JUICIO “CIRCUITO CAMPS” LA CASA DE LAS AUSENCIAS.

Martes, 10/04/12
Mefistófeles.- Debes tener sólo en cuenta que en aquellas épocas de terror, en que las oleadas de hombres inundaban el país y la nación, tales cuales, tanto era el pavor de que estaban poseídos, escondieron acá y allá sus más preciados tesoros. (…) Así ha sucedido desde entonces hasta ayer y aún hasta hoy. Todo ello está secretamente enterrado. J.W. GOETHE. “FAUSTO”. TODO VUELVE El juicio “Circuito Camps” representa toda una oportunidad. Aún con el carácter fragmentario de lo que llegó a ser parte del juicio, esta causa fue denominada por los organismos de DDHH como causa “Circuito Camps”, ya que si bien en los ’80 hubo una primera causa “Camps” o “44”, que juzgó sólo a un puñado de represores que recibieron condenas mínimas y luego beneficios de impunidad, y si bien nunca se juzgó al Circuito Camps en su totalidad, sus 29 CCD y los miles de casos de los compañeros que por ellos pasaron, es la denominación que más se acerca a una acumulación de causas de esta característica. Hechas esas salvedades, la nueva “Causa Camps” es la más extensa de las llevadas a juicio hasta el momento en la ciudad, e investiga algunos crímenes cometidos en los CCD Comisaría Quinta (diagonal 74 entre 23 y 24), la Brigada de Investigaciones de La Plata (BILP - 55 Nº530, entre 13 y 14), Delegación de Cuatrerismo de Arana (137 esquina 640), Puesto Vasco (Don Bosco, Quilmes) y COTI 1 Martínez (Avenida del Libertador al 14.200, Martínez, San Isidro). En el debate serán juzgados 26 represores, acusados de delitos cometidos contra 280 víctimas. Hay que destacar que hay dos grandes circuitos, no los únicos, delineados sobre estos CCD. Ello se determina a partir de la constatación del recorrido que tuvieron los detenidos dentro del esquema represivo de centros de detención. Varios casos comparten el camino Brigada-5ta-Arana (sobre todo militantes de La Plata) y otros el de Brigada-Puesto Vasco-Cot 1 (sobre todo los funcionarios del gobierno provincial de Victorio Calabró y casos de la disputa de negocios con la dictadura como con el grupo Graiver o Timerman). En el caso de la Comisaría 5ta, la causa más avanzada desde hace tiempo, se incluyen casos y represores de ese CCD y del hecho de la casa Mariani-Teruggi. En este caso, los organismos presentaron en la etapa de instrucción una lista de más de 100 represores que actuaron en la 5ta, pero la justicia nunca pasó de imputar a una decena. Además durante la instrucción murieron impunes varios de los imputados: el jefe de l patota de la Unidad Regional, Juan Fiorillo, el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio y el Director de Seguridad, Rodolfo Gonzalez Conti. Hay una ínfima cantidad de represores de la 5ta imputados en la causa: sólo dos agentes como Domingo Almeida y Luis Patrault. A esto se suman las imputaciones de la cadena de mando policial (Etchecolatz como Director de Investigaciones y Rodolfo Campos como subjefe de policía), la coordinación militar (Arias Duval, jefe del Destacamento de Inteligencia 101) y civiles con mando en el gobierno provincial como el interventor de facto Ibérico Saint Jean y su ministro de Gobierno Jaime Smart. Además se suman imputaciones por los hechos de casa de calle 30, pegadas a esta causa por su cercanía como jurisdicción de la 5ta, y porque se sabe que hubo coordinación desde esa comisaría para la actuación en el hecho con otras fuerzas militares y otras dependencias policiales. De todas maneras se juzgan los casos de varios compañeros detenidos desaparecidos y nacimientos de niños apropiados como los casos de Leonardo Fossatti-Ortega, Ana Libertad Baratti-De la Cuadra y Pedro Nadal-García, delito cuyo referente es en este juicio el médico policial Jorge Bergés. En el caso de la masacre de la casa de calle 30 se juzga la responsabilidad por los homicidios de los compañeros que estaban en la casa, que suma las imputaciones a Etchecolatz y sus choferes y custodia, Hugo Guallama y Norberto Cozzani, al oficial de Unidad Regional señalado como el que robó a la hija del matrimonio, Carlos García y al agente reconocido por Chicha Mariani como integrante del operativó que allanó su casa tras el ataque, Santiago Antonini. La situación de la apropiación de Clara Anahí Mariani-Teruggi está siendo juzgada en el juicio por el “Plan Sistemático” de sustracción de menores hijos de detenidos-desaparecidos que se sustancia en Capital Federal. En el caso de los CCD Arana-Brigada de Investigaciones-Puesto Vasco-Cot1 Martínez, hay varios imputados, aunque también un número ínfimo sobre las decenas de represores denunciados por los sobrevivientes. Los referentes son Ruben Páez (jefe de la Brigada), Miguel Kearney (jefe de Arana), Eros Tarela, Sergio Verduri, Roberto Grillo, Daniel Lencinas, Pedro Ferriole, Roberto Cabrera, Bernabé Corrales, Raúl Machuca y otros. Compañeros asesinados en la casa de 30, imagen de Clara Anahi (apropiada durante el operativo). Planteado así, el juicio representa la ocasión de ver, acusados todos juntos, a los 26 represores imputados como si fuera una imagen instantánea de las patotas que hace 35 años asolaban barrios, universidades, escuela y fábricas. La sensación de que algún fruto comenzaba a tener la lucha de tantos años contra tanta impunidad. De que se rompía con la mecánica de llevar a los estrados a un solo represor, como en los casos de Etchecolatz y Von Wernich, o bien a un solo lugar, como en el caso de la Unidad 9. Sin embargo, la sensación de “justicia” se desvanece rápidamente al comprobar que solo cinco de estos represores llegan al juicio cumpliendo prisión (por condenas anteriores o por la contundencia de la prueba en su contra) mientras que los demás están excarcelados o con prisión domiciliaria, gracias a las desprolijidades con que la justicia encaró la instrucción de estas causas. En ese sentido, fue toda una experiencia presenciar el momento en que, tras clarificarse la gravedad de lo que se los acusaba en las audiencias, varios represores se retiraban del lugar departiendo con sus abogados, deteniéndose a arrancar algún afiche que informaba su currículum a la sociedad platense o tomándose un taxi en la esquina como cualquier hijo de vecino. Comienzo del juicio (12/09/11) a 26 represores del Circuito Camps La primer audiencia, a salón lleno en la ex AMIA, desbordaba de ansiedad de parte de los militantes de organismos de DDHH, sobrevivientes, familiares y prensa, que acortaban la espera a cada rato con el clásico “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar”. A la entrada de los represores a la sala, fueron recibidos como corresponde: “¡Genocidas! ¿Guallama, García donde está Clara Anahi? ¡Asesinos! ¿Bergés, a quién le diste la hija de Silvia Valenzi? ¿Qué hicieron con Clara? ¿Dónde está Julio Lopez?". Mientras tanto los represores se iban ubicando en la hilera de sillas de un cubil enrejado, construido especialmente para la ocasión y custodiado por agentes del Servicio Penitenciario Federal. Varios genocidas, como Tarella, Bergés, Campos y García desplegaban su trabajosa actuación de viejitos achacados por el tiempo, con bastón, silla de ruedas, cánula y tubo de gas incluidos, algo denominado por las querellas como una “estrategia de impunidad biológica”. En un momento, cuando todo parecía aquietarse, la descarnada voz de una compañera ex detenida se despegó de las demás, y con un ímpetu que parecía haber sido acumulado por años se escuchó: “¡Julio Lopez también era anciano, y no venía arrastrándose y haciéndose el muerto como ustedes!”. Tras unos segundos para digerir la frase, la sala entera estalló en un aplauso conmocionado. Seguirían la lectura del requerimiento fiscal y las acusaciones por cada imputado y cada Centro Clandestino de Detención, pero algo sugería ya haber escuchado suficiente inculpación.
LA ABUELA Declaración de Chicha en el juicio. Tras la proyección de los testimonios de Adriana Calvo y Jorge Julio Lopez, logrado a pedido de la querella de Justicia Ya, la ronda de testimonios en el juicio comenzó con María Isabel Chorobik de Mariani, Chicha para sus compañeras de Abuelas y para toda la militancia de Derechos Humanos, madre de Daniel Mariani, suegra de Diana Teruggi y abuela de Clara Anahí. Con 87 años de edad y una espera de 35 años para poder contar su verdad, Chicha se mostró entera, con una memoria prodigiosa en un relato que duró casi 3 horas. Comenzó describiendo a su familia, a la que definió como “alejada de la política”, con su marido Enrique José Mariani, músico y director de orquesta del teatro Colón, ella profesora en el Liceo Víctor Mercante de La Plata, donde enseñaba arte, y los padres de Diana, Mario Teruggi y Genoveva Dawson, geólogo y botánica, que trabajaban en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Diana y Daniel se habían conocido en el mismo Liceo, donde Diana, tres años menor que él, era alumna, y donde Daniel trabajaba en el área de Audiovisuales. Se pusieron de novios en el ’68 y a partir de su experiencia universitaria, él en Economía y ella en Letras, fueron abandonando las posiciones de su origen liberal para formarse como militantes populares. Se casaron en el ’72 y viajaron de luna de miel a Chile, donde la experiencia del proceso de polarización social que atravesaba el gobierno de Salvador Allende los marcó ideológicamente y comenzaron a militar en la izquierda peronista. Tras un paso de convivencia por un pequeño departamento y luego una casa en la entrada a la ciudad, en 1975, poco antes de que Diana quedara embarazada, vendieron todo y compraron una furgoneta y una vieja casa construida en los ’40, ubicada en calle 30 n° 1134, lindera con el barrio de Los Hornos. Al ser militantes, les pareció que esa zona alejada, con calles de tierra, era menos visible para un clima político en que hacía más de un año eran habituales la persecución y los asesinatos de parte de las bandas fascistas de la derecha peronista. Por entonces Chicha sabía de la militancia de la pareja, pero desconocía sobre la imprenta. Visitó la casa unas 4 veces, con el detalle de que siempre le hacían cerrar los ojos y daban vueltas para despistarla en la furgoneta en que la llevaban. Reconstruida la memoria sobre el tema, en su testimonio en el juicio contó que “ya había nacido Clara Anahí. Mi hijo trabajaba en el Consejo Federal de Inversiones, y había pedido licencia para dedicarse a una empresa de conservación de alimentos. De conejos que criaban en la casa. Y tenían una imprenta donde estaba el lugar de los conejos. Estaba escondida, porque en ese momento no se podía hablar ni decir lo que uno pensaba. Todo el mundo recordará que cuando se declaró ilegal al ERP y a Montoneros, no se podía mencionar ni escribir en los diarios esos nombres, y se los mencionaba como ‘la organización declarada ilegal en primero (ERP) o segundo término (Montoneros)”. En ese momento de su relato, al mencionar a las organizaciones revolucionarias, la torturante sombra de Etchecolatz pareció sentirse llamada a anunciar su presencia. Su abogado defensor, Máximo Liva, interrumpió para anunciar al tribunal: “El sr. Etchecolatz dice que no escucha”. Chicha, resuelta como siempre, recibió la afrenta de quien nuevamente intentaba amedrentarla hablando a sus espaldas y la devolvió con rápida ironía: “Si quiere acercarse y estar por acá cerca…”. Nueva ovación en aplauso interminable del público presente. Chicha continuó el relato contando que el día del ataque estaba en su casa de 44 y 21, esperando a que Diana le llevara a Clara Anahí. Al escuchar algunas detonaciones sobre el mediodía, se preocupó por que les pudiera suceder algo en el camino, pero nunca imaginó que el operativo era en la casa de su hijo. Estuvo horas con esa inquietud, mientras veía pasar helicópteros, camiones del Ejército, soldados y policías. Entonces recibió un llamado informando que su padre se había descompuesto, y tras dejar una nota para Diana y Daniel en su casa, partió a City Bell. De manera que pasó la noche del 24 de noviembre en casa de su padre y se enteró de lo sucedido al otro día por los medios. Y contó que, decidida a volver a su casa, descubrió que también fue allanada y saqueada. Entonces Chicha les hizo escuchar a los jueces un fragmento del audio del ataque a la casa, que le acercó mucho tiempo después un vecino del barrio, que había registrado media hora de los estruendos de disparos y la estampida de los distintos vehículos del operativo en un grabador de cinta abierta. La escucha fue como retornar por un momento a ese infierno de 4 horas que aún hoy está en el recuerdo de muchos vecinos de la casa. De allí en más Chicha realizó un pormenorizado relato de su búsqueda por esclarecer lo sucedido, y principalmente por encontrar a su neta Clara Anahí. Esa búsqueda que la llevó a crear en noviembre del ‘77, junto a otras 11 luchadoras a las que conoció en los juzgados, el grupo de “Abuelas con nietos desaparecidos”, luego simplemente “Abuelas”, una de las organizaciones que en plena dictadura lograron hacer conocer en el mundo entero los detalles del plan genocida de apropiación sistemática de los hijos de los detenidos desaparecidos. La misma búsqueda que a partir de una simple nota periodística, que motivó varias visitas a los más destacados genetistas europeos y norteamericanos, sumó a la lucha por justicia una herramienta inédita de la genética para determinar la existencia de lazos biológicos entre nietos y abuelos, aún en ausencia de los padres, llamado hoy “índice de abuelidad”. Aquella indagación que la llevó a descubrir una cantidad de datos fragmentarios, típicos de una trama de complicidades, que alumbraron la posibilidad de que Clara Anahí estuviera con vida: - Los dichos del oficial de la Comisaría 5ta Jorge Luis Piazza, que dijo que tenía los cadáveres de quienes habían muerto en el ataque, pero aclaró que la nena no figuraba en el sumario y que debía haber quedado fuera de la casa. El sumario que luego, misteriosamente, desapareció. - El cinismo de la entrevista con el comisario de la 5ta, Osvaldo Sertorio, que afirmó que Clara Anahí estaba viva y le aclaró: “Probablemente ya le cambiaron la identidad y ya tiene otros padres. Pregunte en la Unidad Regional”. - El oportunismo del policía Daniel Del Arco, de la Dirección de Inteligencia de la bonaerense, que trató de venderle la beba a Chicha, lo cual le provocó una persecución por parte de Ramón Camps. Y la tarea de seguimiento de la DIPPBA a la obstetra de Diana, Esperanza Gurevich, para eliminar los datos médicos de la beba, que al no existir en la época métodos de identificación sanguínea, eran clave para comprobar la identidad de la nena. - La complicidad de la iglesia se evidenciaba en el planteo de monseñor José María Montes, uno de los sacerdotes que casó a Daniel y Diana, que le dijo a Chicha en la Catedral: “La beba está bien. Deje tranquila a la gente que la tiene. Usted tiene que rezar y dejar que transcurra el tiempo”. También en la doble tarea del capellán Emilio Graselli, que armaba ficheros con los datos de los familiares de desaparecidos que luego entregaba a la inteligencia militar, y quien afirmó que Clara Anahí había sido ubicada “muy alto”. Finalmente Chicha apuntó directamente a los genocidas partícipes del hecho, a Etchecolatz, a Guallama, a Cozzani y a García, que todavía se guardan la verdad de lo sucedido como una extensión de la tortura que significa para los familiares vivir en la incertidumbre. Los conminó a que digan lo que saben y demolió la teoría de que la nena murió en el ataque al preguntar: “¿Dónde está la comprobación? Porque yo no voy a admitir una verdad que no se compruebe. Cualquiera que sea”. Por último, dejó flotando en su relato una metáfora que extrajo de su oficio de docente de arte y que la pinta como la síntesis de una generación que todavía busca respuestas, y que en ese camino va encendiendo nuevas luchas: “Yo me he pasado los últimos 35 años de mi vida buscando detalle por detalle. Pero estoy buscando desde la nada, desde la oscuridad, desde la maldad más grande. Y yo me acuerdo haber enseñado arte egipcio a mis alumnos del Liceo Víctor Mercante, muchos de los cuales fueron asesinados. Y muchas veces hice hincapié en aquello que hacían los faraones de borrar todo lo que el faraón anterior había hecho, para que no quedara nada de memoria de eso. Esa desaparición que hacían de lo hecho. Estos señores hicieron lo mismo pero con las personas: trataron de que se borrara todo. Por suerte algunas quedamos y yo espero que se vayan aclarando los crímenes”. LA MILITANCIA Y LOS ANTICIPOS DE LA MASACRE La recuperación de las tareas militantes en la casa de calle 30 puede esbozarse con la lectura de la novela “La casa de los conejos” de Laura Alcoba. A partir de su breve paso por la casa como una niña de 8 años hija de militantes, Alcoba relata, siempre en el terreno de la reconstrucción-ficción, las obras de cimentación del embute para la imprenta que se hicieron durante el verano del ’75. Cuenta cómo la refacción del galpón del fondo, futura conejera, daban la excusa para la construcción de una segunda obra (el embute) en el hogar de “un matrimonio modelo, a salvo de toda sospecha”. Que es Diana la que asumía la tarea de llevar y traer tabicados bajo una frazada en la furgoneta al “Ingeniero” y al obrero que realizaban la obra. Que se comenzó con un gran pozo. Que son Daniel y Diana los que, por la noche, descartaban los escombros y la tierra en obras y baldíos de la zona. Que se continuó con un segundo muro a menos de dos metros de la medianera del fondo, a cuyo extremo derecho se montó una gruesa puerta hecha de ladrillos y montada sobre una estructura metálica deslizable que se operaba con un mecanismo electrónico al contacto de dos cables. Que el control de la puerta estaba siempre en un rincón, a la vista de todos, con la forma de una maraña desprolija de cables. Que el “Ingeniero” comentaba que el embute se le ocurrió leyendo “La carta robada”, de Edgar Allan Poe, y su premisa “nada esconde mejor que la evidencia excesiva”. Que Daniel explicaba que la cría, la elaboración y el embalaje del escabeche de conejos, que en realidad ellos se comerían, sería la vidriera para llenar cajas y cajas con ejemplares de Evita Montonera. Que Daniel sugirió que para disimular mejor las cajas, ante un posible control policial a la furgoneta, había que envolverlas para regalo. Que ella misma pasaba largas horas con Diana y su madre empaquetando centenares de ejemplares del periódico en la mesa de la cocina, a los que remataban con una envoltura de cintas ornamentales. Que debía hacer un esfuerzo en la mesa de la merienda para no mancharse con los hisopos con que se limpiaban las armas de la casa. Tapa de la revista “Evita Montonera" año 2 nº13 (Abril/Mayo `76) Y finalmente, Alcoba relata cómo, mientras Diana estaba a punto de dar a luz, abandonaron la casa con su madre para irse del país. Que mucho después supo que Roberto César Porfirio había ocupado la pieza del fondo, que supo ser de ellas, porque necesitaba esconderse con su hija tras ser asesinada su esposa. La seguridad de los grupos militantes era una preocupación especial desde fines del ’75, atentos a lo que significó el “Operativo Independencia” desplegado en Tucumán y luego extendido a todo el país a través de los decretos de “Aniquilamiento de la subversión” y del accionar de la Triple A. Desde la ruptura de mayo del ’74, Montoneros venía implementando una etapa de Retirada Estratégica combinada con una Ofensiva Táctica Militar, tarea que implicaba el abandono de los frentes políticos y el reordenamiento de los militantes en estructuras logísticas o de combate para la transformación de las agrupaciones en milicias. Durante el año ’75 se realizaron dos campañas militares con centenares de operaciones de todo tipo que comenzaron a integrar las milicias con los pelotones de combate. El pensamiento de la conducción expresaba que no podía haber política revolucionaria o proyecto de la toma del poder para los trabajadores y el pueblo, sin la construcción del poder militar propio y la destrucción del poder militar enemigo. Esto puede leerse en textos como “La Resistencia Peronista ataca – Fundamentos de la Ofensiva Táctica” o “Las milicias peronistas son posibles”, compilados en el segundo tomo de documentos de la organización que publicó Roberto Baschetti. Por entonces, se caracterizaban dos “desviaciones” a la línea de la organización: la “militarista” (por su incapacidad de ofrecer una respuesta política totalizadora) y la “politicista” (porque, aunque sostenían la necesidad de elevar la acción reivindicativa al nivel político y aún militar, la aceptaban ‘sólo desde la lucha misma de las masas’, y negaban la función de la vanguardia en las experiencias revolucionarias). La línea montonera comenzaba a alejarse de la idea donde era la conciencia política de las masas la que había generado la posibilidad de una vanguardia, y a empezaba a parecerse más a la de un grupo que valorando la identidad peronista como la conciencia política de los trabajadores y al peronismo como el Movimiento de Liberación Nacional, aun así, y como le recordara Rodolfo Walsh a la conducción, Montoneros todavía debía ganar esa representatividad y no atribuírsela de manera mecánica. Pero además, junto con el desarrollo de la ofensiva militar, en 1976 se ensayó una propuesta política dentro del peronismo, la construcción del Partido Peronista Auténtico, que resultó atractiva para amplios sectores del combativismo y la izquierda peronista, junto a hombres representativos de la historia del movimiento. Sin embargo, el avance de la represión ponía límites al proyecto y a la propia estructura: el arresto y desaparición de Roberto Quieto, tercero en la conducción, en diciembre de 1975, decidió el recambio por una estructura de conducción con cuerpos colegiados como el Consejo Ejecutivo y el Congreso Partidario. Producido el golpe, los reclamos “basistas” ponían todo el énfasis en la preservación de las propias fuerzas para luego realizar ofensivas más eficaces y contundentes. Así, se requería a los militantes el cumplimiento estricto de los horarios, la realización de controles diarios de seguridad, el desarrollo de prácticas anti-seguimiento, alternar los lugares de reuniones y realizar el traslado de materiales con embutes móviles. Además, si bien algunos sectores de la conducción agitaban una visión triunfalista respecto a las consecuencias del nuevo régimen, al augurar su rápido desgaste y una retirada similar a las de anteriores dictaduras, también se combatía internamente las actitudes de resignación fatalista, que paralizaba la propia capacidad de acción en “si me toca me toca” o “no es mucho lo que se puede hacer”. Incluso había polémicas respecto a los desafíos a la seguridad que planteaba la política de prensa de la organización, que intentaba manotazos de frentismo como el semanario “Información” (aparecido en debut y despedida el 23 de marzo del ’76) en lugar de prepararse para una prensa más artesanal y clandestina, en la experiencia de la resistencia tras el golpe del ’55. A esto último estaba dedicado el grupo de la casa de calle 30, que imprimía y distribuía la “Evita Montonera”, autodenominada “revista oficial de Montoneros”, que con una tirada de 5 mil ejemplares, en sus 40 páginas desplegaba notas de análisis de coyuntura, hacía crónicas de las acciones de resistencia a la dictadura y principalmente establecía directivas para facilitar las discusiones entre las agrupaciones de base. En su número 13, de abril-mayo del ’76, la editorial afirmaba que “El Evita debe jugar un papel en la batalla contra la censura y la desinformación. Para eso necesitamos que, a través de los distribuidores, nos hagan llegar todo lo que pasa en la fábrica, en el barrio, en la escuela (…) para difundirlo y aprender de las experiencias”. La publicación, que se referenciaba como una herramienta política, organizativa, militar e ideológica, desplegaba por entonces la consigna: “Llegar al pueblo con nuestra prensa es ganarle una batalla al enemigo”. A mediados de julio del ’76 a muchos militantes les llegó la noticia de que la conducción montonera se había ido del país en abril. Primero como un rumor, y luego casi como la confirmación de una traición, el hecho desató acaloradas discusiones entre dos posiciones: la necesidad de preservar estratégicamente a los principales cuadros de mando y la simpleza con que esos cuadros de conducción rechazaban en las discusiones de los últimos 3 meses las iniciativas de los “boludos de se quedaban a poner el cuerpo”. Ni los documentos de contrainteligencia, que anticipaban detalladamente la forma en que iba a operar el terrorismo de Estado en esa etapa, habían logrado consensuar la idea de que la única que quedaba era replegar la estructura y descentralizarla para, no ya revertir el avance represivo, sino salvaguardar a los militantes. Sin embrago, para muchos la idea de rajarse era, aún con la certeza de perder en cualquier momento, sólo defender la posibilidad de vivir lamentándose por no haberse quedado a pelear por lo que se creía. En la ciudad de La Plata la cacería estaba desatada. Gracias a las tareas de la inteligencia militar y policial, se habían lanzado golpes demoledores sobre los sindicatos, fábricas y universidades, centrados en el secuestro y la matanza de cuadros combativos y militantes populares. Ya funcionaban a pleno varios de los Centros Clandestinos de Detención que son, fragmentariamente, parte del juicio “Circuito Camps”. Decenas de ex detenidos y familiares relataron en las audiencias de 2011 del juicio lo que se vivía en la universidad, en las escuelas y en los lugares de trabajo y militancia de La Plata entre el invierno y la primavera del ‘76. Cristina Gil y Mónica Furman relataron sus secuestros de la noche del 19 de agosto de 1976, conocida como la “Noche de los Psicólogos”, ya que se trató de un operativo en el que se secuestró simultáneamente a varios psicólogos, psiquiatras y médicos de distintas cátedras de la Facultad de Humanidades, que fueron recluidos en la Brigada de Investigaciones y los CCD de Arana. Ambas contaron que fueron interrogadas en búsqueda de la militante Diana Conde, ex compañera de cátedra en la facultad. Néstor Buzzo, fundador de la Federación Argentina de Radios Comunitarias y en los ’70 vinculado a la Juventud Universitaria Católica, contó que tras una breve detención anterior en la Comisaría 8va, fue nuevamente secuestrado el 1 de septiembre de 1976 y alojado durante 20 días en los CCD de Arana, Pozo de Quilmes y Brigada de Investigaciones de La Plata. En otra muestra de la complicidad de la iglesia con la represión, Buzzo contó que, por orden de Monseñor Plaza, el obispo José Montes se acercó a sus padres para informarles que él estaba vivo. Y tras reconstruir el funcionamiento de los lugares donde estuvo detenido, con irónica valentía, recordó que antes de ser liberado de la Brigada de La Plata, recibió un discurso moralizador del propio Miguel Etchecolatz, que le dio 5 pesos y lo invitó a irse del país. “Ya que está presente, me gustaría devolverle los 5 pesos”, dijo Buzzo. Marta y Nora Ungaro dieron detalles de lo que conocemos como la “Noche de los lápices” del 16 de septiembre de 1976: el secuestro de su hermano Horacio en su departamento de los monoblock del barrio Hipódromo (ejecutada personalmente por Roberto Omar Grillo), la reconstrucción de su paso por los CCD de Arana y Pozo de Banfield, las caídas del resto de los secundarios y militantes de la UES del Normal 3, del Nacional y de Bellas Artes, la circulación de un material denominado “subversión en las escuelas” elaborado por el ministro de Educación de la dictadura, Dr Buera, y la actuación del CNU en la represión en los colegios secundarios, en particular del genocida Néstor Beroch, que luego en democracia se recicló como profesor y en la editorial de la UNLP. Además, destacaron que si bien hubo condenas por el caso en los juicios de la década del ’80, muchos represores se beneficiaron luego con las leyes de impunidad y la mayoría continúan impunes, como el jefe del pozo de Banfield, comisario Miguel Wolk, imputado junto a sólo 5 represores más por hechos de ese CCD. El propio Jorge Julio Lopez, en su testimonio en el juicio a Etchecolatz (proyectado en video en estas audiencias), relató su secuestro del 27 de octubre de 1976, en paralelo a las caídas de otros militantes de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre”, que funcionaba en el barrio de Los Hornos. Lopez contó que en ese lugar conoció a varios jóvenes de la Juventud Peronista que hacían tareas sociales y políticas en el barrio, como Mirta Manchiola o el matrimonio de Patricia Dell’Orto y Ambrosio De Marco. Que el operativo de secuestro estaba comandado por Etchecolatz y su chofer Guallama, y que incluyó varias paradas para levantar gente en Los Hornos. El relato de Lopez sobre el asesinato de Patricia y Ambrosio en Arana sirvió para condenar a Etchecolatz a reclusión perpetua en 2006. Las hermanas Ana y Blanca Barragán, secuestradas junto a sus esposos en Arana en noviembre del ’76, testimoniaron en este juicio que allí vieron a Mirta embarazada y muy deteriorada por la tortura. Les dijo “no siento al bebé” y les pidió que si salían avisen a su hermano. Mirta y su bebé continúan desaparecidos. Para Lopez “eran mujeres de oro, y estos asesinos las mataron sin piedad”. Por entonces, pese a la represión, la censura y el miedo que imponía el régimen, no era ningún secreto la existencia de campos de concentración, de ejecuciones disfrazadas como enfrentamientos y de vuelos de la muerte. Y la militancia comenzaba a diseñar estrategias de denuncia sobre el accionar represivo ilegal del Estado. El número 14 de “Evita Montonera” de octubre del ’76, el último que llegó a imprimirse en la casa de calle 30, lanzó una campaña nacional de propaganda donde, además de convocar a sus lectores a denunciar la política de hambre de la dictadura, se impulsaba a “decir lo que todos piensa pero muchos no se atreven a decir” y “mostrar que los ‘enfrentamientos’ donde mueren diez compañeros y ningún policía, no son tales, sino que son fusilamientos de presos”. Lo más destacable de esta categórica e inusitada denuncia, seguramente elaborada a partir de la propia tarea de inteligencia o de los relatos de militantes que lograron escapar de la represión, es que su contenido determina el inicio de una tarea que más tarde continuarían las madres e hijos de esa generación de luchadores. Dice el “Evita Montonera” de octubre del ’76: “pondremos el acento en la difusión nacional e internacional de las atrocidades represivas que son, en su conjunto, responsabilidad de las Fuerzas Armadas y que en muchos casos se realizan en los mismos institutos militares, como por ejemplo las torturas y asesinatos masivos que se cometen en la Escuela de Mecánica de la Armada, en Campo de Mayo, en el Regimiento 1, en Villa Martelli (Buenos Aires), en Campo de la Rivera (Córdoba), en Famaillá (Tucumán), etcétera”. Lo trágico es que esas denuncias eran casi premonitorias del infierno que vendría para el grupo de la casa de calle 30 poco después. MATAR Y ROBAR Las construcción de mentiras sobre lo ocurrido en el ataque a la casa Mariani-Teruggi comenzó con el comunicado a medida que la dictadura emitió sobre el suceso: “El Comando de la zona 1 informa a su población que siendo aproximadamente las 14:30, en la ciudad de La Plata, en la calle 30 y 56, en circunstancias en que fuerzas conjuntas ejecutaban un registro domiciliario como consecuencia de información proporcionada por la población, fueron atacados desde el interior de la finca registrada, produciéndose un enfrentamiento con elementos subversivos pertenecientes la organización declarada ilegal en segundo término. Como consecuencia del mismo resultaron muertos siete delincuentes subversivos. Finalizando el registro del inmueble, se pudo constatar que en la parte posterior del mismo funcionaba una imprenta de la mencionada organización. Asimismo este comando debe lamentar la muerte del agente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, José Sconza, como así también las heridas de pronóstico reservado en tres integrantes de la Policía de la Provincia y un soldado de la fuerza del Ejército”. La versión oficial del Primer Cuerpo del Ejército, que en La Plata reprodujo automáticamente el diario El Día, contenía varias omisiones elaboradas. En principio informaba que las personas asesinadas eran siete, pero nunca informó los nombres. Con sello habitual se caratuló al hecho como un enfrentamiento, pero no se informó del secuestro de ningún arma. Y lo más importante, no se hacía ninguna mención a la presencia de Clara Anahí en la casa, sea como asesinada o como sobreviviente. La maquinaria para hacerla desaparecer estaba en marcha. Etchecolatz dando falso testimonio La versión más documentada de los hechos, basada en testimonios y prueba judicial, la encontramos en la biografía de Chicha Mariani que escribió Juan Martín Ramos Padilla. Allí se narra con precisión que tras la caída del “ingeniero” que había construido el embute de la imprenta, al que torturaron e hicieron que marcara la casa, tarea que les llevó toda la mañana del 24 de noviembre, porque como lo llevaban siempre tabicado no podía indicar la ubicación exacta. A la una y cuarto de la tarde, mientras Diana servía el almuerzo para sus compañeros, la comitiva llegó al lugar, que rápidamente fue cercado y se pobló de más de 200 efectivos armados de la Policía y el Ejército. Estaban presentes desde los jefes del Comando del 1er Cuerpo del Ejército, Carlos Guillermo Suarez Mason, de la 10ma Brigada de Infantería, Adolfo Sigwald, y del Regimiento 7, Roque Carlos Presti; hasta el jefe de la Policía, Ramón Camps, de Investigaciones, Miguel Etchecolatz, de Infantería, José Clemente Forastiero, de la Unidad Regional, Oscar Ioppolo y de la Comisaría 5ta, Osvaldo Sertorio. Curiosamente, convocados de antemano y por fuera del procedimiento, también estaban presentes los bomberos e integrantes de la morgue policial. En la casa se encontraban Diana, Clara Anahí, y los militantes Alberto Oscar Bossio, de 34 años, médico y padre de 4 hijas; Daniel Mendiburu Elicabe, de 25 años, estudiante de arquitectura y esperando un hijo; Roberto Cesar Porfidio, de 32 años, licenciado en Letras y al cuidado de una hija tras el asesinato de su mujer por los militares; y Juan Carlos Peiris, de 28 años, oriundo de Bahía Blanca y técnico que operaba las máquinas de la imprenta. Daniel Mariani se había salteado el almuerzo, y había salido en viaje a Capital Federal quince minutos antes del ataque. Ubicados los represores en la fachada y los techos de las casas aledañas, bajo la dirección de los altos mandos, las fuerzas conjuntas comenzaron a disparar desde varios frentes. Mientras la lluvia de balas perforaba la casa, los militantes se refugiaron agazapados y Diana se ocultó con Clara Anahí en el baño. Tras varios minutos de fuego, los represores dispararon desde la calle con un mortero que cruzó el jardín, el dormitorio y produjo un boquete de más de un metro de diámetro en la pared del comedor. Entonces ingresó a la casa la brigada de explosivos con el capitán del Ejército Héctor Amuchástegui y el soldado-enfermero Carlos Bazán. Mientras tanto, Camps, Etchecolatz, Guallama y Cozzani fueron ganando posiciones en los techos vecinos y desde allí cazar a los militantes. Porfidio fue ultimado mientras intentaba trepar un muro del patio trasero. Peiris cayó en el garaje, alcanzado por las balas detrás de la furgoneta. Bossio logró subir al techo y junto al tanque de agua fue acribillado mientras gritaba “Viva la patria! ¡Vivan los Montoneros!”. Mendiburu Elicabe fue ametrallado en el patio trasero. Diana salió corriendo hacia el fondo con su bebé en brazos y, por orden de Etchecolatz, fue asesinada por un disparo de Guallama junto al limonero del patio. El asesino de Diana, Hugo Guallama El relato ante Conadep del policía Carlos Alberto Hours en los ‘80’s, confirmó la modalidad del asesinato de Diana, y que Clara quedó ilesa junto al cadáver de su madre. Los testimonios de los policías Cecilio Gomez y Ramón Buzzato, que fueron felicitados por la Jefatura por su participación en el hecho, y varias pericias hechas sobre el lugar, determinaron que el agente José Sconza, que se encontraba en un techo vecino, fue alcanzado por una bala policial, al caer rompió el techo y murió dentro del inmueble. El vecino Oscar Antonio Ruiz declaró en el juicio a Etchecolatz que pudo ver que un represor corpulento y morocho, al que llamaban “el Oso”, tomó a Clara Anahí, la envolvió en una frazada blanca, la sacó de la casa por una medianera y, por orden directa de Camps, la metió en un patrullero. Ruiz lo recuerda porque luego “el Oso” García lo amenazó con su arma y le ordenó que se metiera en su casa. LOS JUNTACADÁVERES 35 años después de los hechos, los policías, militares, médicos y sacerdotes convocados al juicio continúan elaborando una intrincada red de complicidades que no logra responder una sencilla y profunda pregunta: ¿Qué pasó con Clara Anahí Mariani Teruggi? A tiempo para su indagatoria, Miguel Etchecolatz, condenado ya a perpetua en 2006 por el asesinato de Diana y acusado en este juicio por 150 casos de secuestros, torturas y desapariciones en la casa de calle 30, Comisaría 5ta, Brigada de Investigaciones, Arana, Puesto Vasco, y 4 apropiaciones; se presentó nuevamente desafiante: exhibía un pin con su nombre y la consigna “Preso Político”. El presidente del TOF 1, Carlos Rozansky, lo invitó a retirárselo diciéndole que “este es un tribunal de la nación constituido legalmente y estamos haciendo un juicio ajustado a derecho”. Aceptando la propuesta pero no el concepto, se despachó en 15 minutos de una conocida defensa de su accionar represivo como una actuación patriótica frente al “terrorismo perverso y apátrida”, sobre lo injusto del juicio, que sólo “despierta odios y venganzas” y lo ha condenado de antemano. Rechazó las acusaciones, incluidas las del que denominó “el politizado caso Lopez”, al que describió como un testigo “aleccionado”, y para extender su práctica de la tortura sobre los familiares con el arma de la incertidumbre, dijo que podría aportar datos y pruebas sobre el destino de Clara, pero que se los reservaba para otra ocasión. Norberto Cozzani Citado a decir lo suyo sobre las acusaciones por casa de calle 30 y 18 casos del CCD Puesto Vasco, el represor Norberto Cozzani se mostró como el más verborrágico, alentado por una intención de despegarse de la defensa de los otros genocidas e intentando mostrarse predispuesto a colaborar y atento a las informaciones que los medios fueron difundiendo alrededor de los hechos juzgados. Describió en 2 horas la ejemplaridad de su carrera al iniciar el área de investigaciones de “delitos económicos” y su participación en el “Caso Graiver” como la de un simple auxiliar que detenía gente ilegalmente, grababa los interrogatorios y elevaba informes a sus superiores. Preguntado sobre calle 30 intentó explicar que a pesar de ser chofer de Etchecolatz no estuvo en el lugar y, sin embargo, fue condecorado por jefatura por el hecho, del que se enteró porque fue “el tiroteo más grande que hubo en la ciudad de La Plata”. También abonó a la estrategia del mutismo y, excusándose en “no sumar más dolor a la Sra Mariani”, prometió que “antes de que termine el juicio voy a explicar qué pasó en la calle 30”. Evidentemente estaba calculando sus palabras respecto a lo que dijeran o callaran Etchecolatz o Guallama. En el caso del otro chofer de Etchecolatz, Hugo Guallama, directamente se escudó en el silencio y se negó a declarar, igual que la mayoría de los represores imputados en el juicio. Guallama ya había declarado en la instrucción de la causa ante el juez Corazza, y había afirmado que él no estuvo de guardia ese día, que sí estuvieron presentes sus superiores Etchecolatz, González Conti, Forastiero y Fiorillo, y que fue el oficial apodado “el Oso” el que ocultó a Clara en un móvil de la Unidad Regional. Su apartamiento del hecho fue desmentido en el juicio por la ex esposa de Guallama, Mabel Suarez, quien testimonió que en los ’70, angustiado por la culpa que sentía sobre lo que había hecho, la llevó una noche a la casa de calle 30 y le confesó que había disparado y que se habían robado un bebé. El desvario del “OSO” Garcia. A su turno, Carlos García, acusado también por 12 casos de Comisaría 5ta y señalado por el testigo Carlos Zaidman como su secuestrador, desvarió durante hora y media con minuciosas explicaciones de hechos que no hacen a lo que se está juzgando. Dijo que en la Vucetich le pusieron “el Oso” porque le gustaba la miel, que es injusto estar preso por los dichos de Guallama y que en la cárcel descubrió la palabra de Dios en el pabellón evangelista. Si bien no negó su actuación en procedimientos de la Unidad Regional a cargo de Juan Fiorillo, se amparó en su legajo para afirmar que no estuvo en la casa de calle 30 porque estaba destinado en la Brigada de San Martín. Al ver complicada su maniobra de inocencia por aclaraciones que lo involucraban aún más en el hecho de calle 30, Cozzani amplió 2 veces su indagatoria. Dijo que con Etchecolatz “no existe relación, ni afinidad de ideas respecto al tema”. Adujo que en una indagatoria ante el juez Corazza en 2005, ya había declarado que “tenía conocimiento de que la beba había fallecido en el enfrentamiento”. Y en una curiosa estrategia de poner al juez como testigo de algo no probado, afirmó que el propio Corazza le sugirió por entonces que no podía divulgar esa versión porque “haría que se caigan todas las expectativas de vida” de Chicha Mariani. Esa cínica utilización de la mentira como verdad para pretender preservar las ilusiones de una abuela que busca a su nieta viva o muerta, no es más que otro capítulo en la imposición como verdad, nunca probada, de la versión de que Clara Anahí murió calcinada en el ataque. De hecho en su ambigua posición de búsqueda de la verdad, Cozzani se dedicó a confirmar algunas de las hipótesis planteadas por Chicha sobre los participantes del operativo, y a denostar otras, defendiendo la inocencia de los represores de bajo rango como él, un cabo, y planteando que “la cobardía de algunos superiores hizo que la niña no apareciera”. Consultado sobre la existencia de algún documento oficial que pudiera probar la versión de la muerte de Clara, respondió que se lo pregunten a Tarella. Pese a no estar imputado en la causa de calle 30, pero obligado a contestar sobre el tema, el genocida Eros Tarella, oficial de la Dirección de Investigaciones acusado por 40 casos de los CCD Puesto Vasco y Cot1 de Martínez, aseguró que por su actuación en el Servicio de Inteligencia de la bonaerense (SIPBA), un día después del ataque el coronel Enrique Rospide, a cargo del área de inteligencia militar en la provincia, lo mandó a llevar una información al Comando de Operaciones, entre la cual había un volante escrito a máquina, sin firma ni origen, que decía textualmente “los bomberos sacaron sobre una chapa el cadáver carbonizado de una criatura”, pero que no conoce el destino de ese documento. Dijo que en la Jefatura de Policía ya se conocía el reclamo de Chicha, por lo que le requirió a Rospide por qué no decían la verdad, y que éste le respondió que “el Ejército no mata criaturas en combate”. Encriptando mucho más con esto la cadena de complicidades de los altos mandos policiales en lo sucedido, Tarella dijo que preguntó por el hecho a Camps, al jefe del Comando y a otros represores del área de Investigaciones, y que la desfachatada conclusión que saca es que “si esta pelotudez se hubiera resuelto antes, no estaríamos acá discutiendo esto”. Las declaraciones testimoniales de los médicos forenses que intervinieron en el caso, no hicieron más que confirmar la cadena de irregularidades que se desplegó tras la masacre para encubrir la apropiación de Clara. Ello incluyó la certificación de los asesinatos de Bossio, Porfidio, Mendiburu y Peiris con nombre, apellido y causal de muerte, pero en el caso de Diana, se hizo circular la versión de que su cadáver estaba carbonizado y que era imposible de identificar. Cerró el círculo la expeditiva inhumación irregular del cadáver de Diana como NN en el cementerio municipal. Citado a la audiencia, el médico policial Néstor De Tomas, hijo de un ex comisario de la 5ta e integrante de la Dirección de Sanidad y Medicina Legal de la bonaerense, órgano que actuaba como auxiliar en casos de homicidios, dio cuenta de la irregularidad cómplice con que actuaban. Aseguró que el 24 de noviembre del ’76 no le tocó la guardia, y que del hecho se enteró por los diarios, con lo cual deslindó su intervención en el caso. Al exhibirle el tribunal varios certificados de defunción de la causa donde figura su nombre, contestó que esas eran actas del registro civil y no certificados de defunción, y que en todo caso puede haber firmado los certificados, pero que fueron constatados por otro médico. Preguntado insistentemente sobre si no le resultaba irregular firmar algo que él mismo no había constatado, reconoció que sí, pero que era parte de la metodología de la época. Llamado el otro el otro médico de guardia en Sanidad, Héctor Darbón, recordó que participó de la certificación de los asesinatos, y que lo impresionó ver un cadáver carbonizado en la morgue de esa dependencia, pero que no llegó al lugar ningún cuerpo de un menor. Explicó que la metodología era dar un número y descripción por cada caso, asentarlo en un libro y entregarlo a instrucción judicial. Al exhibírsele un acta de defunción de un NN carbonizado con su nombre, repitió que lo impresionó ver la carbonización pero no recordaba si lo había certificado. Por último se excusó en que era un profesional muy joven y que el médico más experimentado era el jefe de guardia Roberto Sciafardo. Convocado a decir su parte, Sciafardo dijo que en la dictadura “hubo un incremento de cadáveres, la mayoría por balas”. A su vez indicó que entre los cadáveres que llegaron de calle 30 no se encontraba el de ningún bebé. Que tuvo actuación en la morgue pero no la recordaba, y que del hecho se enteró por los diarios. Para sumar sospechas sobre la actuación médica en el caso, recordó que en los años 80 un juzgado le pidió los libros de guardia entre 1976 y 1977, que años más tarde “desaparecieron”. Un detalle no menor, que viene repitiéndose en todos los juicios realizados en nuestra ciudad hasta el momento, es la declaración de varios genocidas como “testigos” de hechos represivos de los que han participado y cuya citación como imputados, pedida por las querellas, nunca ha sido concedida. Además de la dilatación del proceso hacia futuros procesamientos en próximos e improbables juicios, esto provoca que los testimonios sean escuetos y más que específicos, para no contradecir la situación de testigo (conjurado a decir la verdad) con la posible autoinculpación en que podrían incurrir los represores-testigos si contaran todo lo que saben. Y exactamente eso se fue lo que ocurrió en este juicio con el desfile impune de varios represores “testigos” como el agente del destacamento de Arana Juan Carlos Urquiza; el agente de la Comisaría 5ta José Celedonio Torres y el jefe de la policía Federal en La Plata en dictadura Juan Rafael Pochelou, los tres imputados en la causa residual de Arana que quedó fuera de este debate. Pero desfilaron además otros como el Capitán del Ejército Héctor Amuchástegui, oficial de logística en el Regimiento de Infantería 7 (por entonces ubicado en la actual plaza Islas Malvinas), que dijo que el 24 de noviembre del ’76 concurrió a la casa de calle 30 ante el requerimiento policial de apoyo. Rememoró que rodearon la manzana con 50 soldados al mando del jefe y subjefe del regimiento, Presti y Miloni, con orden de identificar personas, aunque sin haber recibido elementos concretos para hacerlo. Con senil tono castrense afirmó que “la unidad tomo posición en U sobre la manzana de la casa, y tras 2 horas hubo una explosión y se terminó el problema”. Indagado sobre si supo de muertos o heridos dijo que se enteró de 4 asesinados y que “en el regimiento se dijo que había un bebé”. Por último aseveró que el Ejército fue advertido de que se iba a disparar con un arma antitanque, que posiblemente haya sido una bazooka del tipo “Instalaza 88,9”, un proyectil de carga hueca que impacta y explota, o bien una del tipo “P.A.P.I. 3,62” utilizada como antitanque. Esta afirmación produjo una ampliación indagatoria de Cozzani, que acusó a Amuchástegui de enfermarse hoy “de miedo y de deshonor” cuando en aquella época “recorría la ciudad en una tanqueta”. En otro intento de abonar a la teoría del incendio en la casa y carbonización de los cuerpos, Cozzani dijo que “en calle 30 se usó un P.A.P.I.” (por sus siglas, Proyectil Antitanque Para Infantería) y que “me lo contó Pernías en Marcos Paz” (!). Todo ello para asegurar que quien disparó fueron las Fuerzas Armadas y no la Policía: “Fueron el BIM3, el Regimiento 7 o el Batallón 601”, dijo. Forastiero detenido por falso testimonio El más prodigioso de los casos de represores-testigos se dio con la testimonial de José Clemente Forastiero, durante la dictadura jefe de Infantería de la bonaerense con sede en 1 y 60, e imputado en la causa por ese CCD. Forastiero comenzó su declaración fingiendo una sordera que se le curó repentinamente cuando se empantanaron sus argumentos. Tras afirmar que envió personal a la casa de calle 30 para “cortar la calle” a pedido de la Jefatura, juró que él no estuvo en el lugar. Pero luego dijo que decidió ir tras enterarse que “había un herido con casco”, aunque “llegué, no me informaron nada, di media vuelta y me fui”. Recordado por el tribunal de las consecuencias de la negativa a declarar, repitió toda su versión sin consistencia y comenzó a tartamudear. Tras un receso para deliberar, el tribunal decidió procesarlo por falso testimonio por sus reticencias y omisiones en la declaración. La complicidad o, más bien la participación activa de la iglesia católica en el Terrorismo de Estado, es patente en este caso con la “obra” de monseñor Emilio Teodoro Graselli. Secretario del vicario castrense, Graselli atendía a los familiares de desaparecidos en una oficina contigua a la capilla Stella Maris de Capital Federal, lugar en que la Armada infiltró y secuestró a un grupo inicial de Madres y a sus colaboradores. Chicha lo visitó allí en 1977 para pedirle que le ayudara a encontrar a Clara, y el obispo realizaba cuestionarios en que recababa datos con los que llenaba fichas que luego llegaban a la inteligencia militar. Graselli confeccionó más de 2.500 fichas de ese tipo, y en algunas de ellas marcaba en rojo la letra “M”, en obvia referencia a militantes Montoneros. Sobradas veces, Chicha testimonió que en su segunda visita a Graselli, éste le respondió que ya no se podía hacer nada, que había pasado demasiado tiempo y que era imposible recuperar a Clara, porque “había sido ubicada muy alto”. Convocado a aclarar ese accionar, Graselli relató que como tanta gente visitaba al Vicario Castrense Monseñor Tortolo en Paraná, éste le encargó que atendiera a los familiares en Capital Federal. Que tomaba los datos, hacía las fichas y en el anverso indicaba un nombre “con quién comunicarse”. Que esas fichas se las entregaba a Tortolo, que supuestamente “pedía datos diariamente al Ministerio del Interior o a las Fuerzas Armadas”. Reconoció que atendió personalmente unos 2.500 casos, “30 o 40 por semana” dijo, y que la mayoría de las respuestas que él recibía era “no están detenidos”. Lamentándose porque “pasaron tantos años y no sabemos la verdad”, el cura mostró su verdadera disposición a colaborar en la investigación al ser consultado por las visitas de Chicha, a lo que sólo respondió “no lo recuerdo”. LAS PRUEBAS Los familiares de los militantes caídos en la casa de calle 30 relataron en el juicio la persecución por su militancia de que venían siendo víctimas desde mucho antes del golpe. Mauricio Peiris, contó que su hermano de Juan Carlos militaba en Montoneros y en la Asociación de Empleados de Comercio de Bahía Blanca y estaba clandestino desde el ’74. Asediado por la persecución de las patotas del Comando del 5to Cuerpo del Ejército, que incluyó allanamientos a su casa, a la casa del hermano y la madre, Juan Carlos se escapó de su ciudad y se vino continuar su militancia en La Plata. La hermana de Alberto Bossio, Ana María, relató que la mañana del 24 de noviembre Alberto la visitó en su casa muy nervioso y le dijo que sabía que la casa de calle 30 estaba “quemada”. Alberto estaba clandestino desde el ’75, tras enterarse que estaba siendo perseguido por la Triple A, información que consiguió vía intercepción de la radio del BIM3 con un compañero. Ana María contó que en abril del ’76 había sido secuestrado por un comando del CNU su esposo Leonardo Miceli, cuyos restos la familia encontró luego en el cementerio de Avellaneda. Y que el día del ataque, fue a la casa 2 horas después de concluido el operativo, no ingresó pero recuerda que el olor a pólvora invadía toda la manzana. La perito del archivo de la Comisión Provincial por la Memoria, Claudia Bellingieri, confirmó el nivel de conocimiento que la Dirección de Inteligencia de la bonaerense (DIPPBA) tenía para desarrollar la cacería de los militantes. Comentó la existencia de un legajo específico en la mesa “DS” (delincuente subversivo) sobre el operativo, donde además de compendiar distintos memorándum policiales en la preparación del ataque, se dan detalles de los sucedido y se recopila información de prensa de medios locales sobre el tema. Pero principalmente, la perito expuso los legajos individuales de todos los militantes caídos en la casa: Mendiburu Elicabe señalado como integrante de la JTP a través de un procedimiento en un local en La Plata; Porfidio mencionado en varios legajos de los años ’73 al ’77 (lo que indica un seguimiento posterior al ataque) como un “posible blanco” por la inteligencia policial; y Peiris sindicado con pedido de captura en julio del ’76 en documentos intercambiados entre la inteligencia de Prefectura Naval, el Comando del 5to Cuerpo y la DIPPBA. Las fichas del matrimonio Mariani-Teruggi son las más estremecedoras, ya que evidencian el trabajo que desde el Batallón 601 se hacía en enlace con la inteligencia policial, desde antes del ataque, sobre el embarazo de Diana: en el legajo “DS” N° 6.976 se documenta el seguimiento sobre la partera y el dentista de Diana, que poseían material sensible para identificar un cuerpo en el ámbito de la morgue y la identidad de un bebé, material que luego fue borrado de los archivos oficiales. El legajo N° 7.263 informa sobre la búsqueda de Daniel Mariani que la inteligencia militar y policial desarrollaban entre noviembre y diciembre del ’76. Y hasta Clara Anahí aparece en el legajo 12.577, de febrero del ’79, en un informe sobre su nacimiento y datos filiatorios, que prueba el especial interés que la bonaerense cultivaba sobre la niña apropiada tres años atrás, sobre todo ante la búsqueda de su abuela. La propia Chicha Mariani y las Abuelas como organización integraron decenas de informes de seguimiento durante toda la década del ’80. El vecino que contradijo el testimonio de los genocidas Fundamental fueron los testimonios de los vecinos del barrio para aportar detalles sobre el operativo y echar por tierra la versión de la muerte de Clara. Liliana Stancatti trabajaba en un “Modubank” de City Bell y vivía con su madre en 56 entre 24 y 25. Además de relatar la magnitud del operativo, dijo que un ex policía y agente de seguridad de su trabajo le dijo que sabía que “la nena no murió”, sino que fue “entregada a un alto jefe policial que no podía tener hijos”. Carlos Leotta trabajaba en un taller mecánico y vivía en 55 y 29. Contó en el juicio que al regresar de su trabajo se encontró con el operativo de fuerzas conjuntas en el barrio, escuchó el estruendo de los disparos, efectuados principalmente por la policía, y confirmó la finalización del ataque con una explosión enorme. Si bien reconoció no haber visto directamente lo que sucedía en la cuadra, aportó la versión de primera mano de una vecina que tenía un almacén en la esquina de la misma manzana y a la que apodaban “La Gallega”. Al parecer, esta mujer conocía a la familia Mariani-Teruggi porque le compraban insumos para hacer el escabeche de conejos y, según Leotta, ella comentó que “a la nena la sacaron con vida” y que lo afirmó “con una seguridad absoluta”. Cabría preguntarse: ¿Si en el hecho más comentado de la represión en La Plata, tanto los vecinos como amplios sectores de la fuerza policial sabían que la niña sobrevivió y que fue apropiada, con qué argumentos se sostiene la teoría de inversa? ¿Habiéndose borrado intencionalmente todos los registros oficiales desde su nacimiento hasta su pretendido fallecimiento, e incluso no habiendo cuerpo, qué otra forma hay de probar hoy la versión de los genocidas de la muerte de la niña? Las respuestas abonan hacen inexorable la tesis de la apropiación, sobre todo cuando los represores han dicho en el juicio que saben algo que cínicamente ocultan. El destino de Daniel Mariani, posterior al ataque y hasta su caída en agosto del ’77, también fue relatado en el juicio. Nieves Luján Acosta, que conocía a Diana y Daniel por su militancia en una unidad básica del popular barrio de 16 y 530, contó que Daniel pasó a verlo una o dos semanas después del ataque, y que sabía de la muerte de Diana y la probable apropiación de Clara. El grupo de militancia de esa U.B. estaba referenciado con otra casa militante, la del matrimonio de Eduardo “El Turco” Aued y Graciela Médici en 132 y 35. En el peor momento de la represión, Eduardo y Graciela recibieron en su casa a varios militantes montoneros que escapaban del cerco, entre ellos Daniel (que se hacía llamar “Bocha” o “Esteban”) y Laura Carlotto. En una mudanza en la que ayudaba a Laura, Daniel cayó en el operativo que se realizó en la casa del matrimonio Aued-Médici el 1 de agosto de 1977. Nilda Aued, hermana de Eduardo, relató que su hermano y su cuñada embarazada fueron secuestrados y alojados en la Brigada de La Plata, en Arana y en el Pozo de Banfield. Ambos continúan desaparecidos. Según su relato, Daniel fue emboscado al llegar a la casa y herido intentando huir. Nieves Acosta relató que el operativo continuó en la U.B., a 20 cuadras de la casa. Acosta y su esposa fueron secuestrados y llevados con el mismo grupo a la Brigada y al Pozo de Banfield. Dijo que en cautiverio se enteró por Aued que Daniel había sido fusilado. LA OBSTINACIÓN Avanzado a este punto el relato de familiares y sobrevivientes, los genocidas insistieron sin pruebas con la estrategia del incendio en la casa y la muerte. Etchecolatz amplió largamente 2 veces su indagatoria, pero solo para agravar su situación. Primero pidió una inspección ocular en la casa, hoy museo de la “Asociación Anahí”, pero la condicionó a que él ponía los peritos. Además desdibujó la estructura de la casa, al decir que ellos dispararon la bazooka desde los techos a la medianera del fondo (imprenta), cuando está probado que el disparo se hizo de frente a la casa y que ninguno de los integrantes de la casa llegó al doble fondo para escapar o defenderse. Y sobre Clara dijo “no puedo asegurar si la criatura estaba adentro”, aunque afirmó desafiante: “Sra. Mariani, a Anahí se la quitó la subversión”. Poco antes de cumplirse 35 años del hecho, el tribunal realizó la inspección pero con peritos propios, ante lo cual Etchecolatz se negó a participar. El peritaje fue concluyente en cuanto a que no había rastros de fuego, lo que desmintió la versión de la muerte por carbonización. Además, el tribunal pudo ver la bañadera, que está intacta, y sumarlo a que la versión más fuerte es que la niña fue resguardada en esa bañadera y que por eso sobrevivió. No contento con ello, Etchecolatz volvió a pedir la inspección a la que se había negado a ir, y solicitó la declaración de Laura Alcoba, autora del libro “La Casa de los conejos”, porque en su relato probaría, para Etchecolatz, que en el lugar había armas, lo cual no lo exime de las responsabilidades por lo que se lo está juzgando. En el caso de Cozzani , también realizó 2 ampliaciones indagatorias, pero sólo para insistir con una versión que no puede probar, al decirle al tribunal: “Yo le puedo explicar en que rincón estaba el cochecito de la beba, cuando yo entré, luego que todo había culminado. El cochecito era una masa de hierro retorcido, que sumado al Comunicado Oficial y las declaraciones de Tarella me hacen pensar que la nena está fallecida. El comentario es que todos habían muerto, aunque en el momento no la vi a la beba”. Cozzani volvió sobre sus anteriores afirmaciones, y las modificó con el argumento de que el receso de enero de 2012 en el juicio lo hizo reflexionar y querer contar la verdad, para lo cual sólo espera “un poco de dignidad entre el resto de los co-procesados. Si no lo hacen yo avanzaré en mis explicaciones, me comprometo”, dijo guardando cínicamente sus secretos. ¿FINAL? Con todas las herramientas que el juicio proporcionó a su disposición, el Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata probablemente condene a los imputados por los asesinatos de Diana Teruggi, Roberto Porfidio, Juan Carlos Peiris, Alberto Bossio y Daniel Mendiburu; y por el apriete que sufrió Chicha como parte del operativo. Inclusive, es probable que se condene por la supresión de identidad y ocultamiento de Clara a varios represores en el denominado “Juicio por el Plan Sistemático de Apropiación”, que se lleva adelante desde comienzos de 2011 en Capital Federal. Pero aún así, nos quedan varias cavilaciones: Es portentoso que a esta altura de la reapertura de una política investigaciones sobre hechos cometidos desde la estructura del Estado, haya contradicciones tan grandes entre lo que ese Estado dice hacer y lo que efectivamente hace. Es irritante que las víctimas sobrevivientes, los familiares y las organizaciones de DDHH tengamos que estar pendientes de la buena salud de los represores para que no eludan con falsos achaques a la Justicia, o directamente para que puedan llegar a juicio y a sentencia. Es infamante que la capacidad investigativa de la Justicia federal par dar con el paradero de los jóvenes apropiados se reduzca a llamar a las posibles víctimas a dar sangre, o a esperar datos de alguna confesión despechada y calculada de los represores. Y finalmente, es una farsa de justicia que incluso con la posibilidad cierta de condenar a los desaparecedores y asesinos de sus padres, como en el caso de Clara Anahí Mariani-Teruggi o en el de Ana Libertad Baratti de la Cuadra, ese acto de “Justicia” excluya y hasta suprima la posibilidad de encontrar a los jóvenes apropiados y condenar a sus apropiadores con promesas de futuros e inciertos juicios. Al final de juicio “Circuito Camps” escucharemos las “revelaciones” que durante todo el proceso guardaron Cozzani y Etchecolatz, aunque no esperamos nada de verdad de ellos. Ya aprendimos con las palabras finales de Etchecolatz, que el tribunal le otorgó en el juicio que lo tuvo como protagonista en 2006, que estos personajes no confiesan, sinó que lanzan afrentas. Así lo hizo el responsable de la segunda desaparición de Jorge Julio Lopez con una cita genérica de Borges sobre la legitimidad de quien intenta ser juez de los demás. Y lo hizo para proyectar su desafiante amenaza final: “No es este tribunal el que me condena, son Ustedes los que se condenan”. Nos permitimos redoblar la apuesta con otra cita del autor que mejor interpretó las contradicciones y los privilegios del conservadurismo en nuestro país. Cierra Borges su cuento “El cautivo”, sobre un niño desaparecido en un malón, criado entre indios y regresado, aunque incómodamente al hogar, diciendo: “Yo querría saber qué sintió en aquel instante de vértigo en que el pasado y el presente se confundieron; yo querría saber si el hijo perdido renació y murió en aquel éxtasis o si alcanzó a reconocer, siquiera como una caricatura o un perro, los padres y la casa”. Esta nota está dedicada a la memoria de Adriana Leyla Calvo, que nos enseñó con su ejemplo de lucha que la única investigación real sobre los crímenes del Terrorismo de Estado se hizo y se hará siempre desde el trabajo insistente, coherente e independiente de los sectores populares. Nota publicada en 30000 RAZONES Nº3 HIJOS LaPlata.

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Hoy 10/04 Corte y movilización.

Martes, 10/04/12
Movilización y corte de los vecinos de Moreno. Vecinos de la localidad de Moreno, junto a organizaciones políticas y sociales convocaron para mañana martes 10 de abril a las 11.00 a concentrarse en .Acceso Oeste y Ruta 23 para exigir la declaración de la emergencia provincial y distrital; el listado de detenidos, fallecidos y asesinados, alimentos y agua y transporte público gratuito para los barrios afectados, entre otros reclamos. Denuncian además, la total inoperancia del ejecutivo local y la ocupación de los barrios por las fuerzas de seguridad con la intención de reprimir la protesta social, como la única medida adoptada por el gobierno. Hoy a las 18.00 habrá una conferencia de prensa en ATE Moreno.	Imagen de la protesta reprimida en Merlo tras el temporal.
Comunicado de prensa A 5 días de la catástrofe climática que azoto a la zona Oeste y Sur del Conurbano Bonaerense. Desde el Partido de Moreno las organizaciones sociales, políticas, sindicales y culturales ; Denunciamos la total inoperancia del ejecutivo local, ya que ni siquiera cuenta con datos oficiales a cerca de las víctimas fatales, heridos, desaparecidos y detenidos en confusos episodios sucedidos en los barrios, ni de la magnitud de los daños ocasionados por el temporal Observamos que nuestros barrios están siendo ocupados por las fuerzas de seguridad con la intención de reprimir la protesta social, como la única medida adoptada por el gobierno. Manifestando una clara intención de reprimir, controlar y vigilar; sin tener en cuenta que la necesidad básica pasa por la reconstrucción inmediata de las zonas más afectadas. La ausencia sanitaria y de trabajadores sociales manifiesta un claro abandono de parte del gobierno. Mantuvimos dos encuentros con funcionarios del ejecutivo local en este caso con la Lic. Gladys Peretta y el Señor Román Pacheco, consideramos que la respuesta ante los puntos abajo mencionados fue discursiva, evasiva y sin consideración de la dimensión de los hechos. Los puntos que exigimos son los siguientes: Crear un comité de emergencia integrado por todos/as los referentes de las diferentes agrupaciones. Centro de acopio para la distribución de insumos. Declaración de emergencia provincial y distrital. Declaración de emergencia sanitaria. Listado de detenidos, fallecidos y asesinados. Apertura de centros educativos y sanitarios para asegurar la atención a niños. Alimentos y agua. Transporte público gratuito para los barrios afectados. Denunciamos la complicidad de los medios masivos de comunicación al no informar sobre la magnitud y gravedad de los daños, pérdidas materiales y humanas. Convocamos el día martes 10 de abril a las 11 hs, en Acceso Oeste y Ruta 23. Adhieren a esta convocatoria CCC-PCR, Proyecto Sur, Partido Obrero, Polo Obrero, MIR, Movimiento Popular La Dignidad, Libres del Sur, Barrios de Pie, ATE, CTA, Autoconvocados Moreno 2000 Norte, CTD Aníbal Verón, Bachillerato Popular el Cañón y anexo ATE, Movimiento 29 de Mayo. www.agenciawalsh.org

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La presidente pide a los jueces que "agarren el código penal".

Lunes, 09/04/12
LEY ANTITERRORISTA. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que la protesta ante la embajada británica el lunes 2 fue un "acto de vandalismo" por parte de los militantes populares que se hicieron presente y resaltó que "no representan a la política" y "se visten con ropaje seudorevolucionario". También recomendó a los jueces que "agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia."
En el marco del 30º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, frente a la sede diplomática del barrio porteño de Recoleta, militantes de diversos partidos de izquierda cantaron consignas contra Gran Bretaña, repudiaron la presencia de empresas inglesas en el país y prendieron fuego banderas del Reino Unido. La policía intervino con una fuerte represión y se produjo un enfrentamiento. Dos días después, la jefa de Estado, durante un acto en Bariloche, dijo que le llamaba la atención que "en un gobierno de tanto avance en los derechos democráticos, de tanto avance sobre las corporaciones y en beneficio de la sociedad, de tanto avance en materia de derechos humanos como nunca se ha visto en toda la historia, surjan grupos tan violentos que parecen servir a intereses contrarios a la Argentina". Y agregó que "más allá de que se vistan con ropaje seudorevolucionario, me llama la atención que con plena libertad y plena democracia, como nunca se ha visto, sucedan estas cosas". La Presidenta debería sincerar su mensaje a la sociedad porque la "plena libertad y plena democracia" que se vive en la Argentina castiga a los trabajadores y a los sectores sociales más vulnerables. En segundo lugar, no es verdad que "avance sobre las corporaciones" porque mientras reclama la soberanía de Malvinas entrega las riquezas naturales a empresas mineras multinacionales, en perjuicio del medio ambiente y de la salud de los habitantes. Un tercer dato es que los Tratados de Paz argentino-británico relativos a la soberanía de las Islas Malvinas, instrumentado en el Acuerdo de Madrid firmado el 15 de febrero de 1990, otorga beneficios de garantía de inversión de nación más favorecida a innumerables empresas británicas que en la actualidad operan en el país. Mediante la Ley Nº 24.184 para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas, promulgada el 24 de noviembre de 1992, se ratificaron los convenios suscriptos. Una vez más, no sólo se permite que Gran Bretaña desconozca la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, sino que, sin demasiado trámite, se dictan leyes para favorecer económicamente a sus corporaciones. Una doble entrega sin necesidad de conflicto bélico alguno. En su discurso, la Presidenta no mencionó la violenta intervención policial que lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y usó camiones hidrantes contra los manifestantes como método de "persuasión" para que se retirasen. Por el contrario, ocultó ese accionar y, una vez más, se contradijo con los hechos ocurridos cuando, en la misma alocución, se refirió al acampe que "sufrieron" los porteños en la 9 de Julio: "No soy partidaria de la mano dura. Los palos en la Argentina dieron malos resultados". Cristina de Kirchner consideró ambas manifestaciones como "actos antipopulares, en su correcta acepción, porque cuando se acampa durante 21 horas para cortar la 9 de Julio, o donde se apedrea una embajada, son actos antipopulares". Como si la brutal represión a los manifestantes en la embajada hubiese sido insuficiente, en su discurso la mandataria pidió que los jueces criminalicen la protesta social: "Sé que un juez dijo que habría que darles un cachetazo a esas personas. Yo recomiendo a los jueces que agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia. Muchas veces lo que se busca no es un cachetazo sino un palazo o un tiro de un policía para que luego digan: `vieron, no es un gobierno popular, porque reprime las protestas sociales`". Así es. No es de un gobierno popular la represión a las protestas sociales, ni que se ordene a los jueces que apliquen la ley antiterrorista, ¿pues qué ley sino la 26.734 han de aplicar los magistrados? Tampoco es popular haberla impulsado y promulgado apenas asumió su segundo mandato la actual Presidenta de "todos" los argentinos. Ley Nº 26.734: herramienta jurídica para criminalizar la protesta social La ley Nº 26.734, que reformó el Código Penal, fue un Proyecto enviado por la Presidenta Cristina de Kirchner al Congreso de la Nación a mediados de diciembre de 2011, contó con el apoyo del bloque oficialista y fue aprobada en tiempo récord por ambas Cámaras. La ley entró en vigencia el 28 del mismo mes con su publicación en el Boletín Oficial. La normativa fue un pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La ley profundiza la sancionada en 2007 -también a pedido del GAFI-, ya que duplica las penas del Código Penal y, a pesar que mantiene la ambigüedad acerca de quién es un "terrorista", cualquier organización social y persona que reclame podría entrar en esa categoría si un juez así lo dispone, ya que la protesta constituye un delito. La normativa, además, es un instrumento para atemorizar, disuadir y desintegrar lazos sociales. Los letrados especializados en la materia dicen que la imprecisión del concepto "terrorismo" en el texto de la ley constituye una herramienta que permitiría a los jueces violar derechos constitucionales. Los límites que se establecen para la libre interpretación del juez no son lo suficientemente claros y la finalidad "terrorista" puede aplicarse a cualquier actividad delictiva, lo que quedaría sujeto a la interpretación del magistrado interviniente. Cuando la ley se promulgó, el kirchnerismo recién entraba en su tercer período de gobierno y la Presidenta de la Nación dijo que "aún falta por hacer para los sectores más necesitados". Parece que los pobres pueden seguir esperando, pero no la ley para criminalizar la protesta social, que en apenas 12 días se sancionó y promulgó, y hoy la mandataria pide a los jueces que la apliquen. Por Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh) www.agenciawalsh.org

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Comunicado ante las declaraciones de la presidenta del 4 de abril.

Lunes, 09/04/12
QUEBRACHO (AW) Reproducimos el comunicado que en su momento difundió el MPR Quebracho en relación con las declaraciones de la Sra. Presidente de la Nación durante el acto de inauguración de obras en Bariloche el día 4 de abril pasado referidas a lo sucedido durante los actos del 2 abril, cuando militantes que se manifestaban frente a la embajada británica fueron duramente reprimidos por la policía.
COMUNICADO DEL MPR QUEBRACHO ANTE LAS DECLARACIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA NACIÓN AL QUE LE QUEPA EL SAYO QUE SE LO PONGAAnte las declaraciones de la Sra. Presidente de la Nación durante el acto de inauguración de obras en Bariloche en el día de ayer 4 de abril, y que los distintos medios de prensa pretenderán dirigidas hacia nuestra organización, La dirección nacional del MPR QUEBRACHO declara: 1 - Reafirmamos, como lo han dejado claro los propios organizadores del acto en cuestión, que nuestra organización no estuvo involucrada en los enfrentamientos con la policía del 2 de abril pasado. 2 - Deploramos las declaraciones del juez de Garantías de La Plata quien manifiestamente declara su animadversión contra nuestra organización, prejuzgando, violando la presunción de inocencia, y provocando; proponiendo "cagarnos a trompadas"; declaraciones que están en absoluta contradicción con su investidura y que merecen algo más que una "recomendación" por parte de la Presidente. 3 - Lamentamos los términos y el juego dialéctico en el que han entrado en sus últimas intervenciones la Sra. Ministro de Seguridad "Teresa" Garré y la Sra. Presidente, que terminan utilizando los mismos argumentos que el lopezrreguismo (y el duhaldismo), en oscuras etapas de nuestra historia, en la que ambas compañeras fueron víctimas de la violencia estatal. 4 - Despojar de politicidad y aducir manejos ajenos a la propia voluntad a las organizaciones políticas que se manifestaron el 2 de abril es un argumento peligroso y conocido. Seguramente la Presidente sabe bien que se trata de organizaciones políticas y que el recurso retórico de despojarlos de politicidad es poco feliz y falaz. Puede criticarse el método y la política, pero no puede negarse que se trata de organizaciones que hace años vienen construyendo política en la Argentina. 5 - Lo que llaman "extorsión" ante las (probablemente antipáticas) medidas de fuerza de organizaciones piqueteras, hay que exponerlas en la lente de la perversión extorsiva que significa que esas mismas organizaciones cuando eran oficialistas disfrutaban las mieles de la discrecionalidad con que se administran las políticas públicas y hoy son víctimas de haber optado por una posición de oposición, lo cual los despoja del acceso a las mismas. 6 - Sostener que se está esperando el apaleamiento o los tiros contra las propias organizaciones es el idéntico argumento que el duhaldismo esgrimió antes del fusilamiento de Darío Santillán. Los que tenemos muertos entre los nuestros, esas organizaciones del 2 de abril (y la Ministro y la Presidente saben de esto), nunca podríamos pensar la política así. Seguramente se trató de una expresión desafortunada pero que sería saludable aclararla. 7 - Tenemos muchas diferencias con cuestiones importantes de políticas de estado, y también saludamos y apoyamos otras políticas que indudablemente aportan a construir soberanía. Pero la jactancia de ser el gobierno que más avanzó en cuestiones de derechos, de democracia, se enfrenta a un abismo si despoja de politicidad las acciones de las organizaciones que no conculcan con sus planteos. 8 - Finalmente sostenemos que sería saludable así como lo hace QUEBRACHO, aún en sus propios errores, que las organizaciones que protagonizaron los hechos en cuestión del 2 de abril los expliquen de cara al pueblo, sino se alimenta la idea de titiriteros y de infiltraciones que todos los militantes populares sabemos que son fantasías en las manifestaciones populares que se utilizan justamente para armar argumentos que nos desarman a todos. 9 - Esperamos que otras manifestaciones de parte del gobierno sean menos despreciativas de la militancia popular, gran parte de la cual ha alimentado a este mismo gobierno, que no se siga insistiendo en lanzar el anatema y la infamia que ayer padecieron los actuales funcionarios y hoy en una mueca trágica de la historia se los lanzan a quienes "no tienen en caja". 10 - La operación de prensa de relacionar los dichos de la Presidente con nuestra organización es simplemente eso, una operación. Nuestra manifestación del 2 de abril fue clara y registrada por diversos medios nacionales e internacionales, aún así nos preocupa el tono de algunas de las declaraciones. Por eso al que le quepa el sayo que se lo ponga. www.agenciawalsh.org

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El SPB garantiza gobernabilidad a cambio de mantener sus negociados.

Domingo, 08/04/12
PACTO ASESINO "Lo dijo Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, en la continuidad de su diálogo con Radio La Cantora, a una semana de hacerse pública la inspección que realizara al Complejo penal de San Martín acompañado del vicegobernador de la provincia. "El pacto es chantaje puro; en algún momento se rompe y el Servicio manda un mensaje claro al poder político: hechos de mayor violencia", como los tres asesinatos más recientes en tres cárceles bonaerenses. "Casal ha permitido el autogobierno y el descontrol absoluto de la fuerza", denuncia Casolati, advirtiendo que la escalada de violencia tendrá sus réplicas en el afuera". (AW) Las valientes declaraciones de Casolati sobre el SPB expresan en esencia la política estatal represiva en todo el territorio del país y en casi todos los sitios de encierro: Cárceles de mala muerte y buenos negocios con la sangre de los hijos más vulnerables del pueblo. Si bien el tema no es nuevo, ninguna otra gestión, luego de la tiranía, había recluido, torturado y asesinado tanto de uno y otro lado de las rejas. El Estado, hoy kirchnerista, es el mayor asesino serial e impune en el cual los hombres y mujeres que lo encarnan verbalizan la defensa de los derechos humanos que trituran en las acciones cotidianas. Por otra parte, las diferencias entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli o Casal pueden ser grandes, pero aún mayores son las coincidencias que los hace impulsar juntos, en la misma boleta electal, en el mismo partido, por caso, un capitalismo plagado de exclusión y muerte.
"Sin dudas, todas las fuerza policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión. Los hechos de violencia lo muestran", señaló esta semana Juan Manuel Casolati, denunciando que la réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la reciente inspección a los penales de San Martín fue el asesinato de tres detenidos. Según el secretario de Ejecución de ese distrito judicial, estamos frente a un "doble pacto, en el que nadie se anima a meter mano para limpiar porque se teme, justamente, que la cosa se desmadre y se pierdan estos niveles de gobernabilidad que fueron fomentados por el poder político de turno desde siempre con, en este caso, la anuencia del Servicio Penitenciario". Para explicar a qué se refiere con este doble pacto, Casolati señala: "El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados. Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso". "Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?", se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: "Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo". En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: "Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza". Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que "no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda. Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: "Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio", apuntó categórico Casolati. La Cantora

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Wente Winkul Mapu aclara las circunstancias de la muerte de policia.

Domingo, 08/04/12
		A las Comunidades Mapuche en resistencia y a la opinión publica nacional e internacional, expresamos lo siguiente:
1.- Que el día 2 de abril recién pasado, un enorme operativo de la policía militarizada, una vez más, irrumpió en nuestra Comunidad con el objeto de allanar casas de comuneros. Este allanamiento lo encabezaba el fiscal antimapuche Luis Chamorro acompañado de carros blindados del GOPE y FFEE de Carabineros en un número superior a los 100 efectivos armados para la guerra. 2.- Procedieron a allanar dos casas de la Comunidad, en una de ellas y en frente de la dueña de casa, la cual es jefa de hogar con tres hijos, se procedió a incautar un par de espuelas viejas, una agenda y tomaron fotos de un póster alusivo a la causa Mapuche. Con posterioridad Carabineros afirma haber encontrado una escopeta hechiza, lo cual es absolutamente falso y se demostrará en su oportunidad. En la segunda casa y también frente a la dueña de casa, no se encontró nada, y después aparece un cartucho de escopeta calibre 12, de común uso en el campo. Las dos lamgen fueron detenidas y conducidas en la caravana, encabezada por Chamorro rumbo a Collipulli. De todo lo anterior hay múltiples testigos, entre ellos el jesuita Luis García Huidobro, quien presenció todo el operativo en las casas allanadas. La caravana encabezada por Chamorro y con las Lamgen detenidas se retira en absoluta normalidad y siguieron su camino rumbo a Collipulli. 3.- Luego que se retira parte de la caravana policial y en un lugar distinto al de los allanamientos, un contingente superior a los 60 carabineros irrumpe en otro sector de la comunidad, por distintos lados, disparando de manera indiscriminada en contra de la casas. Este sector ha sido atacado en múltiples ocasiones y se encontraba protegido por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco, para evitar, justamente el actuar ilegal y arbitrario de la fuerza policial. En esta situación, es que cae abatido el sargento Albornoz, en el patio de la casa de una Lamgen, a un par de metros de su ventana, alejado de cualquier camino público o vecinal, en el interior de la Comunidad, en un lugar en que sólo se encontraban mujeres y niños, tal como quedó registrado por la prensa que llegó al lugar. 4.- Desmentimos categóricamente las afirmaciones irresponsables de la fiscalía y Carabineros cambiando día a día sus versiones acerca de los hechos. Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa. Se habló de una bala 9mm, y resulto ser una bala calibre 38, de uso oficial de carabineros. Se afirmó que policías habían visto a un encapuchado con un arma de puño, ahora se habla de una carabina de largo alcance y francotirador. 5.- Que frente a estos evidentes intentos de preparar un montaje que acentúe la represión en contra de la Comunidad, nosotros somos los más interesados en que se aclare la verdad de lo sucedido y daremos todas las facilidades a una investigación seria y desprejuiciada. En este sentido, llamamos a las autoridades y a quien corresponda que retiren del manejo de la investigación al fiscal antiMapuche Luis Chamorro, por ser él una figura reconocida por levantar montajes en contra de mapuche, desde los días del juicio Poluco-Pidenco, por esa razón las forestales lo pusieron de vuelta en Collipulli. Ya se tomó contacto con funcionarios de la PDI para que realicen las pericias y tomen las declaraciones que corresponda. Lamentablemente, el lugar donde ocurrieron los hechos fue limpiado por carabineros antes que concurrieran los miembros de Labocar. Sin embargo, creemos que una investigación imparcial y profesional puede arribar al esclarecimiento de los hechos, cosa que no ocurrirá si continua Chamorro a cargo. 6.- La lamentable muerte del sargento Albornoz, seguramente provocada por una bala policial, es la consecuencia de la ocupación militar de nuestro territorio, los continuos allanamientos masivos y la violencia descontrolada de carabineros, fuerza que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas, ante la negligencia y silencio cómplice de los políticos que nada han hecho para resolver las causas del conflicto. Nosotros sabemos lo que significa la muerte por asesinato impune de nuestros hermanos Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, tambien sabemos de la secuela de heridos, torturados y encarcelados que ha dejado este accionar represivo del estado en nuestras comunidades y somos los mas interesados en que esta situación de guerra en contra de nuestro Pueblo se termine. Ni la represión estatal, ni menos la ocupación militar del Territorio nos hará abandonar Nuestra justa Lucha ! Marrichiweu. Comunidad Wente Winkul Mapu Lof Chequenco -- Organización Mapuche Meli Wixan Mapu (De los Cuatro Puntos de la Tierra) http://meli.mapuches.org-meliwixanmapu@gmail.com Andes 2647. Santiago Centro fono celular: 084704432/088786928/093376696.

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La masacre de Malvinas.

Lunes, 09/04/12
Mundial de fútbol y guerra de Malvinas fueron dos circos romanos donde la dictadura militar buscó validación popular. Lo siniestro es que la encontró” (aforismo implicado). “Además, aseguró que el conflicto bélico "no fue una decisión del pueblo argentino", en referencia a la última dictadura militar encargada de elucubrar, como coronamiento de su plan macabro, la guerra contra Gran Bretaña. "Memoria y verdad entonces, y fundamentalmente que se descorra el telón que pretende hacer creer al Reino Unido que aquella decisión fue del pueblo argentino", advirtió CFK y agregó: "Tampoco teníamos libertad los argentinos. Había presos sin nombre y apellido, y había detenidos desaparecidos que nunca volverán a aparecer". (Página 12. 2/4/2012)”
(APe).- En el año 1989, a pedido del director de la Revista LOTE de Venado Tuerto, escribí “Lloren por mí, islas Malvinas”1 El aforismo implicado de hoy es el encabezamiento de ese trabajo. “Es natural pensar que "las Malvinas son argentinas". De eso sí se habla y no se cuestiona. Son argentinas y nos las arrebataron allá lejos y hace tiempo los piratas ingleses. Como es sabido, la verdad también puede ser una de las tantas formas de resistencia, generalmente frente a otras verdades que duelen más. Porque reconozcamos: la verdad de ser los propietarios históricos de las islas es una verdad cómoda y diría, hasta grata. Nos coloca en el lugar de la víctima inocente, de aquel que nada tiene que ver con su destino, del que padeció un abuso colonial porque el otro era más grandote.” Este párrafo es el comienzo de ese artículo, que iré intercalando en éste. Por eso la memoria que quiere justicia, elige cuál verdad le conviene más. Es como en las peleas matrimoniales. Cada miembro de la pareja a aprende a recordar lo que le conviene y a olvidar aquello que lo perjudica. Una verdad que puede ser sostenida tanto por gobiernos de la democracia como por gobiernos de la dictadura, es una verdad que merece ser analizada. O es tan contundente que atraviesa toda forma de gobierno, todo espacio político y cultural, o es demasiado útil para encubrir otras verdades que no resultan tan gratas. Una de esas verdades poco gratas es pensar que “La Argentina es las Malvinas”. Y la afirmación "la Argentina es las Malvinas" es una verdad que incomoda, que no resulta tan grata, porque ya no somos las víctimas inocentes de los abusos del grandote, sino victimarios complacientes, masoquistas que no pueden ocultar su identificación placentera con el sádico. Si las Malvinas son territorios propios que están usurpados por los imperialistas para su espúreo beneficio, donde los argentinos nativos o por opción son extranjeros en su tierra, entonces Puerto Argentino puede estar en el Bolsón, o en Sierra Grande, o en el Maitén, en Puerto Deseado, prácticamente en cualquier lugar de la Patagonia”. La des malvinización es la cara visible de un proceso de des argentinización que tiene en la etapa del menemato su expresión mas perfecta. Un no país en un no primer mundo, disfrutando las alucinaciones colectivas de la convertibilidad. El menemismo que fue votado por convicción una vez, si pensamos que la primera vez fue una estafa, de la cual de todos modos nadie pidió cuentas, con la excepción del entonces conocido como “grupo de los 8”, hizo estragos dolosos que no pueden ser reparados porque al menos las islas están, pero las empresas estatales que supimos conseguir, ésas, no volverán. Dijimos alguna vez que cuando el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. Nuestro capitalismo no ríe, porque es serio, pero no por eso deja de ser bien jodido. Estatizar hoy es apenas una forma de disimular, encubrir, sobre la rapiña de los grupos de poder. El Estado de Bienestar para el Estado es hoy una corporación formidable de la cual depende la vida de las personas, aunque esto se llame habitualmente asignación y planes. Una prueba y no necesito más, es la concesión de TBA y los subsidios que recibieron y que nunca llegaron a los desamparados usuarios. Veteranos de otras guerras cotidianas, de la micro política que empieza antes de subir al tren y termina después de bajar, para volver a empezar al día siguiente y así hasta que llegue la paz de algún cementerio. La guerra urbana del tránsito, donde la tecnología se pone al servicio de sacar fotos, cobrar multas, pedir velocidades mínimas en autopistas para recaudar, velocidades máximas en la ciudad para poder seguir la sincronización bipolar de los semáforos. Guerras supermercadistas, en la cual no hay inflación sino acomodamiento de precios, lástima que se acomoden pisando los pies. Por eso me parece lo menos importante de todo si el 2 de abril el pueblo quería o no quería desembarcar en Malvinas. Lo importante es que después del desembarco, validó. Por acción, omisión, evitación. “En ese momento no lo oculté, en este momento lo publico. Deseé el fracaso. Y entonces, por el predominio hegemónico de la intolerancia más absoluta frente a las diferencias, los auto denominados progresistas e incluso revolucionarios de izquierda decretaron mi condición de resentido y de traidor. Decretaron el fracaso de mi deseo, y su reemplazo por la culpa más abismal. Holanda en el fútbol e Inglaterra en la guerra obligaban, exigían, que la condición de argentino (a la cual se le agregaría posteriormente la cualidad de ser derecho y humano) fuera la condición principal que excluía todas las demás. La fiesta de todos, como se llamó la película que conmemora el acontecimiento deportivo” 7 años después del desembarco, tuve la oportunidad de escribir lo que sentí y pensé en ese momento. Hoy publico lo que siento en este momento. No hay veteranos de guerra. Hay sobrevivientes de una masacre. El desembarco fue la continuación del genocidio por otros medios. De lo injusto, no puede nacer lo justo. Ni guerra, ya que nunca se declaró como tal. Ni guerra, porque ni un solo capital británico fue confiscado. Entonces a 30 años, las palabras, que son poderosas, deberían acotarse. Hablemos de la fase terminal del genocidio, y de la necesidad de los dictadores de huir arremetiendo. Pero arremetiendo con los cuerpos de jóvenes inexpertos, mal entrenados, y secuestrados por esa otra institución de la cultura represora que se llama “servicio militar obligatorio”. León Rozitchner escribió “Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia”. Texto revelador en el cual están las claves para entender que la única guerra que los militares sostuvieron fue la sucia. Guerra limpia: o sea, masacre santificada por una causa nacional no cuestionable, a saber, la propiedad de las islas. Hoy está todo al descubierto: la causa del imperio es nuestra causa y se llama petróleo. Y es nuestro, a pesar que durante años Repsol se enriqueció sin invertir, como parece descubrirlo La Cámpora, preguntando en afiches autogestionados donde están las inversiones. ¿Por qué no le preguntan a Devido? Repsol es otro de los nombres de la traición a la YPF estatal, ya que ahora importamos combustibles y tenemos estaciones de servicio quebradas. La continuación del genocidio por otros medios. Por eso se pide que las torturas y malos tratos recibidos por los soldados argentinos por los bravos oficiales sean considerados crímenes de lesa humanidad. Por eso afirmo: no hubo guerra de Malvinas. Hubo masacre, y rindo honor y respeto a todos los que sobrevivieron a ese horror. Pero he visto en algunos actos, especialmente en mar del plata cuando Volonté cantaba Aurora, un cierto aroma de militarización. No sé si forma parte del “Proyecto X”. De todos modos, conviene estar alerta. Una justicia que no puede condenar a la Hiena Barrios, no creo que pueda condenar a los herederos actuales de antiguas masacres. La tentación de armar nuevos circos romanos es demasiado fuerte para que el Poder la abandone. Al menos, aprendamos a abandonarla nosotros. www.pelotadetrapo.org.ar

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19/24 bueno promedio. Van x +, van x todas!

Martes, 03/04/12
De las 24 provincias, en 19 han sido registrados casos de criminalización de la protesta civil Preocupadas por la criminalización de las protestas y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados.
Preocupadas por la criminalización de las protestas sociales y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales argentinas investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados; el resultado fue el Informe sobre criminalización de la protesta, publicado en el mes de marzo. El documento muestra el resultado de la sistematización de causas abiertas en Argentina entre 2001 y 2012 contra sectores como organizaciones sindicales, partidarias de derechos humanos, organizaciones de trabajadores desempleados, movimientos estudiantiles, indígenas y ambientalistas, entre otros. El informe señala que existen actualmente en el país 4.000 personas criminalizadas y procesadas. La cantidad de luchadores sociales que fueron asesinados desde 2001 suma cerca de 70 personas. La criminalización de la protesta, tema principal del informe, es definida como una "estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes”. Su intención es reprimir a las organizaciones populares y amedrentar a los que utilizan el legítimo derecho a organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es señalado por los autores del informe como otro que se sirve de la criminalización para intentar disciplinar y desmovilizar a aquellos que cuestionan la miseria y la opresión y para frenar las luchas de los trabajadores y de diversos movimientos sociales argentinos. Entre las principales metodologías para criminalizar la protesta social el informe señala: cooptación, procesos judiciales, represión estatal directa y criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado –tácticas utilizadas para castigar a los involucrados en huelgas, movilizaciones, bloqueo de carreteras, piquetes, campamentos y ocupaciones de edificios públicos y plazas. El Informe sobre criminalización de la protesta ofrece datos sobre investigaciones realizadas desde el comienzo de 2011. Hasta entonces, se sistematizaron informaciones sobre 2.268 luchadores/as sociales criminalizados/as. Basado en 2.198 casos, en el informe se señala que a partir de 2003 creció el número de personas procesadas. Los años 2009 y 2010 abarcaron el 47,2% de los procesados hasta 2012. Sobre el total de 2.238 casos, los sectores más criminalizados fueron el sindical (31,6%) y los pueblos originarios (31,4%). Las organizaciones partidarias siguen con el 11,5%. Al investigar los tipos de conflictos más criminalizados, las organizaciones autoras del informe descubrieron que los conflictos que involucran los derechos y las demandas por tierra y vivienda crecieron el 32,3% y los que involucran los derechos y reclamos de trabajadores llegaron al 31,7% basado en 2.256 casos de 2001 a 2012. "En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización”, se señala en el informe. Basado en 2.221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde ocurrió el conflicto, en el informe se revela que en 19 de las 24 provincias del país se criminalizaron las protestas. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 48% de los casos registrados, seguida por Río Negro (23,4%) y Neuquén (5,8%). Desde 2001 hasta el presente se identificó a 167 organizaciones, comunidades y grupos que sufrieron por la criminalización de sus acciones. Entre ellas están los Afectados por Represas, Agrupación Estudiantil 29 de mayo, Comunidad Cacique Esteban Tracaleu, Federación de Trabajadores y Empleados Telefónicos, entre otras. Recordando el período en que Néstor Kirchner estuvo en el poder y los años de mandato de Cristina Fernández, presidente por segunda vez, las organizaciones afirman que la impunidad continúa siendo una política de Estado y la criminalización de la protesta social una herramienta necesaria para sustentar el sistema que privilegia a pocos en detrimento de las necesidades de muchos. "Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes”, denuncian. El informe fue realizado por la Asociación de Ex-detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de profesionales en lucha (Apel), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), coordinadora Anti-represiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Liberpueblo. Traducción: Daniel Barrantes. barrantes.daniel@gmail.com www.adital.com.br www.kaosenlared.net

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