Documento 23 marzo 2012. La Plata
Mañana se cumplen 36 años del golpe más sangriento de la Argentina. Los militares genocidas, con la complicidad de sectores civiles, fueron los responsables de la instauración, sostenimiento y funcionamiento de más de 600 CCD. Campos de concentración, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos fueron los métodos mediante los que intentaron disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70. El terrorismo de estado tuvo como antecedentes a la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país que actuaban junto a los sectores que preparaban el golpe.
La dictadura instaurada en marzo del 76 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y religiosos que vieron peligrar sus privilegios.
A estos grupos les preocupaba el ascenso de luchas y conciencia populares, sindicatos arrancados a las burocracias traidoras, miles de delegados de base organizados democráticamente para avanzar en las luchas por salarios y mejores condiciones de trabajo, universidades en dónde se discutía las formas de articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, la lucha para que el estudio deje de ser para pocos, colegios secundarios que mediante sus cuerpos de delegados y centros de estudiantes buscaban una mejor educación, la lucha, hoy emblemática por el boleto secundario; las villas y barrios populares que se organizaban para mejorar definitivamente su situación; el arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso en consonancia con todos estos avances, eran obstáculos serios que ponía en peligro los privilegios de las clases dominantes. Su respuesta fue el golpe genocida, el terrorismo de estado como medio de disciplinamiento y acatamiento a los planes de hambre y miseria que impusieron.
Nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la heroica resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino.
Desarmar la impunidad, construida prolijamente durante años, desarmar el aparato represivo de la dictadura, requiere de mucho más que discursos, requiere de una decisión política que el Gobierno no tiene, no existe voluntad política de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión; en una palabra, de reconocer que aquí sucedió un genocidio.
Este nuevo 24 de marzo nos encuentra comprometidos con la historia, con el presente y con el futuro. Celebramos el crecimiento a lo largo y ancho de nuestro país de las luchas y nuevas formas de organización popular, puebladas, manifestaciones, cortes de calles y de ruta, movilizaciones, huelgas, ocupaciones de fábricas, de tierra y de edificios públicos, acampes, piquetes, las más diversas formas de pronunciamiento en defensa de los derechos obreros y populares.
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTE!
A 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 63 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos juicios sólo alrededor del 15 % del total de los 1.800 procesados fue condenado, y en la mitad de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Y si tenemos que estos 1800 procesados son una ínfima parte de los que participaron del genocidio, veremos la dimensión del grado de impunidad que genera los juicios fragmentados, a pocos represores y por pocos compañeros.
Para tener una clara noción de esta situación de impunidad es interesante comparar los datos de condenas con los de represores muertos antes que la justicia llegue a condenarlos: 288 genocidas muertos impunes contra 274 condenados. El último caso fue la muerte de Rubén Oscar Páez, uno de los jefes del Centro Clandestino de Detención de la Brigada de Investigaciones de La Plata e imputado en el juicio “Circuito Camps” que se desarrolla en nuestra ciudad. La muerte de Paez, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti y Osvaldo Sertorio en la instrucción de estas causas, no hace más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones. Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad. Más de 400 hijos de nuestros compañeros desaparecidos, secuestrados junto a sus madres o nacidos en cautiverio y que fueron apropiados que siguen desconociendo su identidad. Exigimos al Gobierno que encuentre a esos jóvenes y que les restituya su verdadera identidad, y la apertura inmediata de todos los archivos.
JUICIO Y CASTIGO. CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS
Este mes se cumplieron 66 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López. a la inacción que padece la causa, a la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro, se le suma la sustanciación de una escandalosa causa, por la que en estos días se están tomando declaraciones, contra jueces y querellantes en el juicio al genocida Etchecolatz en cuyo marco desapareciera el compañero.
La denuncia fue hecha por los abogados patrocinantes de la familia de López, quienes presentaron una demanda penal para que se investigase a todas las personas de su entorno social, personas vinculadas a los organismos de DDHH, compañeros, jueces y fiscales como responsables de la desaparición por no haberle brindado protección en el juicio.
La causa judicial es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer la desaparición de López, una prueba descarnada de las maniobras de impunidad y de encubrimiento de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas.
A 66 meses no existen imputados, ni líneas firmes de investigación. El Estado ha avalado el ocultamiento de información, la frustración de pruebas, el abandono de líneas de investigación, ya que ninguno de los funcionarios responsables de estas graves irregularidades ha recibido sanción alguna de parte del gobierno nacional o provincial.
Ha sido y es, precisamente, la persistente impunidad del secuestro y desaparición de Julio la que fomenta que las amenazas a los testigos, los abogados y a los militantes vinculados a los juicios a los genocidas continúen y se agraven, transformándose en agresiones, secuestros y asesinatos.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ,
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.
La nueva ley “antiterrorista” que fue impulsada por la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner y aprobada por la mayoría que tiene el Frente para la Victoria en el Congreso Nacional. Esta ley amplía groseramente el campo de criminalización de la protesta. Sus alcances son mucho mayores a la sancionada en el 2007 y permite la aplicación lisa y llana de penas altísimas a cualquier tipo de organización o individuos que cuestione y se oponga a las políticas estatales, de gobiernos extranjeros o de organismos internacionales, abriendo la puerta de una potestad represiva del Estado mucho mayor que la conocida hasta ahora desde el año 1983.
Se utiliza el termino “terrorista” para demonizar al opositor político, justificar su persecución y su eliminación. Actualmente existen claros intereses políticos por parte de los imperialistas y sus socios en utilizar el calificativo de “terrorista” para perseguir a quienes se oponen, de diferentes formas y en diferentes lugares, a su política. Estas leyes fueron aplicadas en Chile los mapuches, en Perú los docentes. En Irak y Afganistan los “terroristas” son lo que resisten la invasión de los EEUU y sus socios.
La facilidad con la que se puede aplicar esta figura si tenemos en cuenta los miles de compañeros judicializados y procesados por luchar, y las campañas mediáticas que demonizan la protesta, es muy amplia.
A partir de ahora cualquier tipo de protesta que lleve adelante acciones reivindicativas que tengan por objeto intentar que el Estado Nacional, gobiernos extranjeros o agentes de organismos internacionales realicen un acto o se abstengan de hacerlo, queda abarcada por esta ley. De esta manera se posibilita calificar de terrorista casi a cualquier acción de protesta o lucha, incrementando al doble el mínimo y el máximo de las escalas penales de los delitos que se trate, convirtiendo en la práctica cualquier acusación penal, en el marco de la protesta social, en la posibilidad concreta de privar de la libertad a los luchadores acusados. Mucho menos podemos pasar por alto las declaraciones de la Presidenta cuando califica los reclamos de los trabajadores como extorsivos.
Esto va de la mano del incremento de la criminalización de la protesta social ocurrido estos últimos 9 años, junto a la ya desembozada inteligencia sobre los sectores en lucha. El denominado Proyecto x no es más que una muestra palmaria de esta política dirigida a perseguir a los luchadores.
Hay más de 5000 luchadores criminalizados, miles de causas penales están abiertas en todo el país contra nuestros compañeros. Y no sólo cada día se suman nuevas causas sino que en el transcurso de este año muchos compañeros serán sometidos a juicio donde se definirá su libertad.
En éste último año prácticamente no ha existido lucha obrera, estudiantil, ambiental, social o política que no tenga como consecuencia la apertura de una causa penal contra los militantes más visibles de cada momento.
Por otra parte la represión directa ha crecido exponencialmente tanto en cantidad como en brutalidad. (aquí van cantidad de asesinados en las distintas luchas)
Pueblos de La Rioja, Catamarca y Tucumán se han levantado contra la explotación minera a cielo abierto que contamina y mata. Esas acciones de los pobladores de Famatina, Chilecito, Santa María, Belen, Tinogasta, Andalgalá en defensa del medio ambiente, de la vida, sólo han recibido como única respuesta del gobierno nacional, los gobiernos provinciales y la justicia, la represión y la aplicación de la Ley Antiterrorista. Arrestos y detenciones sin orden judicial, patotas financiadas por las empresas mineras y con “permiso” de las Policías provinciales y de la Justicia tanto federal como provincial.
La represión, la criminalización de la protesta y la pobreza, el Proyecto X, el gatillo fácil son muestra de que el aparato sigue intacto e impune, el gobierno de Cristina y los provinciales, no sólo lo utilizan contra toda oposición popular sino que lo vienen reforzando con la Ley Antiterrorista y grupos parapolicilaes.
Desde aca queremos denunciar, que hace pocos días, clausuraron a la Casa por los DDHH Hermanos Zaragoza por ruidos molestos mientras se pasaba una pelicula, cuando todos sabemos que desde la desaparición de Jorge ese ha sido el ámbito de organización de esta Multisectorial.
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN
ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
ABAJO EL PROYECTO X
DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES
De los 3.139 asesinatos a manos de las fuerzas represivas del estado desde diciembre de 1983 hasta la fecha, más de la mitad, 1.637 corresponden al gobierno de los Kirchner. Existe una continuidad en los métodos represivos y en la desaparición forzada de personas, Andrés Nuñez, Miguel Bru, Darian Barzabal son sólo algunos de los casos que lo demuestran.
El secuestro y desaparición de Luciano Arruga a manos de la bonaerense es otra muestra de la continuidad de los métodos represivos dictatoriales.
El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza, nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy. La cárcel se usa como control social, más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados, la mayoría de ellos pobres y excluidos.
Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia machista siguen creciendo. Un total de 750 mujeres y niñas fueron asesinadas en los últimos 3 años a causa del machismo. En nuestra ciudad continúa impune el asesinato de (nombre de las 4).
No existe trata de personas sin complicidad del estado.
Muertes evitables, como las 500 producidas anualmente por abortos. Sin embargo y demostrando el verdadero carácter de su gobierno, Cristina de la mano de la Iglesia y la reacción dijo claramente que no piensa legalizar el aborto.
En nuestra ciudad tenemos un grito de lucha que es Sandra Ayala Gamboa, violada y asesinada en dependencias del gobierno provincial sin que haya respuestas. A 5 años del femicidio de Sandra tenemos un juicio en puerta con un solo acusado. Nunca se investigó la complicidad de otras personas, el desastre pericial que hizo la policía y que avaló la fiscalía
BASTA DE GATILLO FACIL
JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
NI UN FEMICIDIO MÁS.
EDUCACION SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las fuerzas armadas y los grupos de tarea, fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Rocca - Techint, los Ledesma-Blaquier, la Mercedes Benz , la Ford , Martinez de Hoz, los Menendes Betty y La Sociedad Rural, burócratas sídicales como Rodriguez de SMATA y Gerardo Martinez de UOCRA que entregaron a compañeros, la cúpula de la Iglesia que bendijo el genocidio; el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron junto a los grandes medios de comunicación lavándole la cara a los genocidas.
Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria.
Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros estas sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos.
En la Argentina todavía no ha golpeado, pero hay síntomas de que nuestra economía también está enferma y de que el modelo comienza a hacer agua. Cristina no esta dispuesta, hoy, a ir a un ajuste ortodoxo. Por eso, la variable de ajuste sigue siendo la inflación, que sumado a los topes salariales, la quita de subsidios y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación, para el gobierno contar con un plan social de miseria, de 1500 $ o trabajar dos horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo, o contratos que no se renuevan como en el caso de los compañeros del call center de ARBA en nuestra ciudad.
La deuda externa se sigue pagando, una deuda ilegítima que no fue contraída por el pueblo argentino, fraudulenta y producto de estafas. Deuda que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras los bolsillos de los poderosos se siguen llenando.
Este es el modelo, mayor explotación, sueldos despreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la megaminería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen. Esto está en las antípodas de los objetivos que tuvieron los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos.
¡No fue casualidad, fue una masacre! Fue precisamente este modelo impuesto con el golpe acrecentado en los 90 y sostenido por los gobiernos K el que se llevó la vida de 51 trabajadores y trabajadoras en la Estación Once. Modelo y corrupción a la hora de embolsar los miles de millones de pesos en subvenciones. Trenes con más de 100 años de uso, mal mantenidos en dónde se viaja en pésimas condiciones son una muestra clara de la continuidad de esta política impuesta por la dictadura. Por todo esto resulta absurdo que la Presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, sostenga en su discurso que van a investigar “que fue lo que pasó”. El Poder Ejecutivo sabe cuáles son las condiciones en las que funciona la línea Sarmiento y las demás líneas ferroviarias, conoce cuáles son los incumplimientos de los concesionarios y los riesgos a los que están sometidos constantemente los trabajadores y usuarios.
SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$
INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES CON CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE
REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO
El gobierno es socio de los pools sojeros, de las empresas mineras, petroleras y del juego.
La concentración y extranjerización de la tierra, el monocultivo de soja, los agrocombustibles y el saqueo minero y petrolero son políticas de estado. El Kirchnerismo es la continuidad y profundización de ese modelo extractivo que nunca antes creció tanto como en estos últimos 8 años.
La violación sistemática de derechos humanos, política propias de la dictadura militar, se evidencia en el despojo de territorios ancestrales, la pobreza estructural y un aparato político-estatal que margina y coacciona a los pueblos.
Ningún funcionario del gobierno cuestiona la represión sufrida por los pueblos originarios, develando la hipocresía del discurso gubernamental de defensa de los derechos humanos, los mismos que no se tuvieron en cuenta ante el asesinato del qom Roberto López en Formosa ,de María Cristina López y Mario García ,compañeros del pueblo Wichi, El diaguita Javier Chocobán asesinado en Tucumán, siendo estos solo algunos nombres de una larga lista.
Reivindicamos la lucha por el reconocimiento de los derechos autónomos, soberanos y a la autodeterminación de los pueblos originarios.
BASTA DE SAQUEO Y CONTAMINACIÓN
NO A LA MEGAMINERÌA
BASTA DE DESALOJOS A LOS CAMPESINOS/AS Y COMUNIDADES INDIGENAS. DEVOLUCION DE SUS TIERRAS Y AUTONOMIA
TIERRAS PARA EL QUE LA QUIERA TRABAJAR, TIERRA PARA VIVIENDA
Este año se cumplen 30 años de la recuperación de las Islas Malvinas. El gobierno y sectores de las clases dominantes, nos quieren imponer la idea de que dictadura y la guerra contra el colonialismo ingles, es lo mismo, y con ello, confundir e imponer una idea de que no se puede reivindicar la recuperación y a los soldados que dieron su vida, porque sería reivindicar a la dictadura, y no es así. A su vez, pretende levantar una bandera que no es suya, la de Malvinas, como lo hizo con la de los Derechos Humanos, pero sólo de palabras sin tocar un solo interés de los ingleses en la Argentina.
Las Malvinas son argentinas y para recuperarlas tenemos que golpear al colonialismo inglés donde más les duele, en sus intereses económicos, como son la Barrick y Osisko, la British Petrolium, y las miles de hectáreas que tienen en la Patagonia.
FUERA INGLESES DE MALVINAS.
FUERA EL IMPERIALISMO AMÉRICA LATINA.
El 19 y 20 de diciembre pasado se cumplieron 10 años del Argentinazo, cuando por primera vez en la historia el pueblo en las calles logró echar un presidente y acabar con un gobierno entreguista y hambreador. No se pudo imponer un gobierno del pueblo, pero muchas cosas no volvieron a ser las mismas, y no pudieron sacar al pueblo de las calles y reencauzarlo por las sendas institucionales. Ante cada problema o necesidad se sigue utilizando el corte de calle o ruta como manifestación, ha habido cambios en el movimiento obrero, y surgen nuevos reclamos como los ambientalistas.
En estos últimos 3 meses se han producido cambios importantes. La lucha contra la megaminería, que tuvo un apoyo popular muy amplio, golpeo al gobierno que termino reprimiendo y apoyando a las mineras. Por primera vez bajo el gobierno K, la Cetere llamo a un paro nacional docente, por presión desde abajo que con el discurso gorila de Cristina potencio la bronca y la masividad. Tanto docentes como estatales de la Provincia lograron romper el tope del 18%. El repudio y la lucha por la masacre de Once unió a trabajadores ferroviarios, víctimas y usuarios desnudando el modelo corrupto de los subsidios entre las empresas y el Gobierno. Y han vuelto a escena los desocupados mostrando el clientelismo de los planes y exigiendo su universalización y aumento para derrotar el hambre que comienza a castigar.
A 36 años las banderas por las que dieron su vida los 30000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes. Por eso, una vez más desde esa plaza, llamamos a todos los sectores que estamos pagando la crisis, para que la paguen los que se enriquecieron todos estos años, levantando cada vez más alto esas banderas, y continuar el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo.
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA, JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS.
RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS
APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ.
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN
JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO, CARLOS FUENTEALBA, LAZARO DUARTE Y DEMÁS MÁRTIRES POPULARES
DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO
BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN
ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA
ABAJO EL PROYECTO X
DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES
BASTA DE GATILLO FACIL
JUSTICIA PARA SANDRA AYALA GAMBOA Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
NI UN FEMICIDIO MÁS.
EDUCACION SEXUAL Y ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR
SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR DE 7000$
INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES CON CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS
JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE
REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS
NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES . AHORA Y SIEMPRE
MULTISECTORIAL LA PLATA,BERISSO Y ENSENADA |
