12 de Febrero de 2011
Titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires; docente, durante 20 años, del Programa UBA XXII, Educación en Cárceles; directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, Alcira Daroqui continúa con el Balance (anti) carcelario a propuesta de la Agencia Rodolfo Walsh. Daroqui se ha convertido, desde hace años, en una verdadera pesadilla para los hombres de gris, en especial para el Servicio Penitenciario Federal. En las investigaciones y la docencia, sus denuncias contundentes vieron la luz allí donde los criminales pretenden ocultar las violaciones a los Derechos Humanos, exactamente en el ámbito donde más se cometen. En el trabajo "Cuerpos Castigados" (realizado junto a Carlos Motto en el marco de la PPN), vimos que el "pata-pata", la "pirámide" o el "submarino" no son los nuevos ritmos de la noche, sino parte de la práctica permanente de la tortura tras las rejas.
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.
Oscar Castelnovo
Durante el año 2010 la situación carcelaria en la Argentina no ha variado sustancialmente en cuanto a la gravedad con la que se expresa en relación a otros años. Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".
Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas)
Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.
Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).
"Responsáble político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.
Alcira Daroqui
Titular de la Cátedra de Sociología de la Universidad de Buenos Aires; docente, durante 20 años, del Programa UBA XXII, Educación en Cárceles; directora del Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA e investigadora del Observatorio de Prisiones de la Procuración Penitenciaria Nacional, Alcira Daroqui continúa con el Balance (anti) carcelario a propuesta de la Agencia Rodolfo Walsh. Daroqui se ha convertido, desde hace años, en una verdadera pesadilla para los hombres de gris, en especial para el Servicio Penitenciario Federal. En las investigaciones y la docencia, sus denuncias contundentes vieron la luz allí donde los criminales pretenden ocultar las violaciones a los Derechos Humanos, exactamente en el ámbito donde más se cometen. En el trabajo "Cuerpos Castigados" (realizado junto a Carlos Motto en el marco de la PPN), vimos que el "pata-pata", la "pirámide" o el "submarino" no son los nuevos ritmos de la noche, sino parte de la práctica permanente de la tortura tras las rejas.
Así, resulta contrastante el discurso que el gobierno argentino mantiene sobre la defensa de los derechos humanos y la política de castigos no previstos en el Código Penal, que constituyen un empeñoso intento de destrucción de la entidad humana de presos y cautivas. Como se sabe, la Argentina es sólo uno de los cinco países del planeta que tiene un servicio penitenciario militarizado, a la vez que se halla altamente especializado en una diversidad de suplicios que no son letra, pero sí hechos rotundos que acuden cuando cualquier hijo de vecino ingresa a un penal.
Además, según Daroqui: "a una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional (SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio".
Es en este punto, precisamente, donde tiene su mayor sentido romper el silenciamiento -como podamos y donde podamos-, de esta masacre institucional, esta política de Estado que permanece ensañada con los hijos más pobres del pueblo. En ese rumbo, con valioso sustento, se han escrito las líneas que siguen.
Oscar Castelnovo
Durante el año 2010 la situación carcelaria en la Argentina no ha variado sustancialmente en cuanto a la gravedad con la que se expresa en relación a otros años. Esta situación es evidente para aquellos que trabajamos la "cuestión carcelaria" desde hace mas de 20 años y lo seguimos haciendo en el presente, ingresando a las cárceles, recorriendo los pabellones, las celdas comunes y las de castigo, entrevistando a presos y presas, registrando la violencia institucional sistemática en cuanto a malos tratos físicos y torturas, los tratos humillantes, vejatorios y degradantes que además se agravan y profundizan con las paupérrimas condiciones materiales de detención de algunos sectores de alojamiento y en varios casos, de la totalidad de los espacios de la mayoría de las unidades carcelarias. La presentación de recomendaciones, denuncias, amparos y habeas corpus tanto por parte de la Procuración Penitenciaria Nacional como del Comité contra la Tortura de la Provincia de Buenos Aires cuya jurisdicción es sobre mayoría de unidades y cantidad de personas detenidas del país, dan cuenta de esta situación. Pero debemos reconocer que a pesar de este trabajo que compartimos con otras organizaciones y organismos comprometidos con la grave situación de violación de derechos que atraviesan miles de personas detenidas en nuestro país, nada se hace visible desde organismos estatales que deberían dar cuenta de lo que sucede y de las propuestas para revertir la violencia institucional y el agravamiento en las condiciones de detención en las cárceles, comisaría e institutos de menores del país. Tampoco, y ello nos incluye, sabemos cuántas personas privadas de su libertad registra el estado argentino, no tenemos información permanente y actualizada sobre la situación por la que atraviesan las personas detenidas en cárceles de servicios penitenciarios provinciales, menos aún conocemos cuántas personas están en comisarías, en centros de detención de gendarmería ni de prefectura. La política de la des-información obstaculiza y oculta aspectos elementales para abordar el problema: cuántos, dónde están y cuál es su situación.
A esta desinformación no son pocos lo que le damos batalla permanentemente, reconstruimos a través de fuentes dispersas, datos aproximados sobre la población total detenida en cárceles e institutos de menores de la argentina en forma actualizada y por supuesto, ello se hace aún más dificultoso-aunque lo seguimos trabajando - relevarlo de comisarías y "otros centros de detención".
Jurisdicción Federal y Provincia de Buenos Aires
Sin embargo, en relación a la cuestión carcelaria, dos jurisdicciones como la Nacional-Federal y la de la Provincia de Buenos Aires, cuentan con información sistemática a través de los diferentes sistemas de relevamiento producidos por la Procuración Penitenciaria Nacional(PPN) y el Comité Contra la Tortura(CCT) de la Comisión por la Memoria de la Provincia de Buenos Aires.
En sus informes periódicos y paginas web se actualiza en términos cuantitativos la población detenidas en la cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires, ambos sistemas penitenciarios alojan en 79 cárceles, a julio del año 2010, a mas de 35.850 personas (según los partes remitidos por fuentes penitenciarias a estos dos organismos), así la mayoría de la cárceles y la mayoría de los detenidos del país(ver datos del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena (Sneep) 2008-última información oficial-) corresponden a estos dos servicios penitenciarios.
Pero desde estos organismos lo que se registra fundamentalmente son datos sobre las intervenciones regulares que realizan los mismos en relación a la situación por la que atraviesan miles de personas detenidas y que por ello mismo, puede dar cuenta de una problemática amplia y compleja de la vida intramuros. En este sentido, los malos tratos físicos y torturas, las condiciones materiales de detención y las muertes en las cárceles integran la agenda principal de abordaje de la problemática carcelaria.
Estos registros dan cuenta de denuncias judiciales, de modalidades y resultados de intervención institucional y de resultados de investigaciones científicas en las que participamos como integrantes del Observatorio de Prisiones de la PPN y como Grupo de Estudios sobre el Sistema Penal y Derechos Humanos del Instituto Gino Germanide la UBA
Estos registros (de investigación, intervención y judiciales) y sus fundamentos se construyen y se sostienen regularmente ingresando sistemáticamente a las cárceles, entrevistando personas detenidas, inspeccionando los espacios carcelarios, recibiendo información desde adentro, de presos y presas y sus familiares y de situaciones y casos que hacen público organizaciones no gubernamentales. Mas allá de la observación y registros de campo de cada cárcel, la palabra y los testimonios son claves para reconstruir lo que sucede dentro de la cárcel, dar cuenta de las prácticas cotidianas de funcionarios de fuerzas de seguridad a las que son sometidas miles y miles de personas.
Las palabras y los testimonios de las víctimas del terrorismo de estado fueron claves para hacer visible por un lado la magnitud de la masacre y por el otro, dar cuenta del despliegue de prácticas ancestrales en la producción de sufrimiento y dolor como de aquellas innovadoras, de sus articulaciones, especificidades, de sus actores, de sus responsables. Reconstruir el pasado a partir del testimonio y las palabras de sus víctimas, una dura batalla librada contra los torturadores y sus encubridores.
En este presente, los testimonios y las palabras de presos y presas no están "legitimados" para reconstruir los que les sucede hoy, en cada cárcel, en cada comisaría. ¿Será que los "delincuentes" no tienen derecho a ser víctimas de acciones aberrantes por parte de funcionarios del estado? Contradicciones o "dualidades" de una mirada intencionalmente miope sobre los "derechos humanos".
Desde hace varios años la cuestión de la violencia institucional: muertes, malos tratos físicos y torturas, tratos humillantes y degradantes, condiciones de vida intracarcelaria, etc han sido el eje nuestros trabajos, en esta nota solo haré una breve mención sobre algunos de estos aspectos: la cuestión de los malos tratos y torturas y sobre fallecimientos.(se cuenta con amplia información en los Informes Anuales de la PPN, en los Informes Anuales del CCT y en las paginas web respectivas)
Registros de malos tratos y torturas
En el año 2010(me abocaré a información vinculada a la situación de las cárceles sistema federal producida desde la PPN, ya que Provincia de Buenos Aires fue abordada por Roberto Cipriano del Comité contra la Tortura) los registros de malos tratos y torturas(me referiré a dos de los tres que trabaja la Procuración), daban cuenta sobre información actualizada de lo que sucede en relación a esta problemática:
Así, en relación al relevamiento de denuncias judiciales por casos de malos tratos y torturas-de enero a junio del 2010- se registraron 105 denuncias, de los cuales 27 fueron judicializados por la PPN. (ver ampliación en la WEB e Informe Anual 2010)
Del Proyecto de Investigación de Seguimiento sobre malos tratos y torturas, base comparativa con los resultados de la Investigación del año 2007, se seleccionando 5 unidades penitenciarias, 2 de zona metropolitana y 3 de interior del país. El criterio fue a su vez seleccionar solo los pabellones y módulos que cuyos resultados en el 2007 demostraron el mayor grado de conflictividad y de violencia institucional desplegada como así también se incorporó algunos pabellones que durante estos años, desde la intervención de la procuración, se individualizaron con la caracterización mencionada y se relevaron los siguientes resultados:
A modo de avance, en relación a los Complejos I y II (publicados en el Informe Anual 2010 de la PPN) se expresa lo siguiente:
El Complejo I- de Ezeiza, los módulos encuestados Ingreso, selección y tránsito, Modulo 3 alta conflictividad y 4 de jóvenes adultos en el año 2007: registraron que el 60,4 % de las personas encuestadas habían padecido malos tratos físicos y torturas. En esos mismos módulos en el año 2009, ese porcentaje ascendía a 77, 2%. Si los porcentajes no resultan "convincentes", digamos las cosas en valores absolutos, de 90 personas encuestadas, mas 70 personas detenidas expresaron haber sido víctimas de golpes, agresiones físicas y torturas.
En el Complejo II de Marcos Paz, los módulos encuestados fueron: modulo 1 Conducta( a pesar de ser de conducta se habían registrado casos de violencia en el mismo), Modulo 3 de Ingreso y modulo 5 de alta conflictividad, en el 2007 se relevó que el 52,1% de las personas detenidas en los mismos habían padecido malos tratos físicos y torturas, en el año 2009, ese porcentaje ascendió al 72,3%. En valores absolutos de 109 personas encuestadas, casi 80 personas fueron víctimas de estas prácticas violentas del personal penitenciario.
Es decir, 70 casos, 90 casos y otros tantos en tantas otras cárceles y comisarías conducen a cifras que ya no pueden soslayarse a la hora de hablar de ejercicios de malos tratos físicos y torturas en lugares de detención.
Muertes en prisión
De enero del año 2009 a enero del 2011 se produjeron 78 fallecimientos de personas detenidas en cárceles federales, como dato relevante entre octubre del año 2009 y octubre del año 2010, 11 de esas muertes, fueron por causas violentas. En la cárcel se muere y a veces de forma violenta. El estado debe garantizar la integridad física de las personas detenidas.
A una política de desinformación, ocultamiento e invisibilización por parte del Servicio Penitenciario Nacional(SPF) dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, se les responde con trabajos de campo, relevamiento de testimonios, relatos, de documentación judicial, legislativa y penitenciaria y por supuesto, además, se hace público. Pero la visibilidad de los que sucede en las cárceles federales ha sido sistemáticamente relativizada y hasta negada por autoridades de nuestros país y en particular por el Director del SPF, Alejandro Marambio.
Sin embargo, los últimos hechos acontecidos en la cárcel de Mendoza varias imágenes recuperadas desde un celular de un personal penitenciario otorgaban credibilidad a las prácticas violentas, torturas, ejercidas contra las personas detenidas por parte de personal penitenciario. Imágenes que mostraban con contundencia lo que cientos y cientos de personas detenidas han relatado, testimoniado y hasta denunciado(a pesar de poner en riesgo su integridad física y hasta sus vidas) y que como respuesta ha sido el de desconocer, devaluar y hasta desmentir esos testimonios. Un celular de un penitenciario, imágenes tomadas desde el torturador?? , permitieron que a los penitenciarios se los denominara torturadores y sus actos, torturas. Quizá sea por eso que el Servicio Penitenciario Federal, precisamente su Director Alejandro Marambio,( actualmente ascendido a un cargo de mayor jerarquía por parte del poder ejecutivo nacional) prohibía y prohíbe actualmente(aunque está autorizado por la ley) ingresar a la Procuración Penitenciaria Nacional con cámaras de fotos y/o filmadoras para registrar las lesiones y las situaciones de violencia en las cárceles???(hasta con actos de violencia del personal penitenciario contra médicos de la PPN, que pretendieron registrar las lesiones a presos a través de las cámaras de sus celulares-ver agencia DyN, WEB PPN).
"Responsáble político, institucional y moral"
Deber ser por esto, él sabe del poder de la imagen, más que el de las palabras y testimonios de las víctimas, más aún si estas son pobres y "delincuentes". Pero, se olvidó de ser estricto con el personal penitenciario a su cargo ya que también tiene prohibido ingresar a las unidades en las que trabajan con sus celulares. Digo se olvidó y a "su cargo" porque Alejandro Marambio, Director del SPF, en cuyas cárceles se producen los hechos que revelan la primera parte de esta nota, era el responsable máximo de esa cárcel. El máximo responsable político institucional y porque no "moral".
La cárcel de Mendoza estaba intervenida por el Servicio Penitenciario Federal a cargo del civil Marambio cuando se produjeron estos hechos aberrantes de torturas, en diciembre del 2010 cesó la intervención pero estos hechos fueron anteriores. Quizá algunos de los máximos responsables de estos actos de tortura sean integrantes de esa "comitiva" del servicio penitenciario federal que acompañó al entonces Director de Readaptación Social del Ministerio de Justicia, Alejandro Marambio, allí por el año 2007, para efectivizar la Intervención de la cárcel de Mendoza después que la CIDH sancionará al estado Argentino por los hechos que se producían en la misma( nadie puede explicarnos porque en el 2010 levantó dicha sanción), esos mismos penitenciarios federales a los que el Alejandro Marambio definía casi (en términos morales) como héroes, que "sanearían" al servicio penitenciario provincial, hombres que en épocas difíciles inclusive salieron a cazar animales para darles de comer a los presos(sic, declaraciones de Marambio al Diario Los Andes 22 de marzo del año 2007, sección política) Quizá, al personal penitenciario provincial no se le transmitió debidamente esta "anécdota" y entendieron que la caza debía ejecutarse con los presos, quizá fue parte de su entrenamiento, quizá lo que pase en la cárcel de Mendoza, sea exactamente igual a lo que pasa en Ezeiza, en Devoto, en Marcos Paz, en Olmos, en Sierra Chica, en Las Heras, en Coronda, en Magdalena: las golpizas, el puente chino, el plasf-palsf, el pata pata, el criqueo, submarino seco y húmedo, etc etc expresado en mil palabras, en mil relatos de sus víctimas, pero no en imágenes, a ellos no los dejan filmarse mientras los golpean y a los organismos de control y defensa de los derechos humanos, tampoco.
De todas formas, más allá de las imágenes, la cárcel se hace visible, la hacen visible quienes se comprometen con la protección y defensa de los derechos humanos de las personas detenidas en un marco de estado de derecho-democrático y los datos de esta nota dan cuenta de ello.
Alcira Daroqui
