La agrupación HIJOS La Plata es el nombre con que durante sus 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Ya que entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina Genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Hoy a 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 54 juicios orales con sentencia en todo el país. Sólo alrededor del 13 % del total de procesados desde 2003 fue castigado (en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena), y 21 genocidas fueron ABSUELTOS. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy. Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.
En nuestra provincia es clara la politica de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70% de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado.
La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, NO sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.
Así como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.
A quienes se reagruparon en “H.I.J.O.S. Regional La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.
Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales al que hoy asistimos sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.
HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
