En la década del ’70, Jorge Julio López era albañil y militante de la Unidad Básica “Juan Pablo Maestre” de la JP que funcionaba en el barrio de Los Hornos. El 27/10/76 fue secuestrado en su casa por un grupo de tareas al mando de Miguel Etchecolatz, que también secuestró a varios de sus compañeros de militancia en la zona. López estuvo detenido desaparecido en Destacamento y el Pozo de Arana, Comisaría 5ta, Comisaría 8va y Unidad 9. Fue legalizado como preso político en el ’77 y recuperó su libertad en junio del ‘79.
Sus valientes y lúcidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata y fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua a este genocida. López fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.
Desde los organismos de Derechos Humanos de La Plata denunciamos reiteradamente las irregularidades que hubo en la causa por el esclarecimiento de este hecho. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad en la que participaron desde el entonces Ministro del Interior Aníbal Fernandez, el entonces Gobernador de la Provincia y hoy “opositor” Felipe Solá que designo a partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, a Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura; así como el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzábal, la presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema, la indiferencia ostensible del Legislativo, la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero en una “averiguación de paradero”, la Justicia Federal que no investigó a ninguno de los represores denunciados por López en su declaración, los jueces federales Corazza y Blanco responsables de la causa paralización de la causa y de mantenerla errante entre los intrincados intereses judiciales.
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o para policiales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. El secuestro y desaparición de López fueron y son un hecho político. El mensaje de este crimen tuvo objetivos múltiples, por un lado apunta a la suspensión de los juicios a los genocidas, y por otro un intento de volver a sembrar el terror y la pasividad en la sociedad para amedrentar a los testigos y a los organismos de Derechos Humanos en los juicios.
Rechazamos la actitud pasiva, y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es complicidad y encubrimiento. En la Bonaerense continúan en actividad efectivos que fueron parte del terrorismo de Estado. Mientras tanto, el pretendido “gobierno de los Derechos Humanos” no tiene un solo imputado en la causa López, y sigue predicando el cierre de los juicios a unos pocos genocidas en 4 años para utilizar el tema en función de sus tiempos políticos.
Se acrecientan cada día las voces que desde el gobierno y sectores aliados comienzan a hablar de reconciliación. ¿De que reconciliación nos hablan? ¿Con quienes pretenden que nos reconciliemos? ¿quieren que nos reconciliemos y perdonemos a los torturadores, asesinos, violadores de nuestros 30.000 padres, hermanos, amigos, compañeros de lucha? seguiremos en las calles exigiendo justicia para que no quede ni un solo responsable sin que sea enjuiciado y purgando su condena a perpetuidad de manera efectiva en una cárcel común ni piedra sobre piedra del sistema represivo que fue parte de la dictadura y afirmando
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó algunos juicios con condena firme en todo el país. Reconocidos represores como El Turco Julián, Etchecolatz, Von Wernich, Menéndez, Bussi, Olivera Rovere fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio.
La cantidad de procesados en los juicios a los genocidas es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas 1 represor por campo. Como si tan sólo esa ínfima cifra de genocidas pudiera ser responsable de la maquinaria de Terror que instauraron desde 1974. Cientos de causas por delitos de lesa humanidad están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, donde participaron miles de efectivos de la bonaerense y de las Fuerzas Armadas. Sólo unos pocos genocidas están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. La investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Seguimos viendo cómo la Justicia es selectiva en materia de delitos de lesa humanidad. Asistimos a un capítulo más de la pelea del gobierno con Clarín, vemos cómo se destapa una olla que nadie quería tocar mostrando la colaboración entre los verdugos del terrorismo de Estado y sus cómplices civiles: El caso de Papel Prensa y la Familia Graiver. Durante la última dictadura, los Graiver sufrieron el secuestro y la persecución de varios integrantes de la familia y de sus socios comerciales. El doble discurso de los K utiliza a víctimas del Terrorismo de Estado ocultando que la verdadera causa de esta guerra con el grupo Clarín está muy lejos de la defensa de los DDHH, su objetivo es el de suplantar el nefasto monopolio de la apropiadora Herrera de Noble y Magneto, por otro de socios, amigos y cooptados. Por otro lado en esta pelea el gobierno se “olvida” de los otros monopolios y grupos económicos amigos, sostenedores y beneficiarios de la dictadura como la UIA y la Sociedad Rural, muchos de los cuales ofrecieron sus propias instalaciones para que funcionen centros clandestinos de detención, como la Ford, Mercedes Benz y tantos otros. Y si su pretendida pelea es contra los medios de comunicación amigos de la dictadura como fueron Clarín, La Nación y La Prensa le recordamos, ya que tienen la memoria tuerta, que su ministro de RREE Hector Timerman fue director del diario La Tarde, periódico creado sólo para justificar el golpe y apoyar a la dictadura genocida.
Los Graiver y Papaleo no fueron los únicos detenidos desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos de Puesto Vasco y Pozo de Banfield.
Según datos aportados desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la Subcomisaría de Don Bosco (conocida como Puesto Vasco) pasaron 70 personas entre marzo del 77 y febrero del 78. En la Brigada de Investigaciones de Banfield (o Pozo de Banfield) hubo 282 víctimas entre marzo del 77 y diciembre del 78. Tras 34 años de impunidad ninguna de esas familias ha obtenido justicia, y las causas judiciales por los delitos cometidos en esos lugares siguen estancadas en tribunales. Lo mismo ocurre con el resto de las causas de los 29 CCD que integraron en dictadura lo que se conoció como “Circuito Camps”.
Lo actuado hasta ahora por el Poder Ejecutivo y el Judicial demuestra a las claras que no existe una voluntad política real de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión; en una palabra, de reconocer que sucedió un genocidio.
EXIGIMOS JUICIOS POR CCD, CARCEL A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
En cuanto al tema de la restitución de los niños (hoy jóvenes) apropiados, la situación sigue sin ser clara. Por un lado se propicia por parte del Gobierno la averiguación de identidad de Marcela y Felipe (usando esto como caballito de batalla en la pelea contra Clarín) pero por otro sigue sin completarse el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pese al trabajo respetable de los antropólogos forenses, la situación es tan precaria que hay 400 casos denunciados por restituir y las muestras se comparan sólo con 178 grupos familiares, impidiendo que verdaderos hijos que fueron apropiados reciban su verdadera identidad.
RESTITUCIÓN YA DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JOVÉNES APROPIADOS.
Pero no es sólo el de López el único caso de desaparición forzada en “democracia”. El caso de Luciano Arruga, joven de 16 años del barrio 12 de Octubre de La Matanza, secuestrado y desaparecido el 31 de enero de 2009 por agentes del Destacamento policial de Lomas del Mirador sigue impune. Cuando se logró identificar y pasar a disponibilidad a los 8 policías responsables del hecho, el entonces ministro Carlos Stornelli los reintegró en sus funciones para que sigan reprimiendo.
El gobernador Scioli sigue fortaleciendo, amparando y encubriendo a la policía de la provincia, la más grande corporación mafiosa de la Argentina. Asesinatos, torturas, trata de personas, drogas, imposición a jóvenes para que roben y todo tipo de delito imaginable e inimaginable es manejado por la bonaerense. En nuestra zona pagaron con su vida Andres Nuñez, Miguel Bru, Sandra Ayala Gamboa, Darian Barzabal, Juan Maldonado y tantos otros ya sea directamente a manos de esta policía o por personajes ligados a ella.
La desaparición de Arruga muestra claramente la continuidad en las prácticas del aparato represivo del Estado. La comisaría de Quintana, de la cual depende el destacamento donde fue detenido Luciano, figura en el listado de 500 centros de tortura que existieron dentro del llamado “circuito Camps”. Era conocido como el “Sheraton”.
APARICIÓN CON VIDA YA DE LUCIANO ARRUGA JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES.
Mientras el sistema crea pobres, el gobierno mediante su aparato represivo, cumple a rajatabla su función de garantizar el orden establecido violando sistemáticamente los Derechos Humanos más elementales. Miles de chicos son asesinados a golpes u otros métodos de tortura, en comisarías y otros lugares de detención. En las calles mueren fusilados por el gatillo fácil o desaparecen a manos de las distintas policías. Desde el 2003, el gobierno de los Kirchner mató con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, a más de 1.323 personas. El aparato represivo estatal mató una persona cada 28 horas. Más de 20 personas por mes. La mayoría jóvenes y pobres.
En las cárceles bonaerenses el 70 % de los detenidos por delitos comunes, en su mayoría pobres y excluidos, cumplen condena anticipada sin sentencia firme, sufren un régimen de control social que los encarcela sin darles oportunidades y privilegia la impunidad en los delitos de guante blanco.
A coro con el Gobierno, los medios de comunicación, la "oposición dentro del sistema", personalidades de la cultura y la farándula, han salido a pedir mano dura. Son los mismos que defienden la impunidad de los genocidas planteando que "!os derechos humanos son para los delincuentes". A viva voz reclaman una legislación aún más represiva para el pueblo.
Hipócritas como Dualde, Macri, Carrio, etc. que defienden una sociedad desigual que criminaliza a jóvenes como Romina Tejerina, que genera hambre y miseria para millones y se llama al silencio para los grandes delitos.
Asistimos al juzgamiento de sólo 14 represores de la Unidad 9, cárcel que funcionaba en dictadura en coordinación con el resto de los Centros Clandestinos de Detención del denominado “Circuito Camps” y otro de los lugares donde estuvo detenido y sufrió a los verdugos Jorge Julio López entre abril del ’77 y junio del ’79, y pese a esto no se lo toma como caso en este juicio.
Este año los internos de la U9 hicieron una huelga de hambre para mostrar que viven privados de las más básicas condiciones de dignidad humana y son castigados y torturados de forma muy similar a como ocurría con los presos detenidos allí durante la dictadura.
HOY COMO AYER DECIMOS. NINGÚN PIBE NACE CHORRO
NINGÚN FEMICIDIO MÁS, DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.
Como es bien sabido, aunque el gobierno de los Kichner quiera ser el abanderado de los DDHH, los presos políticos, la impunidad, la represión, el encubrimiento, la criminalización de la protesta y judicialización de la pobreza son moneda corriente en Argentina. Muestra de esto es el caso de Roberto Martino (dirigente nacional del MTR): procesado y detenido desde mayo pasado con los cargos de “prepotencia ideológica y violación a la ley antidiscriminación” en una causa completamente armada con allanamientos irregulares y sin sustento jurídico.
Otro caso es el del juicio que se llevó adelante a 14 compañeros de Quebracho, quiénes están acusados de incendio, atentado, resistencia a la autoridad y daños. Reprimidos y encarcelados el 5 de abril de 2007, luego del escrache realizado por varias organizaciones al local de Sobich, en repudio al cobarde asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. Como resultado de esto, los dos dirigentes principales de Quebracho, Esteche y Lescano, fueron condenados a más de 3 años depresión por ser referentes de su organización, y otros 6 compañeros sufrieron condenas menores. La sentencia fue apelada, por lo que aun no está firme y seguirán en libertad hasta que la cámara de Casación Penal se expida.
Se acelera, por un lado, el juicio a los luchadores populares que no se disciplinan a las políticas de Estado y por el otro, no se mueve un pelo para demostrar la responsabilidad política, tanto a nivel provincial como nacional, de quienes ordenaron operativos represivos en el caso Fuentealba como en el de Darío y Maxi o el del 19 y 20 de Diciembre de 2001. En algunos casos se encarceló solo al asesino material, para usarlo como chivo expiatorio, y así encubrir al resto de los responsables de las masacres ordenadas desde el poder.
Pero estos compañeros no son los únicos presos por razones políticas, ya que Karina Germano López “La Galle” lleva ocho años en prisión. La gallega (quien tiene a su padre desaparecido desde 1977) desde hace 3 años y medio viene reclamando las salidas transitorias, que le son sistemáticamente negadas aunque por ley le corresponden.
BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES
Las luchas del pueblo no han cesado a lo largo de estos años. Los estudiantes de la capital con tomas de escuelas y movilizaciones son en ejemplo vivo de la capacidad de resistencia popular. No solo luchan por la escuela publica, sino que también enfrentan al macrismo y su estado policial y parapolicial enfrentando a las listas negras que pretenden marcarlos como lo hicieron los militares con nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos, resistiendo los intentos de desalojo de las escuelas por parte de aparato policial y poniendo de relieve la complicidad del gobierno porteño y el nacional a la hora de enfrentar sus reclamos. A 34 años de la Noche de los Lápices están rindiendo el mejor homenaje que pueden dar y no es otro que luchando.
Los obreros de Paraná metal en Villa Constitución están sobre la ruta en defensa de los 1500 puestos de trabajo y contra la patronal Kirchnerista de Cristobal Lopez, por el mismo camino que ya trazaron los trabajadores del subte, de Kraft Terrabusi, de los tercerizados del Roca. Reivindicamos la lucha porque a los jubilados se les reconozca el 82% móvil de los salarios reales que el gobierno K les niega para usar los fondos del anses para honrar la deuda. Las luchas de docentes, trabajadores de la salud y estatales que pugnan por la reapertura de las paritarias. En el sector privado se acrecienta la lucha de distintos lugares por el aumento de salarios y por la recuperación de sus organizaciones sindicales en manos de las distintas burocracias. La ocupación de tierras sea para trabajarlas o para viviendas es la respuesta popular a la imposibilidad de pagar los altísimos arrendamientos y al drama por la falta de un techo. El estado mediante sus jueces y policías contesta con represión y desalojo.
Estas y otras tantas batallas recorren de una punta a la otra el país no son distintas a las que libró Jorge Julio López y por las cuales fue desaparecido por primera vez durante la dictadura. Hoy a 4 años de su segunda desaparición en cada una de estas batallas está López y su ejemplo reaviva nuestra lucha contra tanta opresión, tanta impunidad y tanto encubrimiento.
A 4 AÑOS DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ
AYER Y HOY LA MISMA IMPUNIDAD
BASTA DE REPRESIÓN, GATILLO FÁCIL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA.
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A TRABAJADORES Y DEMÁS LUCHADORES POPULARES.
NO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE SCIOLI, NINGÚN PIBE NACE CHORRO.
INMEDIATO ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.
APARICIÓN CON VIDA YA DE LUCIANO ARRUGA.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS, JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
A 34 AÑOS DEL GOLPE: NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SILENCIO K=IMPUNIDAD
APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES.
Sus valientes y lúcidos testimonios sobre esos crímenes en el Juicio por la Verdad y en el Juicio a Etchecolatz, ayudaron al avance de la investigación sobre el Terrorismo de Estado en La Plata y fueron de vital importancia en la condena a cadena perpetua a este genocida. López fue nuevamente secuestrado el 18 de Septiembre de 2006, día en que se exponían los alegatos de la querella en Juicio contra Etchecolatz. El secuestro de Julio López es uno de los ejemplos más claros de las consecuencias de la impunidad y la vigencia del aparato represivo.
Desde los organismos de Derechos Humanos de La Plata denunciamos reiteradamente las irregularidades que hubo en la causa por el esclarecimiento de este hecho. Sólo para mencionar algunos de los eslabones de ésta larga cadena de impunidad en la que participaron desde el entonces Ministro del Interior Aníbal Fernandez, el entonces Gobernador de la Provincia y hoy “opositor” Felipe Solá que designo a partícipes de la dictadura como el Superintendente Roberto Silva, a Alberto Farinelli integrante de la Dirección de Inteligencia de la policía en plena dictadura; así como el capitán Zaffino titular de la Comisaría de Los Hornos cuando fusilaron a Darián Barzábal, la presidenta Cristina Fernández, que ya ni siquiera menciona el tema, la indiferencia ostensible del Legislativo, la Justicia Provincial que durante un año y medio se negó a reconocer la desaparición limitándose a “buscar” al compañero en una “averiguación de paradero”, la Justicia Federal que no investigó a ninguno de los represores denunciados por López en su declaración, los jueces federales Corazza y Blanco responsables de la causa paralización de la causa y de mantenerla errante entre los intrincados intereses judiciales.
El único pretendido “avance” que se dio este año en la causa López fue la declaración en marzo del médico policial Carlos Osvaldo Falcone, que fue citado porque en su casa de Mar del Plata se halló en el 2009 un automóvil en el que se sospecha habría sido secuestrado López. En su declaración dijo que se lo habían prestado, que “no sabía que era robado” y negó haber dicho que en ese auto fue secuestrado López. Falcone figura en la agenda que se le secuestró a Etchecolatz tras la desaparición de López y visitó a este genocida en la cárcel de Marcos Paz en al menos dos oportunidades.
Las pruebas ya obrantes en la causa eran contundentes como para comenzar esta indagatoria un año atrás, sin embargo la causa circuló por los pasillos judiciales mientras jueces y fiscales se la sacaban de encima.
La historia nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o para policiales con un objetivo político claro: el disciplinamiento de los opositores políticos. El secuestro y desaparición de López fueron y son un hecho político. El mensaje de este crimen tuvo objetivos múltiples, por un lado apunta a la suspensión de los juicios a los genocidas, y por otro un intento de volver a sembrar el terror y la pasividad en la sociedad para amedrentar a los testigos y a los organismos de Derechos Humanos en los juicios.
Rechazamos la actitud pasiva, y silenciosa de los gobiernos Nacional y Provincial que, viendo el tiempo trascurrido, es complicidad y encubrimiento. En la Bonaerense continúan en actividad efectivos que fueron parte del terrorismo de Estado. Mientras tanto, el pretendido “gobierno de los Derechos Humanos” no tiene un solo imputado en la causa López, y sigue predicando el cierre de los juicios a unos pocos genocidas en 4 años para utilizar el tema en función de sus tiempos políticos.
Se acrecientan cada día las voces que desde el gobierno y sectores aliados comienzan a hablar de reconciliación. ¿De que reconciliación nos hablan? ¿Con quienes pretenden que nos reconciliemos? ¿quieren que nos reconciliemos y perdonemos a los torturadores, asesinos, violadores de nuestros 30.000 padres, hermanos, amigos, compañeros de lucha? seguiremos en las calles exigiendo justicia para que no quede ni un solo responsable sin que sea enjuiciado y purgando su condena a perpetuidad de manera efectiva en una cárcel común ni piedra sobre piedra del sistema represivo que fue parte de la dictadura y afirmando
NO OLVIDAMOS, NO PERDONAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
APARICIÓN CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES
A 7 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó algunos juicios con condena firme en todo el país. Reconocidos represores como El Turco Julián, Etchecolatz, Von Wernich, Menéndez, Bussi, Olivera Rovere fueron juzgados en causas fraccionadas, separados de los otros muchos autores de los mismos delitos de lesa humanidad y por un reducido número de víctimas. El desguace de las causas contra los autores del genocidio no hace más que reproducir la impunidad de los delitos que conformaron el plan de exterminio.
La cantidad de procesados en los juicios a los genocidas es igual a la cantidad de campos de concentración que existieron en nuestro país. Casi 7 años, apenas 1 represor por campo. Como si tan sólo esa ínfima cifra de genocidas pudiera ser responsable de la maquinaria de Terror que instauraron desde 1974. Cientos de causas por delitos de lesa humanidad están literalmente paralizadas –en particular en el interior del país- debido a que muchísimos jueces y fiscales provienen de la dictadura o son cómplices, amigos, socios o familiares de los genocidas. Nada hace el Gobierno para modificar esta situación.
Durante la dictadura funcionaron en La Plata unos 12 Centros Clandestinos de Detención, donde participaron miles de efectivos de la bonaerense y de las Fuerzas Armadas. Sólo unos pocos genocidas están siendo enjuiciados por los procesos que nos propone el Estado argentino. La investigación y sanción de los delitos cometidos por los verdugos de la dictadura militar es una responsabilidad indelegable de ese Estado, incluidos sus tres poderes constitutivos.
Seguimos viendo cómo la Justicia es selectiva en materia de delitos de lesa humanidad. Asistimos a un capítulo más de la pelea del gobierno con Clarín, vemos cómo se destapa una olla que nadie quería tocar mostrando la colaboración entre los verdugos del terrorismo de Estado y sus cómplices civiles: El caso de Papel Prensa y la Familia Graiver. Durante la última dictadura, los Graiver sufrieron el secuestro y la persecución de varios integrantes de la familia y de sus socios comerciales. El doble discurso de los K utiliza a víctimas del Terrorismo de Estado ocultando que la verdadera causa de esta guerra con el grupo Clarín está muy lejos de la defensa de los DDHH, su objetivo es el de suplantar el nefasto monopolio de la apropiadora Herrera de Noble y Magneto, por otro de socios, amigos y cooptados. Por otro lado en esta pelea el gobierno se “olvida” de los otros monopolios y grupos económicos amigos, sostenedores y beneficiarios de la dictadura como la UIA y la Sociedad Rural, muchos de los cuales ofrecieron sus propias instalaciones para que funcionen centros clandestinos de detención, como la Ford, Mercedes Benz y tantos otros. Y si su pretendida pelea es contra los medios de comunicación amigos de la dictadura como fueron Clarín, La Nación y La Prensa le recordamos, ya que tienen la memoria tuerta, que su ministro de RREE Hector Timerman fue director del diario La Tarde, periódico creado sólo para justificar el golpe y apoyar a la dictadura genocida.
Los Graiver y Papaleo no fueron los únicos detenidos desaparecidos que pasaron por los centros clandestinos de Puesto Vasco y Pozo de Banfield.
Según datos aportados desde la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, por la Subcomisaría de Don Bosco (conocida como Puesto Vasco) pasaron 70 personas entre marzo del 77 y febrero del 78. En la Brigada de Investigaciones de Banfield (o Pozo de Banfield) hubo 282 víctimas entre marzo del 77 y diciembre del 78. Tras 34 años de impunidad ninguna de esas familias ha obtenido justicia, y las causas judiciales por los delitos cometidos en esos lugares siguen estancadas en tribunales. Lo mismo ocurre con el resto de las causas de los 29 CCD que integraron en dictadura lo que se conoció como “Circuito Camps”.
Lo actuado hasta ahora por el Poder Ejecutivo y el Judicial demuestra a las claras que no existe una voluntad política real de condenar el carácter masivo, planificado y organizado de la represión; en una palabra, de reconocer que sucedió un genocidio.
EXIGIMOS JUICIOS POR CCD, CARCEL A TODOS LOS GENOCIDAS, JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS.
En cuanto al tema de la restitución de los niños (hoy jóvenes) apropiados, la situación sigue sin ser clara. Por un lado se propicia por parte del Gobierno la averiguación de identidad de Marcela y Felipe (usando esto como caballito de batalla en la pelea contra Clarín) pero por otro sigue sin completarse el Banco Nacional de Datos Genéticos. Pese al trabajo respetable de los antropólogos forenses, la situación es tan precaria que hay 400 casos denunciados por restituir y las muestras se comparan sólo con 178 grupos familiares, impidiendo que verdaderos hijos que fueron apropiados reciban su verdadera identidad.
RESTITUCIÓN YA DE LA IDENTIDAD A LOS MÁS DE 400 JOVÉNES APROPIADOS.
Pero no es sólo el de López el único caso de desaparición forzada en “democracia”. El caso de Luciano Arruga, joven de 16 años del barrio 12 de Octubre de La Matanza, secuestrado y desaparecido el 31 de enero de 2009 por agentes del Destacamento policial de Lomas del Mirador sigue impune. Cuando se logró identificar y pasar a disponibilidad a los 8 policías responsables del hecho, el entonces ministro Carlos Stornelli los reintegró en sus funciones para que sigan reprimiendo.
El gobernador Scioli sigue fortaleciendo, amparando y encubriendo a la policía de la provincia, la más grande corporación mafiosa de la Argentina. Asesinatos, torturas, trata de personas, drogas, imposición a jóvenes para que roben y todo tipo de delito imaginable e inimaginable es manejado por la bonaerense. En nuestra zona pagaron con su vida Andres Nuñez, Miguel Bru, Sandra Ayala Gamboa, Darian Barzabal, Juan Maldonado y tantos otros ya sea directamente a manos de esta policía o por personajes ligados a ella.
La desaparición de Arruga muestra claramente la continuidad en las prácticas del aparato represivo del Estado. La comisaría de Quintana, de la cual depende el destacamento donde fue detenido Luciano, figura en el listado de 500 centros de tortura que existieron dentro del llamado “circuito Camps”. Era conocido como el “Sheraton”.
APARICIÓN CON VIDA YA DE LUCIANO ARRUGA JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES.
Mientras el sistema crea pobres, el gobierno mediante su aparato represivo, cumple a rajatabla su función de garantizar el orden establecido violando sistemáticamente los Derechos Humanos más elementales. Miles de chicos son asesinados a golpes u otros métodos de tortura, en comisarías y otros lugares de detención. En las calles mueren fusilados por el gatillo fácil o desaparecen a manos de las distintas policías. Desde el 2003, el gobierno de los Kirchner mató con el gatillo fácil o la tortura, en cárceles, comisarías o institutos de menores, a más de 1.323 personas. El aparato represivo estatal mató una persona cada 28 horas. Más de 20 personas por mes. La mayoría jóvenes y pobres.
En las cárceles bonaerenses el 70 % de los detenidos por delitos comunes, en su mayoría pobres y excluidos, cumplen condena anticipada sin sentencia firme, sufren un régimen de control social que los encarcela sin darles oportunidades y privilegia la impunidad en los delitos de guante blanco.
A coro con el Gobierno, los medios de comunicación, la "oposición dentro del sistema", personalidades de la cultura y la farándula, han salido a pedir mano dura. Son los mismos que defienden la impunidad de los genocidas planteando que "!os derechos humanos son para los delincuentes". A viva voz reclaman una legislación aún más represiva para el pueblo.
Hipócritas como Dualde, Macri, Carrio, etc. que defienden una sociedad desigual que criminaliza a jóvenes como Romina Tejerina, que genera hambre y miseria para millones y se llama al silencio para los grandes delitos.
Asistimos al juzgamiento de sólo 14 represores de la Unidad 9, cárcel que funcionaba en dictadura en coordinación con el resto de los Centros Clandestinos de Detención del denominado “Circuito Camps” y otro de los lugares donde estuvo detenido y sufrió a los verdugos Jorge Julio López entre abril del ’77 y junio del ’79, y pese a esto no se lo toma como caso en este juicio.
Este año los internos de la U9 hicieron una huelga de hambre para mostrar que viven privados de las más básicas condiciones de dignidad humana y son castigados y torturados de forma muy similar a como ocurría con los presos detenidos allí durante la dictadura.
HOY COMO AYER DECIMOS. NINGÚN PIBE NACE CHORRO
NINGÚN FEMICIDIO MÁS, DESMANTELAMIENTO DEL APARATO REPRESIVO.
Como es bien sabido, aunque el gobierno de los Kichner quiera ser el abanderado de los DDHH, los presos políticos, la impunidad, la represión, el encubrimiento, la criminalización de la protesta y judicialización de la pobreza son moneda corriente en Argentina. Muestra de esto es el caso de Roberto Martino (dirigente nacional del MTR): procesado y detenido desde mayo pasado con los cargos de “prepotencia ideológica y violación a la ley antidiscriminación” en una causa completamente armada con allanamientos irregulares y sin sustento jurídico.
Otro caso es el del juicio que se llevó adelante a 14 compañeros de Quebracho, quiénes están acusados de incendio, atentado, resistencia a la autoridad y daños. Reprimidos y encarcelados el 5 de abril de 2007, luego del escrache realizado por varias organizaciones al local de Sobich, en repudio al cobarde asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba. Como resultado de esto, los dos dirigentes principales de Quebracho, Esteche y Lescano, fueron condenados a más de 3 años depresión por ser referentes de su organización, y otros 6 compañeros sufrieron condenas menores. La sentencia fue apelada, por lo que aun no está firme y seguirán en libertad hasta que la cámara de Casación Penal se expida.
Se acelera, por un lado, el juicio a los luchadores populares que no se disciplinan a las políticas de Estado y por el otro, no se mueve un pelo para demostrar la responsabilidad política, tanto a nivel provincial como nacional, de quienes ordenaron operativos represivos en el caso Fuentealba como en el de Darío y Maxi o el del 19 y 20 de Diciembre de 2001. En algunos casos se encarceló solo al asesino material, para usarlo como chivo expiatorio, y así encubrir al resto de los responsables de las masacres ordenadas desde el poder.
Pero estos compañeros no son los únicos presos por razones políticas, ya que Karina Germano López “La Galle” lleva ocho años en prisión. La gallega (quien tiene a su padre desaparecido desde 1977) desde hace 3 años y medio viene reclamando las salidas transitorias, que le son sistemáticamente negadas aunque por ley le corresponden.
BASTA DE REPRESION Y PERSECUSIÓN A LOS QUE LUCHAN
LIBERTAD A TODOS LOS PRESOS POLÍTICOS
AMNISTÍA O DESPROCESAMIENTO A LOS LUCHADORES POPULARES
Las luchas del pueblo no han cesado a lo largo de estos años. Los estudiantes de la capital con tomas de escuelas y movilizaciones son en ejemplo vivo de la capacidad de resistencia popular. No solo luchan por la escuela publica, sino que también enfrentan al macrismo y su estado policial y parapolicial enfrentando a las listas negras que pretenden marcarlos como lo hicieron los militares con nuestros 30000 compañeros detenidos desaparecidos, resistiendo los intentos de desalojo de las escuelas por parte de aparato policial y poniendo de relieve la complicidad del gobierno porteño y el nacional a la hora de enfrentar sus reclamos. A 34 años de la Noche de los Lápices están rindiendo el mejor homenaje que pueden dar y no es otro que luchando.
Los obreros de Paraná metal en Villa Constitución están sobre la ruta en defensa de los 1500 puestos de trabajo y contra la patronal Kirchnerista de Cristobal Lopez, por el mismo camino que ya trazaron los trabajadores del subte, de Kraft Terrabusi, de los tercerizados del Roca. Reivindicamos la lucha porque a los jubilados se les reconozca el 82% móvil de los salarios reales que el gobierno K les niega para usar los fondos del anses para honrar la deuda. Las luchas de docentes, trabajadores de la salud y estatales que pugnan por la reapertura de las paritarias. En el sector privado se acrecienta la lucha de distintos lugares por el aumento de salarios y por la recuperación de sus organizaciones sindicales en manos de las distintas burocracias. La ocupación de tierras sea para trabajarlas o para viviendas es la respuesta popular a la imposibilidad de pagar los altísimos arrendamientos y al drama por la falta de un techo. El estado mediante sus jueces y policías contesta con represión y desalojo.
Estas y otras tantas batallas recorren de una punta a la otra el país no son distintas a las que libró Jorge Julio López y por las cuales fue desaparecido por primera vez durante la dictadura. Hoy a 4 años de su segunda desaparición en cada una de estas batallas está López y su ejemplo reaviva nuestra lucha contra tanta opresión, tanta impunidad y tanto encubrimiento.
A 4 AÑOS DEL SECUESTRO Y DESAPARICIÓN FORZADA DE JORGE JULIO LÓPEZ
AYER Y HOY LA MISMA IMPUNIDAD
BASTA DE REPRESIÓN, GATILLO FÁCIL Y CRIMINALIZACIÓN DE LA POBREZA.
CIERRE DE LAS CAUSAS Y ANULACIÓN DE LAS CONDENAS A TRABAJADORES Y DEMÁS LUCHADORES POPULARES.
NO AL CÓDIGO CONTRAVENCIONAL DE SCIOLI, NINGÚN PIBE NACE CHORRO.
INMEDIATO ESCLARECIMIENTO DEL ASESINATO DE SILVIA SUPPO.
APARICIÓN CON VIDA YA DE LUCIANO ARRUGA.
JUSTICIA POR TODOS LOS COMPAÑEROS, JUICIO Y CASTIGO A LOS GENOCIDAS CON CARCEL COMÚN, PERPETUA Y EFECTIVA.
A 34 AÑOS DEL GOLPE: NO PERDONAMOS, NO OLVIDAMOS, NO NOS RECONCILIAMOS.
SILENCIO K=IMPUNIDAD
APARICION CON VIDA YA DE JORGE JULIO LÓPEZ, JUICIO Y CASTIGO A TODOS LOS RESPONSABLES.
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
AHORA Y SIEMPRE,AHORA Y SIEMPRE,AHORA Y SIEMPRE
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
30.000 COMPAÑEROS DETENIDOS DESAPARECIDOS, PRESENTES
AHORA Y SIEMPRE,AHORA Y SIEMPRE,AHORA Y SIEMPRE
Discurso leido en el acto del 18/09/10 en La Plata.
