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INDICE:
1. Presentación 2
2. Introducción 2
3. Los Genocidas
3.1 Zonificación. 7
3.2 Actas, Reglamentos y Ordenes que marcaron el accionar
Represivo de la última dictadura Militar 7
3.3 Reglamentos y Ordenes que marcaron el accionar del
Destacamento de Inteligencia 101 como unidad de Inteligencia del Ejército 11
3.4 Articulación entre las distintas fuerzas 15
4. Relación de La Cacha con otros CCDs y coordinación con
otras fuerzas 26
5. Iglesia y dictadura 31
6. Genocidas civiles 32
7. Actuación del cuerpo
médico policial 34
8. Los Compañeros.
8.1 Movimiento obrero 48
8.2 Movimiento universitario 49
8.3 Organizaciones políticas 51
8.4 Conscriptos 52
9. Embarazadas 53
10. Historia de la causa La Cacha. Mecánica de Juzgamiento y
desguace 60
11. Delitos sexuales y sus consecuencias. Solicitamos cambio
de calificación 66
12. Allanamientos y robos 73
13. Condiciones de vida en el CCD 74
14. Resistencia y solidaridad en el campo 75
15. Efectos psicosociales de la represión 76
16 Calificación legal 82
17. Autoría 95
17.1 De la ley penal aplicable 97
17.2 Concurso de delitos 100
17.3 Cambio de Calificación. Homicidios 100
18. Imputación 102
19. Atenuantes y agravantes 124
20. Acusación 125
21. Petitorio 143
1.- PRESENTACION
Como hicimos en aquel primer juicio desde la declaración de
la nulidad de las leyes de impunidad, que se llevó adelante contra Miguel
Osvaldo Etchecolatz, vamos a alegar un colectivo de abogados: Ailìn Álvarez,
Carolina Vilchez y Pía Garralda en representación de la querella unificada,
integrada por la Asociación de Ex - Detenidos Desaparecidos, la Liga Argentina
por los Derechos del Hombre, organismos que, junto a la Asociación de
Profesionales en Lucha (APEL), Centro por los Derechos Humanos Hermanos
Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Comité de
Acción Jurídica (CAJ); Federación Universitaria de La Plata (FULP); HIJOS La
Plata; Liberpueblo; Unión por los Derechos Humanos, integramos el colectivo
Justicia YA! La Plata y la querellante particular María Laura Bretal, Norma
Aquìn, Nora Gutiérrez Penette, Inés Paleo y Silvia Cavecchia.
Y finalmente lo hacemos también, habiendo pasado 8 años de
impunidad, por nuestro compañero Jorge Julio López, desaparecido por segunda
vez el 18 de Septiembre de 2006; quien seguramente de no ser por este secuestro
y desaparición, estaría presente en esta sala.
En primer lugar, a fin de evitar reiteraciones innecesarias,
plantearemos oportunamente, en los puntos en los cuales exista coincidencia,
las adhesiones al Alegato Fiscal.
2.- INTRODUCCION
Para comenzar este alegato, creemos importante destacar que
si hoy estamos acá, acusando a los imputados en este juicio, es producto de la
enorme lucha que han dado las organizaciones defensoras de los derechos
humanos, sociales, políticas, los sobrevivientes, los familiares y todos los
que desde el inicio de la dictadura y durante estos años, hemos luchado
incansablemente contra la impunidad de los crímenes cometidos desde el aparato
del Estado. Muchas de las personas que declararon en este juicio dieron cuenta
de esta incansable lucha contra la impunidad.
Manifestamos que luego del extenso debate oral, consideramos
demostrado que los delitos que aquí se juzgan no son hechos susceptibles de ser
valorados aisladamente, sino que constituyeron parte de un plan sistemático de
exterminio, un proceso genocida que llevaron adelante las fuerzas represivas
del país, en forma sistemática y organizada desde el propio Estado; y que así
solicitaremos que se lo reconozca y califique. La militarización del país
comenzó mucha antes del golpe, la Triple A, el decreto de aniquilación de la
subversión, el golpe policial (Navarrazo) en Córdoba en febrero del ’74, la
militarización de la cuenca del Paraná con motivo de la huelga de los
metalúrgicos de Villa Constitución, desapariciones y asesinatos por motivos
políticos, son sólo algunos antecedentes.
Ya en dictadura, el Estado centralizó la organización del
terror a través de la persecución, el hostigamiento, la desaparición forzada,
la tortura, el asesinato, la apropiación, el encarcelamiento, las violaciones,
abusos y el exilio de miles de personas, con la finalidad de exterminar a
aquellos que participaron en todos los niveles de organización de la vida
social argentina: partidario, estudiantil, gremial, cultural, barrial, etc.,
quienes luchaban por una sociedad sin opresión y sin explotación. Estos grupos
organizados fueron el obstáculo para el afianzamiento y la consolidación del
sistema político, económico, social y cultural de las clases dominantes, por lo
que se constituyeron, para estos genocidas, en el grupo nacional a eliminar.
Dicho disciplinamiento fue necesario para alinear al país de
acuerdo a las necesidades de los países imperialistas y para aumentar la
explotación de la clase trabajadora y del pueblo en su conjunto.
El entender que los crímenes aquí juzgados son hechos individuales
y sentenciarlos como tal, implicaría, a nuestro entender, una grave lesión no
sólo a la justicia real, sino también a la construcción histórica necesaria
para que hechos como los comprobados en este debate no se repitan. Y así sea
por apegos a interpretaciones arcaicas y formalistas del derecho penal o para
justificar de alguna manera (teoría de los dos demonios, estado de guerra
interior, etc.) ¿ no lo hiciéramos, negaríamos no sólo la reparación por
justicia real, sino también la posibilidad de sanear, aunque sea en parte, el
daño social producido por los crímenes cometidos por la dictadura instaurada en
marzo de 1976.
No es éste el primer genocidio perpetrado en nuestro país,
pero sí lo es la posibilidad histórica, hecha en base al esfuerzo de víctimas
sobrevivientes, familiares, testigos, organismos de DDHH, organizaciones
sociales y sectores populares de juzgar y construir verdad.
El intento de amedrentar a los testigos, la desaparición de
Jorge Julio López, el asesinato a Silvia Suppo, las amenazas de todo tipo,
incluso las proferidas a viva voz por imputados dentro del propio espacio en
donde se los juzga, siguen siendo posibles producto de una justicia parcial,
fragmentada, desguazada, instruida en base a criterios que pueden parecer caprichosos
pero que niegan implícitamente el carácter sistemático y planificado de los
crímenes cometidos por el Terrorismo de Estado.
El CCD y E La Cacha, creado en el Área 113 del Comando del
1er Cuerpo del Ejército funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ’78, en la
antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos
Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que
tuvieron el Ejército, la Marina, las Policía Bonaerense y Federal, el Servicio
Penitenciario Bonaerense y el SIE (Servicio de Inteligencia del Ejército)
Este juicio representaba la oportunidad histórica de
investigar en conjunto la coordinación represiva, además de lo que fue una de
las maternidades clandestinas de la zona.
Creemos comprobado a lo largo del debate oral, que la
creación de este Centro Clandestino de Detención y Exterminio tuvo un fin
específico y particular. No perteneció exclusivamente a ninguna fuerza, no
dependía operacionalmente, sólo de Policía como los casos de Arana y
prácticamente todas las comisarías y comandos; tampoco del Ejército como el
reg. 7 y el SIE 101, o de la Marina como el BIM3, ni tampoco a los
penitenciarios U9, Maternidad de Olmos, etc. La creación de este CCDy E estuvo
dada en la necesidad de coordinación de los estamentos de inteligencia de todas
las fuerzas del terrorismo de estado.
Una vez más, quedó en evidencia en este juicio, que este
genocidio no hubiera sido posible sin la participación y el sustento de
diversos sectores sociales. La arenga permanente desde el sector mayoritario de
la Iglesia, que en su cruzada occidental y cristiana justificó hasta los vuelos
de la muerte; los partidos tradicionales que aportaron gobernadores,
intendentes y funcionarios a la dictadura; los grandes medios de prensa; el
Poder Judicial que hoy clama por la República, y juró en masa por el Estatuto
del Proceso (la mayoría de las leyes que se sancionaron bajo la dictadura
genocida hoy siguen formando parte de nuestro ordenamiento jurídico). Tampoco
podemos dejar de mencionar a aquellos que se beneficiaron directamente al
amparo del terror como la Sociedad Rural, banqueros, los grandes empresarios
que a principios de febrero del año 1976 convocaron a un gigantesco paro
patronal para denunciar las vacilaciones que percibían entre los militares para
consumar el golpe; burócratas sindicales que aportaron listas donde se
señalaban a los obreros combativos y pusieron interventores en los sindicatos
al servicio de la represión. Todos constituyeron “la pata civil” del genocidio.
Sin embargo, por otro lado, y a pesar de un plan económico
impuesto sobre la sangre de 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y sobre
el terror de todo el pueblo, escuchamos en estos debates cómo fue posible la
resistencia. La de las madres y abuelas son un ejemplo, pero también en este
Centro Clandestino de Detención y Exterminio y en las condiciones infrahumanas
de tormento permanente a las que fueron sometidos los secuestrados, la palabra
de aliento al compañero, el recordar nombres, teléfonos o direcciones para, en
caso de lograr la salida del campo de concentración, contactar e informar a
familiares de quienes permanecían desaparecidos, el intentar guardar el nombre
de cada compañero, el conservar en la memoria un mapa del lugar, construido ante
la imposición de la capucha, en base a pasos, orientado por voces, ladridos de
perros, pasos de trenes, cantidad de escalones, etc. Hoy gracias a estas
resistencias y a pesar de un estado que continúa organizado legal e
institucionalmente para proteger los mismos intereses económicos que fueron los
beneficiados por la dictadura, es que son posibles estos juicios, que como
siempre decimos desde esta querella unificada, son los que tenemos y no los que
queremos ya que seguimos exigiendo juicios a todos los genocidas y justicia
por todos los compañeros.
A ustedes les consta, Sres. Jueces, que hemos sido muy
críticos de cómo llega a esta instancia el presente proceso, de esta
administración de justicia en cuentagotas, parcializada, distorsionada que se constituye
como parte de una nueva construcción de impunidad.
Dicha impunidad se ha intentado desde el período dictatorial(
por ejemplo la ley de autoamnistía), pero sin dudas ha perdurado bastante más
allá de los límites de la dictadura. Establecido ya el régimen constitucional,
el presidente RAÚL ALFONSÍN decidió que se publique la lista de víctimas
elaborada por la CONADEP, pero se opuso a que se haga pública la lista de
represores, también compilada por la CONADEP. Sin dejar de mencionar la Ley de
Obediencia Debida y de Punto Final y los Indultos bajo el gobierno de Menem.
Pero fundamentalmente los represores juzgados por los
crímenes que aquí nos convocan, continúan beneficiados por la persistente
negativa del estado a la apertura integral de los archivos. A esta protección
legal, basada en la desaparición de esta prueba documental y al intento de
desprestigiar las pruebas testimoniales, apelan una y otra vez las defensas.
Sin embargo esta negativa a la apertura de los archivos va mucho más allá, nos impide
saber el destino de la inmensa mayoría de los compañeros detenidos
desaparecidos, impide recuperar la identidad a más de 400 hijos apropiados,
impide, en definitiva, el juzgamiento a miles de genocidas que continúan
caminado libremente por las calles o muriendo tranquilamente en sus casas sin
haber sido juzgados. La apertura de los archivos es una decisión política y
judicial que exigimos al gobierno, para el esclarecimiento de esa etapa nefasta
de la historia de Argentina, que ninguno de los juicios por genocidio que se
desarrollan en la actualidad puede suplir.
Creemos que el genocidio es una construcción, tiene sus
antecedentes y también sus consecuencias y el intento de la impunidad es una de
ellas. La impunidad es, para los perpetradores, necesaria tanto para evadir las
consecuencias legales y sociales de los actos cometidos, como facilitadora y
posibilitadora de futuros actos a cometer. La utilización de la desaparición
forzada por motivos políticos o sociales que suman más de 200 casos desde el regreso
de gobiernos constitucionales, es una prueba de ello.
Que la causa que investiga la desaparición forzada de nuestro
compañero Jorge Julio López no tenga ningún imputado, significa el
encubrimiento a la policía bonaerense.
Esta impunidad ha hecho posible la reciente designación de
Cesar Milani en la jefatura del Ejército, quien estuvo a cargo de una
dependencia similar al 101 que aquí se está juzgando, la Dirección de
Inteligencia del Ejército. Milani está siendo investigado por la desaparición del
conscripto Alberto Agapito Ledo, Pedro Olivera y su padre, Alberto Olivera. Su
designación implica un intento por parte del gobierno de devolver protagonismo
político a los militares, esta vez bajo un disfraz “nacional y popular”.
Si el decreto de eliminación de la subversión es el
antecedente al que apelan los genocidas como el que los habilitó a cometer los
crímenes de lesa humanidad que realizaron, nos preguntamos ¿qué es lo que podrá
justificar en el futuro la implementación de la ley anti-terrorista? No es
ajeno a esta impunidad el Proyecto X como forma de espionaje. En este mismo
debate hemos escuchado lo sucedido cuando el enemigo a espiar es el que
protesta y se opone al hambre, la desocupación y la miseria o, como cuando las
fuerzas legales apelan a la ilegalidad con el fin de criminalizar a quien se
manifiesta. Los cinco mil procesados por luchar, la condena arbitraria a
prisión perpetua a los petroleros de Las Heras bajo testimonios obtenidos
mediante la tortura, la constante represión que sufren los trabajadores que
están enfrentando las suspensiones y los despidos, el gatillo fácil, la
desaparición de Luciano Arruga, los asesinatos de Maximiliano Kosteki y Darío
Santillán , Carlos Fuente Alba, la continuidad de burócratas sindicales como Gerardo
Martínez, actual Secretario general de la UOCRA, quien fue integrante del
Batallón 601 del Ejército, el asesinato de Mariano Ferreyra por parte de una
burocracia sindical entrelazada con el Estado, el gobierno, y con la
complicidad de la policía, son algunos ejemplos de la continuidad de las
políticas represivas contra los trabajadores y el pueblo que se desarrollan al
cobijo de esta impunidad.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en
todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400
víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000
genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de
juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.
Este juicio era también la oportunidad de comenzar a juzgar los delitos
sexuales cometidos en los CCD, pero juzgarlos en conjunto al resto de los demás
delitos del plan genocida. Así lo entendemos, y así lo pidió la querella del
espacio Justicia Ya La Plata. Pero la Justicia sigue sin hacerse cargo de estos
planteos.
En La Plata, se llegó a fines de 2013 con 46 represores
condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la
espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en
2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150
represores.
Esta forma parcial de juzgar a los genocidas -que se
reproduce en prácticamente la totalidad de los juzgados del país- resulta
funcional a los intereses políticos, tanto de aquellos que pretenden mantener
la impunidad absoluta, como de quienes pregonan que es suficiente con juzgar a
unos pocos asesinos paradigmáticos. Estos reclamos, no se dirigen sólo al
tribunal o al Poder Judicial, los dirigimos con mayor énfasis al poder político
que, ante esta práctica judicial, que no genera soluciones reales sino que
reitera un discurso vacío.
Por esto, señores jueces, hacemos nuestra la responsabilidad
de dejar aquí sentado que no es simplemente objeto de nuestra intervención que
se pruebe la autoría de cada caso particular, cada hecho, cada delito. Nuestro
objetivo es mucho más ambicioso, es lograr que se juzgue y se condene a todos y
cada uno de los genocidas y que se los juzgue y condene por todos y cada uno de
los compañeros secuestrados, desaparecidos, torturados y asesinados.
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