACION SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las fuerzas armadas y los grupos de tarea, fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Rocca - Techint, los Ledesma-Blaquier, la Mercedes Benz , la Ford , Martinez de Hoz, los Menendes Betty y La Sociedad Rural, burócratas sídicales como Rodriguez de SMATA y Gerardo Martinez de UOCRA que entregaron a compañeros, la cúpula de la Iglesia que bendijo el genocidio; el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron junto a los grandes medios de comunicación lavándole la cara a los genocidas. Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria. Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros estas sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos. En la Argentina todavía no ha golpeado, pero hay síntomas de que nuestra economía también está enferma y de que el modelo comienza a hacer agua. Cristina no esta dispuesta, hoy, a ir a un ajuste ortodoxo. Por eso, la variable de ajuste sigue siendo la inflación, que sumado a los topes salariales, la quita de subsidios y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación, para el gobierno contar con un plan social de miseria, de 1500 $ o trabajar dos horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo, o contratos que no se renuevan como en el caso de los compañeros del call center de ARBA en nuestra ciudad. La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando. Este es el modelo, mayor explotación, sueldos despreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la megaminería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen. Esto está en las antípodas de los objetivos que tuvieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. ¡No fue casualidad, fue una masacre! Fue precisamente este modelo impuesto con el golpe acrecentado en los 90 y sostenido por los gobiernos K el que se llevó la vida de 51 trabajadores y trabajadoras en la Estación Once. Modelo y corrupción a la hora de embolsar los miles de millones de pesos en subvenciones. Trenes con más de 100 años de uso, mal mantenidos en dónde se viaja en pésimas condiciones son una muestra clara de la continuidad de esta política impuesta por la dictadura. Por todo esto resulta absurdo que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostenga en su discurso que van a investigar “que fue lo que pasó”. El Poder Ejecutivo sabe cuáles son las condiciones en las que funciona la línea Sarmiento y las demás líneas ferroviarias, conoce cuáles son los incumplimientos de los concesionarios y los riesgos a los que están sometidos constantemente los trabajadores y usuarios. SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$ INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES CON CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO El gobierno es socio de los pools sojeros, de las empresas mineras, petroleras y del juego. La concentración y extranjerización de la tierra, el monocultivo de soja, los agrocombustibles y el saqueo minero y petrolero son políticas de estado. El Kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo que nunca antes creció tanto como en estos últimos 8 años. La violación sistemática de derechos humanos, política propias de la dictadura militar, se evidencia en el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos. Ningún funcionario del gobierno cuestiona la represión sufrida por los pueblos originarios, develando la hipocresía del discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos, los mismos que no se tuvieron en cuenta ante el asesinato del qom Roberto López en Formosa ,de María Cristina López y Mario García ,compañeros del pueblo Wichi, El diaguita Javier Chocobán asesinado en Tucumán, siendo estos solo algunos nombres de una larga lista. Reivindicamos la lucha por el reconocimiento de los derechos autónomos, soberanos y a la autodeterminación de los pueblos originarios. BASTA DE SAQUEO Y CONTAMINACIÓN NO A LA MEGAMINERÌA BASTA DE DESALOJOS A LOS CAMPESINOS/AS Y COMUNIDADES INDIGENAS. DEVOLUCION DE SUS TIERRAS Y AUTONOMIA TIERRAS PARA EL QUE LA QUIERA TRABAJAR, TIERRA PARA VIVIENDA Este año se cumplen 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas. El gobierno y sectores de las clases dominantes, nos quieren imponer la idea de que dictadura y la guerra contra el colonialismo ingles, es lo mismo, y con ello, confundir e imponer una idea de que no se puede reivindicar la recuperación y a los soldados que dieron su vida, porque sería reivindicar a la dictadura, y no es así. A su vez, pretende levantar una bandera que no es suya, la de Malvinas, como lo hizo con la de los Derechos Humanos, pero sólo de palabras sin tocar un solo interés de los ingleses en la Argentina. Las Malvinas son argentinas y para recuperarlas tenemos que golpear al colonialismo inglés donde más les duele, en sus intereses económicos, como son la Barrick y Osisko, la British Petrolium, y las miles de hectáreas que tienen en la Patagonia. FUERA INGLESES DE MALVINAS. FUERA EL IMPERIALISMO AMÉRICA LATINA. El 19 y 20 de diciembre pasado se cumplieron 10 años del Argentinazo, cuando por primera vez en la historia el pueblo en las calles logró echar un presidente y acabar con un gobierno entreguista y hambreador. No se pudo imponer un gobierno del pueblo, pero muchas cosas no volvieron a ser las mismas, y no pudieron sacar al pueblo de las calles y reencauzarlo por las sendas institucionales. Ante cada problema o necesidad se sigue utilizando el corte de calle o ruta como manifestación, ha habido cambios en el movimiento obrero, y surgen nuevos reclamos como los ambientalistas. En estos últimos 3 meses se han producido cambios importantes. La lucha contra la megaminería, que tuvo un apoyo popular muy amplio, golpeo al gobierno que termino reprimiendo y apoyando a las mineras. Por primera vez bajo el gobierno K, la Cetere llamo a un paro nacional docente, por presión desde abajo que con el discurso gorila de Cristina potencio la bronca y la masividad. Tanto docentes como estatales de la Provincia lograron romper el tope del 18%. El repudio y la lucha por la masacre de Once unió a trabajadores ferroviarios, víctimas y usuarios desnudando el modelo corrupto de los subsidios entre las empresas y el Gobierno. Y han vuelto a escena los desocupados mostrando el clientelismo de los planes y exigiendo su universalización y aumento para derrotar el hambre que comienza a castigar. A 36 años las banderas por las que dieron su vida los 30000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes. Por eso, una vez más desde esa plaza, llamamos a todos los sectores que estamos pagando la crisis, para que la paguen los que se enriquecieron todos estos años, levantando cada vez más alto esas banderas, y continuar el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo. JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS. RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO, CARLOS FUENTEALBA, LAZARO DUARTE Y DEMÁS MÁRTIRES POPULARES DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA ABAJO EL PROYECTO X DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES BASTA DE GATILLO FACIL JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UN FEMICIDIO MÁS. EDUCACION SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$ INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES CON CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES . AHORA Y SIEMPRE MULTISECTORIAL LA PLATA,BERISSO Y ENSENADA

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BOLETÍN - DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA

BOLETÍN - DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA. Una victoria del Estado de Derech@. Una constante el el país de los 30 MIL A través del establecimiento del “Programa de Verdad y Justicia”, el Gobierno K ha dicho pretender hacer frente a las cuestiones de las desapariciones forzadas de forma estratégica. Distintas agencias gubernamentales han dicho establecer medidas para “trabajar con testigos, hacer seguimiento, elaborar un registro y colaborar directamente con las autoridades para investigar casos de desaparición forzada”. Puestos a desandar la situación de las denuncias sobre desapariciones forzadas en nuestro país desde el retorno al ejercicio de gobiernos constitucionales el 10 de diciembre de 1983, nos encontramos ante la ausencia total de una sistematización de casos en información del Estado Nacional argentino o de las provincias. Ello pese a la existencia permanente de denuncias de nuevos hechos a través de las más de tres décadas de vigencia del Estado de Derech@.

YA SALIO!!!

YA SALIO EL LIBRO LA JUSTICIA A CUENTAGOTAS. Un análisis crítico del proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura. Por HIJOS La Plata. Este libro es el resultado de tres años de seguimiento e investigación de los procesos contra los genocidas de la última dictadura, posibles a partir del reclamo sostenido de las organizaciones de Derechos Humanos en nuestro país, que supo basarse tanto en la práctica política de la denuncia y la movilización social, como en la sistematización de información para su aporte a la justicia y en la elaboración conceptual de las causas y consecuencias de las prácticas del Terrorismo de Estado. Para conseguir un ejemplar escribir a hijoslaplata@gmail.com o en * Librería "Giroloco" (Pza. Italia e/ 7 y diagonal 77 La Plata) * Librería "Dardo Rocha" (6 e/ 48 y 49 La Plata) * Librería "Ulpiano" (48 e/ 12 y 13 La Plata) * Librería "Espacio Jurídico" (Talcahuano nº 487 Bs.As)

Libro

Compartimos con ustedes la salida de nuestro nuevo material como organización de Derechos Humanos independiente del Estado y los gobiernos, incluso del "apoyo crítico". Se trata del LIBRO "La memoria de los revolucionarios - 40 años de la Masacre de Trelew". El texto es de cuño propio e incluye un análisis y contextualización de la etapa histórica, el desarrollo de las organizaciones político-militares de la época, las polémicas entre las distintas líneas de éstas, las caídas de los compañeros recluidos en Rawson, la fuga, la masacre, y algunas continuidades de la actualidad en el esquema represivo del "gobierno de los Derechos Humanos". Además contiene 100 páginas de reproducciones de documentos (volantes, afiches, declaraciones, publicaciones, etc) originales de las organizaciones populares de aquel entonces, que salieron a repudiar la masacre y a reafirmar la lucha. Para conseguir un ejemplar escribir a hijos_laplata@yahoo.com.ar o en librería Giroloco (Plaza Italia entre 7 y diagonal 77).

lunes, 26 de marzo de 2012

El comienzo de la represión en democracia y el golpe genocida a la clase obrera.

El golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la clase trabajadora.

sábado, 24 de marzo de 2012

ROSARIO: DOCUMENTO PARA EL 24 DE MARZO.

Base militar de EEUU en nuestro Chaco

LUCHAR ES UN DERECHO

jueves, 22 de marzo de 2012

Documento 23/03/12. La Plata

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Informe sobre la Criminalización de la Protesta y la Represión durante los gobiernos de los Kirchner. A 36 años del golpe genocida y a días del próximo 24 de marzo, Organismos de Derechos Humanos nucleados en el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia presentaron un informe sobre la Criminalización de la Protesta y la represión durante los gobiernos de los Kirchner. En el informe se proporcionaron datos estadísticos de los más de 4000 criminalizados por luchar, se describió la progresión de esta metodología represiva entre los años 2001 y 2012, y se brindó información sobre los conflictos y reclamos judicializados. También se presentó un informe con los nombres de los más de 70 asesinados por luchar y organizarse en el mismo período. INFORME SOBRE LA CRIMINALIZACIÓN DE LA PROTESTA Desde el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia siempre hemos sostenido la lucha contra la impunidad de ayer y de hoy, y contra el avasallamiento de los derechos básicos y por eso venimos realizando una intensa campaña contra la criminalización de la protesta y la persecución y asesinatos de luchadores populares. Entendemos que es fundamental insistir en la defensa y reivindicar el legítimo derecho a la protesta, ya que es la base para la preservación de todos los demás derechos. Si este derecho nos falta, todos los demás derechos están en riesgo. El informe fue realizado por la Asociación de Ex-Detenidos Desaparecidos – AEDD; la Asociación de Profesionales en Lucha – APEL; el Centro de Abogados por los Derechos Humanos –CADHU; el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos – CEPRODH; la Coordinadora Antirrepresiva por los Derechos del Pueblo – CADEP; la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional – CORREPI; y Liberpueblo. El informe: Abarca el período 2001-2012 Sintetiza los primeros resultados de la investigación que estamos realizando desde principios del año 2011, y refleja la sistematización de datos sobre un total de 2268 compañeros criminalizados. La base de datos se encuentra en permanente proceso de registro de nuevos datos y será actualizado periódicamente para su consulta. Está organizado en las siguientes partes: -Presentación de la situación de criminalización y represión 2001-2012 -Presentación de la metodología de trabajo para la recopilación y registro de casos. -Informe estadístico de casos criminalizados registrados -Identificación de tipos penales utilizados para la criminalización de la protesta -Registro de las organizaciones criminalizadas en distintos lugares del país -Anexo con listado de víctimas de la represión estatal y paraestatal a la protesta y la organización popular entre los años 2001-2012 -Detalle de las fuentes de información utilizadas para el relevamiento de los casos -Listado de materiales bibliográficos, investigaciones e informes consultados para la realización del informe RESULTADOS ESTADÍSTICOS TOTAL DE CRIMINALIZADOS REGISTRADOS: 2268 · Porcentaje de criminalizados por año – 2001-2012 Sobre un total de 2198 casos que cuentan con fecha de judicialización se puede observar un incremento de esta medida represiva a partir del año 2003, siendo el pico más alto registrado en los años 2009 y 2010 ascendiendo al 47,1% del total de los casos en esos dos años. · Porcentaje de criminalizados por sector de pertenencia – 2001-2012 Sobre un total de 2238 casos que cuentan con identificación de sector criminalizado se observa que los sectores a los que ha apuntado con más fuerza esta política de criminalización son el sector sindical (31,6%) y el sector pueblos originarios (31,4%), que suman el 63% del total de casos registrados. · Porcentaje de criminalizados por tipo de conflicto – 2001-2012 Sobre un total de 2256 casos que cuentan con identificación de conflicto criminalizado se observa que los conflictos que involucran los derechos y reclamos por tierra y vivienda ascienden a un 32,3%, y los conflictos que involucran los derechos y reclamos de los trabajadores suman un 31,7%. En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización. · Porcentaje de criminalizados por provincia – 2001-2012 Sobre un total de 2221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde se desarrolló el conflicto se observa la aplicación de esta política en 19 de las 24 provincias de nuestro país. La Provincia y la Ciudad de Buenos Aires concentran el 48% de los casos registrados, y las continúan en porcentajes las provincias de Río Negro con el 23,4%, Neuquén con el 5,8%, Santa Cruz con el 5,4% y Tucumán con el 4,3%. ORGANIZACIONES CRIMINALIZADAS Son 167 las organizaciones, comunidades y grupos de pertenencia que se relevaron como criminalizados hasta la fecha para este informe. ANEXO VÍCTIMAS DE LA REPRESIÓN ESTATAL Y PARAESTATAL A LA PROTESTA Y LA ORGANIZACIÓN POPULAR, COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS ASESINADOS ENTRE 2001 Y 2012 Se registraron en este informe 72 compañeros y compañeras víctimas de crímenes cometidos por el Estado o con su complicidad entre los años 2001 y 2012. Año Víctimas 2001 40: CARLOS SANTILLÁN, JOSÉ OSCAR BARRIOS, GRACIELA ACOSTA, CARLOS “PETETE” ALMIRÓN, RICARDO ÁLVAREZ VILLALBA, RAMÓN ALBERTO ARAPI, RUBÉN AREDES, ELVIRA AVACA, DIEGO ÁVILA, GUSTAVO ARIEL BENEDETTO, WALTER CAMPOS, JORGE CÁRDENAS, JUAN DELGADO, VÍCTOR ARIEL ENRÍQUEZ, LUIS ALBERTO FERNÁNDEZ, SERGIO MIGUEL FERREIRA, JULIO HERNÁN FLORES, YANINA GARCÍA, ROBERTO AGUSTÍN GRAMAJO, PABLO MARCELO GUÍAS, ROMINA ITURAIN, DIEGO LAMAGNA, CRISTIAN LEGEMBRE, CLAUDIO “POCHO” LEPRATTI, ALBERTO MÁRQUEZ, DAVID ERNESTO MORENO, MIGUEL PACINI, ROSA ELOÍSA PANIAGUA, SERGIO PEDERNERA, RUBÉN PEREYRA, DAMIÁN VICENTE RAMÍREZ, SANDRA RÍOS. GASTÓN MARCELO RIVA, JOSÉ DANIEL RODRÍGUEZ, MARIELA ROSALES, ARIEL MAXIMILIANO SALAS, CARLOS MANUEL SPINELLI, JUAN ALBERTO TORRES, JOSÉ VEGA, RICARDO VILLALBA. 2002 3: JAVIER BARRIONUEVO, MAXIMILIANO KOSTEKI, DARÍO SANTILLÁN. 2003 2: CRISTIAN IBÁÑEZ, LUIS MARCELO CUELLAR. 2004 3: SANDRA CABRERA, MARTIN “OSO” CISNEROS, ESTEBAN “CHIROLITA” ARMELLA. 2006 1: JORGE JULIO LÓPEZ DESAPARECIDO 2007 1: CARLOS FUENTEALBA 2008 2: LÁZARO DUARTE, JUAN CARLOS ERAZO. 2009 1: JAVIER CHOCOBAR. 2010 10: FACUNDO VARGAS, SILVIA SUPPO, NICOLÁS CARRASCO, SERGIO CÁRDENAS, MARIANO FERREYRA, ROBERTO LÓPEZ, MARIO LÓPEZ, BERNARDO SALGUEIRO, ROSMARY CHURA PUÑA, EMILIO CANAVIRI ÁLVAREZ. 2011 5: MÁRTIRES LÓPEZ, ARIEL FARFAN, JUAN JOSÉ VELAZQUEZ, FELIX REYES, CRISTIAN FERREYRA. 2012 4: JEREMÍAS JONATHAN TRASANTE, CLAUDIO DAMIÁN “MONO” SUÁREZ, ADRIÁN LEONEL “PATÓN” RODRÍGUEZ, NOEMÍ CONDORÍ. Estas víctimas se suman a los 1911 casos de muertos por gatillo fácil y torturas durante el período comprendido entre el 25/05/2003 y el 29/02/2012 (Fuente: Correpi) MÁS DE 4000 COMPAÑEROS Y COMPAÑERAS CRIMINALIZADOS Como se refleja en el informe estadístico en estos primeros resultados de nuestra investigación hemos sistematizado detalladamente los datos relativos a los sectores criminalizados, las fechas de judicialización, los conflictos por los que se está persiguiendo a los luchadores, las organizaciones de pertenencia, y cómo se aplica esta práctica represiva en las provincias, todo ello sobre un total de 2268 compañeros criminalizados. A estos datos sistematizados, debemos tener en cuenta que se suman varios centenares de procesados pertenecientes a la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA). En Neuquén, los estatales comprenden el sector con más encausados con un total de 270 dirigentes y delegados criminalizados, siendo en su mayoría integrantes de los gremios ATEN y ATE. En Río Negro, unos 50 dirigentes sindicales están procesados o imputados en alguna causa producto de acciones gremiales. Por otra parte, según consta en publicaciones del mes de mayo de 2011, los datos suministrados por la conducción de la CTA dan cuenta de que desde 1997 a esa fecha se dictó el sobreseimiento de 1450 militantes que participaron de protestas sociales. Con todos estos registros, el número de compañeros y compañeras judicializados en nuestro país asciende a más de 4000. NUEVA DENUNCIA En la conferencia se denunció que se abrió una acción penal con el número 2569/12 contra militantes y dirigentes sociales y políticos a raíz de las declaraciones de la Ministra Garré que los acusó de extorsionadores el pasado 16 de marzo, luego de una manifestación de trabajadores desocupados del programa Argentina trabaja que reclamaban un aumento salarial y contra el clientelismo. Se anunció una convocatoria para el jueves 29 de marzo a las 11:30 en Comodoro Py para presentar ante el juez Rafecas una delegación en defensa y solidaridad con los compañeros. Contactos de prensa: AEDD: 15-53372868 APEL: 15-56045905 CADEP: 15-54992811 CADHU: 15-50951324 CEPRODH: 15-41702398 CORREPI: 15-44170659 Liberpueblo: 15-69703562 Informe contra la criminalización de la protesta. EMVJ Mazo 2012