NO AL 2x1 - Basta de domiciliarias a los genocidas! * SI NO HAY JUSTICIA... HAY ESCRACHE * A dónde vayan los iremos a buscar!

sábado, 21 de noviembre de 2015

NO MAS AMENAZAS A LXS JOVENES TRABAJADORES DE BARRIO HIPÓDROMO


Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil denunciamos las amenazas y hostigamiento que están sufriendo lxs jóvenes trabajadores de Barrio Hipódromo de La Plata. Desde hace un mes que están persiguiendo a un grupo de amigos –entre quienes se encuentra el hermano Ezequiel Heredia y el de Omar Cigarán, dos pibes asesinados por las fuerzas de seguridad en 2009 y 2013- y particularmente amedrentándolos para que no se encuentren en la plaza del barrio.
Esta semana ya sufrieron dos ataques donde un oficial del Comando de Prevención Comunitaria, primero el lunes 16/11, los persiguió con el móvil policial a toda velocidad por dentro de las vías y al no poder interceptar a uno de los pibes, volvió al grupo que estaba reunido en el cruce de 120 y 41, y les dijo: “le voy a meter un tiro al negro ese”, junto a otros insultos para con los jóvenes incitándolos a “pararse de mano” con él. A los dos días, el miércoles 18/11, se repite el hostigamiento, y en este caso el mismo oficial les gritó por el altoparlante del móvil: “corre negro gato que te voy a agarrar”, asustando a los jóvenes que regresaron a la zona de sus casas. Inmediatamente, ese móvil pegó la vuelta para buscarlos y se encontró con vecinas del barrio, quienes lo interceptaron para frenar las amenazas. Los oficiales desmintieron lo sucedido y acusaron a uno de los jóvenes de haber cometido un delito, poniendo como único argumento la forma de vestir.
Sin embargo, se trata de jóvenes de entre 18 y 26 años que laburan en la construcción o en los studs del barrio, son quienes sufren la precarización de la vida; y son los discriminados y estigmatizados por las diferentes instituciones del Estado -incluyendo a los medios masivos de desinformación-. No son hechos aislados: hace dos días se llevó a cabo la Marcha de la gorra en Córdoba donde movilizaron más de 20 mil personas.
Por ello denunciamos el amedrentamiento a la familia Cigarán, a la familia Heredia, y que con más policías en las calles no nos garantiza seguridad. ¿Qué es la seguridad?
Nosotros seguimos denunciando el avance de las políticas represivas impulsadas por el gobierno nacional, provincial y municipal. En septiembre nos movilizamos en La Plata contra la impunidad de la represión de Estado y queremos conformar un espacio crítico de los sectores políticos que pretenden solucionar los problemas sociales con más policía y cárcel.
La gestión de Scioli en la provincia de Bs. As. nos deja un territorio militarizado y vaciado de políticas sociales en salud, educación, trabajo y cultura. La duplicación de los efectivos de la Bonaerense, las nuevas Policías Comunales, las cárceles saturadas de pobres tienen su efecto concreto: más de 600 víctimas de gatillo fácil, desaparición forzada, torturas y abandono en sedes policiales y penitenciarias entre 2007 y 2015. La gestión de Vidal promete profundizar este camino, con la seguridad al mando de Cristian Ritondo, un viejo cuadro menemista vinculado a la SIDE y ex vice ministro del Interior de Duhalde en el interinato 2002-2003, bajo la gestión de Jorge Matzkin, uno de los personajes claves en el armado de la Masacre del Puente Pueyrredón.

         Basta de hostigamiento a lxs jóvenes pobres

         Ni un pibe, ni una piba menos

         La represión es una política de Estado

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
((Familiares y amigxs de Omar Cigarán-Mauricio Andrada-Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall Grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillán-Corriente Nacional, Patria Grande))

Contacto de Prensa:
- Sandra, mamá de Omar (221) 15 - 5054652
- Julio (HIJOS LP) (221) 15 - 5892221

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viernes, 6 de noviembre de 2015

MIENTRAS BUSCÁBAMOS A MARTÍN, PERDIMOS A VIRGINIA.



Ayer 5 de Noviembre se conoció la noticia de la aparición de Martín Ogando, hijo de Stella Maris Montesano y Jorge Oscar Ogando.
Al enterarnos de este acontecimiento nos invadió una mezcla de sensaciones, que van desde la satisfacción a la pena y la tristeza.
Porque Martín además de ser nieto de Delia Giovanola de Califano, una de las doce fundadoras de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, es hermano de Virginia Ogando.

Virginia comenzó a militar en HIJOS La Plata en 2005, en la comisión de HERMANOS, espacio que eligió para buscar incansablemente a Martín. Fue ese mismo año que viajamos con ella a Pinamar rastreando un dato que le llegó sobre un chico que podría ser su hermano.
Compartimos con ella asambleas, cumpleaños, asados. Cada paso que Virginia daba tenía un fin: la búsqueda de su hermano. Fuimos también partícipes de la desilusión que le producía cada análisis de ADN que daba resultado negativo, y tratábamos de acompañarla en su dolor.
En agosto de 2011 Virginia se suicidó en Mar del Plata. Su fallecimiento nos generó una impotencia infinita, y nos dejó un vacío inconmensurable.
Al leer en el comunicado emitido por Abuelas, que entre 2006 y 2008, se recibieron tres denuncias anónimas, por teléfono y por mail, en las que se planteaba que quien hoy sabemos es el nieto de Delia y el hermano de Virginia, había sido inscripto como hijo propio de quienes decían ser sus padres, nos llenamos de preguntas, tales como:
¿Por qué se hizo caso omiso a esas denuncias que hacía más de ocho años habían sido recibidas en la Asociación Abuelas? ¿Si se hubiesen investigado a tiempo, hoy Virginia estaría dándole ese anhelado abrazo a Martín?
¿Por qué el Ministro de Ciencia y Tecnología Lino Barañao se empeña es desguazar y trasladar el Banco Nacional de Datos Genéticos, que funciona en el Hospital Durand, en óptimas condiciones desde 1987, siendo que es este la herramienta que se ha encargado de restituirle la identidad a 118 jóvenes?
Seguimos sosteniendo que la restitución de la identidad de las personas apropiadas durante la dictadura es una obligación del Estado, no un patrimonio de un organismo de DD.HH.

Por otro lado, vemos con preocupación la situación del predio del ex Centro Clandestino de Detención "Pozo de Banfield”, donde nació Martín Ogando, frente a una serie de actividades y anuncios oficiales respecto a la inminente utilización del lugar como un “Espacio de Memoria”. A nuestro entender, la medida de no innovar, ordenada por el juez Corazza en 2006, continúa vigente, porque continúa en curso la investigación sobre los crímenes aún impunes cometidos en ese lugar, por lo tanto el lugar debe ser debidamente preservado hasta que se hayan concluido las investigaciones judiciales.
Ninguno de los sectores kirchneristas que se disputan el predio, realizaron aportes sustanciales para el avance de la causa N° 26 por los crímenes en el Pozo de Banfield. Ese expediente tuvo un tortuoso derrotero. El primer tramo fue elevado a juicio oral en abril de 2012, con una pobre instrucción en la que Corazza sólo imputó a 7 represores por 134 casos. En un segundo tramo el juez procesó a 15 represores más, pero les otorgó automáticamente la prisión domiciliaria.
Estamos convencidos que la muerte de Virginia es consecuencia del secuestro de sus viejos, la apropiación de su hermano y las marcas que a largo plazo deja el Terrorismo de Estado. Y que la responsabilidad es de un Estado ausente que tardó demasiado en hacer lo que debería haberse hecho hace mucho.
Quienes la conocimos, hoy queremos recordar más que nunca a Virginia, emocionados al releer las palabras que le escribía en una de sus tantas cartas llenas de amor a su hermano:
“Y, por esas cosas que tiene la magia del pensamiento, al ver tanta y tanta gente festejando, me vi y nos vi, cantando entre esa multitud, y sentí que estaba junto a vos alegre y feliz y que, como consecuencia de tanta memoria acumulada, aquel naufragio se había transformado en dulce reencuentro.”

¡Bienvenido Martín!
¡Delia te abrazamos bien fuerte!
¡Hasta siempre querida compañera Virginia!!
¡30.000 detenidos-desaparecidos PRESENTES!

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miércoles, 4 de noviembre de 2015

Repudiamos el allanamiento de la DDI ordenado por el fiscal Garganta.

BASTA DE AMEDRENTAMIENTOS A LA FAMILIA DE OMAR CIGARÁN

Desde el Colectivo Contra el Gatillo Fácil repudiamos el operativo llevado a cabo en la tarde del lunes 2 de noviembre en la casa de la familia de Omar Cigarán, asesinado por el agente Diego Walter Flores de la Policía Bonaerense el 15 de febrero de 2013.
La medida, realizada por agentes de la Dirección Departamental de Investigaciones de La Plata, y ordenada por el fiscal Álvaro Garganta, es completamente injustificada, desmedida y sólo nos remite a un intento de amedrentar a la familia de Omar y a quienes luchamos por justicia en el caso.
El pasado lunes por la tarde se desplegó en la vivienda de la familia un operativo con móviles de la DDI La Plata y de la Comisaría 2da. Al ser requerida la orden de allanamiento y preguntados por qué motivo se realizaba el allanamiento, los agentes, a cargo del oficial Gómez, se negaron a dar explicaciones y continuaron “procediendo”.
Pese a que el domicilio de la familia se encuentra al final de un pasillo con varias viviendas, la primera casa requisada fue la de la familia de Omar, donde no se halló nada. Ya en la vivienda, una agente policial amedrentó a la madre de Omar diciendo “yo si te puedo tocar porque soy mujer”, le quitó el celular con el que trataba de comunicarse con sus compañeros y en una acción totalmente desmedida hasta le impidieron atender el teléfono fijo.
Al finalizar el operativo, no dejaron copia de la orden de allanamiento, y sólo anoticiaron a una vecina cuya casa también fue requisada. En la orden figura que el procedimiento se realizó en el marco de la IPP N°06-00-038258-15 de trámtie ante el juzgado de Garantías N° 4, a cargo del juez Juan Pablo Masi, y en funciones de la UFI N°11, a cargo de Álvaro Garganta. Allí se faculta a “personal que el nombrado designe” a registrar un domicilio de un N.N. coincidente con el de la familia de Omar, para constatar y secuestrar estéreos y autopartes de 5 móviles de los que sólo se especifican las marcas.
Acorde a esta información, el miércoles 4 de noviembre por la mañana nos presentamos junto a la madre de Omar a pedir explicaciones en las oficinas de la UFI N°11. Ante el repentino ausentamiento del Dr. Garganta, nos atendió su secretario Gonzalo Petit Bosnic. Tras manifestarle nuestra indignación por el operativo nos respondió que efectivamente ellos llevan la investigación en cuestión y que no sabían que entre los domicilios allanados estaba el de la familia de Omar. Le respondimos que no pueden desconocer el dato, siendo que ellos instruyen parte de la causa complementaria por el asesinato de Omar, en lo que refiere al accionar de la Policía en el encubrimiento del hecho. Ante esto, trató de explicar que ellos reciben más de 2 mil causas por mes, de las cuales muchas tienen requerimiento de prueba y allanamientos de parte de la DDI, y que “no podemos revisar una por una al detalle”. Insistimos en que tanto Garganta como Bosnic conocen el caso de Omar y no pueden mandar injustificadamente a allanar con la Policía a una familia que ha sido afectada directamente por el accionar policial.
Bosnic respondió que esta investigación se había generado por una denuncia de robo de parte de agentes de la Asesoría Pericial, de calle 41 entre 119 y 120 en Bario Hipódromo, de donde se habrían sustraído las autopartes. Le dijimos que los fondos de la Asesoría, donde está el depósito, no cuenta con custodia y que no pueden disponer allanamientos “al voleo” por un N.N. por más que la casa de la familia sea lindera con la Asesoría.
Bosnic reconoció que “hubo un error en el procedimiento” y que muchas veces la DDI no informa los domicilios reales a allanar, para tener amplia disponibilidad en su obrar. A esto respondimos que conociendo ellos las modalidades del “procedimiento” policial, no pueden ser cómplices de ese accionar y que si son engañados por la DDI es su responsabilidad, igual que si desconocen lo que la Policía hace cuando ellos la mandan a allanar irregularmente.
El secretario se comprometió a no realizar más allanamientos en esta causa, y mucho menos de esta forma irregular y “al voleo”.
El episodio marca claramente la manera de trabajar del Ministerio Público en toda la provincia, que deposita en el “olfato policial” la conducción de las investigaciones, cuando deben ser ellos los que
administran justicia.
Pero aún más, quienes trabajamos contra la impunidad de la represión de Estado sabemos que la justicia dispone a cualquier costo de todos los recursos para investigar cuando se trata de delitos contra la propiedad, pero despliega inversamente todo el abanico de herramientas burocráticas para entorpecer, retrasar, encubrir y desviar las investigaciones si los señalados son agentes del Estado.
Las organizaciones que acompañamos a la familia de Omar en la lucha por justicia seguiremos denunciando este y todos los casos de gatillo fácil cometidos por la bonaerense en la gestión del gobernador Scioli, así como el accionar cómplice de la justicia que se niega a investigar y condenar a los asesinos de uniforme.

Juicio y Castigo al asesino de Omar Cigarán y a los encubridores del crimen.
Basta de gatillo fácil.
Ni un pibe, ni una piba menos.

COLECTIVO CONTRA EL GATILLO FACIL
((Familiares y amigxs de Omar Cigarán, Familiares y amigxs de Mauricio Andrada, Familiares y amigxs de Andrés Nuñez, Casa por los DD.HH. Hermanos Zaragoza, Ceprodh, COB La Brecha, Colectivo Piedra Papel y Tijera, Corall grupo Antirrepresivo, HIJOS La Plata, Olla Popular de Plaza San Martín, Frente Popular Darío Santillan-Corriente Nacional, Patria Grande))


CONVOCAMOS A ACOMPAÑAR LA LUCHA
“MIL DÍAS SIN OMAR”
JORNADA POR JUSTICIA POR OMAR CIGARÁN
JUEVES 12 DE NOVIEMBRE – 10HS -
FISCALÍA - 7 ENTRE 56 Y 57

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martes, 3 de noviembre de 2015

NO AL PROYECTO DE DESGUACE DEL BNDG

Desde HIJOS La Plata nos oponemos al proyecto de Ley de creación de la Unidad de Registro, Sistematización y Seguimiento de casos de NN y Desaparición Forzada de Personas, impulsado por el diputado del FPV Horacio Pietragalla y que lleva el N° de expediente 3479-D-2015 y trámite Parlamentario 71 (17/06/15). El proyecto se tratará este miércoles en el Congreso.


El proyecto crea, en la órbita del Ministerio de Justicia, una Unidad de Registro con el objetivo de “establecer la filiación y facilitar la búsqueda de las personas que se encuentren en cualesquiera de esas situaciones”, con exclusión de aquellas que estén comprendidas en las disposiciones de las Leyes números 23.511 (del viejo BNDG) y 26.548 (del nuevo BNDG).
Entre las funciones que se pretende asignar a la nueva Unidad de Registro están las de documentar hallazgos de cuerpos “de filiación desconocida; extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado o circunstancias similares que se produzcan en el territorio nacional y fuera de él, cuando afecte a nacionales argentinos”. Además se mandata a “colectar, sistematizar y entrecruzar toda información acerca de las personas objeto del Registro” en coordinación con otros registros nacionales.
En el punto d) del Artículo 3 el proyecto crea un Banco de Datos “para el cumplimiento de los objetivos propuestos por esta Unidad de Registro”, al que se pondrá en coordinación con el Banco Nacional de Datos Genéticos, derivando los casos de lesa humanidad a este último y el resto de los casos al nuevo Banco que pretende crear el proyecto.
Además, en el punto f) se dispone “realizar un seguimiento de los casos que haya registrado, hasta su efectiva dilucidación, y trasmitir los datos al Banco de Datos creado por la presente ley o al BNDG creado mediante las Leyes 23.511 y 26.548, cuando resultare que el supuesto encuadra en el ámbito de su competencia”.
Apelando al derecho a la Verdad y a la Identidad que l nueva ley del BNDG limitaba, el proyecto se plantea “contribuir a la investigación eficaz, esclarecimiento y sanción, en su caso, de los casos de filiación desconocida, extravío, ausencia, desaparición forzada, paradero ignorado , etc; a la vez que se propone “contribuir a la restitución de la identidad, búsqueda y localización de las personas”.

Como dijimos en 2009, cuando se sancionó la ley 26.548, y como venimos sosteniendo desde la “Mesa Todos por el Banco”, el Estado argentino sigue improvisando sus políticas referidas al derecho a la Verdad y a la Identidad.
Desde hace 6 años venimos señalando que la nueva ley del BNDG sólo buscó su traslado al Ministerio de Ciencia y Técnica de Nación para utilizarlo como plataforma de un emprendimiento de medicina genómica. Dijimos que esa ley es restrictiva respecto al derecho universal a la Identidad y que con su aplicación el BNDG fue objeto de una medida regresiva e inconstitucional. Denunciamos judicialmente como inconstitucionales los artículos 2 y 5 de aquella ley, porque limitaron la competencia del BNDG a la fecha del 10 de diciembre de 1983. Dijimos que esa arbitrariedad beneficiaba a los laboratorios privados, a los cuales deberán acudir los nacidos y/o registrados en fecha posterior que tengan la capacidad económica para pagar un estudio de esta complejidad. Pero también dijimos que fundamentalmente, la fecha del 10 de diciembre de 1983 pretendía negar la existencia de desaparición forzada de personas ocurridas bajo los gobiernos democráticos.
También venimos señalando que bajo la Ley 23.511 con la que se creó el BNDG, la identidad biológica de todos podía hacerse realidad. El Banco es la única herramienta confiable que se ha podido desarrollar y mantener hasta el momento y que permite averiguar la identidad de los niños apropiados por el estado terrorista, en tanto no sea posible acceder a los archivos de inteligencia de la represión ocultos por los genocidas y por sus cómplices de hoy.
Reafirmamos, que el proceso de desnaturalización y vaciamiento que comenzó con la Ley 26.548 y que avanzó con su reglamentación en 2013 y el operativo de traslado durante 2015, debe ser revertido.
No puede desarmarse lo que ha venido funcionando bien con la excusa de mejorar lo que no se ha hecho en 32 años de democracia. El Estado argentino, que con la Ley de 2009 dejó librada a su suerte a aquellas personas que buscan su identidad y cuyos casos no se refieren al accionar del Terrorismo de Estado, pretende ahora crear un Banco específico para esos casos, asumiendo el vació que han generado. De hecho, entre los fundamentos del proyecto del diputado Pietragalla, está el reconocimiento de ese vacío. Allí se puede leer que “en el marco de los compromisos y obligaciones contraídos por el Estado argentino al ratificar diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, surge la obligación de adoptar todas las medidas que resulten necesarias para prevenir y sancionar las privaciones ilegítimas de la libertad y las desapariciones forzadas de personas, como así también contribuir a la localización e identificación de personas ausentes, con paradero ignorado o fallecidas, cuya identidad no hubiera sido establecida. El proyecto de ley que se propone viene a cubrir, justamente, esa obligación a la que se comprometió el Estado”.
Pero el cinismo con que el diputado Pietragalla y los firmantes del proyecto pretenden justificarlo no tiene límites. Tras negar públicamente que se haya limitado el objeto del BNDG y que la nueva ley haya sido restrictiva, se han puesto a trabajar en este proyecto, que en sus fundamentos reconoce que las Leyes 23.511 y 26.548, “no cubren los casos de desapariciones posteriores a 1983. Por eso, teniendo en cuenta la limitación del objeto por el cual se creó el referido Banco, aparece como necesaria la creación de un nuevo banco”. Y hasta se dan la posibilidad de reconocer la incapacidad actual del Estado para investigar las desapariciones forzadas en democracia, al expresar en los Fundamentos del proyecto que “de haberse contado con un registro como el que se propone en este proyecto de Ley, es probable que no se hubiese tardado tanto tiempo en confirmar la muerte de Luciano Arruga”.
En la investigación por la segunda desaparición forzada de Jorge Julio Lopez, que lleva más de 9 años impune, ha quedado en evidencia la falta de un registro nacional unificado de cuerpos no identificados, tarea que está librada al azar y a la responsabilidad de cada funcionario en todo el país. Pero el avance en la creación de ese Registro no puede hacerse avalando el desguace del BNDG.

Porque somos coherentes con nuestra lucha, desde HIJOS La Plata seguimos diciendo:
- No al Desguace y Traslado del BNDG.
- Por el Derecho Universal a la Identidad.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Basta de negociados con la Verdad y la Memoria.

Adjuntamos link de algunos artículos nuestros en el marco de la lucha contra el desguace y traslado del BNDG.
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2014/11/cambiar-para-peor.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/02/comunicado-banco-nacional-de-datos_27.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/05/seguimos-defendiendo-el-banco-nacional.html
http://hijosprensa.blogspot.com.ar/2015/04/avanzan-los-negocios-en-el-bndg.html
https://www.facebook.com/HIJOS.LaPlata/posts/1639597116329181

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sábado, 24 de octubre de 2015

Inseguridad es más Policía en la calle.

Comunicado de prensa: 


Hoy, 24 de Octubre en horas del mediodía fue apresado el dirigente del Centro por los DDHH Hermanos Zaragoza y miembro de nuestra Multisectorial Oscar Yomha.
Un operativo conjunto de la policía local y la bonaerense de tres motos y cinco patrulleros lo detuvo esposándolo y conduciéndolo detenido a la Comisaría 1° de La Plata. En el mismo operativo fue golpeado un compañero y maltratado otros que trataron de impedir que se llevaran a Oscar.
Con la rápida respuesta de un grupo de compañeros ante la convocatoria de nuestra multisectorial a concentrarnos frente a esa sede policial y la intervención de los abogados militantes populares, se logró la libertad de Yomha
Denunciamos la detención arbitraria así como el maltrato por parte de las viejas y "nuevas" policías que siguen con las mismas prácticas de siempre. Denunciamos el intento de armar una causa en base a una información falsa. Al pato lo detuvieron por ser consecuente en la lucha contra la impunidad, por estar siempre junto a los chicos de la calle organizando actividades para sostener la olla popular, aún sobrellevando una enfermedad que lo obliga a 3 diálisis semanales (al ser detenido venía de una).
Reivindicamos la inmediata solidaridad de los compañeros que acudieron para exigir la libertad de Oscar, así como de aquellos que llamaron a la comisaría para interceder por él.

*Exigimos el cese de la persecución a los que luchan.
*Exigimos el castigo a los responsables de la detención a Oscar Yomha.
*No a la formación de causas a los luchadores.
a la cárcel deben ir los responsables del hambre de los chicos de la calle y no los que los defienden
a la cárcel deben ir los genocidas que continúan impunes y no los que luchan contra la impunidad.

MULTISECTORIAL LA PLATA, BERISSO Y ENSENADA

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domingo, 18 de octubre de 2015

CONVOCAMOS a la lectura de la Sentencia en el juicio a la FT5.

Lunes 19 de Octubre de 2015 - Desde las 10 hs. (Veredicto por la tarde) Tribunal Oral Federal 1 – 4 entre 51 y 53.

En Astilleros Río Santiago hubo más de 200 presos políticos, 43 desaparecidos y 1.300 renuncias forzadas de trabajadores durante la dictadura. En este debate sólo se contemplan los casos de 19 compañeros del Astillero víctimas del plan genocida. Además hubo12 desaparecidos Propulsora y 11 en el Frigorífico Swift. Idéntica situación se generó en SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, la textil Sniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. No todos ellos están contemplados en este juicio. Sólo por la acción de las querellas, este juicio pasó de incluir 40 a 55 víctimas de la FT5. No se juzgó el rol de las burocracias sindicales ni de los directorios de las empresas cómplices del genocidio. Tampoco se juzgaron los delitos sexuales que surgieron en el debate, ni se profundizó en la apropiación del hijo de Norma Raggio Baliño de Balbuena, desaparecida desde el BIM3. En estos años de juicios a los genocidas, en La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenados 69 represores y uno fue absuelto. De esas 11 sentencias sólo se encuentran firmes 6, por resolución de la Corte Suprema y Casación y las últimas 5, las que más represores sentenciaron, aún no tienen confirmación de ninguna instancia. Y de acuerdo a las causas abiertas, el Estado propone juzgar, para el Circuito Camps (es decir 29 CCD en toda la zona), más los crímenes de la Armada y Prefectura y la causa por el CNU, a sólo 150 represores, cuando en realidad hubo una estructura de centenares de represores y de miles de compañeros secuestrados, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos en la región.

 Por todo eso, seguiremos pidiendo: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS.  JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES).  RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS.  BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN. 

 HIJOS La Plata Octubre de 2015

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viernes, 16 de octubre de 2015

NO ESTUVIERON TODOS LOS GENOCIDAS, NI TODOS LOS COMPAÑEROS

Desde HIJOS La Plata, y el espacio Justicia Ya La Plata del que somos parte, venimos sosteniendo desde la reapertura misma de las causas seguidas contra los integrantes de la última dictadura cívico-militar-eclesiástica, que las investigaciones penales y los juicios a los genocidas deben ser efectuados en un marco conjunto, dadas las evidentes características de masividad, planificación e interrelación de los gravísimos crímenes que en ellos se debaten. Así también, en nuestra intervención en las anteriores causas elevadas a juicio en La Plata manifestamos claramente la necesidad jurídica del juzgamiento de los crímenes contra la humanidad cometidos en nuestro país durante los años '76/'83 agrupándolos por centro clandestino de detención, o bien por circuito represivo, como es en este caso referido a los distintos CCD de la Armada y Prefectura. Hemos manifestado hasta el cansancio en los tribunales de instrucción que los principios de economía procesal y verdad jurídica material imponen, de la misma forma, adoptar este criterio de modo de conseguir una investigación acabada y eficiente de los sucesos ocurridos. Y señalamos en todos los ámbitos que de no adoptar ese criterio, el plan represivo y la cadena de responsabilidades se perderán inevitablemente en la incoherencia de innumerables causas seguidas como hechos independientes y sólo por unos pocos casos en cada oportunidad. Obviamente, no resulta el criterio de unificación por centro clandestino de detención, el único adecuado. Por ello, propiciamos oportunamente en la causa 1/SE, la existencia de una investigación para todos aquellos casos de asesinados, o víctimas no vistas en ningún centro clandestino de detención, que dio origen a la causa N° 183. En este sentido ha sido una conquista de este reclamo el hecho de que en este debate se estén juzgando los casos de Ricardo Nuez y Roberto José De la Cuadra, ya que pese a no conocerse por cuál de los distintos C.C.D. de la Fuerza de Tareas 5 han pasado, está probada la participación de la Armada en la persecución que sufrieron y en sus posteriores secuestros y desapariciones forzadas. En el caso de la presente causa, si bien la investigación surgió a partir de denuncia de la existencia de un centro clandestino de detención en la Escuela Naval, posteriormente, se amplió el criterio a la actuación represiva de la Fuerza de Tareas N 5, es decir que el criterio investigativo y de imputación trascendió el análisis de los hechos sucedidos en un C.C.D. para extenderse a la participación de toda la FT5, es decir todos los hechos represivos cometidos en nuestra zona por la Armada Argentina y la Prefectura Naval subordinada a ésta. Por ello mismo este proceso ha resultado fragmentario y no ha incluido todos los casos de los que la justicia tiene sobrada prueba de la actuación de la Armada y Prefectura en las jurisdicciones fabriles que le asignaba su propio esquema represivo en el Plan De Capacidad (Placintara de 1975) en nuestra zona. El origen de estas actuaciones, es el requerimiento fiscal del Dr. Sergio Franco, a partir de la denuncia de María Laura Chino, sobre la existencia de un CCD dentro de la Escuela Naval. El fiscal sostuvo en su denuncia, que allí habrían funcionado como centros clandestinos de detención los edificios de la Base Naval, la Escuela Naval, el ex Liceo Naval, la delegación de Prefectura Naval Argentina y el Hospital Naval. Tomado como base el testimonio de Carmelo Cipollone, quien había declarado sobre su secuestro a manos de la Armada ante la CONADEP (con legajo de referencia N°6290) y también en el Juicio Por la Verdad de La Plata, se sustanció un expediente que pretendía encaminarse al esclarecimiento de todos los crímenes denunciados ante la justicia federal como parte del plan represivo desplegado por la Armada y Prefectura en Ensena, Berisso y La Plata. Posteriormente, y mediante sucesivas ampliaciones del requerimiento fiscal inicial, el Juzgado Federal N°3 de esta jurisdicción, a cargo del Dr. Arnaldo Corazza, precisó el objeto de la causa, lo que provocó incluso el cambio de la carátula inicial. El expediente pasó a ser denominado “Fuerza de Tareas N° 5”, y encabezaba debidamente las imputaciones el Comandante de Operaciones Navales, Antonio Vañek. Así la justicia consideró que esta Fuerza de Tareas llevó adelante un intenso accionar represivo ilegal, principalmente dirigido contra trabajadores que se desempeñaban en las empresas ubicadas en el polo industrial de las ciudades de Berisso y Ensenada, perpetrando de este modo, hechos ilícitos calificables como delitos de lesa humanidad. Al momento del retiro de la actividad del Dr. Corazza, el expediente fue asumido por el Dr. Manuel Humberto Blanco, titular del Juzgado Federal N°1 y en subrogancia en el Juzgado N°3. Resulta significativo que en el auto de elevación elaborado por el Dr. Blanco se mencione como un testimonio “de gran importancia para componer el itinerario seguido por las víctimas que fueron secuestradas por la FT5” el relato prestado ante el fuero por Ana María Nievas, cuando en realidad su caso nunca fue tenido en cuenta para realizar las imputaciones de rigor. Tal como ha sucedido en casos anteriores, el Dr. Blanco conformó nuevamente una causa “residual”, con los hechos que quedaron fuera de las indagatorias iniciales a los imputados. Resultaría sobreabundante, volver a insistir con lo que genera la fragmentación de las causas: las consecuentes dificultades probatorias, la reiteración de juicios orales, la re victimización de testigos, es algo que de manera patente ya conoce la justicia de instrucción, y este tribunal recepta como instancia posterior. Pues bien, el pedido de ampliación de indagatorias realizado por Justicia Ya en el debate, y que fue positivamente aceptado por el TOF1, es símbolo de lo que estamos señalando. Nuestro requerimiento de ampliación de las indagatorias en pleno debate se basó en los testimonios de una docena de víctimas que escuchamos en el debate, pero que en su mayoría ya habían prestado declaración en la instrucción de la causa y en los Juicios por la Verdad. De manera que la posibilidad objetiva de subsanar aquellas omisiones de la instrucción en el debate, no desmerece en absoluto nuestra crítica a la característica con que este expediente llegó a la instancia de juicio oral, porque aún así, no forman parte de este juicio todas las víctimas que sufrieron la persecución, el secuestro, la aplicación de tormentos, el homicidio y el ocultamiento de los cuerpos como parte del plan genocida. De hecho resulta muy sugerente que estando obligado el Estado argentino a esclarecer estos crímenes, sean las querellas las que deban cargar la responsabilidad de utilizar la prueba existente para señalar que existen más víctimas y más represores responsables de los delitos aquí ventilados. Y más sugestivo resulta que la acusación de parte del Estado en este proceso, aún con las razones técnicas que esgrima, no acompañe el pedido de incluir en las imputaciones a las víctimas a las que se ha escuchado en este debate o cuyos familiares han relatado con detalle los hechos sucedidos. Fueron parte de este debate los relatos Silvina Arias, Mariela Sander y Silvia Crespo, cuyos familiares, Diego Arias, Luciano Sander y Rodolfo Crespo, a criterio de la justicia no debían formar parte en este proceso de las víctimas de la Fuerza de Tareas 5. También se escuchó el testimonio de Florencio Laurini, trabajador del Astillero secuestrado en el invierno de 1977, y de Roberto Almada, empleado del Swift que pasó 3 días en Prefectura en el invierno de 1977. Ambos casos, y el de varios de sus compañeros, no fueron tomados en cuenta en este proceso. Afirmamos entonces que el desguace de las causas contra los genocidas reproduce y es funcional a la impunidad. El desmembramiento de los procesos que deben ser investigados en conjunto abre la posibilidad de sentencias disímiles con distintos criterios en cuanto a autoría, participación, monto de la pena y efectividad de la condena, en causas con identidad de hechos, imputados, y víctimas. Insistimos en lo peligroso que es el camino que se abre al desguace y a criterios de selectividad arbitrarios de hechos e imputados. En estos casos la selectividad implica una toma de posición por parte de la justicia respecto a los límites que deben imponerse al juzgamiento del genocidio cometido en la última dictadura. Ha sido, es y será el objetivo de esta querella que los procesos contra los genocidas insuman el mínimo tiempo posible con el único límite de que esta urgencia –más que justificada luego de casi 40 años de impunidad- sea compatible con los derechos de los acusados. Por ello resulta inadmisible el argumento alguna vez esgrimido acerca del retardo de justicia que implicaría llevar a cabo las indagatorias y procesamientos imprescindibles para completar las instrucciones de las causas. Muy por el contrario, afirmamos que sí significa un real retardo de justicia elevar a su etapa oral las causas como se viene haciendo: en un verdadero desguace que implica una sucesión casi infinita de juicios orales en los que se investigarían los mismos delitos y se acusaría a los mismos imputados. De esta manera, fue en marzo de 2014 que el dr. Manuel Humberto Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y que necesariamente implicaría la conformación de una causa residual. El Dr. Blanco dio lugar al minúsculo requerimiento formulado por la fiscalía en el expediente: en total 10 genocidas por 40 casos para una zona que, junto con Capital Federal, Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina. En el camino murieron impunes 2 de los represores imputados, con lo cual se acotó el objeto de la causa. Con esto, no se elevó a juicio más que a una pequeña parte de los partícipes de los hechos en juzgamiento, porque nuevamente la Justicia adopta un criterio imputativo por el cual solo algunos de los mandos superiores y agentes de inteligencia fue indagado por los delitos cometidos. Pero además, de la propia información obrante en la causa se desprende el carácter fragmentario que ha tenido la investigación de la represión de la Armada y Prefectura en nuestra zona. Por ejemplo, en el informe sobre el BIM 3 y el CIFIM elaborado por el Grupo de Trabajo sobre Archivos de las Fuerzas Armadas dependiente del Ministerio de Defensa, se da cuenta de que durante el año 1976 sólo en el BIM 3 revistaron al menos 22 oficiales, 76 suboficiales y 615 soldados conscriptos. La Memoria Anual correspondiente al '76 de la Jefatura de Infantería de Marina define que la zona de Río Santiago presentó la particularidad de tener una “alta densidad de población de infantes de marina”. La justicia también conoce la existencia de un informe elaborado por el entonces Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en 2010, en base a un relevamiento de los Boletines Navales Reservados, de los legajos personales y del material obrante en la ex-DIPBA referidos al período '76-'83. Allí se detalla la revista activa de 68 oficiales de la Armada que cumplieron funciones en la Fuerza de Tareas 5 entre 1975 y 1982. En ese listado figura que varios oficiales que actuaron en los años más duros de a represión, 1976 y 1977, se encuentran fallecidos, como: - el oficial Edgardo Bonanni Rey, jefe de la Compañía de Tiradores del BIM 3 en 1976. - el oficial Mario Cazaux, integrante de la Escuela Naval y jefe del Estado Mayor de la FT5. - el oficial Oscar De Salas, Segundo Comandante del BIM3 en abril de 1977. - el oficial Eugenio Noziglia, Segundo Comandante del BIM3 entre dic del '76 y julio del '77. - y el oficial Silvio Eduardo Galindez (alias “Lobo”), de actuación en el BIM3 como Jefe de la Compañía “H” en el '76 y '77 (sobre quien, a la fecha del informe, junio de 2010, no obraba constancia de fallecimiento en la Cámara Nacional Electoral). Pero muchos otros represores que figuran en el mencionado informe continúan con vida y no han sido requeridos por la justicia. En el informe citado figuran por lo menos 25 oficiales que actuaron entre el 16 de enero de 1976 y el 18 de mayo de 1977, período en que se cometieron los delitos que estamos juzgando. Entre ellos podemos nombrar a: - el oficial Eduardo René Fracassi, Vicealmirante y Comandante de Infantería de Marina durante el año 1976 (desde julio de 2014 está siendo juzgado en Bahía Blanca por su responsabilidad en 38 casos de secuestros y torturas y 10 homicidios como parte de la Fuerza de Tareas 9). - el oficial Roberto Luis Alemano, que también actuó en la Escuela Superior de Infantería de Marina (ESIM) y en la ESMA. - el oficial Oscar Castro, Comandante de la Fuerza de Apoyo Anfibio, que actuó al mando del sr. Fernández Carró, imputado en autos. - el oficial Osvaldo Emilio Colombo, que actuó como jefe de la Sección de Tiradores del BIM3 y luego en la ESMA. - el oficial Guillermo Jorge Duhalde, jefe del Área de Personal de la FT5, que se encargaba del control del personal detenido. - el oficial Argimiro Luis Fernández, citado en este juicio por las defensas como testigo de los hechos pese a haber sido Comandante del BIM3 y jefe del Estado Mayor de la FT5 en el año '77. - el oficial Haroldo Santillán, Jefe a cargo del área de Automotores y Comunicaciones del BIM3. - los oficiales Basilio Lemos, Horacio Luján, Eduardo Menghini y Raúl Sanchez, actuantes en las distintas áreas de inteligencia y Contra-Inteligencia de la FT5. Sólo esta pequeña lista mencionada supera la cantidad de imputados en este juicio. Como sabemos, muchos de los testigos han mencionado en el debate que los operativos de secuestro se realizaban en grupos de entre 15 y 20 oficiales de la Armada. Y muchos se preguntaban, por qué además de los 8 aquí juzgados, dónde está el resto de los responsables de esos crímenes. Pues bien, cuando decimos que en este proceso no están todos los responsables del genocidio cometido por la Armada en nuestra zona, no hacemos aseveraciones en abstracto, ni señalamos potenciales colaboradores, sino que afirmamos en base a la propia documentación que figura en la causa que, con el mismo criterio de imputación de base que los 8 imputados en este juicio, existen por lo menos otros 25 represores responsables de los hechos aquí juzgados identificados con legajo, función y período de revista en distintas dependencias de la FT5. En Astilleros Río Santiago hubo más de doscientos presos políticos, 43 desaparecidos y 1.300 renuncias forzadas de trabajadores durante la dictadura. En este debate sólo se contemplan los casos de 19 compañeros del Astillero víctimas del plan genocida. Hubo12 desaparecidos Propulsora y 11 en el Frigorífico Swift. Idéntica situación se generó en SIAP, Indeco, OFA, Batisti y Káiser Aluminio, Petroquímica General Mosconi, Hilandería Olmos, la textil Sniafa, Corchoflet, empleados públicos, docentes y no docentes de la Universidad Nacional de La Plata. Sólo por la acción de las querellas, este juicio pasó de incluir 40 a 55 víctimas de la FT5. No se juzgó el rol de las burocracias sindicales ni de los directorios de las empresas cómplices del genocidio. Tampoco se juzgaron los delitos sexuales que surgieron en el debate, ni se profundizó en la apropiación del hijo de Norma Raggio Baliño de Balbuena, desaparecida desde el BIM3. En estos años de juicios a los genocidas, en La Plata hubo 11 sentencias en las que fueron condenados 69 represores y uno fue absuelto. De esas 11 sentencias sólo se encuentran firmes 6, por resolución de la Corte Suprema y Casación y las últimas 5, las que más represores sentenciaron, aún no tienen confirmación de ninguna instancia. Y de acuerdo a las causas abiertas, el Estado propone juzgar, para el Circuito Camps (es decir 29 CCD en toda la zona), más los crímenes de la Armada y Prefectura y la causa por el CNU, a sólo 150 represores, cuando en realidad hubo una estructura de centenares de represores y de miles de compañeros secuestrados, torturados, exiliados, asesinados y desaparecidos en la región. Por todo eso, seguiremos pidiendo: JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS GENOCIDAS POR TODOS LOS COMPAÑEROS. JUICIO Y CASTIGO A LOS RESPONSABLES CIVILES (EMPRESARIOS, JUECES, CURAS Y BURÓCRATAS SINDICALES). RESTITUCIÓN DE NUESTROS HERMANOS APROPIADOS. BASTA DE BANALIZAR LOS CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN. HIJOS La Plata Octubre de 2015

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miércoles, 7 de octubre de 2015

Si no hay justicia, hay ESCRACHE!!!

Desde HIJOS La Plata reivindicamos el escrache realizado al ex gobernador de la provincia de Buenos Aires Felipe Solá, responsable político, junto a Eduardo Duhalde y Aníbal Fernández, de la masacre de Avellaneda, donde fueron asesinados Darío Santillán y Maximiliano Kosteki.
Consideramos que el escrache es una herramienta de denuncia ante la impunidad de la que siempre gozaron los asesinos de tantas generaciones de militantes en lucha, por lo tanto la acción realizada por los compañeros nos parece sumamente válida para señalar a quiénes no les tiembla el pulso cuando tienen que perseguir y criminalizar a los luchadores populares.
A su vez repudiamos las declaraciones de Solá, realizadas en los medios de (des) información, acusando de “violentos e infiltrados”, a los compañeros que realizaron el escrache.


A 13 años de la masacre de Avellaneda exigimos:
-       Juicio y Castigo a los responsables políticos del asesinato de Darío y Maxi.
-       Llamado a indagatoria y procesamiento de todos los funcionarios Nacionales y Provinciales en el momento de la masacre.
-       Basta de criminalizar la protesta.

Darío Santillán y Maximiliano Kosteki presentes!!!
HIJOS La Plata

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martes, 6 de octubre de 2015

El debate sobre los CCD en la experiencia del BIM3

DARSE CONTRA UN MURO

 

Por HIJOS La Plata
Desde HIJOS La Plata señalamos la soberana elusión del debate sobre la banalización de lugares que han sido Centros Clandestinos de Detención durante la última dictadura, que realizó el Decano de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la UNLP, Aníbal Viguera, y autoridades secundantes.
La realización de nuestra parte de un mural en una pared del nuevo edificio de la Facultad, emplazada sobre el predio del Batallón de Infantería de Marina 3, parece haber despertado el horror de sectores demócratas que hacen usufructo con dineros públicos de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Nuevamente recibimos acusaciones infundadas de antidemocráticos o violentos, esta vez en un “Mensaje a la comunidad” publicado por el decanato.
Nosotros decimos: no es verdad que no hubo posibilidad de diálogo. De hecho estuvimos media hora discutiendo alternativas con el vicedecano de la FaHCE, Mauricio Chama, que primero en actitud conciliadora y luego en franca defensa irrestricta de su coto, cerró las posibilidades de poder hacer la pintada y dijo que tomábamos el lugar “por asalto”. A ello se sumó la queja de la docente María Laura Lenci que “no podía creer” lo que estaba sucediendo.
Pero aquí no estamos discutiendo la blancura de la pared de un edificio público, que tranquilamente puede volver a blanquearse para emular las construcciones de la armada o para hacer un mural homenaje al Decano Viguera. Estamos hablando de la utilización que hace el Estado nacional, y la UNLP como parte de éste, de espacios que probadamente han funcionado como parte de la maquinaria del Terrorismo de ese mismo Estado hace 40 años.
Para hablar de ello, hay que refrescar lo que desde HIJOS venimos diciendo sobre la historia en democracia del Batallón de Infantería de Marina Nº 3 Almirante Eleazar Videla:
- Abandonado el predio por la Armada en abril de 1999, el Estado se desentendió del espacio abriendo el interés a los privados.
- En 2000 la propiedad del terreno fue adquirida por CENCOSUD, un holding empresario que preveía instalar un hipermercado Jumbo, once cines, un centro comercial y un patio de comidas. La iniciativa fue saludada por la gestión de Ensenada pero despertó oposición política en La Plata y el Concejo Deliberante pidió por unanimidad a la Provincia que niegue la habilitación correspondiente. Las razones fueron el perjuicio económico a comerciantes y el impacto ambiental: nada sobre el pasado del predio y su preservación.
- En 2001 HIJOS La Plata y la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos presentamos en la Cámara Federal un recurso de no innovar sobre el predio hasta que se completen las investigaciones por los delitos de lesa humanidad allí cometidos. Tres años más tarde se propuso instalar una Alcaldía para alojar presos, esta vez legalizados, a lo que Ensenada se opuso con un proyecto de expropiación. 
- En 2005, mientras reclamamos al director municipal de DD.HH. Daniel Fabián que preserve el predio, sólo obtuvimos como respuesta: “si quieren hacemos un acto, lo traemos al Flaco (por Nestor Kirchner) y sacamos una foto en la puerta”. El mismo año HIJOS y AEDD enviamos una carta al Secretario de DD.HH. nacional, Eduardo Luis Duhalde, donde sumábamos información sobre los represores de la FT 5 de la Armada,y exigíamos que el Estado expropiara el predio para investigarlo y así dar impulso a las investigaciones de la causa por aquellos crímenes. Nada de eso sucedió.
- En 2006 el gobernador Solá firmó el proyecto para la expropiación del terreno. Por entonces, el rector de la Universidad de La Plata, Gustavo Azpiazu, comenzó a gestionar la construcción de las facultades de Psicología y Humanidades en el predio, junto con el debido “Museo de la Memoria” del BIM 3.. Para ello consiguió 15 millones de pesos permutando con YPF SA el complejo que la empresa tenía en Florencio Varela, y donde funcionaban laboratorios del Centro Tecnológico y el Centro Regional de Estudios Genómicos de la UNLP, por un terreno de las mismas dimensiones que la Universidad tenía en Berisso y donde la petrolera instaló la Estación de Bombeo del Poliducto La Plata-Puerto Rosales. Grandes negocios para ambas partes.
- En julio de 2010 Scioli completó la cesión de los terrenos del BIM al nuevo rector, Fernando Tauber, con la obra de la nuevas Facultades ya adjudicadas. En enero de 2011, al inaugurar la Universidad de Florencio Varela en los ex predios de YPF, la presidenta anunció que los fondos para construir el proyecto del Dr. Tauber en el ex BIM3 finalmente estaban disponibles.
- En Abril de 2012 se inauguró la nueva sede de la Facultad de Psicología, y dos años más tarde, con acto de la presidenta Cristina Fernández incluido, la nueva sede de la facultad de Humanidades.
- En marzo de 2014 el juez Blanco elevó la causa N°35 a juicio oral, con una investigación fragmentada y con una reciente segunda tanda de querellantes recién presentada por el espacio Justicia Ya. Pero en realidad Blanco no hizo más que dar lugar al exigüe requerimiento de los fiscales Molina, Schapiro y Fernández en el caso: 6 ex jerarcas de la Armada, 2 ex jefes de la Prefectura Naval y otros 2 ex oficiales de esta fuerza. Un total de 10 genocidas (2 murieron impunes) para una zona que, junto con Capital Federal Mar Del Plata y Bahía Blanca, fue diezmada por las patotas de la Marina.


Con todas estas razones, nos permitimos señalar al sr. Viguera, al sr. Chama y a la sra. Lenci que NO ALCANZA con “hacer visible el hecho” de que están funcionando en un CCD cuando el Estado Nacional está obligado por la ley N°26691 no sólo a señalizar los CCD sino a preservarlos como prueba judicial, completar las investigaciones, actualizar su nómina, recuperarlos y transmitir la memoria histórica de lo que allí sucedió. Acorde a la política de “la placa y la foto” que desarrolla la gestión del secretario de DDHH Martín Fresneda el resultado en el BIM3 es un deslucido cartel que no incluye ni los nombres de los compañeros que pasaron por allí.
NO ALCANZA con “el desafío de habitar un lugar cargado de sentidos con la responsabilidad política de mantener viva la memoria” cuando el proyecto de realizar una facultad sobre el BIM3 formó parte del Pan Estratégico de la UNLP desde 2007, como parte del avance patrimonial de la UNLP en la zona del Bosque Norte. Ha sido muy significativa la defensa que la gestión Viguera ha hecho de la apuesta político-inmobiliaria de la gestión K en la educación terciaria, cuando en este caso se justificaba diciendo que se mudaban de un predio (7 y 48) inaugurado por la dictadura de Onganía, sin agregar que se iban a otro predio que fue CCD de la dictadura de Videla, Massera y Agosti cuyos crímenes continúan impunes.
NO ALCANZA con saber y asumir “que la memoria es objeto de múltiples debates” cuando hay hechos fácticos irreversibles de los que el Estado no está dispuesto a hacerse cargo: no puede utilizarse ni re-significarse un predio donde se cometieron crímenes de Lesa Humanidad hasta que no se completen las investigaciones judiciales de esos hechos.
La UNLP sabe que se compró un problema con este tema, y NO ALCANZA con asumir “las discusiones, las tensiones y conflictos y las distintas maneras posibles de utilizar el espacio y sus modos de habitar un sitio de memoria, reconociendo la pluralidad de voces, sin imposiciones” cuando ha habido una apropiación del predio que para el Sr. Viguera y los sres. Raúl Perdomo, y sus antecesores Azpiazu y Tauber, parece haber generado una legitimidad de origen inmaculada, sacra como el poder que da la capacidad de hacer grandes negocios inmobiliarios, y desde la cual se nos convoca luego a participar democráticamente de una decisión tomada por pocos.

 

El pasado lunes 5 de octubre acompañamos la inspección ocular que realizó el TOF1 de La Plata en el marco del juicio a la Fuerza de Tareas 5, y que incluyó la recorrida por 4 lugares que funcionaron como CCD de la Armada y Prefectura en nuestra zona. La denuncia que hicimos sobre la falta de preservación del BIM3 nos quedó chica al comprobar el abandono total, la falta de señalización y la desidia generalizada que se vive en los predios del ex Liceo Naval, la sede de Prefectura Puerto La Plata y el ex Hospital Naval Militar. Allí, los ex detenidos, que habían visitado esos lugares en 2010 en la instrucción de la causa que ahora está en juicio oral, destacaron que en 5 años los lugares siguen modificándose pese a estar abiertas las investigaciones por los crímenes allí cometidos. EL Estado argentino parece necesitar otros 12 años de gestión progresista para cumplir la tarea de preservación que no cumplió en este gobierno.
La inspección ocular del pasado 5 de octubre concluyó en el predio del BIM3, con la presencia del ex detenido Mario Peláez, que dio detalles de lo que habían sido los portones de acceso lateral al Batallón, así como el área de enfermería y la sala de tortura, lindantes estos a pocos metros de límite perimetral del Batallón con el Hospital Naval. Lo hizo sobre un plano del BIM3 aportado al TOF1 en persona por los sres. Viguera y Chama. Lo sugerente del caso fue que Pelaez no pudo señalar materialmente los lugares que se marcaban a fuego en su memoria porque la UNLP está construyendo nuevas instalaciones en esos exactos lugares. El trabajador de Astillero Río Santiago, Mario Pelaez, fue secuestrado por la Armada el 16 de enero de 1976 y pasó 3 días en el BIM 3, lugar que conocía porque había refaccionado como albañil y pintor unos años antes. “Yo voy a seguir denunciando, le guste a quien le guste”, dijo Pelaez al final de la jornada.
Tal es nuestra convicción respecto al BIM3.

BASTA DE BANALIZAR LOS EX CENTROS CLANDESTINOS
BASTA DE NEGOCIOS CON LA MEMORIA
JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS MARINOS GENOCIDAS DE LA ZONA

HIJOS La Plata

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martes, 29 de septiembre de 2015

LA ORGANIZACIÓN DE LA REPRESIÓN

LA ESTRUCTURA DE LA FUERZA DE TAREAS 5 EN EL PLAN CRIMINAL DE LA ARMADA

Por HIJOS La Plata

Desde nuestra organización, integrante del espacio Justicia YA La Plata, hemos insistido en todos los juicios en que participamos en rechazar el argumento de que sólo un puñado de represores son los responsables del Genocidio. En el caso del juicio Fuerza de Tareas 5, el pequeño grupo de marinos y prefectos que está siendo juzgado no son todos los responsables de los crímenes cometidos en dictadura en Ensenada, Berisso y La Plata. Rechazamos la idea de que sólo los hoy juzgados son los responsables, porque sabemos que los que han participado del plan genocida fueron centenares en nuestra zona y miles en todo el país. Es más, no podemos dejar de reconocer que el plan represivo FUE TODA LA INSTITUCIÓN de la ARMADA ARGENTINA, que no fueron loquitos sueltos, no fueron errores, no fueron excesos.
La Armada de la República Argentina, y la Prefectura subordinada a esta, actuó de manera consciente y planificada para posibilitar la producción de los aberrantes crímenes hoy juzgados.

A esta altura de la revisión que el Estado argentino ha decidido realizar sobre los delitos perpetrados por sus fuerzas represivas en el período '76/'83, ha quedado sobradamente acreditada la organización previa al golpe y el funcionamiento pleno luego de éste de una estructura ilegal, orquestada por las Fuerzas Armadas, que cual tenía como propósito llevar adelante un plan clandestino de represión.
Para afirmarlo nos apoyamos en el centenar y medio de causas de lesa humanidad que han llegado a un fallo condenatorio de primera instancia en todo el país desde 2006, y donde, a pesar del habitual paso cansino con que el Estado recorre el camino del reconocimiento de sus propios crímenes, se ha logrado demostrar que toda la estructura represiva, desde el colector de inteligencia al secuestrador y desde el torturador al ejecutor de “traslados”, toda la estructura de todas las Fuerzas Armadas y de Seguridad participaron activamente del plan represivo.

Es conocido por muchos de quienes trabajamos estas causas lo que se ha denominado la “territorialización” de la estructura represiva. Ello quiere decir que para llevar adelante el plan de exterminio, el país se dividió en cinco zonas represivas, subdivididas a su vez en subzonas y áreas, cada una de las cuales se correspondía con un Comando de Cuerpo del Ejército. Esa estructura fue copiada de la doctrina francesa aplicada en Argelia e Indochina, llevada adelante con asesores militares franceses en el país, data de la dictadura de 1955, y fue perfeccionada durante la gestión de Frondizi y los gobiernos subsiguientes. Ello es hoy harto conocido, y si bien ayuda a esbozar la efectiva coordinación represiva entre las tres Fuerzas Armadas, sólo refiere a la preponderancia espacial del Ejército en el despliegue de aquel plan de acción, y poco aporta sobre el resto de las fuerzas. En el caso de la actuación de la Armada, sólo algunos procesos realizados en estos últimos 12 años en la ciudad de Buenos Aires, en Mar Del Plata y Bahía Blanca, han desentrañado para el conocimiento de la sociedad toda la dimensión real y los alcances de la estructura represiva de esta fuerza.
Por eso nos parece pertinente detenernos un momento a analizar en términos esquemáticos el funcionamiento y la organización de la Armada, así como su estructura formal de mandos. Además, analizaremos el rol específico dentro de esa estructura de la denominada Fuerza de Tareas 5 y sus correspondientes unidades operativas.

Ya ha sido historizada la frenética actividad legislativa producida entre los años 1966/1976 destinada a darle un marco legal al combate contra diferentes formas del accionar insurreccional popular que resistía las dictaduras y la represión de Estado previa al golpe.
De ese cúmulo de medidas, y para describir el contexto existente en los albores del golpe del '76, podemos destacar el Decreto de Estado de Sitio de noviembre de 1974, prorrogado en noviembre del '75 y febrero del '76; así como el Decreto N°261, de operaciones militares en Tucumán, al que no sólo aportó tropa el Comando 3 del Ejército y la policías provinciales, sino también la Armada y La Fuerza Aérea; e incluso el Decreto 2770 de noviembre del '75, que creaba el Consejo de Seguridad Interna y convocaba a las Armas más las direcciones de todas las Fuerzas de Seguridad nacionales. Más conocidos son sus su sucesores, Decreto N°2772, llamado “De Aniquilamiento de la Suvbersión”, y las distintas Directivas Antisubversivas del Consejo de Defensa, que iban estableciendo distintas “zonas” y “acciones” de combate. Ya la Directiva 1/75 establecía que la Armada “debía operar ofensivamente "...contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y fuera de ella en apoyo de las otras FFAA, para detectar y aniquilar sus organizaciones subversivas a fin de preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del Estado".

En paralelo, el Ejército dictó la Directiva 404/75, que determinó su propio Plan De Capacidades, y específicamente 5 Zonas de Defensa (ZD), 19 Subzonas (SZD), 117 Áreas y Subáreas, todo ello estructurado en sus respectivos Comandos de Zona. A su vez, se iba delimitando la definición del “oponente” en las distintas organizaciones político-militares, políticas, gremiales, estudiantiles y sociales que elaboraban como “el otro” a combatir, y se iban aceitando los procedimientos para la detención, alojamiento e interrogatorios de personas, así como las misiones específicas de las áreas Logística, Operativa y de Inteligencia.
Pues bien, nos interesa remarcar la reglamentación específica y propia de la Armada en la materia.
Así, nos encontramos con la Directiva emitida por el Comandante de Operaciones Navales para implementar los recursos de la Fuerza en la lucha contra la subversión. Así, la primera resolución contribuyente a la orden 1/75 del Consejo de Defensa resultó la directiva antisubversiva Nº I/75 “s”.
En sus aspectos más salientes la pieza, suscripta por Emilio Eduardo Massera disponía que, para la ejecución de la operación asignada, la fuerza a su cargo debía conducir y ejecutar ofensivas contra la subversión en el ámbito de su jurisdicción y, fuera de ella, en apoyo de otras FF. AA. o, cuando fuere el caso, mediante acciones militares o de las fuerzas policiales y de seguridad –punto 3.a.1 de la directiva citada.

En noviembre de 1975 el Vicealmirante Luis MENDÍA, Comandante de Operaciones Navales, firmó la "Contribuyente"a la Directiva Antisubversiva COAR 1/75 "S", que repetía en lo esencial los puntos ya definidos por el Ejército.

A su vez, como lo preveía aquella directiva en su punto 4, se promulgó el Plan de Capacidades , conocido como PLACINTARA, en noviembre del '75 con la específica misión de “operar ofensivamente contra la subversión en el ámbito de la propia jurisdicción y fuera de ella en apoyo de otras FF.AA., detectando y aniquilando las organizaciones subversivas a fin de contribuir a preservar el orden y la seguridad de los bienes, de las personas y del estado”.

Una análisis atento del Plan de Capacidades sirve de guía para desplegar la estructura general de la Armada Argentina (ARA); del Comando de Operaciones Navales (CON); del Comando de la Aviación Naval (COIA); de la Prefectura Naval Argentina (PNA) y de las Fuerzas de Tareas (FF.TT.) actuantes, para destacar en lo central sus líneas de mando, misiones y funciones vigentes en el período aquí analizado.


La Armada Argentina es una institución de estructura orgánica muy compleja que funciona como dos estructuras superpuestas:
- una estructura “INSTIUCIONAL O FIJA”, que organiza la incorporación, instrucción y desarrollo de tropa y recursos.
- Otra estructura “OPERATIVA”, que dispone la utilización de recursos a partir de una misión y doctrina específica.
En el período '75-'84 la cabeza de la Armada era el COMANDO EN JEFE DE LA ARMADA (COAR), de quien dependía el ESTADO MAYOR GENERAL (EMGA), de quien a su vez depende el COMANDO DE OPERACIONES NAVALES (COOP). Es de estas tres instancias (COAR, EMGA, COOP) que se desprende toda la estructura formal.
El Comando en Jefe depende toda la estructura, aunque directamente dependen sólo la Prefectura Naval (PNA), la Secretaría General Naval (SGNA), el Consejo de Almirantes, los Juzgados Especiales, el Tribunal Superior de Honor, algunas otras instancias afines y, lo más importante, el Estado Mayor General (EMGA).
En cuanto al Estado Mayor, cada unidad en la fuerza tenía un Estado Mayor, es decir un núcleo de los jefes de las 4 áreas más importantes: 1-Personal, 2-Inteligencia, 3-Operaciones y 4-Logística.
Todos los batallones, agrupaciones, brigadas tienen estas 4 áreas representadas. En el Estado Mayor General esas 4 áreas son las 4 JEFATURAS. Y sumadas a las jefaturas de Aviación Naval, Infantería de Marina y una Secretaría General, conforman la PLANA MAYOR, junto al secretario general naval y el comandante de operaciones, y responden todos al comandante en jefe.
En las Jefaturas más importantes, Personal, Inteligencia y Operaciones, existen dependencias clave: en Personal la Dirección de Instrucción Naval (que contiene a todas las escuelas); en Inteligencia el Servicio de Inteligencia Naval (SIIN), y en Operaciones los Servicios de comunicaciones y Transportes.
Finalmente, el Comando de Operaciones agrupa las unidades de despliegue militar de la Armada, que se repartía básicamente en Mar - Comando Naval (CONA), Aire - Comando de Aviación Naval (COAN), Tierra - Comando de Infantería de Marina (COIM) y Río - Comando del Área Fluvial.
Todo lo relacionado con barcos grandes, submarinos y las bases que los albergan depende El Comando Naval (CONA) reunía barcos, submarinos y sus bases. La tropa, es decir todos los batallones, agrupaciones y brigadas, dependen del Comando de Infantería de Marina (COIM).
El Comando de Aviación Naval tiene agrupaciones llamadas escuadras en las bases aeronavales como las de Ezeiza, Espora, Almirante Zar y Punta Indio.

Determinada toda esta estructura, las mencionadas Directivas militares establecían la dinámica de bandos en la denominada “Guerra Antisubversiva” que auto-justificaba su pleno ingreso al plan represivo. En el propio bando incluía, además de las propias Fuerzas de Tareas de la Armada, a las otras dos Fuerzas Armadas y Fuerzas de Seguridad (en lo que denominaba “Fuerzas Amigas”), a las fuerzas Policiales y Penitenciarias nacionales y provinciales de la jurisdicción territorial propia de la Armada (denominadas “Unidades Agregadas”); y hasta a lo que denominaba “Unidades Destacadas”, que se remitía a un Batallón de Infantería de Marina como “Reserva Estratégica Militar, a órdenes directas del Comandante en Jefe de la Armada cuando se ordene".
En cuanto las Fuerzas de Tareas (FF.TT.), la Contribuyente mantuvo la estructura existente de 11 Fuerzas divididas territorialmente en de norte a sur desde las costas de los ríos Paraná, Uruguay y sus deltas, hasta las distintas dependencias del Río de La Plata y del Atlántico Sur. Todas las FFTT dependían directamente del Comando de Operaciones Navales.
En lo que interesa a esta causa, la Fuerza de Tareas 5, llamada “Agrupación Río Santiago”, se estableció su jefatura en el Director Escuela Naval Militar. La dependencias de la FT5 eran:
-Escuela Naval Militar 
-Liceo Naval Almirante Brown 
-Hospital Naval Río Santiago 
-Batallón Infantería de Marina 3 (había integrado la FT 9 como unidad de Comando de la Reserva Terrestre).
-Prefectura La Plata 
-Centro Incorporación y Formación Conscriptos de Infantería de Marina (CIFIM)
-Otras dependencias con asiento en La Pata, Berisso y Ensenada.


De estos lugares hay varios sitios probados que fueron utilizados por la Fuerza de Tareas n° 5 como Centros Clandestinos de Detención.

Prefectura Naval Argentina, (Ortiz de Rozas y Gilberto Gaggino - Ensenada).
El predio linda con las costas del Río de La Plata, y en la dictadura las empresas frigoríficas
Swift y Armour estaban instaladas en zonas próximas al predio de Prefectura. Además, en sus inmediaciones se hallaban vías ferroviarias de utilidad industrial. Estas características permitieron a varios de los ex detenidos, como Ricardo Reynoso, Dionisio Puz, Luis Rivadeneira y Mario
Zecca, identificar su paso por ese sitio a pesar de haber estado encapuchados, pues reconocieron
algunas señales típicas, como el sonido del silbato de la empresa Swift, que indicaba el cambio de turno a los trabajadores, el ruido del paso de los trenes y el “olor a Río”.
Horacio García Gerobles, quien expresó: “... yo trabajaba hasta tres días antes de mi detención en el Frigorífico Swift. Al otro día después de la tortura estuve toda la noche sin dormir, escucho la sirena que toca a las seis de la mañana el Frigorífico que está enfrente de Subprefectura...y escucho el tren que pasa, pasaba el tren en ese momento...”. Carlos García, que dijo: “...muchas veces escuché el ruido, primero el tren que pasaba, posteriormente sentía el olor del Río de La Plata...un lugar donde había una manufactura como era el Frigorífico Swift y el Armour y el ruido como de botes, después lo ratifica el hecho de que detienen a una persona que no la vi, pero que estaba al lado mío, que lo habían detenido porque había estado remando en un lugar prohibido...”.
En su declaración en la instrucción de la casa, Roberto Adonival Páez sostuvo: “...Me trasladaron hasta la Subprefectura Nacional Marítima que tiene funcionamiento en el Puerto La Plata. Yo a pesar de ir vendado y tirado en el piso, conozco el itinerario porque lo he hecho montones de veces...inclusive se escuchó el pito de la fábrica a las 14:30 como se escuchaba siempre, del Swift que está muy cerca, el paso del tren y la bocina de los buques que son los que operan en el Puerto La Plata...”.
Las características referidas acerca del sitio en que se halla enclavada la sede Prefectura, y algunas otras referentes a las construcciones edilicias que pudieron identificar los testigos una vez dentro del predio, se corroboraron en la inspección judicial llevada a cabo por el Juez Manuel Blanco en diciembre de 2010, de la que participaron algunas de las víctimas que habían referido su paso por ese sitio. En el juicio por la Fuerza de Tareas 5 se tratarán 29 casos de detenidos que pasaron por este lugar.

Liceo Naval Militar, (ubicado en la Ciudad de Berisso, sobre la costa de uno de los canales del Río Santiago).
Si bien muchas de las víctimas hicieron referencia de manera indistinta a la “Base Naval, a la Escuela Naval y al Liceo Naval”, al indicar uno de los lugares en los que permanecieron en cautiverio y donde fueron torturados, todos se refieren al mismo lugar.
El edificio utilizado como centro clandestino de detención al que se menciona en los testimonios como “Base Naval”, “Liceo o Escuela Naval”, estaba ubicado frente a la Escuela Naval, cruzando el canal, en un gran predio en el que en aquella época funcionaba el Liceo Naval.
Los detenidos eran trasladados hacia este lugar a bordo de lanchas, siempre encapuchados, maniatados, y eran constantemente amenazados durante ese trayecto, en que simulaban, en algunas
ocasiones, tirar gente por la borda.
Al llegar al predio, las víctimas eran alojadas en un gran galpón, en el que había separaciones que varios de los testigos describieron como “boxes”, y dentro de cada uno de ellos había camas cuchetas.
En ese sitio las víctimas permanecían incomunicadas, eran encapuchadas cada vez que tenían que ir al baño, para lo cual tenían que avisarle a los guardias. La mayoría de los ex detenidos que estuvieron en este lugar, entre ellos Ana María Nievas, Jorge Bogusas, Luis Ricardo Córdoba, Mario Roberto Zecca, Luis Alfredo Mendoza, Pedro Niselsky y Juan Pombo, relataron que allí fueron sometidos a tormentos, como simulacros de fusilamiento e interrogatorios mediando golpes y otro tipo de torturas.
Carmelo Cipollone describió con gran precisión las características de ese lugar, e incluso confeccionó un croquis a mano alzada en el marco de uno de las audiencias en que prestó declaración testimonial, y lo que pudo observarse cuando se llevó a cabo la referida inspección judicial en el año 2010, coincidió claramente con lo que el testigo había descripto. Incluso en el galpón que las víctimas reconocieron como aquel en el que estuvieron alojadas durante su cautiverio, aún pueden observarse las marcas de los boxes que ellos habían descripto. En el juicio por la Fuerza de Tareas 5 se tratarán 8 casos de detenidos que pasaron por este lugar.

Batallón de Infantería Marina N° 3, (122 y 51 de Ensenada, límite entre este partido y La Plata.)
Se trata de la vieja sede del Batallón de Infantería Marina N°3 “Almirante Eleazar Videla”, trasladado a Zárate en la década del '90.
El edificio en que funcionó dicha repartición fue demolido según lo informó a la justicia Federal el Estado Mayor de la Armada. En 2001 desde HIJOS La Plata presentamos junto a la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos un amparo para preservar el predio como prueba judicial. Pero el Estado nunca protegió el lugar, amagó con venderlo a privados para hacer un hipermercado, lo utilizó como helipuerto y finalmente construyó las facultades de Humanidades y Psicología sobre la Memoria de los compañeros que pasaron por allí. Este edificio tenía su entrada principal por calle 122, en un portón con un arco y paredones laterales con garitas de vigilancia. Todavía se encuentra cerca de ese sitio un paso ferroviario.
Ex detenidos que pasaron por este lugar como Mario Peláez y Carlos Nuñez, han hecho claras referencias en cuanto al uso de esa edificación para el alojamiento de personas ilegalmente detenidas. Peláez afirmó cuando lo secuestraron fue trasladado a ese lugar, donde permaneció tres días y fue sometido a torturas. Explicó que pudo reconocer el lugar porque antes de ingresar a trabajar a Astilleros, había trabajado en una reforma muy grande que se hizo en ese Batallón.
Nuñez manifestó que pudo observar cuando lo ingresaron al BIM 3 después de su secuestro, y que pudo conversar allí con otras personas que también estaban en cautiverio, como Norma Raggio Baliño de Balbuena (embarazada), y la pareja Diego Salas y Elisa Triana, quienes continúan desaparecidos. En el juicio por la Fuerza de Tareas 5 se tratarán 8 casos de detenidos que pasaron por este lugar.

Hospital Naval Militar, (129 entre 51 y el límite con la Ciudad de Berisso).
Este edificio también fue puesto a disposición de la Fuerza de Tareas n° 5, y de acuerdo con las constancias reunidas en la investigación judicial, surge que sus dependencias eran utilizadas para dar tratamiento a las víctimas que eran heridas en el marco de operativos ilegales -manteniendo esa condición ilegal y clandestina de detención durante su paso por el Hospital- para luego seguir con el itinerario por el circuito represivo que les tocara.
La testigo Marta Angélica Ayala, enfermera en el hospital, relató que en el primer piso había un área con acceso restringido, que estaba siempre custodiada por guardias armados, y que sólo podía ingresar allí personal autorizado. Contó que una vez fue conducida a ese sitio por una supervisora, para que asistiera a un joven que se encontraba maniatado encapuchado y con una herida en el abdomen. Recordemos que el desaparecido Osvaldo Enrique Busetto, fue herido en un operativo llevado a cabo en la calle 7 y 55 de La Plata, trasladado al centro clandestino de detención que se hallaba en Arana, y de inmediato, ante su estado, lo llevaron al Hospital Naval, donde lo trataron por las heridas que había recibido. Una vez recuperado, Busetto fue trasladado nuevamente a Arana y a los Pozos de Banfield y Quilmes, lo que indica claramente que el Hospital Naval formó parte necesaria del circuito represivo por el que la víctima fue trasladada. En el juicio por la Fuerza de Tareas 5 se tratará sólo el caso de Busetto.


Volviendo a la estructura de la Armada, existen otros elementos a definir a partir de Plan De Capacidades. Según surge del PLACINTARA todas las unidades de tareas de la Armada tienen un ESTADO MAYOR, integrado por OFICIALES SUPERIORES, es decir, almirantes, vicealmirantes, contraalmirantes y capitanes de navío.
Cada FUERZA de TAREAS y cada GRUPO DE TAREAS tenían un ESTADO MAYOR. Así, cada FF.TT. se compone de un jefe de Estado Mayor y 4 miembros con los consabidos departamentos de operaciones, inteligencia, personal y logística. Estos miembros pueden ser oficiales superiores como capitanes de fragata o de corbeta
Es decir, todos los Estados Mayores hasta el nivel de UT estaban conformados por oficiales superiores o jefes.
Esto quiere decir que CADA MIEMBRO DE LA ARMADA QUE ESTABA DESTINADO A UNA UNIDAD CUALQUIERA TENÍA UNA FUNCIÓN INSTITUCIONAL Y UNA OPERATIVA. Y por cada una de esas funciones respondía a una cadena de mandos distinta.

El Placintara incluía 8 anexos, de los que aquí destacaremos los referidos a Inteligencia y Operaciones.
El “Anexo A Inteligencia” definía la identificación de las “Fuerzas Enemigas” en varios aspectos: “Subversivos no detectados y prófugos en el país y en el extranjero”, “Colaboradores y simpatizantes no detectados y prófugos”, “Subversivos y colaboradores que han sido puestos en libertad o han salido del país con opción”, y “marxistas convencidos que pertenecieron a diversas organizaciones políticas legales o ilegales de esa tendencia”, “gente parcialmente adoctrinada y eventualmente sensibles a la acción marxista”. Calificaba a este amplio espectro de personas a combatir como una “numerosa fuerza residual de la subversión” y advertía que era justo combatirlos porque “considerando la característica tenacidad marxista, puede asegurarse que la subversión se reorganizará sobre las estructuras anteriores u otras nuevas para continuar su acción”.

Además le aseguraba al Comando de Operaciones Navales que "periódicamente por la Jefatura de Inteligencia Naval..." se le informaría en detalle la situación particular -actualizada- de cada Banda de Delincuentes Subversivos (BDS), como así también de las Organizaciones Políticas Marxistas (OPM), incluyendo lo que denominaban “Capacidades del Enemigo (CE)” y “Elementos Esenciales de Inteligencia (EEI)”, para lo que detallaba que la lucha contra-subversiva debía disminuir la acción, especialmente militar, y “trasladar el esfuerzo principal a las tareas de Inteligencia”. En consecuencia determinaba los elementos esenciales de información en los factores político, Gremial, Educativo y hasta “en cualquier otro ámbito donde hubiere hechos diversos que pueden ser atribuidos a la subversión", para lo que estipulaba la “infiltración de organizaciones e instituciones en general”.
Este Anexo establecía que las Agencias de Colección de información elevaran al Comando de Operaciones Navales informe cuatrimestrales sobre los elementos esenciales, y que la Comunidad Informativa estaba integrada por todas las Fuerzas Armadas, sus Servicios de Inteligencia, así como las respectivas áreas de Policías Provinciales y Servicios Penitenciarios Nacionales y Provinciales.
El Anexo también establecía que la Jefatura de Inteligencia Naval (JEIN) acumulara la función de constituir el órgano de Inteligencia de la Fuerza de Tareas Nº 3. Entonces, si bien la JEIN tenía facultades sobre la totalidad de la Armada, por estar en Buenos Aires se convertía en la colectora de la inteligencia de la FT3. De aquí entonces que surge la participación de integrantes del SIIN en el GT 3.3. que operaba en la ESMA. A la FT5 correspondía la colección de información en Ensenada y Berisso (como área principal) y en La Plata (como área secundaria), a través de la División de Contra Inteligencia del ESNM, a la que se subordinaba la Sección de Inteligencia de la Prefectura Naval de Ensenada.

En cuanto al “Anexo B Operaciones”, este prescribía que la complejidad de la subversión y las características del enemigo imponían amplia libertad de acción, y por ello "la necesidad de emplear los medios de la Armada disponibles en su jurisdicción, con la más amplia libertad de acción e iniciativa regional" señalando -además del mar, ríos navegables y sus riberas- como jurisdicción natural de la A.R.A. a las zonas portuarias y la zona territorial que circunda sus bases y establecimientos en tierra.
Este Anexo afirmaba también que las acciones a desarrollar por cada Fuerzas de Tareas en las operaciones ofensivas podrían variar "...desde las permanentes de inteligencia y capacitación de las fuerzas propias, hasta las eventualmente necesarias en una 'zona caliente' en la propia jurisdicción y/o en apoyo de la Fuerza de Ejército en jurisdicción de ésta".
El Anexo de Operaciones determinaba además “Zonas Prioritarias” para la Armada, al decir que "el esfuerzo antisubversivo en centros urbanos se aplicará prioritariamente en Zárate; Ensenada - Berisso; Mar del Plata; Bahía Blanca - Punta Alta y Trelew – Rawson", todas ellas zonas portarias fabriles de gran agitación política, y que las acciones debían -entre otros propósitos- tender a “obtener una clara información” sobre las organizaciones y “sus elementos subversivos clandestinos y abiertos", además de “crear una situación de inestabilidad permanente en las organizaciones, aniquilar los elementos constitutivos de las organizaciones subversivas a través de una presión constante sobre ellas y eliminar y desalentar el apoyo que personas u organizaciones de distinto tipos puedan brindar a la subversión".
Además se establecía como “Reserva Estratégica del Comandante En Jefe de la Armada (CEMJA)” a “un Batallón de Infantería de Marina a 24 hs de aviso, en aptitud de actuar contra el oponente subversivo donde lo disponga el Consejo de Defensa, pero prioritariamente en las zonas de responsabilidad de la Armada”.

Por último, el Anexo de Operaciones establecía las subordinaciones de Prefectura, Policías y Penitenciario a la autoridad Naval. En el caso de Prefectura, se establecía que a partir de la puesta en ejecución del plan los efectivos de Prefectura “que no formen parte de las Fuerzas de Tarea de la Armada, quedarán bajo control operacional del Comando de la Fuerza de Ejército de la jurisdicción vecina”. Pero claramente el Jefe de Prefectura debía obrar bajo control, con acuerdos y aprobación del Comando de Operaciones Navales; así como las Policías Federal y Provinciales afectadas a una operación "permanecerán bajo control directo de la Autoridad Naval durante el tiempo que demande el cumplimiento de la misión”; y que los Servicios Penitenciarios federales y provinciales en "cuyas instalaciones se encuentren detenidos delincuentes subversivos, estará bajo el control operacional de la Autoridad Naval".

En el caso de Prefectura, el Placintara incluía en tareas de Control operacional de la Armada a las tareas -y orgánica- de la Sección de Aviación dependiente de la División de Operaciones del Departamento de Operaciones de las Prefecturas de Zonas, que utilizando los medios aéreos asignados a la dependencia, ejecutaba los vuelos y demás tareas que en delegaba el Jefe de la Sección.
Entre los años 1976/1983 por aplicación del art. 2. inc. a) del Decreto 672/71, el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval Argentina dependía directamente del Prefecto Nacional Naval. A su vez, según el Anexo I "Inteligencia" del Placintara el Servicio de Inteligencia de la Prefectura Naval se integraba desde 1975 a la Jefatura de Inteligencia del Estado Mayor General Naval (JEIN) de la Armada. Y además se establecía que el Servicio de Informaciones de la Prefectura Naval Argentina (SIPNA) operase como agencia de colección de la F.T.3"Agrupación Buenos Aires", que tenía su jefatura en el Jefe Operaciones Estado Mayor Gral. Armada, e incluía al menos 8 dependencias:

- El Batallón de Seguridad de la sede del Comando Gral. Armada.
- Escuela Mecánica de la Armada (ESMA). 
- Base Aeronaval Ezeiza. 
- Arsenal de Artillería de Marina Zárate. 
- Apostadero Naval Buenos Aires. 
- Apostadero Naval San Fernando. 
- Escuela Nacional de Náutica.
- Arsenal Naval Azopardo.

Como sabemos, la ESMA fue parte esencial en la estructura burocrática de la represión ilegal, y estaba bajo la órbita del la zona I, Subzona Capital.

Pero toda esta descripción de las formalidades de mando en la Armada son sólo la punta de iceberg de la tarea llevada adelante en el exterminio de una generación, al contrario, reafirma que el mecanismo que se dieron los mandos navales fue recubrir con un manto de legalidad su actuación logística y operativa, para poder actuar discrecionalmente en la utilización de toda la estructura que tenían a disposición en el plan represivo ilegal.
Como ejemplo mencionamos el Apéndice 1 del “Anexo F” del PLACINTARA, referido a Administración y Control del personal detenido, cuyo fin manifiesto era “el control del detenido con la mayor seguridad” y el de "obtener del mismo la mayor información". En tal propósito indicaba que “la investigación de personas imputadas y/o sospechosas se limita a la necesidad de obtener inteligencia" , que luego de practicado el traslado de los detenidos a "un lugar adecuado para efectuar la investigación militar" permanecerían “en la jurisdicción militar el tiempo mínimo necesario para la obtención de inteligencia", a la vez que recomendaba “no concentrar a los detenidos en las comisarías ni en jurisdicción militar de la zona urbana para evitar aglomeraciones, se habilitarán locales en lugares retirados que permitan el cumplimiento de la Etapa Investigación Militar". Este Anexo hasta se encarga de declamar la conveniencia de evacuar a los detenidos “de la zona a otro lugar de internación por el efecto negativo que pueda provocar sobre la opinión pública su permanencia prolongada en la misma”.


No podemos desconocer que tanto en las instancias investigativas de la década del '80, como en esta etapa que lleva 3 debates orales sobre la Fuerza de Tarea 3 y el CCD ESMA en particular, la propia Armada ha intentado distraer y desorientar con el uso confuso de la terminología y los mandos, para pretender diluir las responsabilidades de los aquí juzgados.
En un intento por demostrar que él no dio órdenes de secuestrar bebés, el ex jefe de la Armada Eduardo Massera aportó a la Justicia en 1978 una copia del "Placintara 75". Según declaró Massera en aquel entonces, "allí se especifica cuál debía ser el trato y atención con respecto a los detenidos, especificándose claramente que tanto los detenidos en condiciones físicas irregulares como las mujeres y menores debían tener un trato específico y diferencial".
Sin embargo, esas mentiras han podido ser en parte despejadas, y podemos dar por probadas hoy varias cosas sobre la Fuerza de Tareas 3, no sólo por las referencias que surgen de reglamentación como el PLACINTARA sino también por los dichos de los propios imputados y la reconstrucción que han podido realizar algunos testigos.
Sabemos que cada Fuerza de Tareas de La Armada se dividía en GRUPOS DE TAREAS, los que también se enumeraban y respondían a su propia FT.

A su vez, Grupos de Tareas también se subdividían en las denominadas Unidades de Tareas (UT), también prolijamente numeradas en referencia a cada FT y GT.
Es interesante pensar cómo fe esa estructura en el mayor Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio que tuvo la Armada, que fe la ESMA.
Allí, dentro de la FT3 funcionaba el GT33, que a su vez tenía al menos dos unidades internas: la UT 3.3.1 y la UT 3.3.2. Conforme surge del PLACINTARA la UT 331 tenía a su cargo el contorno defensivo (la seguridad) y la UT 332 las cuestiones internas, la ofensiva y aquello que tuviera que ver con las operaciones.
En palabras textuales del Almirante Luis MENDIA: “la ESMA conformó una Base de Operaciones/ Combate integrando elementos de combate, de apoyo de combate y de apoyo logístico bajo un COMANDO UNICO…”. Luego explicó para quienes no somos militares “como si se tratara de un enorme PULPO con su cuerpo principal y cerebro en un lugar relativamente seguro (la base de Operaciones, es decir, la ESMA) con capacidad de comando, control, comunicaciones e inteligencia y sus brazos libres y con capacidad de extenderse para realizar sus acciones diariamente, durante las 24 hs”.
Esto quiere decir que siempre había un jefe de permanencia, oficiales, comandantes de guardia, oficiales, oficiales de patrulla, oficial de guardia de servicios, grupo de respuesta inmediata, suboficiales ayudantes de guardia, suboficiales de ronda, suboficiales de patrulla, cabos de vigilancia, cabos de cuarto, cabos de patrulla, suboficiales y cabos de guardia de COC, centinelas, rondines, etc, etc. En los hechos esto es reconocer lo que comenzamos diciendo al iniciar el desarrollo de este apartado, que TODA la Institución colaboró y operó en el plan represivo.
Resulta sugerente lo que decía la Armada de su rol represivo: en material obrante en la causa FT5 se puede observar cómo la comandancia de la Armada negaba en abril de 1984, al comienzo de estas pesquisas por crímenes de lesa humanidad, y en misiva enviada por el Contra-almirante Ramón Arosa al Consejo Supremo de las FF.AA, “que en la Armada Argentina no existieron ni existen dependencias o unidades que respondan a la denominación 'Campos de Concentración' ”. Lo negaban entonces como lo negaron siempre, y como lo siguen negando la mayoría de los integrantes de la fuerza que hoy son juzgados en el juicio FT5.
Luego de haber escuchado a un centenar de testigos, familiares, sobrevivientes y compañeros trabajadores de Ensenada, Berisso y La Plata, esperamos que este juicio haya servido para dar a conocer a la sociedad la verdad del rol genocida de la Armada y la Prefectura en nuestra zona. Y como no están todas las víctimas ni todos los responsables en este juicio, seguiremos luchando hasta que TODOS los marinos asesinos sean condenados por TODOS los Compañeros y compañeras detenidos desaparecidos.

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