NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

martes, 2 de octubre de 2012

Conferencia de prensa 3/10 a las 19hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

El 14 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la medida de no innovar en el predio de la ex fábrica Campomar, en Valentín Alsina, pedido que había  presentado la Comisión Provincial por la Memoria. El 19 de septiembre la propia Cámara le tomó testimonio a seis vecinos que aseguraron o dieron indicios serios de que en Campomar habría funcionado un centro clandestino de detención, fusilamiento y quizá, enterramiento de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983.

Coches policiales y militares entrando y saliendo por los portones que dan a la avenida Remedios de Escalada; helicópteros descendiendo y ascendiendo del predio; gritos, tiros en la madrugada, ropa tirada en los alrededores de un predio que tiene una extensión de más de cinco hectáreas.
Los rumores sobre estos hechos corrieron durante décadas sin que nadie, ni el estado nacional ni provincial ni municipal, los haya investigado jamás.
Nuestro barrio sufrió la represión militar y está probado por la Justicia que la comisaría tercera de Alsina participó dentro de lo que se conoce como el “Circuito Camps.” Dicha seccional está a tres cuadras de los portones de Campomar.

Los seis testimonios sólo son la punta del iceberg. Sabemos que hay más vecinos que vieron y escucharon, pero no queda mucho tiempo. Pasaron 20 de los 30 días que la Cámara Federal de Apelaciones dio para investigar los hechos denunciados pero el Equipo de Antropología Forense aún no ha intervenido. Del testimonio de un antropólogo surge que hay otras posibilidades de investigar como el uso de la Geoquímica con prospección arqueológica que localiza áreas con presencia potencial de huesos y la Arqueometalurgia, que detecta objetos metálicos.
En diez días la Cámara decidirá si prolonga por treinta días el plazo de no innovar o considera que no hay indicios serios y revoca la medida liberando a Electroingeniería para que reanude las obras demoliendo los dos edificios centrales y con ello, algunas de las pruebas de lo que se intenta investigar. En la práctica, sería el fin de la investigación.
Nuestra convocatoria a una conferencia de prensa es para dejar constancia de dónde viene todo y qué es lo que está sucediendo. No hay para nosotros ninguna otra intención más que la de saber qué pasó allí. Si hubo personas que fueron secuestradas y llevadas para torturarlas, asesinarlas y, tal vez, enterrarlas en esa ex fábrica.
Sus familiares tienen derecho a saberlo; nosotros tenemos derecho a saberlo.
Los desaparecidos tienen derecho a que se sepa dónde están.
Como comisión de vecinos de Alsina pedimos que haya una decisión política para que, de verdad, se investigue. La búsqueda de la verdad nos hará mejores vecinos; mejores personas. Más dignos.

Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad”

La Comisión de Vecinos “Valentín Alsina por la Verdad” convoca a una conferencia de prensa este miércoles 3 de octubre, a las 19 hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.

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jueves, 20 de septiembre de 2012

ESCRACHE


Sergio Verduri en el Juicio “Circuito Camps”

En las audiencias del Juicio Circuito Camps se mencionó a Verduri en la acusación fiscal por los hechos de los CCD Puesto Vasco y Cot 1 de Martínez.

La causa Puesto Vasco se inició con la denominación n° 3/Secretaría Especial, y estaba caratulada como “Raffo, José Antonio y otros s/ desaparición forzada de personas”. Raffo era un médico policial integrante de las patotas del conurbano sur como Puesto Vasco, y los Pozos de Quilmes y Banfield. Raffo encabezaba la acusación, pero murió impune hace algunos años, lo que demuestra el grado de impunidad de que gozaron y gozan muchos genocidas pese a estar procesados en varias causas, porque los juicios no llegan nunca (y se mueren impunes) o porque cuando llegan reciben beneficios extraordinarios (como excarcelaciones o domiciliarias).

En la causa que llega a juicio sobre Pueto Vasco y Cot 1 de Martinez, denominada ahora “Tarela y otros..” son imputados en el requerimiento fiscal 9 represores: Rodolfo Aníbal Campos, Miguel Osvaldo Etchecolatz, Eros Amilcar Tarela, Norberto Cozzani, Roberto Antonio Cabrera, Sergio Arturo Verduri, Jorge Antonio Bergés, Ibérico Saint Jean y Jaime Smart. Sólo 3 de estos 9 son procesados específicos de estos centros: Tarela, Verduri y Cabrera.

La acusación fiscal contempla sólo 70 casos de personas que pasaron como detenidas ilegales por esos CCD.  Recordemos que según la investigación de la AEDD, sólo en Puesto vasco pasaron al menos 67 personas como detenidos ilegales (64 fueron liberadas, dos desaparecidas y una asesinada). Sólo en Puesto Vasco, y esta causa incluye Puesto Vasco y Cot 1 Martínez.
Hay varios hechos que fueron parte de la causa y en los que se declaró falta de mérito o que aún no han sido resueltos por la Cámara Federal de Apelaciones, que por ello no son parte de este juicio y  se promete que “deberán conformar un nuevo expediente”.

Sergio Verduri fue Oficial de la Dirección General de Investigaciones entre ’76-’77 y de la Brigada de Investigaciones de Lanús entre ’77-‘79. Acusado por 32 casos del CCD “Puesto Vasco” (Subcomisaría Don Bosco, Quilmes).
Al igual que la mayoría de los represores juzgados en el Juicio “Circuito Camps” Verduri llegó al proceso sin pisar la cárcel. Goza de la prisión domiciliaria en su casa de Avda Rivadavia 14.480, Ramos Mejía, y lo va a buscar y lo devuelve a su casa el Servicio Penitenciario Federal para cada audiencia los días Lunes y Martes.
En su indagatoria frente al Tribunal Oral 1 de La Plata, Verduri se negó a declarar, pero hizo un infame pedido: si no podían pasarlo traerlo más rápidamente desde su casa a las audiencias, porque sufría claustrofobia y le podía provocar taquicardia.

En el caso de Héctor Mariano Ballent, Jefe de Ceremonial del gabinete del Gobernador Calabró y secuestrado como parte del operativo que chupó a una decena de sus funcionarios, a Verduri se lo acusa sólo por su secuestro en “Puesto Vasco”, no por torturas, ya que si bien la fiscalía entiende que el hecho mismo de haber estado privado ilegalmente de la libertad en los centros clandestinos de detención constituye el tipo penal de aplicación de tormentos, se lo acusa de esta manera “en respeto del derecho de defensa del imputado y del principio de congruencia”. Similar situación argumentó la fiscalía para descartar la acusación a Verdui respecto de las privaciones ilegales de la libertad y los tormentos sufridos por Roberto Hualde y Jorge Daniel Rubinstein, dictados además la falta de mérito a favor de Cabrera en el caso Hualde y por no haber sido indagado ni procesado por el caso de Rubinstein.

También en el juicio “Circuito Camps”, el testigo Osvaldo Papaleo refirió que Verduri era uno de los oficiales que estaba a cargo en “Puesto Vasco”. Papaleo ya había testomniado en en 2007 en el juicio a Cristian Von Wernich que entre los represores que actuaban en ese CCD estaban Cabrera, Lechner, Pretti y Verduri.

De hecho en una indagatoria previa al juicio “Circuito Camps” el propio Verduri asumió que en marzo del ‘77 fue transferido a la Brigada de Investigaciones Lanús y en abril del mismo año se le ordenó que debía prestar funciones en la Subcomisaría de Don Bosco, cada vez que le fuera requerido, siendo por lo tanto su función allí esporádica. En ese sentido, expresó que quien estaba a cargo de la dependencia mencionada podía indicarle que actuara como “oficial de guardia, con lo que la función cambiaba para desempeñar la custodia de los detenidos, su alimentación y las cosas normales que suceden en una dependencia policial con detenidos”. En aquella indagatoria Verduri reconoció que en “Puesto Vasco” estaban detenidos Jacobo Timerman, Papaleo, Ballent, Silvio Has, Juan Destéfano, el Doctor Miralles y otros cuyos nombres no recordaba.

En otro testimonio del juicio “Circuito Camps” el periodista José Alberto Moya hizo un  relato de su estudio sobre algunas comisarías y Brigadas, a través del análisis periodístico de diarios del momento. “Soy periodista… estudié el Diario EL Sol (de Quilmes), fue mi principal fuente de información para saber qué pasó en la dictadura… como yo era docente, yo quería aplicar técnicas de lectura de diarios y saber qué pasaba en mi ciudad… fui a ver el Diario El Sol, cuyo archivo es muy bueno y me dediqué a mirar todos los ejemplares desde el Cordobazo hasta el golpe”, comenzó explicando. Moya habló sobre el policía Luis Alberto Ferian: “Aparecía en los diarios como Jefe de la Brigada Fantasma, que era un grupo operativo de la Brigada de Quilmes”, y explicó que “me llamó la atención que apareciera Brigada Fantasma en el encomillado de muchas notas, el diario daba cuenta de los operativos de la Brigada Fantasma”. Finalmente Moya dijo que en ese diario “Por ejemplo decía: `la Patrulla Fantasma esclareció un robo`. Y aparecían como parte del grupo Ferian, Juárez, Sinieri, Cáceres, Rincón y Antonio Chena (quien avanzó como Jefe de Calle de la Policía de Berazategui). Todos ellos estaban bajo las órdenes de Verduri”.

En marzo de este año se sumó al juicio en curso la causa “Puesto Vasco 2”, que contempla acusaciones contra Norberto Cozzani, Roberto Cabrera y Sergio Verduri por 34 casos de detenidos en ese CCD que habían sido instruídos aparte de la causa Raffo.

CCD Puesto Vasco.

El Centro Clandestino de Detención denominado “Puesto Vasco” funcionó en las instalaciones de la Subcomisaría de Don Bosco, ubicada en la calle Pilcomayo n° 69 de la localidad de Don Bosco, partido de Quilmes, provincia de Buenos Aires.

Conforme surge del Informe de la Policía de la Provincia de Buenos Aires obrante a fojas 1.589,  a partir del 10 de octubre de 1.966 el Destacamento de Don Bosco comenzó a funcionar como Subcomisaría por Resolución n° 14.909.

Por otra parte, cabe destacar que por Resolución n° 22.540, con fecha 25 de Agosto de 1.970, se resolvió suprimir la Subcomisaría de Don Bosco. Asimismo, en el Informe previamente citado consta que, entre el 24 de marzo de 1.976 y el 19 de diciembre de 1.979, no se registran antecedentes de la situación orgánica funcional de esa dependencia.

De lo expuesto se desprende que la Subcomisaría de Don Bosco en el período mencionado funcionó en absoluta clandestinidad lo que, sumado a los elementos probatorios que a continuación se expondrán, evidencia que este lugar fue utilizado para alojar ilegalmente personas secuestradas y someterlas a tormentos, en el marco del plan terrorista implementado por el Estado durante la última dictadura militar.  

En ese sentido en la Causa n° 13/84 se acreditó que este establecimiento fue ocupado “entre los años 1977 y 1978 […] por la Sección Cuatrerismo de Lanús, como así que él mismo, paralelamente y en virtud del comando operacional dispuesto por Decreto 2272/75, Ley Provincial 2589 y Ley Nacional 21.267, estuvo a disposición de la autoridad militar y que por dicha razón no es posible informar qué personal prestó servicios en la misma y qué detenidos hubo allí alojados en esa época".

Respecto a las condiciones edilicias de esta dependencia se ha podido determinar, por medio de los innumerables testimonios brindados por los sobrevivientes que permanecieron confinados allí, que existía un acceso para vehículos a través de un portón metálico que ocultaba el patio. El edificio contaba con una sola planta con oficinas y calabozos pequeños. Asimismo, cabe destacar que la cocina fue acondicionada para funcionar como sala de tormentos.

Por otra parte, en cuanto a las condiciones de detención allí imperantes, se ha corroborado que eran deplorables e inhumanas debido a que la alimentación era deficiente y la comida era proveída en forma humillante, las celdas donde alojaban a los detenidos eran húmedas, de reducidas dimensiones, con pisos de cemento, sin colchones y con escasa iluminación (declaración testimonial de Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otras). Asimismo, los secuestrados permanecían generalmente vendados, encerrados en las celdas de las cuales sólo podían salir para acceder a los baños cuando así lo decidían los oficiales (declaración testimonial de Norma Esther Leanza, fojas 2.072/2.077) o para ser sometidos a interrogatorios bajo tormentos (testimonio de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358).
Dicho accionar se caracterizaba por la aplicación de corriente eléctrica y golpes en diversas partes del cuerpo, así como por el padecimiento psicológico que implicaba la permanente amenaza de ser sometidos a esas aberrantes prácticas al percibir el sufrimiento de otros detenidos (testimonios de Silvia Cristina Fanjul, fojas 2.335/2.358; Juan Ramón Nazar, fojas 1.092/1.106, entre otros).

SI NO HAY JUSTICIA, HAY ESCRACHE!

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miércoles, 19 de septiembre de 2012

Marcha a 6 años sin López...

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lunes, 10 de septiembre de 2012

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A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA


El 15 y 22 de Agosto se cumplieron 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew. 

Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos. 
La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario. Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles. 
Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora. 

El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas. 
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo. 

Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76. 
Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible. 
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido. 
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales. 

Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos. Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado. 

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanos al período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados. 

Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer. 

A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW 

- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario. 
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros. 
- Restitución de nuestros hermanos apropiados. 
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga. 
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan. 
- Derogación de la Ley Antiterrorista. 

HIJOS EN LUCHA.
H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS en lucha Córdoba.

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viernes, 7 de septiembre de 2012

6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ


PARA DETENER AL MONSTRUO NO HAY QUE PISARLE LA COLA,
SINO CORTARLE LA CABEZA

A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López pasa el tiempo, implacable como el silencio de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial respecto al tema.

Lopez era un tipo del pueblo, un albañil oriundo de General Villegas que se afincó de joven en el barrio platense de Los Hornos, y que en su juventud decidió aportar periféricamente a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” que Montoneros tenía en el barrio. Su convicción de aportar a la verdad de lo sucedido con algunos de sus compañeros de militancia como Ambrosio De Marco y Patricia Dell Orto, lo llevaron a que ya viejo se animara a relatar con nombre y apellido a los verdugos de su cautiverio en 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps.

Pero para algunos sectores eso fue demasiado. Demasiado para la trama extensa de complicidades políticas, policiales y judiciales, que se dedican a pactar la impunidad de ayer para sostener la explotación de hoy. Demasiado para Solá, Arslanián, Scioli, Casal, Cristina, Aníbal, Alak Garré, Corazza y Blanco, a quienes el tema nunca les interesó más allá de un “anciano extraviado” o a lo sumo una “averiguación de paradero”.

Desde hace 2.160 días venimos denunciando reiteradamente el encubrimiento que existe en la causa López. La Justicia Federal platense demostró su ineptitud investigativa total frente al autogobierno policial que maneja todos los grandes delitos en la provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a seguir pistas alocadas, realizar allanamientos cantados y a proteger al entorno del genocida Miguel Etchecolatz. El mismo que nos dijo en el juicio el día que desaparecieron a Julio: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”… Imposible no relacionar las palabras de este genocida con la situación de uno de los testigos que aportó a su condena.

Apartada la policía bonaerense de la investigación a pedido de los organismos de Derechos Humanos, la Federal no se dignó siquiera a elaborar un mínimo sistema de análisis de entrecruzamiento de llamadas entre el círculo de represores que Lopez mencionó, una base de datos que permita luego obtener el cruce de comunicaciones. Pese a que hace 4 años la Cámara Federal dispuso crear una “Unidad Especial” capacitada y equipada que investigue exclusivamente el caso, y aunque parezca increíble, la respuesta de la Federal a la Fiscalía sobre su accionar fue que “no sabían muy bien lo que tenían que hacer”.

A 6 años sin Lopez no hay ningún procesado ni detenido en la causa. Lo único que avanzó fue la escandalosa denuncia de la familia Lopez, patrocinada por los abogados Gascón Cotti y Wortman Jofré, contra los organismos de Derechos Humanos que acompañamos a Julio a declarar, ya que nos acusaron “por no haberle brindado protección en el juicio”.

Para mayor complejidad, en La Plata sólo pudimos condenar a 20 represores en 9 años de juicios. Y sabemos que la mejor manera de proteger a los testigos es condenar a todos los genocidas, con justicia por todos los compañeros desparecidos.

A 6 años seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordandóle al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen desaparecidos por razones políticas. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer (y al del gatillo fácil de hoy) no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre.

A 6 AÑOS SIN LOPEZ
EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD

18 de septiembre 2012
Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín

HIJOS LA PLATA

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6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ

PARA DETENER AL MONSTRUO NO HAY QUE PISARLE LA COLA, 
SINO CORTARLE LA CABEZA 
A 6 años de la desaparición de Jorge Julio López pasa el tiempo, implacable como el silencio de los gobiernos kirchneristas nacional y provincial respecto al tema. 
Lopez era un tipo del pueblo, un albañil oriundo de General Villegas que se afincó de joven en el barrio platense de Los Hornos, y que en su juventud decidió aportar periféricamente a la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” que Montoneros tenía en el barrio. Su convicción de aportar a la verdad de lo sucedido con algunos de sus compañeros de militancia como Ambrosio De Marco y Patricia Dell Orto, lo llevaron a que ya viejo se animara a relatar con nombre y apellido a los verdugos de su cautiverio en 5 Centros Clandestinos del Circuito Camps. 
Pero para algunos sectores eso fue demasiado. Demasiado para la trama extensa de complicidades políticas, policiales y judiciales, que se dedican a pactar la impunidad de ayer para sostener la explotación de hoy. Demasiado para Solá, Arslanián, Scioli, Casal, Cristina, Aníbal, Alak Garré, Corazza y Blanco, a quienes el tema nunca les interesó más allá de un “anciano extraviado” o a lo sumo una “averiguación de paradero”. 
Desde hace 2.160 días venimos denunciando reiteradamente el encubrimiento que existe en la causa López. La Justicia Federal platense demostró su ineptitud investigativa total frente al autogobierno policial que maneja todos los grandes delitos en la provincia de Buenos Aires. Y se dedicó a seguir pistas alocadas, realizar allanamientos cantados y a proteger al entorno del genocida Miguel Etchecolatz. El mismo que nos dijo en el juicio el día que desaparecieron a Julio: “No es este tribunal el que me condena, son ustedes los que se condenan”… Imposible no relacionar las palabras de este genocida con la situación de uno de los testigos que aportó a su condena. 
Apartada la policía bonaerense de la investigación a pedido de los organismos de Derechos Humanos, la Federal no se dignó siquiera a elaborar un mínimo sistema de análisis de entrecruzamiento de llamadas entre el círculo de represores que Lopez mencionó, una base de datos que permita luego obtener el cruce de comunicaciones. Pese a que hace 4 años la Cámara Federal dispuso crear una “Unidad Especial” capacitada y equipada que investigue exclusivamente el caso, y aunque parezca increíble, la respuesta de la Federal a la Fiscalía sobre su accionar fue que “no sabían muy bien lo que tenían que hacer”. 
A 6 años sin Lopez no hay ningún procesado ni detenido en la causa. Lo único que avanzó fue la escandalosa denuncia de la familia Lopez, patrocinada por los abogados Gascón Cotti y Wortman Jofré, contra los organismos de Derechos Humanos que acompañamos a Julio a declarar, ya que nos acusaron “por no haberle brindado protección en el juicio”. 
Para mayor complejidad, en La Plata sólo pudimos condenar a 20 represores en 9 años de juicios. Y sabemos que la mejor manera de proteger a los testigos es condenar a todos los genocidas, con justicia por todos los compañeros desparecidos. 
A 6 años seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordandóle al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen desaparecidos por razones políticas. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer (y al del gatillo fácil de hoy) no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria popular y barrerlo para siempre. 
A 6 AÑOS SIN LOPEZ 
EL SILENCIO DEL GOBIERNO ES ENCUBRIMIENTO E IMPUNIDAD 
18 de septiembre 2012 
Marcha de Plaza Moreno a Plaza San Martín 
HIJOS LA PLATA

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jueves, 6 de septiembre de 2012

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miércoles, 22 de agosto de 2012

A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA


16 rosas rojasnacidas de madrugadaregresarán cada nochede la tierra liberada

El 15 y 22 de Agosto se cumplen 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos.


La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario.Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles.



Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora.


El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas.
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo.

Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76.


Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible.
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido.
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales.

Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos.Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado.

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanosal período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados.

Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer.


A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW

- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario.
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan.
- Derogación de la Ley Antiterrorista.

HIJOS EN LUCHA: H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS EN LUCHA Cba.


Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata

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martes, 21 de agosto de 2012

Juicio “Circuito Camps”. LA IMPORTANCIA DE LOS PLANTEOS DE JUSTICIA YA EN LAAMPLIACIÓN DE ACUSACIÓN A HOMICIDIO.

Resumimos en este texto, para mejor comprensión de aquellos que no andamos los complejos caminos de la argumentación técnico-jurídica, el importante pedido de ampliación en la acusación a los genocidas que se juzgan en el proceso conocido eufemísticamente como “Circuito Camps” (aunque no contempla ni la sexta parte de los CCD del circuito y que lleva a 2 represores imputados muertos impunes mientras se desarrolla), pedido que realizó con inteligente fundada oportunidad la querella del espacio Justicia Ya La Plata, del cual formamos parte.

En principio y concretamente se solicitó que se amplíe la acusación original a los genocidas imputados en el juicio por “continuidad delictiva” entre la privación ilegitima de la libertad, tormentos y los homicidio calificados en 33 casos de los que forman parte del juicio.

La Legitimación

Aquí se defiende la legitimidad y autonomía de la querella para requerir la ampliación de la acusación, independientemente de lo que haga el Ministerio Publico Fiscal. Para ello se apoya en el fallo “Santillan” de la CSJN que, como jurisprudencia, habilita argumentos para acusar y requerir pedidos que agravan el caso, cuando la prueba producida en el debate así lo requiere.

Los Fundamentos Generales

Se basan en que en lo que va del juicio se produjo más información que a su comienzo sobre los crímenes contra la humanidad que se juzgan.
Se explica que si bien la ampliación de la imputación es una excepción a la inmutabilidad de la acusación (no se puede acusar de distintos hechos en un mismo proceso) sí se puede emplear cuando la prueba así lo justifique.

Se demostró que:
- Los imputados adherían activamente desde el rol que cumplían, a un plan común, que implicaba la comisión de una serie de delitos dirigida finalmente al aniquilamiento de un grupo de personas.
- Hubo vinculación entre los secuestros, cautiverio, tormentos, con la organización sistemática de los traslados como comienzo de ejecución del delito de homicidio.
- La cadena comenzaba con la privación ilegal de la libertad y el alojamiento en centros clandestinos de detención donde eran sometidos a toda clase de torturas. Luego, y en ocasiones luego de circular por varios campos de detención, eran ejecutados; y para ello, se implementaron dos formas centrales; el traslado en aeronaves para ser arrojados vivos al mar o el fusilamiento realizado bajo enfrentamientos fraguados. Finalmente, con la complicidad judicial necesaria, los cuerpos que eran dejados en espacios públicos o que aparecían por efecto de las mareas en diferentes playas, fueron enterrados en fosas comunes, evitando con ello la identificación de las victimas, cerrando de este modo el plan de exterminio.-

Sobre los Casos

Y eso fue lo que sucedió con 33 víctimas en 6 grupos, cuyos restos fueron inhumados clandestinamente en distintos cementerios del circuito represivo, entre ellos el de La Plata . Los caso, de compañeros que fueron alojados como detenidos ilegales en los CCD de La Plata Comisaría 5ta, Bridada de Investigaciones y Arana,y de Puesto Vasco (Quilmes) y Cot 1 (Martínez) son los de:
Almarza, Guillermo Abel; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bonetto, Roberto Jorge; Ciancio, Luis Alberto; Cicero de Sobral, Elsa Lilia; Diego, Ana Teresa;
Dillon de Ciancio, Patricia; Fernández de Mercader, Silvia Anahí, Fraccarolli, Humberto Luis, Garín de De Angelis, María Adelia, González De Mora, Silvia Amanda; Ibáñez Roberto, La Spina De Cena, Nora Susana; Lezana Piñeyro, Graciela;
Lugones, Carlos Eduardo, Malnatti Salazar, Hector Hugo; Mercader, Mario Miguel,
Mora, Juan Carlos, Rubinstein, Jorge, Sagués de Perdigué, Graciela Beatriz, Santucho, Mónica, Simón, Carlos Francisco, Sobral, Guillermo Ramón, Traverso De Bozzi, Susana, Williams, Carlos Guillermo. Galarza, Liliana Amalia, Idiart, Cecilia Luján,
Mainer, María Magdalena, Mainer, Pablo Joaquín, Moncalvillo, Domingo Héctor,
Morettini, María Del Carmen y Salamone De Guevara, Nilda Susana.

Hay que señalar que en el derrotero de la identificación de los restos de los compañeros fueron clave los hallazgos, exhumaciones e identificaciones hechos en la causa Cerviño. El caso de María Teresa Cerviño el que ayudó a desanudar la trama: encontrado su cadáver en abril del ’76, colgado del Puente de Pellegrini y Pereyra Lucena de Lomas de Zamora, con un cartel que rezaba “yo fui montonera, seguime”, junto con un paquete que contenía arena y una granada. Se hizo por entonces una rápida autopsia y se lo enterró en Avellaneda sin informar el hallazgo del cadáver a la familia de la víctima. Tras batallar con el patrocinio de Emilio Mignone (fundador del CELS), la madre de María Teresa (Matilde) logró que se desarchive la causa y en diciembre del ’82, determinar que con la complicidad judicial se había depositado en el Cementerio de Avellaneda, a María Teresa Cerviño, y a 6 cadáveres NN más.
Un dato: el instructor policial designado para esta investigación en los ’80 fue el mismísimo Pedro Klodczyk, luego jefe de la Maldita Policía de Duhalde en los ’90.
Este fue el caso que permitió, no sin trabas que duraron años, la intervención del EAFF para la exhumación e identificación de los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Y desarrollado el trabajo del EAFF en los distintos lugares de enterramiento del Circuito Camps, llega la identificación de 33 de los compañeros que son parte de la causa.

Esta acumulación de prueba posibilitó que se pueda acusar a

- SAINT JEAN, SMART, ETCHECOLATZ y CAMPOS por 23 de esos casos, porque participaron de la mecánica de los CCD por donde pasaron estos compañeros, como autores mediatos por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder del delito de homicidio.

- A SVEDAS, ALMEIDA, CORRALES, KEARNEY, ARGUELLO, GARCIA, GRILLO, MACHUCA, PATRAULT, LUJÁN y SITA por 31 de los casos, por coautoría funcional en relación con el delito de homicidio agravado por el número de personas intervinientes, por ensañamiento y por alevosía.

En suma, las nuevas circunstancias aparecidas en el debate, la documental agregada y especialmente las introducidas por los testimonios de los sobrevivientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense (que dio cuenta en el juicio de su trabajo y de los casos en que hubo identificaciones) pueden demostrar la relación indubitable entre el secuestro, tortura , traslado y el homicidio de 33 personas que durante su cautiverio permanecieron en los CCD de l Circuito Camps que se están juzgando.

Finalmente se Pide

Aplicar la ampliación de acusación a cada grupo de genocidas, procedimiento previsto en el art. 381 del C.P.P.N, conforme la ampliación requerida en cada caso.

Y se agrega como demanda que hasta tanto se resuelva sobre lo solicitado, toda vez que la variación en la calificación legal y con ello la pena en expectativa, genera un riesgo procesal por el peligro de fuga, disponga el Tribunal la inmediata detención de algunos de los imputados, entre ellos Fernado Svedas, acusado en los casos Galarza, hermanos Mainer, Morettini, Salomone, Moncalvillo, Idiart y Traverso.

Con este planteo se abren varios caminos. No sólo la Fiscalía tiene el argumento, que por propia elaboración no supo generar, para agravar los tipos y característica de pena que se puede pedir para los genocidas imputados, sino que se está en condiciones, como querella independiente, de pedir cárcel perpetua para varios de los genocidas responsables de los homicidios planteados.
Acompañamos la labor del equipo jurídico de Justicia Ya La Plata en otra demostración de lucidez, dedicación y valentía en los planteos en estos juicios que, como se demostró desde los juicios a Etchecolatz en 2006 y a Von Wernich en 2007, necesitan la mirada y acción permanente del trabajo crítico de las organizaciones de Derechos Humanos en los procesos, tanto de labor jurídica, como de difusión en la sociedad de los detalles de lo nuestro reclamo:

*Juicio y Castigo a todos los Represores por el Delito de Genocidio.
* Juicio por Centro Clandestino de Detención o Circuito Represivo.
* Cárcel Común, Perpetua y Efectiva por todos los Compañeros.
*Restitución de Nuestros Más de 400 Hermanos Apropiados por los Genocidas.
* Juicio y Castigo a los responsables de la Segunda Desaparición de Jorge Julio Lopez.
* Mayor Celeridad en la Instrucción de las Causas para No Pretender Juzgar Muertos Impunes.
* Condena a los Civiles Empresarios y Religiosos Cómplices del Genocidio.

HIJOS LA PLATA

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