DIEZ AÑOS DE JUSTICIA A CUENTAGOTAS.
A 10 años de anuladas las leyes de impunidad.
Gracias a la lucha de todo el pueblo, la política de Juicio y Castigo ha posibilitado que 360 represores sean condenados en 7 años de juicios. Una quinta parte de los jóvenes apropiados en esos años recuperen su verdadera identidad.
En estas 3 décadas se registraron más de 3800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
El ajuste producto de la crisis económica aumenta la conflictividad social, que a su vez acentúa la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos, así lo demuestran los más de 5000 compañeros procesados por luchar y la reciente confirmación del espionaje que Gendarmería despliega sobre las organizaciones del campo popular para armarles causas por reclamar sus derechos.
Datos de los juicios en todo el pais.
El Estado argentino sólo efectivizó 89 juicios orales con sentencia en todo el país con 474 procesados imputados, 427 condenas a 360 represores, 42 absoluciones y 4 muertos impunes durante el proceso, por un universo de 2151 víctimas. Si comparamos los represores condenados (360) con los represores muertos antes llegar a la justicia (320), la balanza sigue equilibrada en la impunidad.
Sólo alrededor del 19% del total de los procesados (1900) desde 2003 fue condenado. Menos de 1 represor condenado por CCD.
Habría que recordar que 17 de los 24 juicios de 2012 tuvieron entre 1 y 5 imputados y sólo 6 de ellos juzgaron a 10 o más represores, es decir que hubo tres veces más “mini-juicios” que “mega-juicios”. Si analizamos la cantidad de absoluciones sobre condenas, veremos que 2012 fue el año que mayor cantidad de condenas tuvo (127), también fue el año con mayor cantidad de absoluciones (18) y muertos impunes en juicio (3).
Sabemos que hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Protección de testigos.
Seis años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, y cuatro años de impunidad y el intencionado desvío de la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo en el caso de Silvia Suppo, son sólo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios, y una muestra de que la protección a los testigos es sólo una manifestación verbal por parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina en sus fuerzas de seguridad.
Restitución de identidad a hijos de desaparecidos.
En estos años, si bien hubo 108 restituciones de identidad y 55 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros que eran agentes de inteligencia de los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
La responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarías de niñez, Registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
Por otro lado, en el camino de aquellos jóvenes que llegan a realizarse las pruebas científicas para determinar su identidad, estamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible, debido a que las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es de sólo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia en dos bancos distintos en el EAFF y en el BNDG: uno con la información de los restos de desaparecidos identificados y de familiares (en un banco mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas.
La impunidad de hoy.
Seguimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas de parte de las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Estos no son casos aislados, ni “excesos”. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
Criminalización de la protesta social.
La criminalización de las luchas de los pueblos originarios, los sectores que se resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros recursos naturales es el símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno.
Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente.
Al día de hoy son casi 3 los luchadores procesados por cada genocida de la última dictadura. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
Existe una tendencia a agravar las imputaciones con figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y a la movilización popular.
Ley antiterrorista, proyecto X y militarización de los barrios pobres.
Los diferentes gobiernos constitucionales han perfeccionado la selectividad del aparato represivo, haciendo uso de herramientas como la “Ley anti-terrorista” reformada en 2011, por la que cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, salud, vivienda, educación, etc. O bien con la militarización de los barrios pobres de las grandes ciudades, mediante los operativos de la misma Gendarmería que debió renovar su cúpula tras el escándalo que significó el Proyecto X de espionaje sobre las organizaciones populares en lucha, y que terminan sumándose a las tareas de persecución, amedrentamiento y a participar de todos los grandes negociados que ya controlan las policías provinciales.
Sistema penitenciario y sistema judicial.
En los depositarios de muertos vivos llamadas cárceles, el 70 % de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social.
Esta es la verdadera “justicia” que reina en nuestro país, la que se supone que debe ser de orden igualitario y común a todos los hombres y mujeres del territorio, y no es más que una justicia burguesa y recortada, muy eficaz para los de abajo y para los que luchan y resisten, pero muy lenta o generalmente inexistente para los poderosos de siempre, que no son más que los que mantienen al pueblo en condiciones de hambre y opresión.
Políticas de memoria y función de los organismos de Derechos Humanos hoy.
Para arrancar al movimiento de Derechos Humanos de su crisis de obsecuencia actual hay que retomar las tareas que lo erigieron como un actor independiente y crítico del Estado violador de derechos. Entre ellas, no sólo la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, sino principalmente la denuncia de las violaciones de DDHH de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de las víctimas-devenidos-en-funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual, y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria.
Si recuperamos nuestras verdaderas tareas volveremos a ser un vigoroso brazo que golpee donde más duele. Señalando hasta el hartazgo que el Estado capitalista fue y es el único violador universal de los Derechos Humanos.
HIJOS LA PLATA.
