| Lunes, 09/04/12 | ||
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| LEY ANTITERRORISTA. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo que la protesta ante la embajada británica el lunes 2 fue un "acto de vandalismo" por parte de los militantes populares que se hicieron presente y resaltó que "no representan a la política" y "se visten con ropaje seudorevolucionario". También recomendó a los jueces que "agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia." |  | |
| En el marco del 30º aniversario del inicio de la guerra de Malvinas, frente a la sede diplomática del barrio porteño de Recoleta, militantes de diversos partidos de izquierda cantaron consignas contra Gran Bretaña, repudiaron la presencia de empresas inglesas en el país y prendieron fuego banderas del Reino Unido. La policía intervino con una fuerte represión y se produjo un enfrentamiento. Dos días después, la jefa de Estado, durante un acto en Bariloche, dijo que le llamaba la atención que "en un gobierno de tanto avance en los derechos democráticos, de tanto avance sobre las corporaciones y en beneficio de la sociedad, de tanto avance en materia de derechos humanos como nunca se ha visto en toda la historia, surjan grupos tan violentos que parecen servir a intereses contrarios a la Argentina". Y agregó que "más allá de que se vistan con ropaje seudorevolucionario, me llama la atención que con plena libertad y plena democracia, como nunca se ha visto, sucedan estas cosas". La Presidenta debería sincerar su mensaje a la sociedad porque la "plena libertad y plena democracia" que se vive en la Argentina castiga a los trabajadores y a los sectores sociales más vulnerables. En segundo lugar, no es verdad que "avance sobre las corporaciones" porque mientras reclama la soberanía de Malvinas entrega las riquezas naturales a empresas mineras multinacionales, en perjuicio del medio ambiente y de la salud de los habitantes. Un tercer dato es que los Tratados de Paz argentino-británico relativos a la soberanía de las Islas Malvinas, instrumentado en el Acuerdo de Madrid firmado el 15 de febrero de 1990, otorga beneficios de garantía de inversión de nación más favorecida a innumerables empresas británicas que en la actualidad operan en el país. Mediante la Ley Nº 24.184 para la Promoción y Protección de Inversiones Británicas, promulgada el 24 de noviembre de 1992, se ratificaron los convenios suscriptos. Una vez más, no sólo se permite que Gran Bretaña desconozca la soberanía Argentina sobre las Islas Malvinas, sino que, sin demasiado trámite, se dictan leyes para favorecer económicamente a sus corporaciones. Una doble entrega sin necesidad de conflicto bélico alguno. En su discurso, la Presidenta no mencionó la violenta intervención policial que lanzó gases lacrimógenos, balas de goma y usó camiones hidrantes contra los manifestantes como método de "persuasión" para que se retirasen. Por el contrario, ocultó ese accionar y, una vez más, se contradijo con los hechos ocurridos cuando, en la misma alocución, se refirió al acampe que "sufrieron" los porteños en la 9 de Julio: "No soy partidaria de la mano dura. Los palos en la Argentina dieron malos resultados". Cristina de Kirchner consideró ambas manifestaciones como "actos antipopulares, en su correcta acepción, porque cuando se acampa durante 21 horas para cortar la 9 de Julio, o donde se apedrea una embajada, son actos antipopulares". Como si la brutal represión a los manifestantes en la embajada hubiese sido insuficiente, en su discurso la mandataria pidió que los jueces criminalicen la protesta social: "Sé que un juez dijo que habría que darles un cachetazo a esas personas. Yo recomiendo a los jueces que agarren el Código Penal, identifiquen a los que hacen estos actos y actúen en consecuencia. Muchas veces lo que se busca no es un cachetazo sino un palazo o un tiro de un policía para que luego digan: `vieron, no es un gobierno popular, porque reprime las protestas sociales`". Así es. No es de un gobierno popular la represión a las protestas sociales, ni que se ordene a los jueces que apliquen la ley antiterrorista, ¿pues qué ley sino la 26.734 han de aplicar los magistrados? Tampoco es popular haberla impulsado y promulgado apenas asumió su segundo mandato la actual Presidenta de "todos" los argentinos. Ley Nº 26.734: herramienta jurídica para criminalizar la protesta social La ley Nº 26.734, que reformó el Código Penal, fue un Proyecto enviado por la Presidenta Cristina de Kirchner al Congreso de la Nación a mediados de diciembre de 2011, contó con el apoyo del bloque oficialista y fue aprobada en tiempo récord por ambas Cámaras. La ley entró en vigencia el 28 del mismo mes con su publicación en el Boletín Oficial. La normativa fue un pedido del Departamento de Estado de Estados Unidos, mediante el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La ley profundiza la sancionada en 2007 -también a pedido del GAFI-, ya que duplica las penas del Código Penal y, a pesar que mantiene la ambigüedad acerca de quién es un "terrorista", cualquier organización social y persona que reclame podría entrar en esa categoría si un juez así lo dispone, ya que la protesta constituye un delito. La normativa, además, es un instrumento para atemorizar, disuadir y desintegrar lazos sociales. Los letrados especializados en la materia dicen que la imprecisión del concepto "terrorismo" en el texto de la ley constituye una herramienta que permitiría a los jueces violar derechos constitucionales. Los límites que se establecen para la libre interpretación del juez no son lo suficientemente claros y la finalidad "terrorista" puede aplicarse a cualquier actividad delictiva, lo que quedaría sujeto a la interpretación del magistrado interviniente. Cuando la ley se promulgó, el kirchnerismo recién entraba en su tercer período de gobierno y la Presidenta de la Nación dijo que "aún falta por hacer para los sectores más necesitados". Parece que los pobres pueden seguir esperando, pero no la ley para criminalizar la protesta social, que en apenas 12 días se sancionó y promulgó, y hoy la mandataria pide a los jueces que la apliquen. Por Liliana Giambelluca (especial para Agencia Walsh) | ||
lunes, 9 de abril de 2012
La presidente pide a los jueces que "agarren el código penal".
Comunicado ante las declaraciones de la presidenta del 4 de abril.
| Lunes, 09/04/12 | ||
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| QUEBRACHO (AW) Reproducimos el comunicado que en su momento difundió el MPR Quebracho en relación con las declaraciones de la Sra. Presidente de la Nación durante el acto de inauguración de obras en Bariloche el día 4 de abril pasado referidas a lo sucedido durante los actos del 2 abril, cuando militantes que se manifestaban frente a la embajada británica fueron duramente reprimidos por la policía. |  | |
| COMUNICADO DEL MPR QUEBRACHO ANTE LAS DECLARACIONES DE LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA NACIÓN AL QUE LE QUEPA EL SAYO QUE SE LO PONGAAnte las declaraciones de la Sra. Presidente de la Nación durante el acto de inauguración de obras en Bariloche en el día de ayer 4 de abril, y que los distintos medios de prensa pretenderán dirigidas hacia nuestra organización, La dirección nacional del MPR QUEBRACHO declara: 1 - Reafirmamos, como lo han dejado claro los propios organizadores del acto en cuestión, que nuestra organización no estuvo involucrada en los enfrentamientos con la policía del 2 de abril pasado. 2 - Deploramos las declaraciones del juez de Garantías de La Plata quien manifiestamente declara su animadversión contra nuestra organización, prejuzgando, violando la presunción de inocencia, y provocando; proponiendo "cagarnos a trompadas"; declaraciones que están en absoluta contradicción con su investidura y que merecen algo más que una "recomendación" por parte de la Presidente. 3 - Lamentamos los términos y el juego dialéctico en el que han entrado en sus últimas intervenciones la Sra. Ministro de Seguridad "Teresa" Garré y la Sra. Presidente, que terminan utilizando los mismos argumentos que el lopezrreguismo (y el duhaldismo), en oscuras etapas de nuestra historia, en la que ambas compañeras fueron víctimas de la violencia estatal. 4 - Despojar de politicidad y aducir manejos ajenos a la propia voluntad a las organizaciones políticas que se manifestaron el 2 de abril es un argumento peligroso y conocido. Seguramente la Presidente sabe bien que se trata de organizaciones políticas y que el recurso retórico de despojarlos de politicidad es poco feliz y falaz. Puede criticarse el método y la política, pero no puede negarse que se trata de organizaciones que hace años vienen construyendo política en la Argentina. 5 - Lo que llaman "extorsión" ante las (probablemente antipáticas) medidas de fuerza de organizaciones piqueteras, hay que exponerlas en la lente de la perversión extorsiva que significa que esas mismas organizaciones cuando eran oficialistas disfrutaban las mieles de la discrecionalidad con que se administran las políticas públicas y hoy son víctimas de haber optado por una posición de oposición, lo cual los despoja del acceso a las mismas. 6 - Sostener que se está esperando el apaleamiento o los tiros contra las propias organizaciones es el idéntico argumento que el duhaldismo esgrimió antes del fusilamiento de Darío Santillán. Los que tenemos muertos entre los nuestros, esas organizaciones del 2 de abril (y la Ministro y la Presidente saben de esto), nunca podríamos pensar la política así. Seguramente se trató de una expresión desafortunada pero que sería saludable aclararla. 7 - Tenemos muchas diferencias con cuestiones importantes de políticas de estado, y también saludamos y apoyamos otras políticas que indudablemente aportan a construir soberanía. Pero la jactancia de ser el gobierno que más avanzó en cuestiones de derechos, de democracia, se enfrenta a un abismo si despoja de politicidad las acciones de las organizaciones que no conculcan con sus planteos. 8 - Finalmente sostenemos que sería saludable así como lo hace QUEBRACHO, aún en sus propios errores, que las organizaciones que protagonizaron los hechos en cuestión del 2 de abril los expliquen de cara al pueblo, sino se alimenta la idea de titiriteros y de infiltraciones que todos los militantes populares sabemos que son fantasías en las manifestaciones populares que se utilizan justamente para armar argumentos que nos desarman a todos. 9 - Esperamos que otras manifestaciones de parte del gobierno sean menos despreciativas de la militancia popular, gran parte de la cual ha alimentado a este mismo gobierno, que no se siga insistiendo en lanzar el anatema y la infamia que ayer padecieron los actuales funcionarios y hoy en una mueca trágica de la historia se los lanzan a quienes "no tienen en caja". 10 - La operación de prensa de relacionar los dichos de la Presidente con nuestra organización es simplemente eso, una operación. Nuestra manifestación del 2 de abril fue clara y registrada por diversos medios nacionales e internacionales, aún así nos preocupa el tono de algunas de las declaraciones. Por eso al que le quepa el sayo que se lo ponga. | ||
El SPB garantiza gobernabilidad a cambio de mantener sus negociados.
| Domingo, 08/04/12 | ||
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| PACTO ASESINO "Lo dijo Juan Manuel Casolati, secretario de Ejecución Penal de San Martín, en la continuidad de su diálogo con Radio La Cantora, a una semana de hacerse pública la inspección que realizara al Complejo penal de San Martín acompañado del vicegobernador de la provincia. "El pacto es chantaje puro; en algún momento se rompe y el Servicio manda un mensaje claro al poder político: hechos de mayor violencia", como los tres asesinatos más recientes en tres cárceles bonaerenses. "Casal ha permitido el autogobierno y el descontrol absoluto de la fuerza", denuncia Casolati, advirtiendo que la escalada de violencia tendrá sus réplicas en el afuera". (AW) Las valientes declaraciones de Casolati sobre el SPB expresan en esencia la política estatal represiva en todo el territorio del país y en casi todos los sitios de encierro: Cárceles de mala muerte y buenos negocios con la sangre de los hijos más vulnerables del pueblo. Si bien el tema no es nuevo, ninguna otra gestión, luego de la tiranía, había recluido, torturado y asesinado tanto de uno y otro lado de las rejas. El Estado, hoy kirchnerista, es el mayor asesino serial e impune en el cual los hombres y mujeres que lo encarnan verbalizan la defensa de los derechos humanos que trituran en las acciones cotidianas. Por otra parte, las diferencias entre Cristina Kirchner y Daniel Scioli o Casal pueden ser grandes, pero aún mayores son las coincidencias que los hace impulsar juntos, en la misma boleta electal, en el mismo partido, por caso, un capitalismo plagado de exclusión y muerte. | ||
| "Sin dudas, todas las fuerza policiales se manejan mediante el chantaje y la extorsión. Los hechos de violencia lo muestran", señaló esta semana Juan Manuel Casolati, denunciando que la réplica del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) a la reciente inspección a los penales de San Martín fue el asesinato de tres detenidos. Según el secretario de Ejecución de ese distrito judicial, estamos frente a un "doble pacto, en el que nadie se anima a meter mano para limpiar porque se teme, justamente, que la cosa se desmadre y se pierdan estos niveles de gobernabilidad que fueron fomentados por el poder político de turno desde siempre con, en este caso, la anuencia del Servicio Penitenciario". Para explicar a qué se refiere con este doble pacto, Casolati señala: "El poder político en general lo que hace es negociar con la seguridad, en este caso con el Servicio, ciertos niveles tolerables de gobernabilidad. Negociamos con ustedes que nos garanticen la gobernabilidad del sistema. A cambio nosotros, el poder político, les permitimos que sigan con los negociados. Y, luego, la seguridad genera un nuevo pacto hacia el interior de las cárceles con un grupo minúsculo de detenidos y también negocian exactamente lo mismo. Negocian con ellos ciertos tipos de violencia, la gobernabilidad de las cárceles, a cambio de permitir que se sigan teniendo este grupo de detenidos, con la anuencia del Servicio, determinados negociados. Esto es chantaje puro porque este doble pacto en algún momento se rompe y es porque va de la mano de la ilicitud, de la irregularidad. Y es clarísimo en este caso que hay un doble pacto. El Servicio Penitenciario cuando quiere rompe con el pacto y manda un mensaje al poder político como en este caso". "Ahora ¿cualés son las soluciones a esta cuestión?", se pregunta entonces el propio Casolati, a lo que responde: "Me parece que lo que hay que hacer es resolverlo definitivamente y empezar a trabajar en serio. Ahora, ¿quién se atreve a hacer esto? ¿quiénes son los actores o los funcionarios que se animan a romper este doble pacto? Porque, además, este doble pacto es conocido por mucha gente. La Procuradora de la Provincia de Buenos Aires lo conoce porque, además, nació después del motín de Sierra Chica este doble pacto de gobernabilidad de la fuerza penitenciaria. Allí nace esta forma de hacer política de seguridad penitenciaria en la Provincia de Buenos Aires. Entonces, los mismos actores que inciden en las políticas públicas de la provincia de Bs As en materia carcelaria y de seguridad desde la época del motín de Sierra Chica y que mentaron y pergueñaron junto con el Servicio Penitenciario y la bonaerense este doble pacto como política pública, hoy están lugares estratégicos de la provincia de Buenos Aires; la procuradora, la responsable de lo que hagan los fiscales y los defensores. Esto es terrible, por un lado, y el Ministro Casal forma parte de aquel equipo". En este sentido, Casolati hizo referencia a la reciente designación de Florencia Piermarini como Jefa del SPB: "Independientemente de lo que ella pueda saber desde la teoría, lo que necesita la fuerza penitenciaria es alguien que la gobierne, que la direccione, que la administre. Y es evidente que esto no está pasando ahora. Lo que está diciendo Casal cuando la nombra a ella es `ponemos una cara bonita y seguimos permitiendo que la propia fuerza se autogobierne, se controle y circule por sí misma`. Cuando en realidad sabe que no se va a depurar la fuerza". Sin embargo, en referencia a una posible purga de funcionarios al interior de las instituciones implicadas, Casolati adverte que "no creo que la solución pase por cambiar figuritas y actores. Lo que hay que hacer es modificar políticas públicas. Casal puede irse o no; esto es una decisión que va a tomar él o el propio gobernador. Ahora, si el que viene mantiene como única política pública este doble pacto este de `garanticen mi gobernabilidad` y que haya un muerto cada tanto dosificado para que el sistema no explote y yo les permito que sigan los negociados. Si esto es así no se modifica ni cambia nada y seguimos en la misma. Yo creo que hay que modificar estrategias, la forma de abordar la cuestión y romper, destruir este doble pacto que es nefasto porque está asentado sobre la inmoralidad, sobre la ilegalidad, sobre la ilicitud. Esto hay que empezar a discutirlo porque este doble pacto existe; no es una situación ficticia, no es una cuestión dogmática ni es una teoría descabellada. Esto existe. No pasa ya por cambiar algunos actores o algún ministro, pasa por tener la decisión política. Visto por la visita que hizo el propio vicegobernador, pareciera que un sector político de la provincia de Buenos Aires quiere modificar las cosas. Ahora si lo que se quiere hacer es cambiar figuritas, sacar a un ministro y poner a otro, manteniendo la existencia de estas políticas públicas de doble pacto, yo creo que no se va a modificar nada y los índices de criminalidad, de violencia, de reincidencia y de inseguridad van a ir creciendo día a día, sin duda. Por último, el secretario de Ejecución Penal de San Martín reflexionó sobre las inminentes consecuencias que esta situación implica a su vez para la sociedad extramuro: "Los niveles de violencia y maltrato que hay en las cárceles sin duda se van a replicar y reproducir en el afuera. Esto es una verdad de perogrullo. Lo terrible es que la sociedad, excepto algunos actores que estamos comprometidos, los demás no se hacen cargo de estas cuestiones. Entonces siguen hablando de más seguridad en términos de más patrulleros, de más cámaras, de más policía, de más cárceles. Siguen hablando de la inseguridad como hecho terrible, pero se desentienden de lo que está pasando en las cárceles. Y eso es una mirada yo diría casi suicida. Que nuestra sociedad no quiera modificar el sistema carcelario es casi firmar un permiso de suicidio", apuntó categórico Casolati. | ||
Wente Winkul Mapu aclara las circunstancias de la muerte de policia.
| Domingo, 08/04/12 | ||
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| | A las Comunidades Mapuche en resistencia y a la opinión publica nacional e internacional, expresamos lo siguiente: | |
| 1.- Que el día 2 de abril recién pasado, un enorme operativo de la policía militarizada, una vez más, irrumpió en nuestra Comunidad con el objeto de allanar casas de comuneros. Este allanamiento lo encabezaba el fiscal antimapuche Luis Chamorro acompañado de carros blindados del GOPE y FFEE de Carabineros en un número superior a los 100 efectivos armados para la guerra. 2.- Procedieron a allanar dos casas de la Comunidad, en una de ellas y en frente de la dueña de casa, la cual es jefa de hogar con tres hijos, se procedió a incautar un par de espuelas viejas, una agenda y tomaron fotos de un póster alusivo a la causa Mapuche. Con posterioridad Carabineros afirma haber encontrado una escopeta hechiza, lo cual es absolutamente falso y se demostrará en su oportunidad. En la segunda casa y también frente a la dueña de casa, no se encontró nada, y después aparece un cartucho de escopeta calibre 12, de común uso en el campo. Las dos lamgen fueron detenidas y conducidas en la caravana, encabezada por Chamorro rumbo a Collipulli. De todo lo anterior hay múltiples testigos, entre ellos el jesuita Luis García Huidobro, quien presenció todo el operativo en las casas allanadas. La caravana encabezada por Chamorro y con las Lamgen detenidas se retira en absoluta normalidad y siguieron su camino rumbo a Collipulli. 3.- Luego que se retira parte de la caravana policial y en un lugar distinto al de los allanamientos, un contingente superior a los 60 carabineros irrumpe en otro sector de la comunidad, por distintos lados, disparando de manera indiscriminada en contra de la casas. Este sector ha sido atacado en múltiples ocasiones y se encontraba protegido por orden de la Corte de Apelaciones de Temuco, para evitar, justamente el actuar ilegal y arbitrario de la fuerza policial. En esta situación, es que cae abatido el sargento Albornoz, en el patio de la casa de una Lamgen, a un par de metros de su ventana, alejado de cualquier camino público o vecinal, en el interior de la Comunidad, en un lugar en que sólo se encontraban mujeres y niños, tal como quedó registrado por la prensa que llegó al lugar. 4.- Desmentimos categóricamente las afirmaciones irresponsables de la fiscalía y Carabineros cambiando día a día sus versiones acerca de los hechos. Primero se habló de emboscada en un camino público, cosa que se ha ido aclarando como totalmente falsa. Se habló de una bala 9mm, y resulto ser una bala calibre 38, de uso oficial de carabineros. Se afirmó que policías habían visto a un encapuchado con un arma de puño, ahora se habla de una carabina de largo alcance y francotirador. 5.- Que frente a estos evidentes intentos de preparar un montaje que acentúe la represión en contra de la Comunidad, nosotros somos los más interesados en que se aclare la verdad de lo sucedido y daremos todas las facilidades a una investigación seria y desprejuiciada. En este sentido, llamamos a las autoridades y a quien corresponda que retiren del manejo de la investigación al fiscal antiMapuche Luis Chamorro, por ser él una figura reconocida por levantar montajes en contra de mapuche, desde los días del juicio Poluco-Pidenco, por esa razón las forestales lo pusieron de vuelta en Collipulli. Ya se tomó contacto con funcionarios de la PDI para que realicen las pericias y tomen las declaraciones que corresponda. Lamentablemente, el lugar donde ocurrieron los hechos fue limpiado por carabineros antes que concurrieran los miembros de Labocar. Sin embargo, creemos que una investigación imparcial y profesional puede arribar al esclarecimiento de los hechos, cosa que no ocurrirá si continua Chamorro a cargo. 6.- La lamentable muerte del sargento Albornoz, seguramente provocada por una bala policial, es la consecuencia de la ocupación militar de nuestro territorio, los continuos allanamientos masivos y la violencia descontrolada de carabineros, fuerza que actúa como guardia privada de empresas forestales y latifundistas, ante la negligencia y silencio cómplice de los políticos que nada han hecho para resolver las causas del conflicto. Nosotros sabemos lo que significa la muerte por asesinato impune de nuestros hermanos Alex Lemún, Matías Catrileo y Jaime Mendoza Collio, tambien sabemos de la secuela de heridos, torturados y encarcelados que ha dejado este accionar represivo del estado en nuestras comunidades y somos los mas interesados en que esta situación de guerra en contra de nuestro Pueblo se termine. Ni la represión estatal, ni menos la ocupación militar del Territorio nos hará abandonar Nuestra justa Lucha ! Marrichiweu. Comunidad Wente Winkul Mapu Lof Chequenco -- Organización Mapuche Meli Wixan Mapu (De los Cuatro Puntos de la Tierra) http://meli.mapuches.org-meliwixanmapu@gmail.com Andes 2647. Santiago Centro fono celular: 084704432/088786928/093376696. | ||
La masacre de Malvinas.
| Lunes, 09/04/12 | ||
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| Mundial de fútbol y guerra de Malvinas fueron dos circos romanos donde la dictadura militar buscó validación popular. Lo siniestro es que la encontró” (aforismo implicado). “Además, aseguró que el conflicto bélico "no fue una decisión del pueblo argentino", en referencia a la última dictadura militar encargada de elucubrar, como coronamiento de su plan macabro, la guerra contra Gran Bretaña. "Memoria y verdad entonces, y fundamentalmente que se descorra el telón que pretende hacer creer al Reino Unido que aquella decisión fue del pueblo argentino", advirtió CFK y agregó: "Tampoco teníamos libertad los argentinos. Había presos sin nombre y apellido, y había detenidos desaparecidos que nunca volverán a aparecer". (Página 12. 2/4/2012)” |  | |
| (APe).- En el año 1989, a pedido del director de la Revista LOTE de Venado Tuerto, escribí “Lloren por mí, islas Malvinas”1 El aforismo implicado de hoy es el encabezamiento de ese trabajo. “Es natural pensar que "las Malvinas son argentinas". De eso sí se habla y no se cuestiona. Son argentinas y nos las arrebataron allá lejos y hace tiempo los piratas ingleses. Como es sabido, la verdad también puede ser una de las tantas formas de resistencia, generalmente frente a otras verdades que duelen más. Porque reconozcamos: la verdad de ser los propietarios históricos de las islas es una verdad cómoda y diría, hasta grata. Nos coloca en el lugar de la víctima inocente, de aquel que nada tiene que ver con su destino, del que padeció un abuso colonial porque el otro era más grandote.” Este párrafo es el comienzo de ese artículo, que iré intercalando en éste. Por eso la memoria que quiere justicia, elige cuál verdad le conviene más. Es como en las peleas matrimoniales. Cada miembro de la pareja a aprende a recordar lo que le conviene y a olvidar aquello que lo perjudica. Una verdad que puede ser sostenida tanto por gobiernos de la democracia como por gobiernos de la dictadura, es una verdad que merece ser analizada. O es tan contundente que atraviesa toda forma de gobierno, todo espacio político y cultural, o es demasiado útil para encubrir otras verdades que no resultan tan gratas. Una de esas verdades poco gratas es pensar que “La Argentina es las Malvinas”. Y la afirmación "la Argentina es las Malvinas" es una verdad que incomoda, que no resulta tan grata, porque ya no somos las víctimas inocentes de los abusos del grandote, sino victimarios complacientes, masoquistas que no pueden ocultar su identificación placentera con el sádico. Si las Malvinas son territorios propios que están usurpados por los imperialistas para su espúreo beneficio, donde los argentinos nativos o por opción son extranjeros en su tierra, entonces Puerto Argentino puede estar en el Bolsón, o en Sierra Grande, o en el Maitén, en Puerto Deseado, prácticamente en cualquier lugar de la Patagonia”. La des malvinización es la cara visible de un proceso de des argentinización que tiene en la etapa del menemato su expresión mas perfecta. Un no país en un no primer mundo, disfrutando las alucinaciones colectivas de la convertibilidad. El menemismo que fue votado por convicción una vez, si pensamos que la primera vez fue una estafa, de la cual de todos modos nadie pidió cuentas, con la excepción del entonces conocido como “grupo de los 8”, hizo estragos dolosos que no pueden ser reparados porque al menos las islas están, pero las empresas estatales que supimos conseguir, ésas, no volverán. Dijimos alguna vez que cuando el neoliberalismo llora, el capitalismo ríe. Nuestro capitalismo no ríe, porque es serio, pero no por eso deja de ser bien jodido. Estatizar hoy es apenas una forma de disimular, encubrir, sobre la rapiña de los grupos de poder. El Estado de Bienestar para el Estado es hoy una corporación formidable de la cual depende la vida de las personas, aunque esto se llame habitualmente asignación y planes. Una prueba y no necesito más, es la concesión de TBA y los subsidios que recibieron y que nunca llegaron a los desamparados usuarios. Veteranos de otras guerras cotidianas, de la micro política que empieza antes de subir al tren y termina después de bajar, para volver a empezar al día siguiente y así hasta que llegue la paz de algún cementerio. La guerra urbana del tránsito, donde la tecnología se pone al servicio de sacar fotos, cobrar multas, pedir velocidades mínimas en autopistas para recaudar, velocidades máximas en la ciudad para poder seguir la sincronización bipolar de los semáforos. Guerras supermercadistas, en la cual no hay inflación sino acomodamiento de precios, lástima que se acomoden pisando los pies. Por eso me parece lo menos importante de todo si el 2 de abril el pueblo quería o no quería desembarcar en Malvinas. Lo importante es que después del desembarco, validó. Por acción, omisión, evitación. “En ese momento no lo oculté, en este momento lo publico. Deseé el fracaso. Y entonces, por el predominio hegemónico de la intolerancia más absoluta frente a las diferencias, los auto denominados progresistas e incluso revolucionarios de izquierda decretaron mi condición de resentido y de traidor. Decretaron el fracaso de mi deseo, y su reemplazo por la culpa más abismal. Holanda en el fútbol e Inglaterra en la guerra obligaban, exigían, que la condición de argentino (a la cual se le agregaría posteriormente la cualidad de ser derecho y humano) fuera la condición principal que excluía todas las demás. La fiesta de todos, como se llamó la película que conmemora el acontecimiento deportivo” 7 años después del desembarco, tuve la oportunidad de escribir lo que sentí y pensé en ese momento. Hoy publico lo que siento en este momento. No hay veteranos de guerra. Hay sobrevivientes de una masacre. El desembarco fue la continuación del genocidio por otros medios. De lo injusto, no puede nacer lo justo. Ni guerra, ya que nunca se declaró como tal. Ni guerra, porque ni un solo capital británico fue confiscado. Entonces a 30 años, las palabras, que son poderosas, deberían acotarse. Hablemos de la fase terminal del genocidio, y de la necesidad de los dictadores de huir arremetiendo. Pero arremetiendo con los cuerpos de jóvenes inexpertos, mal entrenados, y secuestrados por esa otra institución de la cultura represora que se llama “servicio militar obligatorio”. León Rozitchner escribió “Malvinas: de la guerra sucia a la guerra limpia”. Texto revelador en el cual están las claves para entender que la única guerra que los militares sostuvieron fue la sucia. Guerra limpia: o sea, masacre santificada por una causa nacional no cuestionable, a saber, la propiedad de las islas. Hoy está todo al descubierto: la causa del imperio es nuestra causa y se llama petróleo. Y es nuestro, a pesar que durante años Repsol se enriqueció sin invertir, como parece descubrirlo La Cámpora, preguntando en afiches autogestionados donde están las inversiones. ¿Por qué no le preguntan a Devido? Repsol es otro de los nombres de la traición a la YPF estatal, ya que ahora importamos combustibles y tenemos estaciones de servicio quebradas. La continuación del genocidio por otros medios. Por eso se pide que las torturas y malos tratos recibidos por los soldados argentinos por los bravos oficiales sean considerados crímenes de lesa humanidad. Por eso afirmo: no hubo guerra de Malvinas. Hubo masacre, y rindo honor y respeto a todos los que sobrevivieron a ese horror. Pero he visto en algunos actos, especialmente en mar del plata cuando Volonté cantaba Aurora, un cierto aroma de militarización. No sé si forma parte del “Proyecto X”. De todos modos, conviene estar alerta. Una justicia que no puede condenar a la Hiena Barrios, no creo que pueda condenar a los herederos actuales de antiguas masacres. La tentación de armar nuevos circos romanos es demasiado fuerte para que el Poder la abandone. Al menos, aprendamos a abandonarla nosotros. | ||
martes, 3 de abril de 2012
19/24 bueno promedio. Van x +, van x todas!
| Martes, 03/04/12 | ||
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| De las 24 provincias, en 19 han sido registrados casos de criminalización de la protesta civil Preocupadas por la criminalización de las protestas y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados. | ||
| Preocupadas por la criminalización de las protestas sociales y por las persecuciones y asesinatos de luchadores populares, organizaciones sociales argentinas investigaron y sistematizaron datos sobre situaciones que atentaron contra los sectores populares movilizados; el resultado fue el Informe sobre criminalización de la protesta, publicado en el mes de marzo. El documento muestra el resultado de la sistematización de causas abiertas en Argentina entre 2001 y 2012 contra sectores como organizaciones sindicales, partidarias de derechos humanos, organizaciones de trabajadores desempleados, movimientos estudiantiles, indígenas y ambientalistas, entre otros. El informe señala que existen actualmente en el país 4.000 personas criminalizadas y procesadas. La cantidad de luchadores sociales que fueron asesinados desde 2001 suma cerca de 70 personas. La criminalización de la protesta, tema principal del informe, es definida como una "estrategia política que presenta ante la sociedad a la lucha por los derechos sociales como delitos y a los sectores que las promueven como delincuentes”. Su intención es reprimir a las organizaciones populares y amedrentar a los que utilizan el legítimo derecho a organizarse y exigir la resolución de sus necesidades. El gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner es señalado por los autores del informe como otro que se sirve de la criminalización para intentar disciplinar y desmovilizar a aquellos que cuestionan la miseria y la opresión y para frenar las luchas de los trabajadores y de diversos movimientos sociales argentinos. Entre las principales metodologías para criminalizar la protesta social el informe señala: cooptación, procesos judiciales, represión estatal directa y criminalización política y mediática de las organizaciones independientes del Estado –tácticas utilizadas para castigar a los involucrados en huelgas, movilizaciones, bloqueo de carreteras, piquetes, campamentos y ocupaciones de edificios públicos y plazas. El Informe sobre criminalización de la protesta ofrece datos sobre investigaciones realizadas desde el comienzo de 2011. Hasta entonces, se sistematizaron informaciones sobre 2.268 luchadores/as sociales criminalizados/as. Basado en 2.198 casos, en el informe se señala que a partir de 2003 creció el número de personas procesadas. Los años 2009 y 2010 abarcaron el 47,2% de los procesados hasta 2012. Sobre el total de 2.238 casos, los sectores más criminalizados fueron el sindical (31,6%) y los pueblos originarios (31,4%). Las organizaciones partidarias siguen con el 11,5%. Al investigar los tipos de conflictos más criminalizados, las organizaciones autoras del informe descubrieron que los conflictos que involucran los derechos y las demandas por tierra y vivienda crecieron el 32,3% y los que involucran los derechos y reclamos de trabajadores llegaron al 31,7% basado en 2.256 casos de 2001 a 2012. "En coincidencia con los datos reflejados en el punto anterior, queda evidenciado que estos conflictos que expresan la lucha por los derechos más elementales son aquellos a los que el Gobierno no ha dado respuesta en todos estos años, y sobre los que ha descargado con mayor crudeza su política de persecución y criminalización”, se señala en el informe. Basado en 2.221 casos que cuentan con datos específicos sobre el lugar donde ocurrió el conflicto, en el informe se revela que en 19 de las 24 provincias del país se criminalizaron las protestas. La provincia y la ciudad de Buenos Aires concentraron el 48% de los casos registrados, seguida por Río Negro (23,4%) y Neuquén (5,8%). Desde 2001 hasta el presente se identificó a 167 organizaciones, comunidades y grupos que sufrieron por la criminalización de sus acciones. Entre ellas están los Afectados por Represas, Agrupación Estudiantil 29 de mayo, Comunidad Cacique Esteban Tracaleu, Federación de Trabajadores y Empleados Telefónicos, entre otras. Recordando el período en que Néstor Kirchner estuvo en el poder y los años de mandato de Cristina Fernández, presidente por segunda vez, las organizaciones afirman que la impunidad continúa siendo una política de Estado y la criminalización de la protesta social una herramienta necesaria para sustentar el sistema que privilegia a pocos en detrimento de las necesidades de muchos. "Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay 850 genocidas procesados, y más de 4000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes”, denuncian. El informe fue realizado por la Asociación de Ex-detenidos Desaparecidos (AEDD), Asociación de profesionales en lucha (Apel), Centro de Abogados por los Derechos Humanos (Cadhu), Centro de profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH), coordinadora Anti-represiva por los Derechos del Pueblo (Cadep), coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi) y Liberpueblo. Traducción: Daniel Barrantes. barrantes.daniel@gmail.com www.adital.com.br | ||
viernes, 30 de marzo de 2012
Balearon la vivienda de los Ragni.
| Lunes, 26/03/12 | ||
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| LAS DE PLAZA DE MAYO, NEUQUEN Y ALTO VALLE y la CORRIENTE DE MILITANTES POR LOS DERECHOS HUMANOS. CONVOCAN a CONFERENCIA DE PRENSA Se realizara viernes 30 de marzo a las 11,30 hs. en Mascardi 55 - Casa de las Madres de Plaza de Mayo - Para denunciar públicamente que la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni - Oscar e Inés - ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes. se pueden observar los rastros de por lo menos 4 balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de tod@s ante esto que estamos denunciando. | ||
| El lunes a la madrugada, la vivienda de Inés y Oscar Ragni fue atacada a balazos por desconocidos, según se informó ayer al cierre de esta edición a través de un comunicado de prensa firmado por la Asociación Madres de Plaza de Mayo filial Neuquén y Alto Valle. La vivienda está ubicada en la calle Mascardi 55, en el barrio El Progreso de esta ciudad. El texto del comunicado expresaba que "la vivienda en la que funciona la Casa de las Madres y vive la familia Ragni ha sido objeto de un ataque en la madrugada de este lunes". El documento señala que "se pueden observar los rastros de por lo menos cuatro balazos en una de las puertas de ingreso a la vivienda. Descontamos que se podrá dimensionar la gravedad de este hecho y la preocupación de todos ante esto que estamos denunciando". Desde Madres de Plaza de Mayo se convocó a una conferencia de prensa para hoy a las 11.30 en la sede de esta organización donde se brindarán detalles de lo sucedido. Tanto Inés como Oscar estuvieron presentes el miércoles en el inicio de las audiencias del segundo juicio contra 24 represores acusados de delitos de lesa humanidad ocurridos en la región durante la última dictadura militar. En la oportunidad, en el interior del Tribunal Oral Federal de Neuquén, Inés Ragni junto a otros familiares de víctimas de la represión, expresaron su repudio a los acusados. Piden que se investigue agresión Durante la audiencia de ayer, la querella del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh), representada por Ivana Dal Bianco y Natalia Hormazabal, presentó un pedido al tribunal para que se investigue la agresión que sufrió el miércoles Nadia París, quien fue alcanzada por una granada de gas lacrimógeno, lanzada desde uno de los vehículos que trasladaba a los imputados cuando estos se retiraban al final la audiencia. "Responsabilizamos al tribunal porque son los encargados de la seguridad", señalaron las abogadas, que recibieron la respuesta del presidente Orlando Coscia de que el hecho será investigado. Nadia, hija de Eduardo París, quien estuvo secuestrado en La Escuelita, expresó "estamos disconformes con lo que está sucediendo en las audiencias porque todas las medidas restrictivas son hacia el público, es como que se está protegiendo a las personas que secuestraron torturaron y desaparecieron a nuestros familiares". El Tribunal evaluará si imputa a los acusados por Genocidio El Ceprodh ratificó su intención de acusar a los imputados por el delito de Genocidio, tal como lo estipula la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Las defensas quieren que se separen las causas de los policías de las del resto de las fuerzas de seguridad, por una cuestión de jurisdicción. Mañana a las 9 el TOF deberá expedirse. Luego de una breve sesión, el debate oral y público entró en un cuarto intermedio pasadas las 16 hasta mañana a las 9. En ese tiempo deberá decidir con varios planteos de las partes (cuestiones preliminares), antes de iniciar las indagatorias previstas para el 11 de abril próximo. De parte de las defensas de los acusados, los planteos tienen que ver concuestiones de jurisdicción e incumbencia. Estos planteos provinieron de parte de los policías rionegrinos acusados, quienes entienden que si eran empleados de la provincia, la jurisdicción que debería juzgarlos es la provincial. En el caso de Ignacio Del Magro, su abogado Rodolfo Ponce de León aseguró que deben ser juzgadas en forma separada las responsabilidades de las fuerzas de seguridad nacionales que la de las provinciales. Este argumento fue rebatido por las querellas, para quienes hubo un plan sistemático de represión, del que participaron en forma coordinada todas las fuerzas de seguridad. Hubo también -de parte de las defensas- un planteo de nulidad de todo lo actuado del abogado Corigliano. Por parte de la querella, fue el Ceprodh el que planteó la necesidad de acusar a los imputados de delito de genocidio, de acuerdo con lo establecido en la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, a la que adhirió el gobierno argentino. www.8300.com.ar Nato Cantero | ||
Sábado 31 13hs. La lucha 2012, FM107.5mHz.
| Viernes, 30/03/12 | ||
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| La Lucha que nos parió... el programa de HIJOS La Plata Entrevistamos a un integrante del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia, espacio que presentó el día 23/03 el informe sobre la Criminalización de la Protesta durante los gobiernos de los Kirchner. Ponete en tema: Sitio web de EMVJ Descargar Informe en formato PDF Recordamos el “DÍA DEL JOVEN COMBATIENTE” que conmemora en Chile el asesinato de los hermanos Rafael y Eduardo Vergara Toledo, y Paulina Aguirre, que pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR). Establecemos un paralelo con la “Masacre de Avellaneda”, donde asesinan a Maximiliano Kosteki y Darío Santillán. Ponete en tema: SUBVERSO-JOVEN COMBATIENTE (YOUTUBE) CCTT-29/03 DIA DE LOS Y LAS JÓVENES COMBATIENTES CCTT-Carta de los Padres de los Hermanos Vergara Toledo Sábados 13hs. FM Universidad 107.5mHz Escuchálo en vivo por Internet: Radio Universidad Contactos: lalucha2012@gmail.com//hijoslalucha.blogspot.com.ar hijos_laplata@yahoo.com.ar//hijosprensa.blogspot.com.ar fb/t/G+: Hijos La Plata | ||
jueves, 29 de marzo de 2012
4/4 18hs, movilización a la Casa de la prov. de Neuquén.
| Miércoles, 28/03/12 | ||
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 CABA, 4/4 18hs, A 5 años del fusilamiento de Carlos Fuentealba, movilización a la Casa de la provincia de Neuquén. | ||
| A CINCO AÑOS DEL FUSILAMIENTO DE CARLOS FUENTEALBA, CONTINUAMOS EXIGIENDO JUSTICIA COMPLETA YA! Desde la Comisión Carlos Presente (CO.CA.PRE.) convocamos a todas las organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos a concentrarse el 4 de abril a las 18 Hs en el Obelisco para movilizarnos hasta la Casa de la provincia de Neuquén y exigir que se investigue a los autores políticos e intelectuales del asesinato de Fuentealba. El 4 de abril de 2007 en Arroyito, durante una movilización docente fue fusilado por la policía provincial Carlos Fuentealba. Con la pelea de su compañera de vida Sandra Rodríguez y los docentes neuquinos se logró el procesamiento y la condena del cabo Darío Poblete en la denominada Causa Fuentealba I. Cinco años más tarde, los responsables políticos y autores intelectuales siguen impunes gracias a la complicidad de la justicia y el poder político de la región. La Causa Fuentealba II, que busca investigar las responsabilidades políticas se encuentra trabada por el andamiaje judicial organizado por la alianza histórica entre el poder judicial y el Movimiento Popular Neuquino que mantiene la impunidad de los privilegiados en la provincia.A cinco años del asesinato del docente Carlos Fuentealba exigimos que sea investigado y acusado Jorge Omar Sobisch, gobernador de Neuquén en ese entonces y una de las cabezas del Movimiento Popular Neuquino, partido político que gobierna la provincia desde 1962. Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires vemos que actualmente se están ejecutando políticas de estado basadas en la tercerización de la represión mediante el accionar directo de policías provinciales y agentes parapoliciales. El asesinato de Mariano Ferreyra, ejecutado por una patota y con complicidad de la Policía Federal y la represión a pobladores catamarqueños que protestaban en contra de la megaminería son ejemplos de ello. Hoy, la represión y el patoterismo, están amparados bajo la Ley Antiterrorista, ideada por el actual gobierno nacional. Desde la Co.Ca.Pre Buenos Aires, consideramos que Carlos Fuentealba es un ejemplo de docente a seguir, un docente comprometido con la transformación de la realidad de sus compañeros y de sus alumnos. Luchar por la justicia completa es luchar contra la impunidad, por una educación pública para todos ¡La justicia que no es completa, no es justicia: cárcel para Sobisch y para los policías responsables del operativo! ¡Carlos Fuentealba presente, ahora y siempre! Contactos: Beto Rodríguez (familiar): 15-59983362 Joaquín: 15-3880-1739 ANRed Comisión Carlos Presente | ||
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Silencio K y sorpresa de la CIDH.
| Martes, 27/03/12 | ||
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| Un país, dos realidades y un Estado mudo Convocado para abordar la situación de los pueblos originarios, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado argentino reivindicó la política oficial para los pueblos indígenas y no respondió a las preguntas del organismo continental. Organizaciones de derechos humanos denunciaron la criminalización y represión del Estado y del modelo extractivo. | ||
| "El Estado ha tomado nota y con mucho gusto responderemos por escrito previa consulta a las autoridades competentes". Fue el inesperado cierre (cuando en realidad debía responder preguntas), del representante del Estado argentino en la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se expuso la situación de los pueblos indígenas de Argentina. La audiencia había sido solicitada por organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas, que denunciaron el incumplimiento de la legislación indígenas, la criminilización y represión, y el avance de empresas mineras, petroleras, forestales y del monocultivo de soja. "Pesa a la obligación del Estado de proteger los territorios indígenas, siguen los desalojos. Hay numerosos casos en Tucumán afectados por vitivinícolas y mineras, veinte casos en Neuquén por petroleras, hay graves impactos por los desmontes, por ejemplo en Salta. Esta falta de definición de los derechos territoriales indígenas, y la lucha por el territorio, deriva en graves sucesos de violencia como en Neuquén, Tucumán y Formosa. Existen graves represiones, con indígenas seriamente heridos y asesinados", denunció Silvina Zimerman, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y señaló la "paradójica situación" que se vive en Argentina, donde las comunidades indígenas son perseguidas "acusadas por usurpación de sus propias tierras". La CIDH convocó a la audiencia especial, el 23 de marzo pasado en Estados Unidos, a pedido de (además del CELS) las ONG Abogados y abogadas del Noroeste argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) y el Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas (Odhpi). En el marco del 144 período ordinario de sesiones, el tema era: "Situación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina" Zimerman fue la primera oradora por parte de los solicitantes de la audiencia. Remarcó que, en los dos últimos años, tres comités de Naciones Unidas y la Oficina sobre Derechos a una Vivienda Adecuada llamaron la atención al Estado argentino y solicitaron que "revierta una patrón por el cual muchas comunidades indígenas no cuentan con títulos de propiedad, no saben qué territorios les pertenece, no pueden gozar de sus recursos naturales y no son consultadas cuando se toman medidas que los afecta". "Están siendo desalojadas de sus territorios y cuando desarrollan estrategias de defensa sufren criminalización y, en algunos casos, graves episodios de violencia", resumió. El CELS remarcó el incumplimiento de la legislación referida a pueblos indígenas. Ejemplificó con la Ley 26160, que debiera suspender los desalojos y realizar un relevamiento territorial. "Su implementación ha sido completamente deficiente", afirmó Zimerman, y detalló que, a mayo de 2011, se habían vencido siente convenios con Provincias para realizar relevamientos, tres provinciasse niegan a realizar el relevamiento y, en Catamarca (donde Nación se hizo cargo del censo catastral), no se delimitó el territorio de ninguna comunidad. Recordó que en Neuquén y Río Negro hay 300 mapuches "imputados y perseguidos" por defender el territorio y remarcó que "la actitud del Estado argentino queda evidenciada en el hecho que no está participando de esta audiencia la principal autoridad nacional, el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)". Felix Díaz, de la comunidad qom Potae Napocna Navagoh (La Primavera) de Formosa, recordó que tenían "buena vida" cuando contaban con el territorio, pero sus males comenzaron cuando se "privatizaron los campos, que ahora están en manos de quienes sólo le interesa la actividad económica". Díaz responsabilizó a "los gobiernos y las empresas" por la situación de los pueblos originarios. "La política del Estado ha justificado el despojo de tierras con muchas leyes. Nos confunde, la mayoría somos analfabetos, nos hace desesperar (...) Cuando se crean las cuestiones burocráticas, se ha legalizado la muerte de los indígenas", explicó el líder qom. Aún no habían pasado los veinte minutos asignados para hablar a las organizaciones, y las denuncias se acumulaban. El pequeño salón, lugar de la audiencia, ubicaba a los comisionados de la CIDH en el centro. A la izquierda, los organismos de derechos humanos y Díaz. A la derecha, los funcionarios del gobierno argentino. Verónica Huilipan, con doble representación (Observatorio de Derechos Humanos de Pueblos Indígenas y vocera de la Confederación Mapuche de Neuquén), comenzó su exposición en idioma mapuche. "Nos encontramos ante una situación de tremenda violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas en Argentina", aseguró y acusó al Estado de enfocar la realidad de las comunidades como una situación de pobreza y no de derechos. Precisó que desde 2006, cuando se sancionó la Ley 26160, se agravó la criminalización de quienes defienden el territorio. "Ya tenemos que contar muertes de hermanos", lamentó y denunció al INAI por "dejar desprotegidas a las comunidades". Explicó que el movimiento indígena tiene propuestas concretas de políticas públicas que superen la situación actual, pero lamentó que no exista diálogo político entre el Gobierno y los pueblos originarios. Solicitó a la CIDH que contribuya a la conformación de un mesa de diálogo político que permita superar la situación de criminalización y represión. "Los últimos 15 años se ha agravado el despojo territorial. El norte del país, sobre todo NEA y NOA, padecen una crisis humanitaria", finalizó. Otra Argentina  Los representantes del Estado también contaron con veinte minutos para exponer. Javier Salgado, de la Cancillería argentina, comenzó con una aclaración: "El Estado no va a formular observaciones específicas, sino generales, que abarcará en perspectiva la situación de los pueblos indígenas en Argentina". Mencionó la reforma constitucional de 1994 (que reconoce los derechos indígenas) y aplicó un argumento conocido: "Luego de una década de política noeliberal, donde no estuvieron en agenda las comunidades indígenas, a partir de 2003 se gesta un proceso de efectiva ejecuciones de las obligaciones internacionales del Estado en materia indígena".  Fue muy breve y dio paso a Andrea Gualde, funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos, que -ante la sorpresa de los presentes-, comenzó a leer un informe. Afirmó que hubo avances en tres aspectos: identidad, tierras y acceso a la Justicia. Y destacó que el actual Gobierno sancionó "tres leyes fundamentales" para los pueblos indígenas: Ley 26206 (de Educación Nacional) que "establece la educación intercultural bilingüe", la 26522 (de Servicios de Comunicación Audiovisual) que, remarcó Gualde, "reserva frecuencias de radio AM y FM, y de televisión" para las comunidades. Y la Ley 26160. En contraposición con los expositores que le antecedieron, la representante del gobierno argentino destacó que fueron "relevadas 305 comunidades, siete provincias finalizadas, 3.270.403 hectáreas". "Se han realizado acciones positivas encontrándose en la actualidad la instrumentación de títulos comunitarios en 4.500.000 hectáreas en todo el país", señaló y, respecto al acceso a la Justicia, precisó que el INAI realizó un "esfuerzo presupuestario de 8,5 millones de pesos" en un programa permanente de abogados, agrimensores y antropólogos que han elaborado "26 proyectos que benefician a 429 comunidades" (no precisó qué proyectos). "Para dar una idea de la importancia en la agenda pública, la Presidenta en la primera sesión del Congreso de este año anunció la incorporación de la propiedad indígena en la propuesta de modificación del Código Civil argentino", recordó Andrea Gualde y, siempre leyendo el discurso, aseguró que "a partir de 2003, el gobierno nacional asumió como política de Estado no sólo la consulta a los pueblos indígenas en todos los intereses que los afecten sino también en la construcción conjunta de políticas públicas en relación a la instrumentación del reconocimiento de las tierras que tradicionalmente ocupan". La funcionaria habló durante poco más de diez minutos. Siempre leyó el informe. Sólo levantaba la vista de las hojas cuando hacía pausas en la lectura, miraba a los representantes de la CIDH, y volvía a sumergirse en las hojas A4. Preguntas Los comisionados de la CIDH hicieron consultas: -¿Efectivamente se está cumpliendo el Convenio 169 de la OIT en lo que respecta a la consulta previa para todo proyecto que afecte a las comunidades indígenas? -¿Existe reglamentación en Argentina para llevar a cabo la consulta previa a las comunidades? -¿Cómo se explican los desalojos forzosos a pesar de las leyes vigentes (que los prohíben)? -¿Cómo hay una disparidad tan marcada entre la Argentina que ustedes señalan y la Argentina que ellos viven? (Preguntaron mirando al sector del Estado). -¿Qué ocurre que "estas medidas" (las leídas por el Estado) no llegan a beneficiar a las comunidad y aún existe criminalización y persecuciones? -¿Por qué no llegaron todas las provincias a cumplir con la Ley de Emergencia 26.160? (el Estado había afirmado que, a seis años de sancionada, sólo en siete provincias se había finalizado el relevamiento catastral) -¿Qué mecanismo falta para que los pueblos indígenas puedan disfrutar de los efectos de la Ley 26.160? La CIDH otorgó cinco minutos a cada representación. Respuestas  Verónica Huilipan graficó lo que se estaba viviendo en la audiencia: "Ponemos en evidencia dos países distintos. Esta situación muestra el vacío de la política pública, sino no tendríamos el nivel de criminalización, violencia y asesinatos por defender el territorio". Explicó que el derecho a la consulta del Convenio 169 no está reglamentado. "Por eso las extractivas están generando un proceso de violación de territorios tremendamente fuertes. Mineras, petroleras, forestaciones, monocultivo de soja, están generando expulsiones tremendamente violentas de norte a sur del país, de este a oeste".  Silvina Zimerman, del CELS, confirmó que el derecho a la consulta no está reglamentado, pero subrayó que en la práctica igual se podría poner en marcha. También afirmó que "en ningún caso (de Argentina) se pone en práctica el derecho a la consulta" a las comunidades indígenas. Incluso remarcó que el anuncio de la Presidenta en el Congreso (respecto al proyecto de ley para modificar el Código Civil e incorporar la propiedad comunitaria indígena) tampoco "fue consultado con ninguna comunidad". Reconoció que el Estado argentino es pionero en la sanción de leyes y reconocimiento de derechos, pero al mismo tiempo no los cumple. Cerró su discurso con otra característica de las políticas públicas para los pueblos originarios: modificar algo, para no cambiar nada. "Es curioso, la 26160 releva los territorios pero no garantiza títulos de propiedad", lamentó. Silencio La Comisión Interamericana de Derechos Humanos dio la palabra a los representantes del Estado argentino. Cinco minutos para responder las consultas. Javier Salgado, de Cancillería, explicó que habían tomado nota de todas las consultas, prometió que consultarían a las "autoridades competentes" y que responderían por escrito. Aunque le sobraban más de cuatro minutos, no respondió ninguna consulta. Tampoco la funcionaria de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación, Andrea Gualde. Los comisionados de la CIDH, que moderaban la audiencia, miraron sorprendidos. Y, ante el silencio del Estado, dieron por finalizada la jornada. audio odhpi.org Darío Aranda | ||
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