A 37 años del golpe genocida, los represores se siguen paseando libremente por las calles con complicidad judicial. La imagen del genocida Magnacco haciendo Shopping en el Patio Bullrich es superada por otro caso de ribetes surrealistas.
Recientemente el TOF1 de La Plata revocó el arresto domiciliario de un militar imputado en las causas Campo de Mayo y La Cacha luego de comprobar que se paseaba libremente en bicicleta desde el geriátrico donde lo había ubicado generosamente el juez Blanco en la instrucción del expediente por aquel CCD de La Plata. Se trata del militar retirado Carlos del Señor Hidalgo Garzón, ex miembro de una de las patotas del área represiva 113 que actuaban en los CCD del Comando del Primer Cuerpo durante el terrorismo de Estado, y que será juzgado este año junto a otros 15 genocidas en La Plata. El juez federal Carlos Rozansky debió bajar de las hermenéuticas discusiones de la “Justicia Legítima” para enfrentar el mamarracho que sus colegas Blanco-Corazza- and-company realizan con las causas a los genocidas en nuestra ciudad. Lo que Rozansky destacó en su resolución como “negligencia de parte del Juzgado de Instrucción” es en realidad una desidia que incluye la situación de la mitad de los represores procesados en todo el país.
El genocida Hidalgo Garzón está procesado en causa Cacha desde el 3 de marzo de 2010. El juez Blanco le dictó la preventiva por 127 casos de secuestro y torturas. El 28 de diciembre de 2010, mismo día en que la defensa del genocida lo pidió, Blanco lo mandó a un geriátrico. El 17 de mayo de 2012 (17 meses después y por efecto de la fuga del genocida Wolk) Corazza decidió ponerle Gendarmería a un grupo de genocidas, incluido Hidalgo Garzón.
El 16 de Enero de 2013 Catalina Ovando De Sanctis, una joven apropiada en Campo de Mayo y querellante en el juicio por ese CCD, lo vió andando en bicicleta por la calle, lo denunció a través de Abuelas, y se descubrió que en el geriátrico no había gendarmes, ni policías, ni médicos, ni mucho más que una empleada “colaboradora” en todo el edificio.
El 12 de marzo pasado, Hidalgo Garzón fue condenado a 15 años de cárcel por el TOF 1 de San Martín por la apropiación de Catalina en el juicio Campo de Mayo 3. Pero hasta entonces se pasó la mayor parte del tiempo como procesado con régimen domiciliario de geriátrico abierto y ciclismo. Hasta que la niña que él apropió hace 37 años lo cruzó en uno de sus paseos.
La imagen señala la falta de voluntad con que la Justicia lleva adelante las causas contra los genocidas, y muestra que si no fuera por la atenta tarea de las víctimas, el pretendido proceso de juzgamiento no sería mucho más que otra bicicleteada del sistema Judicial.
DOCUMENTO DE LA MULTISECTORIAL DE LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA.
A pocas horas de cumplirse 37 años del golpe genocida del 24 de Marzo de 1976 nos convocamos para afirmar que nuestros 30.000 compañeros detenidos desaparecidos lucharon por un país sin opresión ni explotación.
El terrorismo de estado instaurado por la dictadura cívico militar, tuvo como antecedentes a la Triple A, el Operativo Independencia en Tucumán y el accionar de bandas fascistas en todo el país.
La dictadura instaurada en marzo del 76 fue propiciada, sostenida y avalada por los grupos económicos y sectores importantes de la Iglesia que vieron peligrar sus privilegios.
Las clases dominantes cumplían a rajatabla los dictados de las metrópolis imperialistas, un nuevo orden económico mundial hacía necesario disciplinar a quienes protagonizaban el ascenso de luchas y de conciencia popular. Sindicatos arrancados a la burocracia traidora, miles de delegados, luchas por salarios y condiciones de trabajo, universidades en dónde se discutía la articulación entre la ciencia y las necesidades del pueblo, secundarios organizados en cuerpos de delegados y centros de estudiantes que protagonizaron luchas como la hoy emblemática por el boleto secundario; las villas y los barrios organizados, sectores del arte y la cultura que en todas sus expresiones mostraban su compromiso con los reclamos populares.
La respuesta fue el golpe genocida. Más de 600 CCD, cárcel, exilio, secuestro, tortura, asesinatos, desapariciones, violaciones, vuelos de la muerte, robo y apropiación de los hijos de nuestros compañeros y compañeras detenidos-desaparecidos fueron los métodos para disciplinar y cerrar el ascenso de luchas iniciado con el Cordobazo y las grandes puebladas de los 70, e imponer un modelo económico de hambre y saqueo. 30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS-DESAPARECIDOS PRESENTES!!
JUICIOS A LOS GENOCIDAS
A través de estos 37 años nuestro pueblo nunca dejó de luchar: la valiente ocupación de la plaza de Mayo por las Madres durante la dictadura, el reclamo persistente de los organismos de derechos humanos, el imprescindible testimonio de los ex detenidos-desaparecidos, la resistencia a la teoría de los dos demonios, la anulación de las leyes de impunidad y la reapertura de los juicios fueron trazando el camino.
Este 24 de marzo nos encuentra en una coyuntura compleja: a 10 años de anuladas las leyes de impunidad gracias a la lucha de todo el pueblo, son a la vez 10 años de kirchnerismo que no han resuelto las cuestiones de fondo referidas a la impunidad de ayer y de hoy en los crímenes de Estado.
Logramos un importante triunfo en el juicio a parte de los genocidas del Circuito Camps. Por primera vez, se reconoció el genocidio perpetrado por la dictadura. Por primera vez, 68 represores son llevados a juicio por delitos cometidos contra cerca de 800 compañeros y compañeras que permanecieron detenidos-desaparecidos en la ESMA. Se trata del juicio más grande de la historia del Derecho. Están en marcha otros juicios a genocidas y esto sin lugar a dudas es un importante triunfo contra la impunidad.
Por otro lado, en una década se perdió gran parte de la posibilidad de hacer justicia. La cantidad de genocidas muertos impunes es similar a los condenados. Esto confirma la estrategia de la “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como último recurso ante el lento avance de los juicios. Hace pocos días Martinez de Hoz, el ministro hacedor de la miseria planificada impuesta por la dictadura, que contaba con el beneficio del arresto domiciliario, murió en su lujoso departamento del edificio Kavanagh sin recibir condena.
Sólo el 23% de los 1.900 procesados fue llevado a juicio, y un 19% de los procesados fue condenado. En 7 años de juicios apenas 360 genocidas fueron condenados, y sólo una quinta parte de los jóvenes apropiados recuperaron su verdadera identidad.
Hay más de 60 represores prófugos, la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria, les permiten pasearse tranquilos aunque estén condenados, como el partero de la ESMA Héctor Magnacco, o planificar cualquier estrategia de desquite si las causas avanzan, se nos ríen en la cara paseando libremente pese a estar condenados.
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “La Cacha”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. En 10 años el juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, sólo activaron la impunidad. El juicio sólo será contra 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. Desde el espacio Justicia Ya La Plata denunciamos la instrucción de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
Este mismo juez es el que tiene a cargo la investigación sobre la segunda desaparición del compañero Jorge Julio López, causa que a la fecha sigue totalmente paralizada.
Ahora nos quieren meter el chamuyo de que quieren democratizar la justicia, pero no escuchamos hablar sobre el estado de defección de la justicia federal, que esconde en el sepulcro del olvido la obligación del Estado de investigar y castigar todos los crímenes que su propio aparato de Terror cometió durante la última dictadura. Es aquí donde la Justicia y el gobierno están de acuerdo: la impunidad.
Desde aquí exigimos el inmediato apartamiento de Blanco y Cotter de las causas de lesa humanidad y el juicio político por contribuir e intentar perpetuar la impunidad.
Nuevamente el gobierno pretende cambiar el sentido de lo que deben ser espacios para la memoria. A principios de este año, donde funcionó el Centro Clandestino de Detención y Exterminio de la ESMA se realizó un festejo, asadito mediante, del Ministerio de Seguridad y DDHH de la Nación. La organización corrió por cuenta de nuestro viejo conocido Julio Alak, aquel que utilizaba patotas y la policía para golpear y encarcelar a compañeros que estaban realizando pintadas o pegatinadas con el pretexto de mantener a la ciudad limpia, mientras que se paseaban impunes frente a su propia nariz los secuestradores de López.
Nos dicen que pretenden “resignificar” la memoria de los detenidos desaparecidos. También en nuestra zona se vuelve a hablar de transformar lo que fue el CCD y exterminio que funcionó en el destacamento de Arana, así como el de La Cacha como museos de la memoria. Desde acá exigimos la preservación de los lugares por donde pasaron miles de compañeros y que para esto es urgente la desocupación de los mismos por parte de la policía. Queremos que se preserven la pruebas que puedan quedar, queremos que se preserve la memoria de los compañeros, de sus vidas de sus luchas, queremos que se preserven los ideales de liberación y justicia de los compañeros y nada de eso se debe resignificar, aunque el verdadero motivo de la lucha de los 30.000 signifique una molestia para el gobierno, que pretende utilizar su memoria para llevar adelante sus planes de ajuste, entrega y represión.
Por esta razón desde esa plaza en donde se hacemos vivo el recuerdo y el motivo de lucha de los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos decimos: LA MEMORIA ES DEL PUEBLO!!!!!!!!!! JUICIO Y CASTIGO. CÁRCEL COMÚN PERPETUA Y EFECTIVA A TODOS LOS GENOCIDAS. RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS
CAUSA LOPEZ
A 78 meses de la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López volvemos a denunciar la inacción que padece la causa, la parálisis judicial y política en la búsqueda del compañero y en el esclarecimiento total del secuestro
Seis años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación, y cuatro años de impunidad en el caso de Silvia Suppo, con el intento de cambiar la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo, son sólo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios, y una muestra de que la protección a los testigos es sólo una manifestación de buena voluntad por parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina de sus fuerzas de seguridad.
La causa judicial de López es una muestra clara de la falta de voluntad política de esclarecer su desaparición, una prueba descarnada de las maniobras de de encubrimiento e impunidad de las que son capaces jueces y fiscales subordinados al poder político o a las fuerzas represivas. APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y DE LUCIANO ARRUGA, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES DE SU SECUESTRO Y DESAPARICIÓN.
CRIMINALIZACIÓN Y REPRESIÓN
A poco de cumplirse 30 años de finalizada la dictadura las libertades democráticas siguen siendo avasalladas por los sucesivos gobiernos, y en estas 3 décadas se registraron más de 3.800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales, y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
En estos últimos años se ha incrementado el gatillo fácil, la criminalización contra la protesta y la pobreza, y la represión.
A 10 años de la asunción de Néstor Kirchner, y ya atravesando el segundo mandato de Cristina Fernández, denunciamos que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente. Al día de hoy solamente hay cerca de 1400 genocidas procesados, y más de 5000 luchadores criminalizados. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
En los últimos años existe una tendencia a agravar las imputaciones utilizando figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y a la movilización popular.
A esto se suma la ley antiterrorista, instrumento legal propuesto por la presidenta Cristina Fernández para profundizar la persecución a todos los que luchan. Su sanción corre el velo de las máscaras democráticas con que se adorna el gobierno. Y los diputados y senadores que la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo argentino.
En las últimas semanas, ha salido a la luz la comprobación de las prácticas de espionaje llevadas adelante por el gobierno nacional a través de la gendarmería y las fuerzas represivas del Estado. Según documentos de la propia gendarmería, el espionaje y la infiltración son prácticas habituales contra delegados y luchadores, organizaciones gremiales y estudiantiles combativas, organismos de derechos humanos y partidos de izquierda.
A 37 años del último golpe de estado, el gobierno nacional y los distintos gobiernos provinciales utilizan los mismos métodos que la dictadura vigilando y espiando a los luchadores políticos y sociales, armando causas y reprimiendo la protesta social.
Exigimos el inmediato desmantelamiento del Proyecto X y de todos los centros de inteligencia de las FFAA y la Policía. Anulación de todas las causas armadas por la gendarmería.
En el último periodo se ha recrudecido la represión directa y parapolicial contra los pueblos originarios y los campesinos que defienden sus tierras contra el avance de los pulpos agroexportadores, amparados por los gobiernos nacional y provinciales. Así se han cobrado la vida de seis miembros de la comunidad Qom en Formosa y Chaco y dos campesinos de Santiago del Estero. Estos crímenes fueron amparados por los gobiernos de Gildo Insfran, Capitanich y Zamora que cuentan con el apoyo del gobierno nacional.
La represión encabezada por Berni contra los trabajadores de la línea 60 y los desocupados que cortaron la Panamericana y fueron llevados al ex Centro CD de Campo de Mayo, continuó con la represión en Bariloche, contra la pueblada de Junín, a los camioneros de Lomas de Zamora, y Capital en Parque Centenario y la Sala Alberdi.
La existencia de presos políticos durante este gobierno, como los compañeros de Corral de Bustos y Bariloche, no sólo es una violación a los DDHH, sino convierte a los detenidos en rehenes ejemplificadores para todo el movimiento popular.
El aparato judicial está al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza, nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores del gatillo fácil de hoy.
La cárcel se usa como control social, más del 70% de la población carcelaria son personas inocentes, que no han sido juzgados ni condenados, la mayoría de ellos pobres y excluidos.
La juventud en los barrios sigue siendo víctima del gatillo fácil, de la impunidad de las fuerzas de seguridad y de la connivencia entre el poder político, la policía, el narcotráfico y las redes de trata.
Se han militarizado los barrios obreros y populares. Por la política de “seguridad democrática” de Garré se instala en los barrios y villas al Ejército, la Marina, la Aeronáutica, profundizando el modelo ya iniciado con la incorporación de Prefectura y Gendarmería.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan la reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social, utilizando el aparato represivo de la dictadura impune: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales. No son casos aislados, ni “excesos. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo
Honrar la lucha por los DDHH pasa por continuar las tareas que lo constituyeron como un actor independiente y crítico del Estado violador de derechos y no sólo la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas. Sino también por la denuncia de todas las violaciones de DDHH de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de los funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual, y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria.
Desde aquí denunciamos que el día martes un grupo de militantes que organizaba este acto fue interceptado por Control Urbano, secuestrándoles afiches de la Multisectorial y abriendo una causa por contravención, exigimos el cierre de la misma y devolución de lo secuestrado.
Asimismo nos solidarizamos con los compañeros de la CEPA y la CCC que fueron víctimas de vigilancias y amedrentamientos y hacemos responsable al gobierno nacional de cualquier hecho que se suceda.
Volvemos a gritar bien fuerte una frase insignia de esta Multisectorial: Si tocan a uno, tocan a todos. Basta de persecución, represión y asesinatos a los luchadores populares! INMEDIATA LIBERTAD A LOS PRESOS DE BARILOCHE Y CORRAL DE BUSTOS!!!! APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES
TRATA Y COMPLICIDAD JUDICIAL
El fallo de Marita produjo una gran indignación y movilización popular desnudó la complicidad del poder político, el aparato policial y el judicial con las redes de trata, a lo largo y a lo ancho del país, y representó un golpe contra la política nacional de querer esconder el tema.
Las cifras de mujeres asesinadas por la violencia de generó siguen creciendo.
Hay 500 mujeres que mueren anualmente, en su mayoría pobres, producto de la penalización del aborto. JUSTICIA PARA POR MARITA VERON, SANDRA AYALA GAMBOA, EL CUADRUPLE CRIMEN Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UN FEMICIDIO MÁS. EDUCACION SEXUAL PARA ELEGIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR. INMEDIATO DESMANTELAMIENTO DE LAS REDES DE TRATA
IMPUNIDAD Y MODELO ECONÓMICO
El genocidio no fue llevado a cabo solamente por las fuerzas armadas y los grupos de tarea, fueron también impulsores y responsables los grupos económicos como los Rocca - Techint, los Ledesma-Blaquier, la Mercedes Benz , la Ford , Martinez de Hoz, los Menendes Betty y La Sociedad Rural, burócratas sídicales como Rodriguez del SMATA y Gerardo Martinez de la UOCRA que entregaron a compañeros, la cúpula de la Iglesia que bendijo el genocidio; el poder judicial que los amparó y los políticos que los avalaron junto a los grandes medios de comunicación lavándole la cara a los genocidas.
Repudiamos el modelo político-económico que la dictadura impuso y que se continúa hoy en día. Durante estos años de democracia el imperialismo, los grandes grupos económicos nacionales y extranjeros junto a nuestros gobiernos de turno y de la mano cómplice de las burocracias sindicales dictaron las políticas que profundizaron la crisis estructural de la Argentina acrecentando la desigualdad social, la exclusión y la miseria.
La dictadura tuvo como objetivo instalar un modelo económico y social de superexplotación que fue profundizado en las décadas siguientes. Fue precisamente este modelo el que hace 1 año produjo la masacre de once. Centenares de heridos y 52 trabajadores pagaron con sus vidas el régimen de las privatizaciones ferroviarias, la malversación de los fondos públicos en beneficio de los Roggio, Cirigliano y companía, y de los funcionarios que hacen de intermediarios. Los privatizadores receptores de estos subsidios son los mismos que sostuvieron a los Videla, Alfonsín, Menem, De la Rua y a los K. No sorprende, entonces el operativo de impunidad que cubre el crimen de Once. La trama que mato a 52 trabajadores es la misma que se manifestó en el crimen de Mariano Ferreyra. Es la alianza del Estado, los privatizadores y la burocracia sindical que han dejado al transporte en ruinas, con trenes de mas de 100 años, donde se viaja en pésimas condiciones y que en defensa de sus beneficios enfrentan a los que defienden los intereses del pueblo trabajador. Venimos hoy a reclamar el fin de la impunidad. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS
CRÍMENES CONTRA EL PUEBLO Y NEGOCIOS DEL PODER
El juicio por el asesinato del compañero Mariano Ferreyra, está en su tramo final, las pruebas y testimonios de cientos de testigos contra Pedraza y su patota no dejan duda de que se trató de un plan criminal organizado para aleccionar a los trabajadores tercerizados. La exculpación del aparato policial, que sigue siendo juzgado por abandono de persona, quedo refutada en el debate oral y público, donde se demostró con claridad la colaboración policial con la patota ferroviaria. El pedido de perpetua a Pedraza y Fernández es una victoria incuestionable, lograda por la movilización popular, pero no puede ser bastardeada como un canje que admita relegar la responsabilidad político criminal de la policía. La característica fundamental del operativo que asesino a Mariano fue precisamente la colaboración de la represión institucional con la represión tercerizada, de un lado quienes tienen el "monopolio de la fuerza", del otro los "grupos de tareas", quienes se arrogan la función de llenar el vacío que dejan los primeros. Exigimos que se juzgue la responsabilidad criminal de la policía y de sus jefes políticos, Aníbal Fernández y Nilda Garré, PERPETUA A PEDRAZA Y A SU PATOTA JUICIO Y CASTIGO A LOS EMPRESARIOS, A LOS RESPONSABLES POLICIALES Y POLÍTICOS DEL CRIMEN DE MARIANO JUSTICIA POR MARIANO FERREYRA
AJUSTE K
La impunidad del aparato represivo de la dictadura, así como el de la desaparición de Julio, el gatillo fácil, la crimnalización y militarización de la protesta y la pobreza, la Ley Antiterrorista, el proyecto X y la represión directa no son casualidades. No podemos dejar de vincularlas con la situación económica mundial y nacional.
Hoy se desarrolla de manera desigual una de las peores crisis mundiales de la historia. Pueblos enteros estas sumidos en la hambruna y surgen rebeliones en todos ellos.
El gobierno K sigue aplicando como variable de ajuste la inflación, que sumado a los topes salariales, el impuesto al salario, el IVA y los tarifazos, aleja cada vez más el precio de la canasta familiar del salario de la gran mayoría de los trabajadores. Mienten descaradamente cuando hablan de 8% de desocupación, para el gobierno contar con un plan social de miseria o trabajar dos horas por semana es estar ocupado. Crece la precarización del empleo.
Se sigue pagando la deuda externa ilegítima, deuda fraudulenta y producto de estafas que no fue contraída por el pueblo argentino y que se paga con el hambre de nuestros pibes, mientras no se toca la renta minera, financiera y del juego.
Este es el modelo, mayor explotación, sueldos despreciados, liquidación de conquistas de los trabajadores, extranjerización de la tierra, entrega y destrucción de la industria nacional, pago de la deuda externa, cercenamiento de las libertades individuales y colectivas, el saqueo de la megaminería y el petróleo, expulsión de los pueblos originarios de sus tierras, violación sistemática de los derechos de los que menos tienen.
El Gobierno Nacional ajusta a las provincias, y hasta ahora, los gobiernos provinciales pretenden descargarlo sobre los trabajadores estales. Así paso con el medio aguinaldo y ahora con las propuestas salariales por debajo de la inflación y en cuotas.
Saludamos y apoyamos la lucha de los docentes y estatales que recorre la provincia y la Argentina. El no inicio de las clases fue un golpe a esta política y ya llevamos 1 mes de paros y movilizaciones multitudinarias. Para avanzar y lograr derrotar la política de ajuste del gobierno nacional y provincial es necesario la unidad de todos los docentes y estatales en las calles, nacionalizando el conflicto con un paro general de todas las centrales.
Con la presencia y con la ausencia de los 30.000 compañeros y de Julio, estamos en esta plaza reivindicando el derecho a luchar de los trabajadores ocupados y desocupados, del movimiento campesino, del movimiento estudiantil y de todos aquellos que luchan, crean organizaciones y levantan su voz para exigir justicia, para exigir salarios dignos, para exigir tierra y vivienda, educación y salud para todos.
A 37 años las banderas por las que dieron su vida los 30000 compañeros detenidos desaparecidos siguen vigentes, levantamos cada vez más alto esas banderas, y llamamos a continuar construyendo el camino para conquistar la liberación de nuestra patria y nuestro pueblo.
EXIGIMOS AL GOBIERNO:
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS, CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA. JUSTICIA PARA TODOS LOS COMPAÑEROS. RESTITUCIÓN DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JÓVENES APROPIADOS INMEDIATA APERTURA DE TODOS LOS ARCHIVOS DE LA DICTADURA. APARICION CON VIDA DE JORGE JULIO LÓPEZ Y LUCIANO ARRUGA JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE SUS SECUESTROS Y DESAPARICIÓNES JUICIO Y CONDENA A LOS RESPONSABLES DEL ASESINATO DE MARIANO FERREYRA. JUSTICIA PARA SILVIA SUPPO, CARLOS FUENTEALBA, LAZARO DUARTE Y DEMÁS MÁRTIRES POPULARES DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO BASTA DE REPRESIÓN Y PERSECUCIÓN A LOS QUE LUCHAN ANULACION DE LA LEY ANTITERRORISTA APERTURA PÚBLICA DE LA BASE DE DATOS DEL PROYECTO X AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS MAS DE 5000 LUCHADORES POPULARES BASTA DE GATILLO FACIL NO A LA BAJA DE EDAD DE LA IMPUTABILIDAD NINGÚN PIBE NACE CHORRO JUSTICIA PARA POR MARITA VERON, SANDRA AYALA GAMBOA, EL CUADRUPLE CRIMEN Y TODAS LAS VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO. NI UN FEMICIDIO MÁS. EDUCACION SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR SALARIO = A LA CANASTA FAMILIAR INMEDIATA REESTATIZACIÓN DE TODAS LAS LÍNEAS DE PASAJEROS Y CARGA DE TRENES BAJO CONTROL DE LOS OBREROS Y USUARIOS JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES DE LA MASACRE DE ONCE REESTATIZACION DE TODAS LAS EMPRESAS PRIVATIZADAS NO AL AJUSTE. QUE LA CRISIS NO LA PAGUE EL PUEBLO
30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES 30000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES AHORA Y SIEMPRE AHORA Y SIEMPRE AHORA Y SIEMPRE
Gracias a la lucha de todo el pueblo, la política de Juicio y Castigo ha posibilitado que 360 represores sean condenados en 7 años de juicios. Una quinta parte de los jóvenes apropiados en esos años recuperen su verdadera identidad.
En estas 3 décadas se registraron más de 3800 casos de gatillo fácil, más de 200 casos de personas desaparecidas por razones políticas y sociales y más de 80 personas asesinadas en represiones abiertas a manifestaciones populares.
El ajuste producto de la crisis económica aumenta la conflictividad social, que a su vez acentúa la criminalización de la protesta y la judicialización de los conflictos, así lo demuestran los más de 5000 compañeros procesados por luchar y la reciente confirmación del espionaje que Gendarmería despliega sobre las organizaciones del campo popular para armarles causas por reclamar sus derechos.
Datos de los juicios en todo el pais.
El Estado argentino sólo efectivizó 89 juicios orales con sentencia en todo el país con 474 procesados imputados, 427 condenas a 360 represores, 42 absoluciones y 4 muertos impunes durante el proceso, por un universo de 2151 víctimas. Si comparamos los represores condenados (360) con los represores muertos antes llegar a la justicia (320), la balanza sigue equilibrada en la impunidad.
Sólo alrededor del 19% del total de los procesados (1900) desde 2003 fue condenado. Menos de 1 represor condenado por CCD.
Habría que recordar que 17 de los 24 juicios de 2012 tuvieron entre 1 y 5 imputados y sólo 6 de ellos juzgaron a 10 o más represores, es decir que hubo tres veces más “mini-juicios” que “mega-juicios”. Si analizamos la cantidad de absoluciones sobre condenas, veremos que 2012 fue el año que mayor cantidad de condenas tuvo (127), también fue el año con mayor cantidad de absoluciones (18) y muertos impunes en juicio (3).
Sabemos que hay más de 60 represores prófugos y casi la mitad de los genocidas imputados en todo el país gozan del beneficio de la prisión domiciliaria.
Protección de testigos.
Seis años y medio de impunidad, silencio oficial y estancamiento de la investigación en la segunda desaparición forzada de Jorge Julio López, y cuatro años de impunidad y el intencionado desvío de la causa hacia la teoría de un homicidio común en ocasión de robo en el caso de Silvia Suppo, son sólo dos ejemplos de las condiciones en que los sobrevivientes y familiares se ven obligados a participar de los juicios, y una muestra de que la protección a los testigos es sólo una manifestación verbal por parte del Estado, mientras se sostiene la misma estructura corrupta y asesina en sus fuerzas de seguridad.
Restitución de identidad a hijos de desaparecidos.
En estos años, si bien hubo 108 restituciones de identidad y 55 militares, policías, médicos y civiles condenados específicamente por el delito de supresión de identidad, retención y ocultamiento de los menores, queda pendiente dilucidar la participación histórica y la responsabilidad penal de los integrantes de la Iglesia Católica, verdaderos agentes de inteligencia del plan criminal como Jorge Bergoglio, Emilio Graselli y tantos otros que eran agentes de inteligencia de los represores sobre los familiares que buscaban a sus hijas y a sus nietos.
La responsabilidad de la mayoría de los jueces y médicos policiales en la entrega de los niños. Porque está claro que la apropiación de niños no sólo se puede investigar por denuncias de particulares, sino también examinando las huellas de ese delito en los registros de las Secretarías de niñez, Registros civiles, hospitales, clínicas y cementerios.
Por otro lado, en el camino de aquellos jóvenes que llegan a realizarse las pruebas científicas para determinar su identidad, estamos ante el paradójico hecho de la construcción de nuevas víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, ya que cuando el análisis genético arroja un resultado negativo previsible, debido a que las muestras obrantes en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es de sólo 200 patrones familiares, la mayoría de los jueces terminan archivando el caso y no continúan con la búsqueda de la identidad.
Hay tareas de política de Estado en este tema que continúan pendientes, como la falta de un cruce informativo y la inexplicable existencia en dos bancos distintos en el EAFF y en el BNDG: uno con la información de los restos de desaparecidos identificados y de familiares (en un banco mucho más numeroso que el BNDG), y por el otro, de la información genética que reconstruye a cada madre y/o padre desaparecido que han sido informados.
Porque a esta altura no es un impedimento técnico la implementación de un sistema informático especializado en crímenes de lesa humanidad, que vincule entre sí los hechos, las pruebas, los imputados, los procesados, las víctimas identificadas y no identificadas.
La impunidad de hoy.
Seguimos denunciando la continuidad de la práctica del gatillo fácil y la desaparición de personas de parte de las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Estos no son casos aislados, ni “excesos”. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
Criminalización de la protesta social.
La criminalización de las luchas de los pueblos originarios, los sectores que se resisten a la economía saqueadora y destructora de nuestros recursos naturales es el símbolo del modelo de exclusión y privilegios que representa el actual gobierno.
Afirmamos que la impunidad, la represión y la persecución a los luchadores sigue siendo una finalidad de las políticas de Estado, porque la criminalización de la protesta social es una herramienta necesaria para sostener un sistema que privilegia las ganancias de una pequeña minoría a costa de las necesidades y sufrimientos de las mayorías populares. Denunciamos por eso que este gobierno, que se presenta como defensor de los derechos humanos y dice condenar los crímenes cometidos durante la última dictadura militar, en los hechos descarga el peso del aparato judicial para perseguir la protesta social del presente.
Al día de hoy son casi 3 los luchadores procesados por cada genocida de la última dictadura. Desde junio de 2010 han sido asesinados 18 luchadores populares y estos crímenes permanecen impunes.
Existe una tendencia a agravar las imputaciones con figuras penales gravísimas que penden como una amenaza sobre la libertad de dirigentes y luchadores, cuestionando conquistas como el derecho a la huelga y a la movilización popular.
Ley antiterrorista, proyecto X y militarización de los barrios pobres.
Los diferentes gobiernos constitucionales han perfeccionado la selectividad del aparato represivo, haciendo uso de herramientas como la “Ley anti-terrorista” reformada en 2011, por la que cualquier militante o activista puede ser acusado de terrorista por participar de medidas de lucha reclamando trabajo digno, salud, vivienda, educación, etc. O bien con la militarización de los barrios pobres de las grandes ciudades, mediante los operativos de la misma Gendarmería que debió renovar su cúpula tras el escándalo que significó el Proyecto X de espionaje sobre las organizaciones populares en lucha, y que terminan sumándose a las tareas de persecución, amedrentamiento y a participar de todos los grandes negociados que ya controlan las policías provinciales.
Sistema penitenciario y sistema judicial.
En los depositarios de muertos vivos llamadas cárceles, el 70 % de los detenidos por delitos comunes son en su mayoría pobres y excluidos, que se hallan sin sentencia firme, sufriendo torturas y traslados constantes, viviendo en condiciones infrahumanas y siendo ejemplo de la falacia del discurso de reinserción social.
Esta es la verdadera “justicia” que reina en nuestro país, la que se supone que debe ser de orden igualitario y común a todos los hombres y mujeres del territorio, y no es más que una justicia burguesa y recortada, muy eficaz para los de abajo y para los que luchan y resisten, pero muy lenta o generalmente inexistente para los poderosos de siempre, que no son más que los que mantienen al pueblo en condiciones de hambre y opresión.
Políticas de memoria y función de los organismos de Derechos Humanos hoy.
Para arrancar al movimiento de Derechos Humanos de su crisis de obsecuencia actual hay que retomar las tareas que lo erigieron como un actor independiente y crítico del Estado violador de derechos. Entre ellas, no sólo la continuidad de la lucha por el Juicio y Castigo a todos los genocidas, sino principalmente la denuncia de las violaciones de DDHH de hoy, el combate contra la criminalización de la pobreza y la judicialización de la protesta, el apoyo a todas las luchas de los trabajadores y el desenmascaramiento de las estrategias de las víctimas-devenidos-en-funcionarios que intentan imponer una versión pasteurizada de la lucha de los compañeros de ayer y de los desafíos de hoy, con su defensa acrítica de la justicia a cuentagotas, su silencio sobre la represión actual, y sus museos, placas y baldosas de la desmemoria.
Si recuperamos nuestras verdaderas tareas volveremos a ser un vigoroso brazo que golpee donde más duele. Señalando hasta el hartazgo que el Estado capitalista fue y es el único violador universal de los Derechos Humanos.
El año 2013 nos encuentra en La Plata con 5 causas elevadas a juicio oral, a saber: hechos parciales por los CCD “La Cacha” y “Pozo de Banfield”, los crímenes cometidos contra los hermanos Iaccarino y los militantes Bettini y Bearze, y la apropiación de Elena Gallinari Abinet.
Tanto las causas Cacha, como Iacarrino y Gallinari-Abinet serían llevadas a juicio este año por el TOF N°1, presidido por Carlos Rozanski e integrado por los jueces Pablo Jantus y Pablo Vega, que en diciembre de 2012 fueron designados en el tribunal ante el apartamiento de Falcone y Portela. Se estima que las causas por el secuestro de los hermanos Iaccarino y por la apropiación de Gallinari comenzarían luego de marzo, mientras que el proceso por “La Cacha” comenzaría antes de la feria judicial de julio. Tras llegar tardíamente a la instancia de juicio oral, todas estas causas dejan a muchas víctimas y represores en el camino, y confirman la propuesta de justicia a cuentagotas que realiza el Estado.
LOS HERMANOS IACCARINO
La causa Nº 3361/12, "Iaccarino, Rodolfo José y otros s/averiguación apropiación de bienes" investiga el secuestro, tortura y robo de bienes a los hermanos Iaccarino. La investigación fue elevada a juicio en marzo de 2012 e incluye acusación contra Bruno Trevisán y Jorge Rómulo Ferranti, ex jefe y subjefe de la Brigada de Investigaciones de Lanús. Las víctimas, los hermanos Alejandro, Carlos y Rodolfo se dedicaban a la actividad empresarial en los rubros de la carne, la construcción, bancos y cooperativas. Durante su cautiverio, que comenzó en Santiago del Estero en noviembre del ’76, fueron obligados a desprenderse de las empresas, campos y un avión. Para la venta forzosa fueron llevados a la Brigada de Lanús (CCD conocido como “El Infierno”) en octubre del ‘77, a pesar de que desde mayo de ese año habían sido "legalizados" en la Unidad 9 de La Plata. Fueron liberados en septiembre del ’78, luego de que su padre firmó la cesión de los bienes. Tras realizar durante 30 años varias denuncias por la multiplicidad de hechos de que fueron víctimas, los hermanos recibieron amenazas. El mayor de ellos, Rodolfo, murió en julio de 2009 de una complicación cardíaca, luego de haber recibido un mes atrás una amenaza en persona de un hombre que le dijo en una plaza platense “El caso Julio Lopez va a ser un poroto al lado del caso Iaccarino”. El hecho está denunciado en otra causa del juzgado N°3 de La Plata.
El expediente se inició como causa “N° 2384” en 2005. En sus testimonios en Juicio por la Verdad y en el juicio a Von Wernich los hermanos señalaron que Alejandro pasó por 14 CCD entre Santiago del Estero y la U9, reconocieron a una decena de torturadores del COT 1 de Martínez y de la Brigada de Lanús, y afirmaron la presencia de funcionarios judiciales que en un lugar de detención clandestina convalidaron el robo de los bienes. Pero la justicia sólo llevará a juicio a los máximos jefes del CCD “El Infierno”. Un primer desguace.
LA LUCHA DE ELENA
La causa "Madrid, Elichart y Kirilosky” juzgará la retención y ocultamiento de menor, supresión y suposición de estado civil y falsedad ideológica de documento público en el caso de Elena Gallinari Abinet. Nacida en 1976 durante el cautiverio de su mamá, María Leonor, e inscripta como hija propia por el represor Domingo Madrid, Elena recuperó a su familia en el ‘87 y su identidad en el ‘94. Durante 11 años, desde su nacimiento en 1976, vivió con el subcomisario de la Bonaerense Domingo Luis Madrid y su esposa, María Mercedes Elichart, quienes con la complicidad de la médica platense Silvia Kirilovski la anotaron como su hija biológica. Pero la joven fue recuperada por su abuela Leonor Alonso, que inició una causa que la justicia termino considerando prescripta y absolvió a los imputados. Pero Elena no estuvo conforme, y en abril de 2007 se presentó ante la justicia e inició la causa judicial que este año llegará a juicio. La madre de Elena, María Leonor Abinet, era una docente, militante gremial e integrante de Montoneros de la zona norte del Conurbano. Fue secuestrada el 16 de septiembre de 1976, embarazada de siete meses. Su padre, Miguel Ángel Gallinari, fue un obrero metalúrgico, delegado gremial y militante montonero secuestrado en junio del ’76. Miguel logró escapar cuando era trasladado a Campo de Mayo, pero un mes después fue recapturado y aún permanece desaparecido. Elena nació en cautiverio y fue entregada a Madrid por otro genocida de la Bonaerense que no será juzgado. Y el CCD en el que su madre la dió a luz no ha sido nunca investigado, con la excusa de que no hay sobrevivientes con los que María Leonor haya compartido su detención.
CAUSA “LA CACHA”
El proceso más grande a enjuiciarse próximamente en La Plata es la investigación por hechos del CCD “ La Cacha ”, uno de los más sofisticados de la dictadura en términos de coordinación entre los servicios de inteligencia de las fuerzas represivas. Tras varias idas y vueltas del juez Blanco en la instrucción de la causa el juicio finalmente incluirá a sólo 16 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. A continuación los detalles de una causa que tiene de todo: fragmentación de casos, genocidas muertos impunes, exonerados y prófugos.
El CCD “ La Cacha ” fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Según los relatos de algunos sobrevivientes como Ricardo Victorino Molina el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo elaborado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Situado en la localidad de Lisandro Olmos, el CCD funcionaba en la antigua planta transmisora de Radio Provincia entre las calles 197, avenida 53, Ruta Provincial n° 36 y la calle 47 y cerca de las vías del ferrocarril Belgrano. se encontraba emplazado a 50 metros de lo que hoy es la entrada principal de la ex Unidad Penitenciaria n° 8 y a unos 100 metros del muro de la Unidad Penitenciaria n° 1 . Al predio se ingresaba por un camino de tierra corto que daba a una zona semi-deshabitada. El centro clandestino estaba compuesto por tres espacios diferenciados: un edificio principal de tres niveles, en donde se alojaba a los detenidos, otra edificación lindera a la anterior, denominada "la casita", que servía como sala de torturas, y una especie de casa rodante, adyacente a los otros dos edificios, a la que algunos ex detenidos-desparecidos fueron conducidos para sostener entrevistas con sus captores. Asimismo, algunos liberados mencionan haberse enterado durante su cautiverio de la existencia de otro centro de detención llamado “cachavacha superstar” o “casita azul”, en la que los prisioneros habrían tenido un régimen de permanencia distinto, sin “tabicamiento” y con la posibilidad de desplazarse por el interior del lugar.
La instrucción de la causa Cacha en el Juzgado Federal de 1ª Instancia de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco y su secretaria Ana Cotter, confirmó durante 10 años el extendido criterio de la justicia de fragmentar y estirar los procesos que tanta lucha costó para que fueran agrupados como unidad de hechos en un CCD. Desde hace casi 30 años, la misma justicia dispone de la declaración conjunta que parte de los sobrevivientes de este CCD hicieron ante la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo (conocido como Clamor). En 1983 y ante ese organismo los sobrevivientes detallaron un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y una lista con los apodos de los represores y la pertenencia a cada arma o dependencia que intervenía.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, reabierta como Causa N° 16.419 “Dr. Felix Pablo Crous s/ denuncia (La Cacha-L.Olmos)” y radicada en el Tribunal N°1 de Blanco y Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Federal Sergio Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires donde tres denunciantes anónimos y ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en el CCD. Cotejados los legajos penitenciarios del ‘76/’83, se citó a indagatoria al “Oso” Acuña, a Osvaldo Uset (a) “el negro”, a Víctor Irineo Garay (a) “pájaro loco” y a Domingo Mac Tier (a) “Mister Y” o “Mister X”.
Pero recién en diciembre de 2009 la fiscalía hizo una descripción de los hechos y solicitó la detención de una veintena de imputados. Se comenzó entonces a imponer la división de la instrucción, contemplando sólo hechos perpetrados a lo largo del año 1977 y por sólo una porción de imputados, porque “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad” habrían aconsejado ir por partes.
Para mostrar cierta movilidad en la causa, en 2010 Blanco solicitó que el Poder Ejecutivo Nacional levante el secreto que protegía a la información de Inteligencia, y se imputó a 12 agentes del Personal Civil de Inteligencia del Destacamento 101. Y aquí comenzaron nuevas defecciones del Juez: Las primeras detenciones, sobre 17 represores, se hicieron entre febrero y marzo de 2010. Luego, en abril de 2010, se suspendió el proceso contra Cesar Emilio Branne, por padecer “síndrome de Corea Huntington” o “Mal de San Vito”. Branne, que estaba con domiciliaria, quedó libre. En agosto de 2010 se procesó y detuvo a Rufino Batalla. En septiembre de 2010 se procesó a Juan Carlos Negri, Enrique Cicciari e Isaac Miranda. En diciembre de 2010 se le dictó la falta de mérito a Cicciari luego de indagarlo y, único imputado del Regimiento 7, quedó libre. En octubre de 2011, se constató el fallecimiento de Negri. Y para confirmar la costumbre judicial de llegar tarde buscar a los represores, entre febrero y marzo de 2010 se determinó como prófugos a 3 imputados en la causa con órdenes de captura: Ricardo Luis Von Kyaw (en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (en Israel) y Miguel Angel Amigo. Amigo fue recapturado en diciembre de 2012 y se espera la resolución sobre si será o no parte del juicio.
La siguiente defección fue en marzo de 2012, cuando Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos de secuestros y torturas, 10 homicidios y 3 apropiaciones de menores. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa.
Las imputaciones definitivas recayeron entonces sobre 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Alejandro Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg). Un total de 18 genocidas para uno de los campos más grandes de la zona represiva de La Plata. Pero el cuento no terminó allí, ya que entre mayo y septiembre de 2012 murieron impunes, gracias a la demora judicial, el coronel Arias Duval y el general Saint Jean mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”. Arias Duval era el único imputado en Cacha acusado por los homicidios y apropiaciones de niños, además de los secuestros y torturas, de manera que con su muerte quedan impunes cientos de delitos, pero principalmente escapa a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en dictadura en La Plata. Los nombres de ambos decesos pasaron a integrar la irreversible cifra de 320 represores muertos impunes desde la caída de las leyes de impunidad, 8 de ellos imputados en causa Cacha.
Quizás por su doble rol como juez electoral y penal federal, Blanco estuvo muy ocupado en intríngulis narco-electorales como para dedicarse de lleno a una causa como la de “La Cacha”, que hace 10 años está en sus manos. Pero lo de su secretaria Ana Cotter es fuera de serie. Cuando elevaron a juicio la causa fragmentada, Justicia Ya se opuso por no estar completa la instrucción y contestó a la elevación en subsidio. En ese momento, Cotter prometió fervorosamente que iba a trabajar sobre lo que quedaba del año ‘77 y todo el año ‘78 para elevarla y que se juntara con lo ya elevado hace un año. Ahora, en una entrevista con Justicia Ya en febrero de 2013 la Sra. secretaria aclaró que no tuvo ni tiene tiempo de hacerlo y que no lo va a hacer porque se está ocupando de otra cosa; que de todas formas debería volver a tomar testimonios para que los sobrevivientes “reconozcan” a los represores; que sin reconocimiento, incluso dijo que “al menos dos”, ella no eleva nada; y que quizás investigaría si los organismos querellantes le hacemos el trabajo.
Con estas posiciones no sólo se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de policía, penitenciarios, de la Armada y del Ejército. También se retrocede a criterios ya superados como que la medida de prueba para imputar a reconocidos represores sea exclusivamente un reconocimiento fotográfico a 37 años de los hechos y haciendo recaer la responsabilidad del avance de la causa nuevamente en la víctimas.
La “sana crítica racional” o la “íntima convicción” del juez Blanco y su secretaria Cotter dejan paso a las contradicciones de un tribunal que, en distintas resoluciones de la instrucción, afirma por un lado que el reconocimiento fotográfico “ha resultado de mucha importancia en causas como la presente”, a la vez que define por otra parte que “el tabicamiento de las víctimas fue un mecanismo efectivo para evitar que los responsables fueran individualizados”.
Por último, se sabe que tanto la Fiscalía Federal de La Plata, las querellas de la Secretaría de Derechos Humanos de Nación y del embajador argentino en España Carlos Bettini y su familia, pretenden que la causa N°29 por el asesinato en noviembre del ‘76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi sean juzgados junto al expediente por La Cacha. En febrero de 2013 el juez Arnaldo “2.040” Corazza cerró la instrucción de esa causa en relación a los genocidas imputados Etchecoltaz, Smart, Eduardo Gargano, Horacio Lujan y Julio César Garachico, y decidió fragmentar la causa para continuarla en otras actuaciones respecto a los represores Juan María Torino y Norman Alfredo Miniot. Más fragmentación.
CAUSA POZO DE BANFIELD
En otra obra maestra de la desidia judicial, en abril de 2012 el hoy renunciado juez Corazza decidió elevar a juicio oral la causa por los delitos de lesa humanidad cometidos en el CCD conocido como “Pozo de Banfield”. La tarea del juez se limitó a declarar clausurada la pobrísima instrucción que, pese al importante aporte de prueba que los organismos de DDHH realizaron, lo llevó a imputar a sólo 7 represores por este campo. Uno de ellos y jefe del CCD, Juan Miguel Wolk, está prófugo. El resto de los genocidas que actuaron en el lugar, como se acostumbra, quedará para inciertos próximos juicios.
Ubicado en la intersección de las calles Siciliano y Vernet en la localidad de Banfield, partido de Lomas de Zamora, el “Pozo” funcionó como centro clandestino de detención entre los años 1974 y 1978 en lo que era la Brigada de Investigaciones de Banfield. Por este CCD pasaron alrededor de 292 detenidos, y una de sus características específicas fue su papel relevante en el circuito de centros clandestinos que funcionó como apoyo para el llamado “Plan Cóndor”, la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur parcialmente probada en el juicio que en marzo de 2011 condenó a sólo 4 genocidas por los casos de 65 compañeros que pasaron por el CCD “Automotores Orletti”, y que en el caso de Banfield alojó a parte del grupo de uruguayos militantes del MLN-AMS-GAU secuestrados entre diciembre del ’77 y mayo del ’78. Otra marca distintiva del “Pozo de Banfield” fue el gran número de embarazadas vistas allí y la cantidad de partos que se produjeron en ese lugar. Los casos de Adriana Calvo, que dio a luz en el auto que la trasladaba de Comisaría 5ta de La Plata a Banfield; el de Silvia Isabella Valenzi llevada del Pozo de Quilmes a parir al Hospital Iriarte de Quilmes, alojada en Banfield y apropiada su hija; y el de Stella Maris Montesano que dio a luz a su hijo Martín en una celda del CCD y desaparecida igual que su esposo Jorge Ogando; son sólo algunos de los que dan cuenta de la maternidad clandestina funcionaba en este CCD.
Iniciada en febrero de 2006 a raíz de una denuncia presentada por H.I.J.O.S. regional Capital, la causa N° 26 Pozo de Banfield tuvo un tortuoso derrotero. En 2008, los organismos querellantes pidieron la imputación de cerca de 200 represores en la causa, por todos los compañeros que pasaron por el campo. En 2010 Corazza decidió procesar, a instancias del requerimiento fiscal, a 6 genocidas (4 de ellos ya procesados en otras causas y pertenecientes a la cadena de mandos), e imputó como procesados nuevos al comisario Miguel Wolk y a Raúl Carlos Rodriguez. En septiembre de 2011 los roganismos reiteraron infructuosamente el pedido. Finalmente, el 23 de marzo de 2012, Justicia Ya! La Plata presentó una queja por retardo de justicia en las causas que instruye Corazza. El 24 de abril de 2012 el juez se despachó con varios “no ha lugar” por pedidos de oposición a la elevación a juicio de la causa en estas condiciones, de paso declaró la prescripción de la acción penal sobre el genocida Ignacio Oscar García “en virtud del fallecimiento del mismo”, y elevó la actuación a juicio.
“No tengo personal”, “estoy con otra causa”, “estoy cansado y nervioso”, “no soy Superman” y “a este paso vamos a terminar las causas en el 2.040” fueron las excusas que varias veces dio Corazza a los organismos querellantes con cínica elocuencia. En resumen serán 7 los represores llevados a juicio en esta causa: Rodolfo Aníbal Campos (Sub-Jefe de Policía Bonaerense de diciembre de 1977 a marzo de 1979), Ibérico Saint Jean (militar, gobernador de facto de la provincia), Miguel Etchecolatz (Director General de Investigaciones), Juan Miguel Wolk (Comisario y Jefe del CCD), Raúl Carlos Rodríguez (Subdirector de Investigaciones, segundo de Wolk), Jaime Smart (Ministro del gobierno defacto de la Provincia), y Jorge Antonio Bergés (médico policial). De todos ellos, sólo 3 son específicos de este CCD (Bergés, Wolk y Rodriguez), los otros son imputados por cadena de mandos. Las víctimas incluidas son 134. En diciembre de 2012, en inusitado rapto de lucidez, “Superman” Corazza decidió procesar en una causa residual de este CCD a 15 represores más, que en su mayoría están requeridos en causa Cacha y son integrantes de la inteligencia militar. Eso sí, Corazza les otorgó automáticamente la prisión preventiva domiciliaria. Difícilmente integren el juicio por el CCD Banfield elevado en Causa N°26, aunque con la justicia federal nunca se sabe.
Párrafo aparte merece la imputación de Wolk, alias “El Patón”, “El Alemán” o “El Nazi”, ya que por lo menos entre 1976 y 1979 actuó en prácticamente todas las divisiones policiales que funcionaron con sede en el edificio del “Pozo de Banfield”: Jefe de la División Delitos contra la Propiedad, Director de la Dirección de Investigaciones y de la Dirección de Seguridad, Zona Metropolitana. Fue además Subdirector y Jefe de Plana Mayor de la Dirección General de Investigaciones y pasó brevemente por la Unidad Regional de Tigre. Además porque durante años la justicia lo daba por muerto. Sólo ante la denuncia de una compañera ex detenida que determinó que seguía cobrando su jubilación y que vivía en Mar Del Plata, se lo pudo imputar en la causa. Pero no fue Corazza el que lo ubicó, sino el periodista Roberto Garrone, quién lo buscó para entrevistarlo y hace 3 años lo encontró en su chalet de Benedetto Crocce 3045 del barrio Punta Mogotes. Puesto en evidencia, Corazza lo mandó a indagar, pero lo hizo sin avisar a las querellas y liberó con domiciliaria al genocida por las famosas “razones de edad y salud”. Casi como un final previsible ante tanta inoperancia judicial, el 10 de Abril de 2012 la Corte Suprema de Justicia confirmó el rechazo de la prisión domicilia de Wolk, cosa que publicó en su sitio oficial de Internet en la misma fecha. La causa llegó a la Cámara de Apelaciones de La Plata el 27 de abril y recién el 4 de mayo el Juez “Cansado” Corazza ordenó su detención. Pero WolK ya no estaba. Su abogado comunicó el 3 de mayo que la hija de Wolk, Mónica Luján, de 51 años y teniente de la Policía Bonaerense, denunció su “desaparición” en la Comisaría 5ta de Mar del Plata el mismo 27 de abril de 2012. Wolk, junto a cerca de 70 genocidas más en todo el país, está prófugo con evidente complicidad de la Justicia que les da la oportunidad de fugarse. Por este hecho Abuelas de Plaza de Mayo pidió el juicio político a Corazza, que anticipando un oscuro horizonte publicó su renuncia en las redes sociales en enero de 2013, y que aún debe ser resuelta por la Cámara Federal de La Plata.
A 37 años del golpe genocida, la justicia platense evade la memoria de las víctimas y de sus familiares que esperan reparación. La justicia hace silencio frente a las denuncias y los reclamos de los organismos de Derechos Humanos, a los que les pide que, como siempre, terminen haciendo el grueso del trabajo investigativo. Los jueces Blanco y Corazza evaden su responsabilidad de investigar y, en definitiva, revelan a la sociedad toda qué calidad de funcionarios judiciales tienen los tribunales Federales de La Plata donde, a 10 años de anuladas las leyes de impunidad, sólo se ha condenado a 44 genocidas de la última dictadura, y donde sólo tienen procesados a otros 80 para entretenernos los próximos 10 años con una farsa de justicia. Marzo - 2013 - HIJOS La Plata
La desaparición forzada de personas fue un mecanismo diseñado por el terrorismo de Estado para aniquilar a los luchadores populares, pero también para vulnerabilizar nuestra subjetividad, aislarnos con el miedo y paralizarnos como sociedad.
Las consecuencias de esta perversa mecánica atraviesan a varias generaciones, y nos dejaron a los HIJOS de desaparecidos un aprendizaje: la certeza de que la desaparición forzada durante la dictadura se produjo por razones políticas, que implicaban una disputa del poder real en nuestro país, y cuyo resultado inmediato fue la tortura para obtener información, el asesinato y ocultamiento del cuerpo de la persona secuestrada para sostener la impunidad del crimen.
En todos estos años venimos denunciando la continuidad de la práctica de la desaparición en las fuerzas represivas del Estado como una herramienta necesaria de los sectores dominantes para seguir imponiendo sus objetivos.
Los casos de Andrés Nuñez en 1990, Miguel Bru en 1993 y Jorge Julio López en 2006 sintetizan dos décadas de reconversión de aquella mecánica de la desaparición, hacia el actual disciplinamiento social de todo aquel que no sea cómplice del esquema mafioso de explotación: Luciano Arruga por no querer robar para la policía, Facundo Rivera por no aceptar la arbitrariedad de las razzias en los barrios, Daniel Solano y Mario Golemba por ser referentes gremiales, y con ello, enemigos automáticos del poder feudal de las zonas rurales.
Pero para entender esto hay que insistir en que estos no son casos aislados, ni “excesos”: así lo prueban los más de 3.800 asesinados en el gatillo fácil y las más de 200 personas desaparecidas en los 29 años desde concluida la dictadura. No es un dato menor que el blanco sea siempre el joven, el pobre, el morocho, aquel que es construido mediáticamente como elemento “inútil” para el sistema, pero que a su vez representa el sector convocado generacionalmente a transformarlo.
El caso de Luciano desnuda las graves contradicciones que pretenden evadir las instituciones en el gobierno de los “Derechos Humanos” y muestra la compleja trama de complicidades que hacen posible el sostenimiento de la impunidad.
Con décadas de demora para el país de los 30 mil desaparecidos, una reforma legislativa incorporó al Código Penal en 2011 el delito de privación de libertad de una persona cometida por un funcionario público o una persona que actúe con autorización, con apoyo o aquiescencia del Estado. La justicia sostuvo durante casi 4 años la carátula de la causa como “averiguación de paradero”, para no hacerse cargo de la real dimensión del hecho. El ministerio público designó para hacerse cargo de la primera etapa de la investigación a la peor calaña del área de Investigaciones de la Maldita Policía de Duhalde. El poder político de Nación no recibió a los familiares y silenció el tema. El provincial protegió a los policías implicados y los puso a reprimir en otras dependencias. Y el municipio, que había inaugurado el Destacamento por presiones de los reclamos de mayor “seguridad”, pidió perdón y reconvirtió en forma oportunista el espacio, para terminar cerrándolo, abandonándolo y negando al grupo de Familiares y Amigos su participación en el predio.
Claramente, el espacio se cerró porque la voluntad de los familiares no era hacer un museo meramente testimonial y obsecuente con el poder de turno, como en muchos otros “Sitios de Memoria” se observa, sino un espacio independiente y de referencia para la lucha antirrepresiva de hoy.
Porque no podemos naturalizar la recurrencia de la práctica de la desaparición de personas, acompañamos el sostenimiento firme del reclamo del grupo de Familiares y Amigos en el esclarecimiento del caso, en el juicio y castigo a todos los policías implicados, en la denuncia de las complicidades políticas y judiciales, y en la apertura definitiva del espacio desde donde se llevaron a Luciano.
Por todo eso, a 4 años sin Luciano, seguimos estando en las calles resistiendo a la represión en todas sus formas y por la construcción de una sociedad distinta.
HIJOS EN LUCHA. HIJOS La Plata- H.I.J.O.S Alto Valle- H.I.J.O.S Bariloche
Desde la Agrupación HIJOS La Plata repudiamos la afrenta a la memoria de los 30 mil compañeros detenidos desaparecidos realizada el fin de año en la ESMA por el elenco de intrépidos y obsecuentes funcionarios kirchneristas del Ministerio de Justicia y la Secretaría de DDHH de la Nación, y acompañamos a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos en su reclamo por un debate serio respecto al destino de los espacios de memoria. El actual Ministro de Justicia, impulsor de la última reforma a la Ley Antiterrorista para ampliar su alcance represivo, y anfitrión de escandalosos asados, tiene viejas deudas con el movimiento de Derechos Humanos que ahora presume encabezar, y en particular con los organismos de la ciudad que gobernó por 16 años. Entre 1998 y 2002, el entonces intendente Alak se había comprometido, como miembro integrante de la APDH, a subsidiar el pago de alquiler de la oficina que la APDH La Plata destinaba como estudio jurídico (350 pesos mensuales durante tres años, que totalizaba más de 12 mil pesos). Los constantes incumplimientos del intendente con el organismo del que fue parte y al que incluye en su currículum político, motivaron en mayo de 2002 una carta abierta del organismo donde denunciaban que “en todos los contactos mantenidos ante funcionarios de su municipio y ante Ud. mismo a través de entrevistas, notas, llamados telefónicos, se ha refrendado el compromiso de pago del subsidio acordado”, y que “la APDH, se encuentra a la fecha en una situación angustiosa dado que ha quedado totalmente sin fondos, lo cual la pone en riesgo de no poder funcionar y no brindar a la comunidad de sus servicios”. En 2006 Alak intentó subsanar su falta de compromiso con el movimiento de Derechos Humanos de La Plata prestando las instalaciones del Salón Dorado, la repartición más lujosa del Palacio Municipal de La Plata, para la realización del que fuera el primer juicio en nuestra ciudad desde la reapertura de las causas contra los genocidas. El espacio fue aceptado por el TOF1 porque las salas de la sede de la Justicia Federal local se desbordarían, pero no estaba preparado para la realización de las audiencias, y ello provocó, entre otros inconvenientes, el apriete a testigos en la sala de espera del tribunal en la misma audiencia en que dio su testimonio Jorge Julio Lopez. Claro que la jugada del intendente resultó desastrosa, primero porque el genocida Etchecolatz fue debidamente escrachado al leerse la sentencia condenatoria, pero además, porque la sede de la municipalidad de La Plata, sus veredas sobre la calle 12 y la Plaza Moreno pasaron a ser el lugar de concentración y lucha de todos los 18 de septiembre para quienes desde hace más de 6 años venimos señalando la responsabilidad de los Estados Nacional y Provincial en su silenciosa complicidad con el secuestro de Lopez. Desde aquel el 18 de septiembre de 2006 la puerta de la municipalidad, donde esperábamos a Lopez junto a los organismos de Derechos Humanos para la lectura del Alegato de la querella del espacio Justicia Ya, se ha convertido en un espacio de la Impunidad, porque desde hace 6 años no recibimos ninguna respuesta ni línea investigativa firme en el caso de parte del “Gobierno de los Derechos Humanos”. El debate sobre las formas de uso de los sitios de memoria no está cerrado, mucho menos ante la carnavalesca disputa que los sectores oficialistas realizan sobre los espacios.
En la provincia de Buenos Aires los funcionarios kirchneristas vienen injuriando la memoria de los CCD de manera repetida. Así sucedió con el predio del Destacamento de Arana, en las afueras de La Plata, donde el EAFF anunció el hallazgo de restos óseos calcinados en abril de 2008 en las excavaciones realizadas en torno de un muro que divide el patio interior del exterior del lugar. Casi instantáneamente, la entonces secretaria de Derechos Humanos, Sara Derotier de Cobacho, adelantó que el gobierno provincial pretendía que el lugar "se convierta en un Museo de la Memoria porque allí están las cenizas de los militantes populares". Inmediatamente, el espacio “Justicia Ya” de La Plata comenzó a solicitar al gobernador Scioli y al juez Corazza la necesidad del desalojo de la policía bonaerense del destacamento policial, ya que la dependencia continuaba funcionando regularmente, y entendiendo que la tarea principal era conservar las excavaciones efectuadas por el EAAF y poder avanzar en la realización de excavaciones pendientes y peritajes sobre el interior del lugar, ello resultaba, cuando menos dificultoso en el estado de ocupación del inmueble. Tras una larga insistencia, en 2009 el Juzgado Penal Federal Nº 3 a cargo de Corazza solicitó al ejecutivo bonaerense el desalojo del Destacamento de Arana. Sin embargo, la iniciativa oficial sobre el predio siguió adelante. Voceros de la secretaría anunciaron por entonces que la obra se realizaba “con el objetivo de preservar la prueba judicial”. Derotier de Cobacho consideró que “Arana es memoria, es respeto por nuestros desaparecidos, por los sobrevivientes y por sus familiares. Es la forma que hoy tiene el estado provincial de acompañarlos y decirles esto jamás va a volver a ocurrir”. “Justicia Ya” respondió con un comunicado titulado “No al museo del horror” donde afirmó su repudio a cualquier proyecto de memorialización que implique la convivencia con las fuerzas represivas y la exhibición de restos humanos, ya que “la presencia y ocupación del lugar por la misma fuerza que lo convirtió en un centro de tortura y exterminio (…) significa una gravísima afrenta a la verdadera justicia y por lo tanto a la memoria colectiva de toda la ciudadanía”. Desoyendo toda las críticas de los organismos, el gobernador Scioli apuró su agenda en medio de la campaña electoral, y el 6 de octubre de 2011, tras inaugurar obras de un laboratorio en teleconferencia con la presidenta Cristina Fernández, participar de un “encuentro con la militancia 2.0”, en exclusiva comitiva oficial y con la policía funcionando en la entrada del predio, presentó las obras de Arana. La prensa de gobernación difundió un escueto comunicado donde se afirmó que “la tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar, dada la sensibilidad y las características de los hallazgos”. En verdad el gobierno de la provincia invirtió 758.000 pesos para montar la iluminación y el mejorado del camino de acceso, más una estructura flotante de hierro y vidrio sobre las fosas halladas. Para minimizar los reclamos de los organismos, pero con el “museo del horror” ya inaugurado, Scioli afirmó que se comprometían a trasladar la presencia policial deledificio que funciona delante de las nuevas obras, cosa que aún no se realizó. La medida fue una muestra más de cuál es la verdadera política de Derechos Humanos de la gestión Scioli, que pretende darse aires progresistas cuando es en realidad la conducción política de la fuerza de seguridad más corrupta y asesina de nuestro país. Medidas como esta afectan la búsqueda de los familiares mucho más de lo que una gestión de gobierno parece contemplar. Un desaire similar se vive alrededor del ex Destacamento policial de Lomas del Mirador donde el 31 de enero de 2009 fue secuestrado, golpeado y desaparecido Luciano Arruga. Inaugurado en 2007 por el grupo vecinal VALOMI (Vecinos en Alerta de Lomas del Mirador) con apoyo del senador provincial kirchnerista Jorge Pirozolo, el lugar se estableció como dependencia de la comisaría 8va de La Matanza para recibir denuncias. En el acto de apertura, y con la presencia de todas las “fuerzas vivas” incluida la directora de Derechos Humanos del municipio, Gina Di Nardo, el intendente kirchnerista Fernando Espinoza agradeció al gobernador Solá y al ministro Arslanián y aseguró que “quizá cuando pasen los años y cuando se empiece a escribir la historia reciente de los últimos 5 o 10 años, quizá entonces podamos valorar lo que significó esta lucha en conjunto de toda la comunidad”. Seguramente no imaginaba que la historia haría tristemente célebre ese lugar por darle continuidad a la práctica estatal de la desaparición forzada de personas. Poco antes de cumplirse 3 años de impunidad del hecho, tarde, casi por obligación y tras el insistente pedido del grupo de familiares y amigos de Luciano, que incluyó un extendido acampe frente en la municipalidad, el intendente Espinoza se decidió a trasladar el destacamento y entregar el inmueble para realizar un espacio cultural. El 28 de diciembre de 2011, día de los inocentes en el calendario cristiano, Espinoza realizó el acto oficial de apertura del “Espacio Para la Memoria Social y Cultural Luciano Arruga", que según informó el municipio, integraría el área de gestión de la Dirección Municipal de Derechos Humanos y albergaría las actividades de un archivo de la memoria, así como también actividades organizadas por los familiares y amigos de Luciano Arruga. Volviendo atrás las palabras que pronunció en el discurso de apertura de la sede policial, Espinoza pidió simbólicas disculpas por lo sucedido en el lugar y aseguró que "cuando inauguramos este destacamento, fue pensando en darle una mejor calidad de vida a los vecinos de la zona. Hoy, lo cerramos y transformamos un lugar de violencia y malos tratos en un lugar de vida, esperanza y dignidad para los jóvenes del barrio. No hice más que hacer lo que siento". Presente en el acto, Vanesa Orieta, hermana de Luciano, puso las cosas en su lugar y afirmó que "esta es una parte de lo que familiares y amigos propusimos hacer cuando desapareció. Logramos que este lugar se cierre gracias al esfuerzo de todos los que nos apoyaron desde un primer momento, pero Luciano ya no está, y eso nos sigue motorizando para no abandonar esta lucha. Hasta que los ocho policías no estén detenidos, esto no termina. Porque por un lado, estamos cerrando este centro clandestino de detención, pero, por el otro, tenemos a los mismos ocho policías que tuvieron a mi hermano colgado y golpeándolo en otras comisarías, con el riesgo de que otros jóvenes puedan padecer lo mismo". Claro que la construcción de un espacio cultural en un sitio cargado simbólicamente con la tortura y la muerte llevaría tiempo para procesar el dolor y apropiarse plenamente del lugar. Pero el proceso que allí se estaba dando molestaba a las intenciones oficiales porque además de la apertura cuidada del edificio a toda la comunidad, el grupo de Familiares y Amigos emprendió una redefinición del espacio colectiva e independiente, y que pretendía transformarlo en referencia de lucha contra la impunidad en toda la zona oeste del gran Buenos Aires. Sin mediar negociaciones, dos meses después de haber otorgado el espacio, que el municipio alquilaba, el intendente Espinoza retiró la llave del lugar al grupo de familiares con la triste frase de que “nunca más” la iban a obtener. Ello redobló la apuesta del grupo de familiares, que desde hace 30 semanas viene realizando una radio abierta en la vereda del espacio pidiendo el esclarecimiento del caso y la apertura definitiva del lugar para actividades de lucha antirrepresiva. En la “Propuesta para el predio de la ESMA y el campo de deportes” que la Asociación de Ex Detenidos hizo hace varios años, se aportaban criterios para los distintos usos del predio. Los compañeros decían claramente que para revertir tantos años de políticas de impunidad implantadas desde el Estado era clave el reconocimiento pleno de la existencia de centros clandestinos de desaparición y exterminio “sin desvirtuar su significación como tales a través de su utilización para otras actividades” y que “no puede ni debe diluirse lo que allí ocurrió detrás de otras actividades, aunque se trate de prácticas que estén vinculadas a los DDHH en su concepción más general”. Desde entonces, la Asociación se oponía a lo que se venía perfilando como “la instalación de instituciones educativas u oficinas públicas”, porque “se establecería un movimiento rutinario y cotidiano de alumnos, profesores, funcionarios, empleados, público y proveedores e implicaría la instalación de la infraestructura necesaria (bares, kioscos, comedores, guarderías infantiles, playas de estacionamiento) que vaciarían de contenido los lugares donde se planificó, se puso en marcha y se concretó un genocidio”. Y se sugería que “no se produzca ningún cambio al tejido histórico de valor cultural”, y que en caso de darse “los cambios que se realicen sean esencialmente reversibles” y “tengan un impacto mínimo”. Nada de esto fue tenido en cuenta al calor de la almoneda que la cooptación kirchnerista realizó sobre amplios sectores del movimiento de Derechos Humanos, y que puede observarse hoy mismo con la instalación en el predio del “Espacio Cultural Nuestros Hijos” regenteado por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, la “Casa de la Militancia” arriendo del sector oficialista de hijos de desaparecidos cedido por la ministra Alicia Kirchner, en el “Centro Cultural Haroldo Conti” que tutela la presidenta y gobierna Eduardo Jozami, en el “Archivo Nacional de la Memoria” asignado a Ramón Torres Molina, el Canal Encuentro de Tristán Bauer, el “Instituto Espacio Para la Memoria” integrado por representantes del ejecutivo y legislativo a la par de algunos organismos kirchneristas, y otros kioscos que todas las organizaciones oficialistas recibieron como medida de prenda por su incondicional apoyo al gobierno. Pero este escándalo nos remite a otra discusión más profunda, que tiene que ver con el rol de los organismos de DDHH en una coyuntura como la actual. Ya en el tratamiento ideológico del tema de la represión estatal se puede reconocer el suelo común burgués de todos los gobiernos del período iniciado en 1983, dado que sin excepción adoptan la perspectiva de los derechos humanos, pero siempre se opera conservando las instituciones represivas, procurando sanearlas de sus “elementos corruptos”. El discurso de los DD.HH., que ha calado profundo en la población, ha sido muy útil para lograr esa conciliación de la sociedad con el Estado, produciendo un relato en el que no se cuestionan las instituciones sino algunos de sus miembros. Esta manera de pensar torna caótica e ininteligible la razón de ser de la inédita violencia desatada antes y durante la última dictadura militar. Violencia indisolublemente ligada a una necesidad del capital: disciplinar a quienes trabajan.
El discurso de los derechos humanos esconde la extensión y la profundidad de los fines que busca concretar la violencia desatada como medio. Los centros clandestinos de detención, la desaparición de personas, las torturas de todo tipo, permanecen (gracias al discurso de los derechos humanos) en el plano de lo moral individual, evadiendo y ocultando la dimensión social y política de la cuestión: el sometimiento de la producción social a la explotación capitalista, la acumulación incesante del capital a expensas del trabajo. Queda en evidencia la profunda maleabilidad de la memoria. El pasado es pasible de ser leído en claves políticamente no sólo diversas, sino también antagonistas. Lo que permanece constante es el carácter limitadamente reformista de las políticas que giran al compás del discurso de los DD. HH. Por debajo de esta apariencia engañosamente universal, se agazapa la dimensión fundamental de los DD. HH.: la operación de abstracción que encubre bajo el velo liberal la explotación capitalista. Por eso puede entenderse por qué asistimos simultáneamente a la reactivación de los procesos judiciales contra los genocidas mientras se promueven políticas de impunidad. También vimos cómo se fue construyendo un relato que oscurece el carácter de clase del conflicto en beneficio de un reforzamiento del ideal de ciudadanía: un discurso que pide perdón en nombre del Estado, repara económicamente a los individuos afectados por los alcances de la represión y, sobre todo, preserva las instituciones mientras descuelga retratos, organiza sendos brindis para festejar supuestos logros o presenta más y más programas estatales en la materia.
Si podemos leer en la magnitud de la represión estatal, acentuada a partir de 1976, la necesidad de terminar con un ciclo de ascenso de luchas que desafiaba el monopolio de la violencia legítima en manos del Estado, de este modo también se explica el recurso permanente del actual gobierno a la manipulación: se entregan algunas compensaciones que aseguren la legitimidad política del sistema, pero cuando las concesiones comienzan a agotarse dejan paso a una faz represiva, cuando las que se ven amenazadas son las ganancias del capital.
Por todo esto, el debate sobre los espacios de memoria y las tareas del movimiento de DDHH no escapa a su planteamiento en términos antagónicos: o se legitima a la clase dominante, que retribuye generosamente con cargos y prebendas, o se sostiene una crítica del orden establecido. Pero la crítica no se hace desde los despachos ministeriales, o los espacios físicos recuperados al Estado de ayer para legitimar al de hoy, sino que emerge desde la exploración teórica y práctica, en la formación y en las calles, sobre cómo inscribirse en el campo de la liberación humana. Aquella liberación que no puede ser contenida en los estrechos marcos de la caricatura de la realidad en que la obsecuencia pretende encerrar a los luchadores sociales.
