NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 12 de febrero de 2011

COMUNICADO DE PRENSA

Conferencia de Prensa, Lunes 14 a las 11hs en el Juzgado Federal sito en Periodistas Neuquinos 179 de Neuquén.

La Justicia provincial y federal han dado un nuevo paso en el ataque a los que luchan por trabajo, al efectuar -por un lado- el pedido de elevación a juicio oral de la causa contra la abogada de los obreros ceramistas e integrante del CEPRODH, Natalia Hormazabal, y, por otro lado, manteniendo al fiscal Di Maggio en la causa que sigue contra los obreros ceramistas de Zanon, a pesar de que fue recusado.

Como es de publico conocimiento, a la compañera abogada Natalia Hormazabal, junto a decenas de obreros ceramistas, se le inició una causa penal por ser parte de la lucha de los obreros de Cerámica Stefani que desde el año 2009 vienen dando contra el cierre de esa planta industrial para mantener más de 60 puestos de trabajo.

La fiscal federal Cristina Beautte, quien no ha solicitado la citación de ningún integrante del Batallón 601 cuyos nombres aparecieron en los listados que se hicieron públicos, por su participación en el genocidio cometido por la última dictadura militar, avanza en las causas contra los obreros que luchan por el trabajo y la vivienda para todos, sin dudar en utilizar “servicios de inteligencia” de la policía de la provincia contra las organizaciones obreras y populares, como ya hemos denunciado en estas causas. Y, en este caso, llegando al extremo de también atacar a los abogados que ponemos nuestras profesiones en la defensa de la legítima lucha de los trabajadores.

Por su parte, el Juez Mauricio Zabala, ha mantenido en la investigación contra los obreros ceramistas de Zanon al mismo fiscal Di Maggio, quien anticipó que no acusaría a a Jorge Sobisch en la causa de la “zona liberada”, a pesar de que fue recusado por los abogados defensores Ivana Dal Bianco y Mariano Pedrero.

En conferencia de prensa el lunes 14 de Febrero a las 11hs (en las puertas del Juzgado Federal) se darán los detalles de estas resoluciones judiciales y de las presentaciones que se realizarán ese mismo día por parte de los abogados defensores de los obreros ceramistas y de la abogada Natalia Hormazabal.
CEPRODH – Sindicato Ceramista de Neuquén

Telefonos de contacto
Natalia Hormazabal: 0299 155010068
Ivana Dal Bianco: 0299 154121308
Mariano Pedrero: 0299 154299133
Omar Villablanca: 0299 154721962
Andrés Blanco: 0299 155226569

CeProDH
Centro de Profesionales por los Derechos Humanos
Neuquén y Alto Valle, Diagonal 9 de Julio Nº 82/86, Piso 1º - Neuquén
Tel. 0299 4426683 - Cel. 154121308
ceprodhnqn@yahoo.com.ar - www.ceprodh.org.ar

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Ecuador: uso indebido de la figura de terrorismo para criminalizar a líderes indígenas y sociales.

11 de Febrero del 2011

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (CEDHU), la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH) y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) expresan su preocupación por la creciente criminalización de la protesta social de las comunidades indígenas del Ecuador movilizadas en la exigencia de sus derechos frente a la explotación minera a gran escala en sus territorios.
Luego de las manifestaciones del 30 de septiembre de 2009 en la provincia de Morona Santiago, 7 dirigentes Shuar han sido acusados de terrorismo organizado, 3 en calidad de autores y detenidos, 4 en calidad de encubridores sin detención y 4 sobreseídos provisionalmente (absueltos).
El 1° de febrero de 2011, José Acacho González, Presidente de la Federación Interprovincial de Centros Shuar y uno de los indígenas acusados, fue detenido en un operativo conjunto del Ejército y la Policía Nacional. Ese mismo día fueron detenidos también Pedro Mashiant Chamik y Fidel Kaniras Taish y conducidos primero a la Comandancia de la Policía de Macas, luego a la cárcel local y finalmente, en horas de la tarde, al penal García Moreno en la ciudad de Quito.
El objeto de las protestas de septiembre 2009 fue el proyecto de Ley de Recursos Hídricos. Las comunidades indígenas consideran que dicho proyecto no protege las fuentes de agua de los daños que causan las actividades industriales, y que la Ley de Minería no define de manera precisa las precauciones que deben tomar las empresas titulares de concesiones para evitar la contaminación de las reservas de agua.
La FIDH, CEDHU, INREDH y CDES consideran que asimilar a los indígenas Shuar, movilizados en la defensa de sus derechos, con el «terrorismo» menoscaba gravemente los principios internacionales en materia del derecho a la protesta y contraviene la definición internacional de lo que constituyen actos terroristas.
Estos hechos ocurren en el marco de la implementación de megaproyectos de minería a cielo abierto en territorios indígenas por parte de empresas extranjeras, lo que ha contribuido a incrementar la conflictividad social y a ocasionar la vulneración de los derechos fundamentales de las comunidades.
Fuente: Rebelión

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Se mantienen las excarcelaciones.

Juez federal Marcelo Bailaque.

Para Bailaque deben resolverse otras instancias.
El juez federal Marcelo Bailaque resolvió no hacer lugar al pedido de detención de ocho represores interpuesto por los fiscales Gonzalo Stara y Mario Gambacorta. El magistrado sostuvo que debe esperarse lo que se resuelva en otras instancias donde se encuentran los incidentes excarcelatorios. Los fiscales a cargo de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos, habían solicitado la inmediata detención de Ramón Telmo Alcides Ibarra (alias Rommel), Julio Héctor Fermoselle (Darío), Eduardo Dugour (Picha), Ernesto Vallejo (Managua), Ovidio Marcelo Olazagoitia (el Vasco), Diego Portillo (Diego), Pedro Travagliante (Rulo), así como de José Rubén Lofiego (el Ciego), en el caso de privación ilegal de la libertad cometida contra Graciela Borda Osella.

El mismo pedido formularon los representantes del Ministerio Público ante el Tribunal Oral Federal número 2 respecto de los imputados Lofiego, Mario Alfredo Marcote, Carlos José Antonio Scortechini y Ramón Rito Vergara, cuyo juicio oral se está realizando, y transitan en libertad. Este segundo planteo aún no se resolvió.

Los fiscales entendieron que "la gravedad de los hechos imputados, la naturaleza de los delitos calificados como de Lesa Humanidad, la pena en expectativa, el especial deber del Estado argentino de neutralizar toda posibilidad de fuga o entorpecimiento de la investigación" resultan, entre otros, "parámetros válidos para afirmar que, en caso de mantenerse la libertad, los imputados intentarían eludir la acción de la justicia".

Afirmaron que tanto la Cámara Federal, el juzgado de Bailaque y la Cámara Nacional de Casación Penal según los casos al conceder las excarcelaciones incurrieron "no solo en un claro apartamiento del derecho, específicamente de las normas que restringen la excarcelación sino también, en una indebida omisión de valorar circunstancias fácticas del caso que permiten sostener la existencia de peligros procesales conforme el estándar establecido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación al revocar la eximición de prisión de Domingo Morales, a fines de diciembre pasado, tal como lo había hecho en expedientes anteriores".

Desde Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones políticas, Elida Luna y Héctor Medina manifestaron: "Lamentablemente nos asistió razón cuando dijimos que luego de las intimidaciones sufridas por muchos de los testigos en Santa Fe, lo ocurrido con Julio López y Silvia Suppo quedaba demostrado el riesgo procesal de todos los imputados por delitos de lesa humanidad. Lo dijo nada menos que la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Es una obligación para los jueces inferiores respetar los fallos supremos, de lo contrario deberían indicar por qué se apartan de aquellos".

Por su parte, Marta Bertolino, sobreviviente, del Servicio de Informaciones y querellante en la causa Díaz Bessone consideró que "los delincuentes de lesa humanidad, deben esperar los procesos en cárceles comunes y cumplir allí mismo las penas. El Estado debe garantizar la realización de los juicios. Liberarlos no es de ninguna manera una señal de cumplimiento de este compromiso con la comunidad internacional. La negativa del juez Bailaque deberá ser revertida para acercarnos nuevamente al ideal jurídico de ciudad que cumple con sus compromisos con el mundo y con el futuro".

Desde el Equipo Jurídico de Familiares de Desaparecidos por Razones Políticas y la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, las profesionales Gabriela Durruty, Daniela Asinari y Jesica Pellegrini explicaron que "lo solicitado por el fiscal Stara es la única medida que garantiza el cumplimiento de los stándares fijados por la Corte en materia de delitos de lesa humanidad, así como la seguridad de los testigos y la realización del proceso". Para las abogadas, "la resolución del juez instructor no explica por qué se aparta de los lineamientos establecidos por el máximo Tribunal respecto a la restricción de la libertad durante el proceso de personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, ocasionando -además un grave dispendio jurisdiccional ya que obliga a transitar todas las instancias judiciales conociendo de antemano el resultado que se obtendrá a raíz de lo que ya resolvió la Corte Suprema de la Nación".

El Alto Tribunal estableció como parámetros decisivos para denegar excarcelaciones la gravedad de los delitos investigados, la expectativa de pena de los mismos, la experiencia, los medios y las relaciones de las que podrían llegar a valerse los imputados recordando que se trata de delitos calificados como de lesa humanidad.

Fuente: Rosario 12

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Un fallo a contramano.

Juez Daniel Herrera piedrabuena.

Los dictó el juez Daniel Herrera Piedrabuena, que ya había beneficiado a otros acusados de crímenes de lesa humanidad. La decisión contraría a toda la jurisprudencia en la materia.

El condenado Luciano Menéndez es el único responsable por los secuestros y torturas en el Instituto de Rehabilitación Social (IRS) de La Rioja, el principal centro clandestino provincial durante la dictadura. La cadena de mandos que estaba debajo del ex comandante del Tercer Cuerpo de Ejército es inocente, desde los interrogadores hasta el juez federal Roberto Catalán, que recibía declaraciones a personas vendadas y las dejaba en cautiverio, o el médico Carlos Leónidas Moliné, que diagnosticaba cuánto se podía torturar sin matar. El particular criterio, que contraría toda la jurisprudencia aplicada por tribunales argentinos a partir del juicio a los ex comandantes, pertenece al juez federal Daniel Herrera Piedrabuena, que acaba de dictar faltas de mérito y sobreseimientos en masa a los represores riojanos y fue denunciado ayer por la Unidad Fiscal abocada a las causas por crímenes de lesa humanidad de la Procuración General de la Nación. Las medidas ya fueron apeladas por el fiscal federal Darío Illanes y deberán ser revisadas por la Cámara Federal de Córdoba.

La Cámara Federal porteña sostuvo en 1985 que “las circunstancias de vida ultrajantes” en los centros clandestinos “constituyen en sí un horroroso tormento”. En su pedido de detenciones de noviembre de 2009 el fiscal Illanes detalló delitos y pruebas y relató las condiciones de cautiverio en el IPS: detenidos vendados e incomunicados evacuaban sus necesidades en un tarro dentro de la celda, recibían golpizas constantes y varias veces por semana eran trasladados a un galpón denominado “Luna Park”, donde los torturaban con picana. Herrera Piedrabuena, sin embargo, desvinculó de la causa a todos los mandos intermedios que dependían de Menéndez. El argumento: el tormento es un delito “de mano propia”, que sólo comete quien inflinge el dolor. Ya en junio del año pasado había adoptado un criterio similar al dictar faltas de mérito a favor de Juan Carlos “La Bruja” Romero, Eriberto Goenaga y Renardo Sánchez, quienes según la acusación fiscal daban las órdenes directas para que se torturara a los presos políticos en el IPS y a los gendarmes y agentes penitenciarios que los mantenían en cautiverio.

“El fallo va a contramano de la jurisprudencia en estas causas de todas las demás jurisdicciones del país, al tergiversar el entendimiento de la forma en la que operaba el aparato represivo”, explicó en un comunicado la unidad fiscal que conducen Pablo Parenti y el fiscal general Jorge Auat. “Herrera Piedrabuena parece explicar los crímenes contra la humanidad en La Rioja como la consecuencia de actos aislados de un grupo de gendarmes y empleados del Servicio Penitenciario Federal, que decidieron por su cuenta torturar a algunos detenidos en el IRS sin que sus superiores tuvieran responsabilidad. Se trata de una lamentable descontextualización y tergiversación del fenómeno represivo”, denunciaron.

El juez sostuvo en su resolución que los detenidos no estaban privados ilegítimamente de la libertad sino a disposición del Poder Ejecutivo o sometidos a proceso por la tristemente célebre ley 20.840, que reprimía “delitos subversivos”. “Se trata de burdos intentos frustrados de ocultar una acción criminal, de privaciones ilegítimas de la libertad dispuestas y mantenidas por funcionarios públicos”, explicaron desde la Procuración.

La verticalidad del aparato represivo que le permite a Herrera Piedrabuena sobreseer a todos los represores excepto al jefe también les garantiza, incluso a Menéndez, quedar por fuera de la figura de asociación ilícita, que demanda “cierta horizontalidad”, explicó el juez. Para el riojano ni siquiera existió el delito de violación de domicilio al momento de los secuestros, porque “los moradores consintieron la realización del acto” y eran “facultades propias del personal policial”, argumentos “sencillamente extravagantes”, concluye la Unidad Fiscal.

Fuente: Pagina 12

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martes, 8 de febrero de 2011

Comunicado de prensa de JUSTICIA YA La Plata.

Ante la existencia de un testigo que decía saber sobre el lugar donde se encontrarían los restos de Jorge Julio López JUSTICIA YA LA PLATA manifiesta que:

1) No es la primera vez que nos encontramos ante este tipo de denuncias. En muchas oportunidades a lo largo de estos cuatro años hubo desde quienes afirmaron haber visto a López caminando por alguna calle hasta “videntes” que lo vieron en tal o cual lugar. En estas y otras oportunidades se destinó gran cantidad de recursos humanos y económicos, mientras las verdaderas pistas, las que nos acercaban a la participación de la Bonaerense, al círculo cercano a Etchecolatz, a los señalados por el compañero en sus declaraciones, fueron mal investigadas, desechadas y abandonadas sistemáticamente.
2) Llama la atención la metodología empleada por esta denuncia: no fue realizada en sede judicial sino tomada por funcionarios del Ministerio de Seguridad del cual depende la Policía Bonaerense y quien fuera apartada de la investigación por “ineptitud evidente” - según lo señalado por el juez que tomó esa medida - a lo que nosotros agregamos que la bonaerense no puede investigar cuando es ella misma la que debe ser investigada.
3) Denunciamos el gran montaje mediático orquestado por el gobierno provincial y su Ministro de Seguridad así como la actitud poco clara del abogado denunciante que acudió primero a los medios y luego al Ministro Casal, obviando a las autoridades judiciales intervinientes en el caso López.
La causa que investiga el secuestro y desaparición de López se encuentra paralizada desde hace al menos 2 años y rebrota en medio de un montaje mediático, plagada de irregularidades dando un resultado negativo. Más de cuatro años de complicidades políticas que solo profundizan la impunidad de la que gozan los responsables de la desaparición de Jorge Julio López. Exigimos que se sigan seriamente las numerosas líneas de investigación que existen en la causa desde hace años y se castiguen a todos los responsables, sean autores intelecuales, materiales o cómplices, del secuestro y desaparición forzada de Jorge Julio López.
Justicia YA

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lunes, 7 de febrero de 2011

EL EX FISCAL FEDERAL GUSTAVO DEMARCHI FUE DETENIDO POR INTERPOL EN COLOMBIA

El cómplice de la CNU que cayó en Bogotá.

Demarchi estaba prófugo desde noviembre pasado. Su captura internacional había sido requerida por el juez Rodolfo Pradas, como parte de la causa por los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la Concentración Nacional Universitaria. Inician el proceso de extradición.

El TOF marplatense denunció a Demarchi por haber congelado las investigaciones de crímenes de la CNU.
El ex fiscal federal Gustavo Demarchi, prófugo desde noviembre pasado, fue detenido el miércoles por Interpol en Bogotá, Colombia. La captura internacional del abogado y ex dirigente peronista de Mar del Plata había sido solicitada por el juez federal Rodolfo Pradas en el marco de la investigación de los crímenes cometidos entre 1975 y 1976 por la ultraderechista Concentración Nacional Universitaria (CNU) de Mar del Plata, que ahora tiene seis prófugos. Demarchi ingresó a Colombia como turista, se presentó como un “perseguido político” y pidió ser asilado por el gobierno de Juan Manuel Santos. El mes pasado, la oficina central de Interpol emanó una “circular roja” con el detalle de los delitos que se le adjudican. El miércoles fue detenido y puesto a disposición de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Fiscalía General colombiana, donde ahora se iniciará el proceso de extradición a la Argentina.

La confirmación de la detención de Demarchi llegó ayer a la mañana, a través de un fax de Interpol al Juzgado Federal Nº 3 de Mar del Plata. La noticia la dio a conocer Santiago Martín, secretario del juez Eduardo Jiménez, quien subroga a Pradas, de licencia por enfermedad. Fuentes judiciales informaron que Demarchi habría salido del país rumbo a Encarnación y más tarde a Ciudad del Este, ambas en Paraguay. Desde allí habría viajado a Foz de Iguazú, Brasil, y por vía terrestre a San Pablo, donde habría abordado un avión que lo llevó hasta Colombia.
Una vez allí se habría ocultado en la capital Bogotá y solicitó un pedido de refugio político ante el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano, con el argumento de que se sentía un perseguido político del gobierno argentino.
“Como resultado de actividades propias de investigación criminal, detectives del Departamento Administrativos de Seguridad (DAS) capturaron con fines de extradición a Demarchi”, informó mediante un comunicado el propio DAS colombiano. El imputado “ingresó a Colombia el 12 de noviembre de 2010, en calidad de turista, y desde entonces presentó una solicitud de asilo político”, apuntó. “Sin embargo, el 11 de enero, la Oficina Central Nacional de Interpol en Buenos Aires emanó en su contra una Circular Roja por delitos como asociación ilícita, homicidio calificado y privación ilícita de la libertad”, agregó, y precisó que “se encuentra imputado de pertenecer, durante el gobierno constitucional de Isabel Martínez, a la organización peronista de extrema derecha CNU, que finalmente terminó convertida en la Triple A, y de estar involucrado presuntamente en la desaparición y asesinato de varias personas en 1975”. “El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia está pendiente de conceder o no la solicitud de asilo político”, concluyó.
La captura de Demarchi es producto de una denuncia formulada en junio de 2008 por los jueces del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata luego de recibir durante años testimonios en el Juicio por la Verdad, desempolvar viejos expedientes y cruzarlos con documentos de inteligencia. Demarchi era en 1975 fiscal federal y coordinador académico de la Universidad Provincial. En varias entrevistas negó haber pertenecido a la CNU, aunque sugirió que compartía reuniones con sus miembros como “asesor de la CGT”.
El Tribunal Oral Federal marplatense lo denunció por congelar sistemáticamente las investigaciones de los crímenes de la CNU. “No hubo que investigarla en ese momento”, arriesgó el ahora imputado cuando gozaba de impunidad. La Dirección de Inteligencia de la provincia de Buenos Aires lo tenía registrado entre quienes “si bien no pertenecen formalmente al grupo”, integraban “la misma corriente ideológica de ultraderecha y estuvieron relacionados” con sus actividades.


El paísViernes, 4 de febrero de 2011
LA COLABORACION DE JUDICIALES Y MILITARES CON LA CNU

Crímenes protegidos y encubiertos
Los miembros de la Concentración Nacional Universitaria de Mar del Plata, responsables de decenas de crímenes durante el año previo al golpe de Estado de 1976, contaron “con la protección y encubrimiento de las más altas jerarquías militares, policiales y judiciales”. La afirmación es del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata, que los denunció dos años y medio atrás, y no parece haber perdido vigencia: de los siete ex CNU que ordenó detener en noviembre el juez federal Rodolfo Pradas fueron capturados sólo dos, Patricio Fernández Rivero y Mario Durquet. A los dos prófugos históricos, Ernesto Ullúa y Fernando Delgado, se sumaron entonces Piero Asaro, Fernando Otero, Raúl Viglizzo y Raúl Moleón.

El debut en sociedad de la CNU marplatense fue el 6 de diciembre de 1971, durante una asamblea en la universidad provincial, con el asesinato de la estudiante Silvia Filler. Cinco miembros de la banda fueron procesados con prisión preventiva. Recuperaron la libertad en 1973 con la amnistía de Héctor Cámpora. Tras el asesinato del jefe de la CNU, Ernesto Piantoni, el 20 de marzo de 1975, “parte” del grupo “se asoció con el fin de cometer delitos indeterminados” y contó “con la estrecha vinculación de la organización que funcionaba bajo la sigla AAA”, sostuvieron los jueces Néstor Parra, Roberto Falcone y Mario Portela. El rol de Gustavo Demarchi era clave por partida doble: como coordinador académico de la universidad provincial contrataba a los miembros de la patota para brindar “seguridad”; como fiscal federal archivaba en tiempo record y sin investigar los crímenes de sus compañeros.
La seguidilla de ejecuciones, siempre con zonas liberadas, derivaría luego del golpe de Estado en la integración de varios de sus miembros al Grupo de Artillería de Defensa Aérea 601. Un informe de Inteligencia de Prefectura de junio de 1976 apunta que “la colaboración” de la CNU con el GADA-601 fue “indispensable para la identificación de elementos de izquierda” y permitió “purificar las distintas facultades” de la universidad nacional. Otro informe, de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, confirmó que “después del golpe de marzo de 1976, algunos (miembros de la CNU) colaboraron con el Ejército en la lucha antisubversiva”.

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Nueva masacre en J. León Suárez

Viernes 4 de febrero de 2011

José León Suárez, volvió a ser golpeado por las muertes de sus pibes en manos de la policía, uno de los chicos asesinados tenia dos balazos por la espalda. Pobreza represión y muerte, es la rutina en la que viven y mueren los habitantes de los barrios pobres de todo el país. Ellos son “Los nadie” de los que hablaba Galeano, los que valen menos que la bala que los mata.

DOS CHICOS ASESINADOS POR LA POLICÍA EN JOSÉ LEÓN SUAREZ
Por CORREPI -

Al atardecer del día jueves, muchos vecinos de los barrios pobres de José León Suárez escracharon la comisaría 4ª, en repudio de la represión que causó el asesinato de dos chicos, varios heridos de armas de fuego y al menos una decena de detenidos.

Los hechos se produjeron tras una supuesta denuncia de robo a un tren descarrilado, cuando la policía llegó a las inmediaciones del barrio “La Cárcova” y se enfrentó a los tiros con la gente del lugar.

Allí mataron a Franco Almirón, de 16 años, y causaron varios heridos más que fueron hospitalizados. Luego llegó la noticia de otro muerto en el hospital Belgrano de San Martín.

Como si dos pibes muertos por la policía no fueran suficientes, la represión continuó cuando muchas familias manifestaron su bronca en las inmediaciones de la comisaría. Allí se produjeron enfrentamientos y razzias que ocasionaron decenas de detenidos, en su mayoría, chicos de menos de 18 años.

Los medios justifican la represión y las muertes por el supuesto "intento de robo", como si ésa fuera razón suficiente para disparar y matar. Un mero llamado al 911 y la presencia de jóvenes de los barrios pobres del conurbano alcanzan para que sean sospechados de robar y su destino es que la policía los detenga o los mate.

La respuesta inmediata del gobierno ante esta situación es la intervención de la gendarmería en el lugar para garantizar mayor control, es decir profundizar la represión saturando de fuerzas el lugar.

Así, en la permanente custodia de la propiedad privada, se suman dos muertos más al archivo de casos de gatillo fácil.

BASTA DE GATILLO FACIL Y DE REPRESIÓN
LIBERACIÓN YA DE TODOS LOS DETENIDOS

CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional

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sábado, 5 de febrero de 2011

Cárceles de la democracia... Mendoza.

(AW)Con imágenes contundentes, la Asociación para la Promoción y Protección de Derechos Humanos denunció torturas en el penal de San Felipe de Mendoza. Tal como lo viene publicando esta Agencia en los diversos Balances (anti) carcelarios la tortura se práctica cotidianamente en todas las cárceles y lugares de encierro de la Argentina. Lo ocurrido en Mendoza no es la excepción sino la regla que incluye asesinatos impunes y humillaciones cotidianas a familiares perpetrados por hombres al servicio del Estado nacional y, claro está, también de los provinciales. El genocidio de los más pobres en el encierro, lento pero implacable, es una política de Estado en los actuales campos de concentración de la Argentina. Uno de los videos muestra a dos "valientes" penitenciarios pegarle a un pibe menor de edad esposado y arrodillado en el piso, probablemente con costillas fracturadas, quién grita: "¡ya está!", "¡ya está!", frente al ensañamiento que no cesa.
A la vez, todos los crímenes cometidos, por caso, en las cárceles federales durante la gestión de Alejandro Marambio Avaría al frente del Servicio Penitenciario Federal, fueron premiados con su ascenso a subsecretario de Asuntos Penitenciarios a pesar de todas las denuncias e impugnaciones en su contra. Por su parte, en el comunicado de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales y del Cepoc, que publicamos más abajo, se detallan prácticas de los hombres del SPF, dirigidos por el gobierno campeón verbal de la defensa de los derechos humanos encabezado por Cristina Kirchner, cuando descollan en pulverizar la entidad humana de los más vulnerables. Causa ira sufrir semejantes crímenes y al mismo tiempo escuchar en boca de los chacales discursos confeccionados por "Heidi". Provoca indignación que casi todos los partidos políticos miren para otro lado porque el tema es "piantavotos". Y genera repugnancia cuando organismos que debieran defender los derechos humanos silencian la masacre a cambio de prebendas. Esta es la verdad de lo que ocurre en la Argentina. Lo que sucede en Venus lo informan Clarín o 6,7 u 8 alcahuetes, entre muchos otros.

Oscar Castelnovo

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jueves, 3 de febrero de 2011

Otra joyita del verano 2011

El represor Norberto Cozzani en libertad.

Desde la agrupación HIJOS La Plata repudiamos la decisión del Juez Arnaldo Corazza, titular del Juzgado Federal Nº 3 de nuestra ciudad, quien el viernes 28 de Enero pasado puso en libertad al represor Norberto Cozzani, uno de los pocos genocidas integrantes de las patotas del Circuito Camps que estaban detenidos para ser juzgados en próximos juicios. Consideramos esta decisión como una consecuencia más de la lentitud, producto de una de una tibia decisión política, con que el Estado ha encarado el proceso de reapertura de las causas contra los genocidas de la última dictadura desde hace más de 7 años.

El represor Norberto Cozzani, hoy de 59 años, ingresó a la policía bonaerense en plena dictadura, tras un breve paso por el Ministerio de Acción Social de la provincia durante el gobierno de Victorio Calabró, donde realizó tareas investigativas al amparo del jefe del 1er Cuerpo del Ejército Alberto Cáceres. Comenzó a actuar como custodio de Etchecolatz en la Dirección General de Investigaciones, mientras se comenzaba a ejecutar el plan represivo en la zona sur de la provincia.

Figura central en la persecución del “grupo Graiver” y en la investigación de los negocios del empresario periodístico Jacobo Timmerman, Cozzani participó personalmente en marzo del ’77 en los operativos de secuestro de los empleados del grupo y sus familiares, así como en las torturas e interrogatorios que éstos sufrieron en el Centro Clandestino de Detención llamado Puesto Vasco, que funcionó entre 1976 y 1978 en la Subcomisaría de la localidad de Don Bosco, por donde pasaron cerca de 70 compañeros y logró identificar a casi 30 represores que actuaron en el lugar.

Detenido desde abril de 1986 como parte del Juicio a las juntas, en la Causa 44 que juzgó a los jefes de la represión de la bonaerense de Ramón Camps, fue imputado de 80 hechos entre secuestros y torturas, y se lo condenó a la irrisoria cifra de 4 años de prisión sólo por los casos de Isidoro y Juan Graiver, Lidia Papaleo y Silvia Fanjul. Cumplió una mínima parte de esa condena en el penal de Magdalena, al ser beneficiado con la nefasta ley de Obediencia Debida.
Gozando de la impunidad pactada, Cozzani se refugió en la actividad comercial como gerente del conocido frigorífico platense “Gorina S.A.”, fundó una empresa de venta de carne enlatada llamada “Meat Center” y finalmente, gracias a sus contactos militares, fue designado en tiempos menemistas como director de la Cámara de Comercio del Mercosur con sede en la ciudad brasilera de San Pablo.

Tras la reapertura de los procesos contra los genocidas fue nuevamente detenido en septiembre de 2004, por orden del mismo juez Corazza que acaba de liberarlo, y tras la insistencia de los organismos de DDHH de La Plata en el cumplimiento del resto de su condena y en la necesidad de avanzar en las investigaciones del rsto de los hechos en los que está implicado.
Alojado en el penal de Marcos Paz, Cozzani descubrió sus dotes literarias y comenzó a redactar un libro, publicado en 2006 bajo el desafiante título “Yo asumo – Conciliemos. Desde la prisión del Dr. Kirchner”. Allí, entre eclécticas citas de San Martín, Mahatma Gandhi y León Bloy, el represor repasa su pasado como ladero de Etchecolatz, se despacha sobre su condición de “preso político” y destila efluvios tanto sobre la gestión kirchnerista como sobre algunos de los represores de la dictadura que, afirma, lo ha traicionado. Mientras tanto trafica la teoría de la reconciliación y justifica los crímenes del Terrorismo de Estado en frases como:
- “los denominados ‘centros clandestinos’ tenían nombre, mástil, bandera y escudo, y todos los vecinos tenían conocimiento de que eran dependencias oficiales”.
- “Que hubo errores y excesos, ¡Claro que es cierto! Pero cada argentino debiera preguntarse no sólo quienes son los culpables, sino también, quién esta exento de culpas???”.

Cozzani fue nuevamente procesado en los pocos avances de la causa sobre el CCD Puesto Vasco, junto a siete represores más en la causa nº 3, denominada “Causa Raffo”. El expediente llevó 4 años de instrucción, y su requerimiento de elevación a juicio se completó entre 2005 y 2008. Si bien los fundamentos de Corazza para liberar a este represor no fueron dados a conocer periodísticamente, el agotamiento de una prisión preventiva acorde al plazo legal de 2 años es injustificada cuando hablamos de un represor que fue probadamente condenado, y sobre el cuya responsabilidad en el terror de Estado surgieron nuevos testimonios en estos años.

Tras 7 años y medio de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 41 juicios orales con sentencia en todo el país. Según datos del Centro de Estudios Legales y Sociales, de un total de 1.656 imputados, en unos 200 procesos, sólo el 10 % pudo ser condenado. Y si bien hay otros 389 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de los imputados, 807, se encuentra en libertad; además de haber 37 represores prófugos de la justicia y 258 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia.
Desde una vista superficial de este desempeño juzgador del Estado, y analizando números en el vacío, no es nada desdeñable que más de un centenar y medio de represores, sobre todo figuras emblemáticas del Terror de Estado, pasen el final de su vida purgando las culpas de su campaña desaparecedora. Pero una visión más detallada de la magnitud de los hechos ocurridos en la represión, del horizonte de juzgamiento que el Estado se está proponiendo, y de la agudización de las variables que urgen más condenas en menos tiempo, nos presenta una situación más crítica.
En los procesos que se dieron a la fecha, reconocidos represores como Videla, Menéndez, Bussi, Nicolaides, el “Turco Julián”, Etchecolatz y Von Wernich fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio de la lucha de todo un pueblo.

La falta de celeridad en la ejecución de los juicios es patente en la jurisdicción de La Plata, más si se tiene en cuenta la dimensión que allí alcanzó el terror de Estado. En La Plata funcionaron durante la dictadura unos 12 Centros Clandestinos de Detención, coordinados por miles de efectivos de la Policía bonaerense y de las Fuerzas Armadas. De esos miles de represores, sólo 19 (Bergés, Etchecolatz, Von Wernich, Alonso, Herzberg y 14 genocidas que actuaron en la Unidad 9) fueron condenados en la capital bonaerense desde la reapertura de las causas, en juicios parciales, algunos con condenas mínimas, aunque otros con fallos ejemplares que incluyeron en la sentencia la valoración política de la figura de Genocidio. Pero así planteados, estos procesos continúan reproduciendo la situación de impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, altos mandos y reputados represores, mientras el conjunto de miembros de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y de Inteligencia que planificaron y ejecutaron el genocidio quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos debates o, si la tendencia actual se consolida, completamente libre.

FRENTE A LA SITUACIÓN DE IMPUNIDAD SEGUIMOS EXIGIENDO:

- JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIOS POR CENTRO CLANDESTINO DE DETENCIÓN.
- BASTA DE DEMORAS EN LOS PROCESOS.
- JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA DESPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LOPEZ, LUCIANO ARRUGA Y DEMÁS DESAPARECIDOS EN DEMOCRACIA.
- BASTA DE AMENAZAS A LOS TESTIGOS EN LOS JUICIOS A LOS GENOCIDAS.
- BASTA DE REPRESIÓN AL PUEBLO. FUERA LA POLICÍA Y LA GENDARMERÍA DE LOS BARRIOS.
- CESE DE LA PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN. DESPROCESAMIENTO O AMNISTÍA DE LOS PRESOS POR LUCHAR.
HIJOS La Plata

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martes, 1 de febrero de 2011

A 2 años del secuestro y desaparición de Luciano Arruga.

Por ANRed- E (redaccion@anred.org)

Pablo Pimentel, miembro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Matanza, charló con la Red Nacional de Medios Alternativos, y denunció un sistema injusto que ignora a los pobres y a los jóvenes.


Rercordó que "Luciano desapareció el 31 de enero de 2009, Vanesa -su hermana- se acercó y nos contó el caso. Lo que hicimos el día siguiente fue acercarnos a la fiscalía, pedimos hablar con la Dra. Castelli y no nos recibió. Sabíamos que no habia recibido ni a Vanesa ni a Mónica los 45 dias anteriores. Esa fue la primera intervención de la APDH."
Allí fue cuando Stornelli, Ministro de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires de ese entonces, presionado, decidió pasar a la disponibilidad a los 8 policias que estaban en servicio. "Sí, ahi hubo un quiebre -explicío Pablo- pero después la policía que había secuestrado a Luciano estaba en la calle, patrullando en otras comuisarias."
A pesa de contar con tantos elementos probatorios no se ha procesado a los policías de la seccional donde Luciano fue visto con vida por última vez. La clave está en que "se subestima tres testimonios claves, porque son de pobres y presos, que vieron como torturaban a Luciano en la comisaria de Quintana. Eran testimonios de personas que no se conocían, que no habían arreglado para mejorar sus causas. No se le dio seriedad ni entidad a eso. Tampoco a lo que los perros olfatearon en los patrulleros. No hay voluntad política para resolver la causa y no le dan respaldo a los fiscales."
A los 11 meses de la desaparición, Stornelli estaba presionado políticamente y ahí tomó el discurso de la familia y admitió que había una práctica de reclusión por parte de los policías para integrar redes delictivas. Pimentel explicó que meses antes, desde la APDH habían hecho pública esa denuncia: "Sí, dijimos que algunos miembros de la policía, del Poder Judial y del poder político reclutaban jóvenes para robar, para el tráfico de dorgas, etc. Al día siguiente me citaron para ratificar o rectificar los dichos. Fuimos con pruebas, las presentamos, lo tomó la fiscalía número 5. Y después, cuando Stornelli dijo eso, le dije que lo citaba como testigo calificado porque afirmaba lo mismo que nosotros."
Queda claro que sin decisión política la justicia no actúa, por más fuerza que ponga la familia. Al respecto Pablo agregó que "Ya no tenemos expectativas. Si aparece algo este año pensaría que es algo especulativo porque es año electoral. Quien se quiera presentar a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires tendrá que rendir las materias previas, de las cuales el caso paradigmatico es el caso de Luciano, porque es una desaparicion institucional, en manos de la policía que tiene conducción politica".
La causa está totalmente parada: "si contamos de 1 a 10 en el éxito, diría que está en 2, la verdad. Porque está aplazada. No tiene tiempo de prescripción, las causas penales tienen 10 años. Si se determina que la policía es responsable en la desaparición, se convertiría en un delito de lesa humanidad y ahí a Scioli no le da la vida para dar explicaciones. Merecería juicio político. Cuando asumen sus cargos juran por Dios y la patria y si no, que Dios y la patria los demanden. Bueno, les estamos demandando justicia. El pueblo está demandando.Tenemos que conocer nuestros derechos y hacerlos valer."


Carta a la presidenta

Martinez, 31 de Enero de 2011.

Excma Señora Presidenta de los Argentinos Dra Cristina FERNANDEZ de KIRCHNER S / D
Tengo el agrado de dirigirme a Ud con el objeto de recordarle que hoy, 31 de Enero se cumplen dos años del secuestro, tortura y desaparición de LUCIANO NAHUEL ARRUGA por parte de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, más precisamente por la Policía de Lomas del Mirador.
LUCIANO ARRUGA tenía dieciséis años cuando fue secuestrado por integrantes de esta “institución” y sepa disculpar , también una suerte de “aguantadero” de asesinos, secuestradores y delincuentes de todo tipo que , uniformados siguen accionando y cometiendo delitos e lesa humanidad, como grupos de tarea “aggiornados” a nuestros tiempos , castigando por sobretodo a los más vulnerables, nuestros más humildes, los más indefensos, aquellos que EVA PERON defendía ante todos los poderosos y por los que se angustiaba permanentemente.
La Justicia sigue volcando, en algunos casos su preferencia, al parecer a la defensa de quienes cometieron este delito múltiple de lesa humanidad: privación ilegitima de la libertad ,tortura y desaparición forzada de persona ; ya que los policías que estuvieron en funciones en el Destacamento Policial de la calle Comisionado José INDART al 106 , de Lomas del Mirador ( Destacamento que nos recuerda a los lugares donde se secuestraba a nuestros compañeros, ya que se trata de una vivienda común sin los menores recaudos para poder mantener a una persona detenida en condiciones de detenido, sin embargo este monumento al terrorismo de Estado en Democracia sigue en funciones, con el aval del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires Daniel SCIOLI y del MINISTRO de JUSTICIA y SEGURIDAD Dr Ricardo CASAL y al parecer limitan la decisión del Intendente de La Matanza Dn Fernando ESPINOZA quien estaría dispuesto al cierre del mismo y convertirlo en un Centro para la Memoria, quien se encontraría imposibilitado de ejecutar este deseo).
La causa judicial presenta más de veinte cuerpos, sin embargo los sospechosos del secuestro, tortura y desaparición de LUCIANO ARRUGA , ésto es quienes la noche del 31 de Enero lo detuvieron ilegalmente en la plaza Republica Argentina , los policías SOTELO, BORREGO, FEKTER, ZELIZ, MARQUEZ, VAZQUEZ, DIAZ y HERRERA son como mínimo encubridores de delitos de lesa humanidad perpetrados por uniformados en servicio y de ahí en adelante pueden ser los secuestradores y/o torturadores y/o desaparecedores y/o homicidas de LUCIANO ARRUGA , (ya que debemos entender que a esta altura tenemos la peor sospecha), estos policías están en funciones y en La Matanza y, probablemente con un ascenso.
El Juez de Garantías Dr GUSTAVO BANCO , del Juzgado de Garantías nº 5 de La Matanza es quien está a cargo de la causa, quien al parecer tendría literalmente cajoneado el expediente, que irrisoriamente hoy en día mantiene la carátula de “SOLICITUD de PARADERO” esto al parecer haciendo pensar que LUCIANO ARRUGA estaría jugando a las escondidas. Este Magistrado parece ser de Garantías para uniformados asesinos y/o encubridores y ha dejado mucho que desear en el trato con la familia de LUCIANO ARRUGA, al igual que el desempeño al parecer arbitrario de las fiscales intervinientes en el caso las Dras ROXANA CASTELLI y CELIA CEJAS MARTIN.
La familia de LUCIANO ARRUGA no ha tenido el acompañamiento del Estado frente a un caso de victimas de delitos de lesa humanidad. Esta familia de condición humilde, que vive en el barrio 12 de Octubre de Lomas del Mirador, ha tenido el desprecio de parte del Estado, como si LUCIANO ARRUGA fuese un desparecido de segunda categoría. LUCIANO ARRUGA no era militante, pero fue secuestrado , torturado y desaparecido por la Policía que heredó las prácticas genocidas de un cobarde asesino como CAMPS o ETCHECOLATZ, y es la que castiga a nuestros jóvenes en cada barrio, entre otras perversiones en la de obligarlos a ser reclutados para realizar delitos direccionados.
Lamentablemente la familia de LUCIANO ARRUGA ha tenido el abandono y el desprecio de un Gobernador impulsor de una política represiva y retrógrada a tiempos de la Dictadura y de un Ministro de Seguridad y Justicia Bonaerense que falta a la verdad , cuando en los medios comenta vergonzosamente que “acompaña a la familia de LUCIANO” o que “cuenta con estrategias nuevas para el caso”, hasta ahora esta más cerca de proteger a su MALDITA POLICIA, que a rendir cuentas como correspondería en el marco de sus deberes como funcionario público.
La familia de LUCIANO ARRUGA hoy cuenta con una vivienda digna refaccionada y no gracias a la presencia del Estado, sino de amigos que han han actuado solidariamente con una familia abandonada en el peor momento e inclusive intimidada por los mismos punteros políticos oficiales del barrio, quien han además de haberle dado la espalda, cuestionar que se haya impulsado la existencia hoy de un lugar de apoyo escolar para chicos, lugar para capacitación , lugar para que llegue la cultura a los barrios que no llega a través del Estado en este caso, sino de manos solidarias que no quieren atribuirse logros , ya que ninguno está en campaña, simplemente hemos decidido acercarnos a un barrio castigado por la ausencia del Estado, esto es que el Estado no aparezca solo en tiempos de Campaña, o que los punteros oficiales no beneficien sólo a quienes responden ciegamente a ellos sino a los necesitados; “DONDE HAY UNA NECESIDAD, EXISTE UN DERECHO” y debemos hacer cumplir entre todos esta frase inmensa.
Esta nota tiene por objeto informar acerca de la realidad del tema, que seguramente le debe llegar con una cantidad de datos muy diferentes y quizás ni siquiera le llegue, ya que lógicamente debería haber responsables políticos en el medio que deberían tener la responsabilidad de resolver estos casos de otra manera.
Por lo expuesto , siendo un acompañante desde el primer momento de la familia de LUCIANO ARRUGA, viendo el permanente insomnio de su madre esperando en su deseo más íntimo que vuelva su hijo, notando la ausencia de un Estado, que tiene todos los elementos y argumentos para asistir a los familiares de un joven de dieciséis años secuestrado, torturado y desaparecido por la Policía de la Provincia de Buenos Aires en el 2009, le imploro arbitrar los medios necesarios para subsanar esta inacción u olvido o desajuste y , conociendo su condición como mujer y como madre poder recibir a la familia de LUCIANO ARRUGA a la brevedad, ofreciéndome como interlocutor o enlace .
Aprovecho para agradecer la respuesta a cada nota dirigida a Ud y también para saludarla muy atte
................................................ CABRERA BRITOS ALEJANDRO DELEGADO ATE CTA SENASA DNI 17635095 JUNTA INTERNA DELEGADOS ATE(ASOCIACION DE TRABAJADORES DEL ESTADO) CTA (CENTRAL DELOS TRABAJADORES DE LA ARGENTINA) SENASA (SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD AGROALIMENTARIA) DILAB (DIRECCION DE LABORATORIOS) MARTINEZ PCIA DE BUENOS AIRES email atesenasamartinez@gmail.com SENASA DILAB- AV FLEMING 1653 MARTINEZ- PROV DE Bs As TEL 1566228079 TEL 48360064 LUCIANO ARRUGA , SECUESTRADO, TORTURADO Y DESAPARECIDO HOY SIGUE DESAPARECIDO ENTRA A


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