Correpi-Dic.04
En 1996 la CORREPI y los familiares de víctimas de la represión policial comenzamos a sistematizar la información disponible respecto de personas muertas en todo el país por las fuerzas de seguridad del Estado desde 1983 de acuerdo a las siguientes pautas:
1- Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
2- Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3- Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.
4- Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil “culposo” (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.
5- El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.
Presentamos el primer Archivo a fin de 1996. Cada actualización anual fue incorporando tanto casos anteriores que desconocíamos como los ocurridos en el curso de ese año. Así, los sucesivos Archivos tuvieron las siguientes cifras:
1996: 262 casos, con un promedio de muertes para el último año de 2.66 por mes.
1997: 382 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1998: 471 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1999: 635 casos, con un promedio de muertes para el último año de 7 por mes.
2000: 833 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2001: 1008 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2002: 1292 casos, con un promedio de muertes para el último año de 15 por mes (Incluía los 37 asesinatos durante la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001).
2003: 1.508 casos, con un promedio de muertes para el último año de 12 personas por mes.
Esta novena actualización, a fin de 2004, registra 1.684 casos, manteniendo el promedio de 12 personas por mes.
En los primeros 11 meses del año 131 personas fueron asesinadas.
3 personas fueron asesinadas por semana.
Alguien fue asesinado por la policía u otra fuerza estatal cada dos días y 8 horas.
EL ESTADO ESTÁ ASESINANDO UN CIUDADANO CADA 55 HORAS.
Desde el 25 de mayo de 2003, el actual gobierno, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil o la tortura a 229 personas.
El índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983.
Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza y Santa Fe se destacan en este “rubro”, que en este año ocupa el primer puesto como modalidad de exterminio sistemático;
2- El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúan verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
3- La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman más de 50 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real.
También se reconfirma este año la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 30.60 % del total de las ocurridas en el año 2004 y es la primera causa de muerte a manos del Estado.
Mucho se habló desde el gobierno de las recurrentes “purgas” en la Bonaerense, que entre el 15 de mayo y el 29 septiembre de 2004 cesantearon 819 efectivos, la mayoría de ellos vinculados a causas penales por graves delitos. Sin embargo, se registran más muertos por la policía de la provincia de Buenos Aires en los meses posteriores a las “purgas” que en los meses previos.
A pesar de que buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, sólo 8 causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en la Argentina desde 1983 (casos Bouchón de San Nicolás, Sargiotti de Córdoba, Figueredo de Sta. Fe, Pazos de Río Negro, Durán (en dos juicios distintos), Demonty de la Ciudad de Buenos Aires, Campos y Bru de la Pcia. De Buenos Aires).
Seguramente el lector encontrará errores o ausencias y deberá ser comprensivo: no está frente a un trabajo terminado, sino en permanente actualización. La experiencia cotidiana demuestra que estos casos son sólo una mínima porción de los realmente ocurridos, pues cada vez que nos acercamos a un barrio tomamos conocimiento de muchos casos “viejos” que no están registrados.
Hoy mismo, 10 de diciembre de 2004, al cierre de esta Novena Actualización, el diario La Nación publica que un homicidio atribuido en su momento a la “delincuencia común”, fue en realidad otro crimen policial, perpetrado a principios de este año, y no se encuentra registrado en nuestra base. Lo estará el año que viene. (LA PLATA. La ginecóloga Irma Bernarda, de 68 años, fue ahorcada en su casa el 9 de enero de 2004 por cuatro policías de la comisaría 9ª que asaltaron su casa. Uno de ellos era el jefe de calle. La mujer fue hallada en su cama, boca abajo, amordazada, maniatada y cubierta con una frazada. Están imputados por el hecho los policías Luis Alberto Pintos, Rogelio Navarro y otro uniformado llamado Borgoña).
¿Cuántos casos más no conocemos?
CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO
o Asesinato en cárcel o comisaría 30.60 %
o Fusilamiento de presunto ladrón 28.30 %
o Asesinato en discusión/prepotencia 26.80 %
o Asesinato de Terceros 7.10 %
o Causas Fraguadas 2.40 %
o Asesinato entre miembros de las fuerzas 2.40 %
o Otras 2. 40 %
EDAD DE LA VÍCTIMA
o Hasta 14 años 4.90 %
o De 15 a 25 años 65.40 %
o De 26 a 35 años 17.30 %
o De 36 a 45 años 6.40 %
o Más de 45 años 6 %
CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO
o Provincia de Buenos Aires: 48.10 %
o Provincia de Santa Fe: 12.70 %
o Provincia de Córdoba: 8.60 %
o Ciudad de Buenos Aires: 7.90 %
o Provincia de Mendoza: 4.20 %
o Provincia de Corrientes: 2.40 %
o Provincia de Tucumán: 2.10 %
o Provincia de Entre Ríos: 2.10 %
o Provincia de Chubut: 1.30 %
o Provincia de Santiago del Estero: 1.20 %
o Provincia de Río Negro: 1.20 %
o Provincia de Catamarca: 1.10 %
o Provincia de Neuquén: 1.10 %
o Provincia de La Pampa: 1.10 %
o Otras Provincias: 4.90 %
Pero si comparamos el número de casos de cada provincia por cantidad de habitantes obtenemos una imagen bien distinta.
PROPORCION DE CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES:
o Provincia de Santa Fe: 68.40
o Provincia de Catamarca: 58.53
o Provincia de La Pampa: 57.93
o Provincia de Buenos Aires: 56.18
o Provincia de Chubut: 48.05
o Provincia de Córdoba: 46.44
o Provincia de Corrientes: 43.87
o Provincia de Mendoza: 43.64
o Ciudad de Buenos Aires: 43.61
o Provincia de Río Negro: 33.30
o Provincia de Neuquén: 32.67
o Provincia de Entre Ríos: 31.20
o Provincia de Santiago del Estero: 28.73
o Provincia de Tucumán: 27.51
o Otras Provincias: 13.50
Se revela así la envergadura real de la represión policial en la Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el cuarto lugar, después de Santa Fe, Catamarca y La Pampa. Del mismo modo, se diluye la desproporción entre los diferentes distritos, demostrando que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante.
Se llega a similares conclusiones analizando la incidencia de casos en relación a la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad de los homicidas.
CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE PERTENECE EL IMPUTADO
Policías Provinciales (todas): 72.8 %
Servicios Penitenciarios: 10.6 %
Policía Federal: 0.5 %
Gendarmería Nacional: 1.7 %
Prefectura: 1.3 %
Otras: 3.2 %
1- Sólo incluimos los casos que culminaron con la muerte de la víctima.
2- Sólo incluimos aquellos casos en los que el o los homicidas eran miembros de las agencias represivas del Estado: policía federal, policías provinciales, gendarmería, prefectura, servicio penitenciario, seguridad “privada” o fuerzas armadas.
3- Sólo incluimos aquellos casos en los que la muerte se produjo en circunstancias en que la víctima no revestía peligrosidad alguna respecto de terceros o del homicida.
4- Incluimos casos de gatillo fácil propiamente dicho (fusilamientos enmascarados como pseudoenfrentamientos), gatillo fácil “culposo” (muertes de terceros causadas por la policía en enfrentamientos reales), muertes en cárceles y comisarías, tortura seguida de muerte y desapariciones.
5- El mes de diciembre se incluye en el Archivo del año siguiente, ya que la publicación es a finales de noviembre.
Presentamos el primer Archivo a fin de 1996. Cada actualización anual fue incorporando tanto casos anteriores que desconocíamos como los ocurridos en el curso de ese año. Así, los sucesivos Archivos tuvieron las siguientes cifras:
1996: 262 casos, con un promedio de muertes para el último año de 2.66 por mes.
1997: 382 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1998: 471 casos, con un promedio de muertes para el último año de 4 por mes.
1999: 635 casos, con un promedio de muertes para el último año de 7 por mes.
2000: 833 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2001: 1008 casos, con un promedio de muertes para el último año de 10 por mes.
2002: 1292 casos, con un promedio de muertes para el último año de 15 por mes (Incluía los 37 asesinatos durante la represión a la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre de 2001).
2003: 1.508 casos, con un promedio de muertes para el último año de 12 personas por mes.
Esta novena actualización, a fin de 2004, registra 1.684 casos, manteniendo el promedio de 12 personas por mes.
En los primeros 11 meses del año 131 personas fueron asesinadas.
3 personas fueron asesinadas por semana.
Alguien fue asesinado por la policía u otra fuerza estatal cada dos días y 8 horas.
EL ESTADO ESTÁ ASESINANDO UN CIUDADANO CADA 55 HORAS.
Desde el 25 de mayo de 2003, el actual gobierno, que gusta definirse como “EL GOBIERNO DE LOS DDHH”, ha matado con el gatillo fácil o la tortura a 229 personas.
El índice de gatillo fácil ha sido siempre creciente desde 1983.
Se manifiestan en especial las siguientes modalidades:
1- La muerte de personas privadas de su libertad, sea en unidades carcelarias o en comisarías, presentadas oficialmente como inverosímiles suicidios por ahorcamiento o en incendios. Mendoza y Santa Fe se destacan en este “rubro”, que en este año ocupa el primer puesto como modalidad de exterminio sistemático;
2- El fusilamiento de quienes son sospechados de haber cometido delitos, aun hechos menores como arrebatos, o que huyen sin poner en riesgo a terceros luego de un delito consumado o tentado. Es evidencia flagrante de que las políticas de mano dura y tolerancia cero, que consisten en la ejecución extrajudicial sumarísima, se aplican cotidianamente, al amparo del consenso social obtenido por las campañas mediáticas para legitimar estos homicidios. Se continúan verificando en algunas zonas –como el conurbano bonaerense o algunas zonas de la Ciudad de Buenos Aires- el accionar de escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de “limpieza social” fusilando metódicamente adolescentes en conflicto real o presunto con el sistema penal;
3- La muerte de transeúntes provocada por el desprecio por la vida humana por parte de los funcionarios policiales, que priorizan a cualquier precio la captura de un delincuente real o presunto aunque ello implique poner en peligro al tercero totalmente ajeno al hecho;
4- Los asesinatos en el marco de la protesta social, en marchas, movilizaciones y cortes de ruta, suman más de 50 desde 1995.
5- Los asesinatos en el marco de causas fraguadas para “hacer estadística” y exhibir una eficiencia muy lejana a la real.
También se reconfirma este año la constante participación policial en delitos comunes, vendiendo información, proveyendo zonas liberadas, proporcionando armas o interviniendo directamente en la organización de robos tipo comando, tráfico de drogas y autos robados, secuestros extorsivos, etc., incluso a veces como parte de “operaciones de prensa” para ganar prestigio desbaratando los ilícitos que ellos mismos generan, o para ganar espacios en sus disputas de poder internas.
La muerte de personas bajo custodia, detenidas legal o ilegalmente en cárceles y comisarías, representa el 30.60 % del total de las ocurridas en el año 2004 y es la primera causa de muerte a manos del Estado.
Mucho se habló desde el gobierno de las recurrentes “purgas” en la Bonaerense, que entre el 15 de mayo y el 29 septiembre de 2004 cesantearon 819 efectivos, la mayoría de ellos vinculados a causas penales por graves delitos. Sin embargo, se registran más muertos por la policía de la provincia de Buenos Aires en los meses posteriores a las “purgas” que en los meses previos.
A pesar de que buena parte de los casos registrados corresponden a la muerte ocurrida en ocasión de la aplicación de tormentos, sólo 8 causas han tenido condena por el delito de tortura seguida de muerte en la Argentina desde 1983 (casos Bouchón de San Nicolás, Sargiotti de Córdoba, Figueredo de Sta. Fe, Pazos de Río Negro, Durán (en dos juicios distintos), Demonty de la Ciudad de Buenos Aires, Campos y Bru de la Pcia. De Buenos Aires).
Seguramente el lector encontrará errores o ausencias y deberá ser comprensivo: no está frente a un trabajo terminado, sino en permanente actualización. La experiencia cotidiana demuestra que estos casos son sólo una mínima porción de los realmente ocurridos, pues cada vez que nos acercamos a un barrio tomamos conocimiento de muchos casos “viejos” que no están registrados.
Hoy mismo, 10 de diciembre de 2004, al cierre de esta Novena Actualización, el diario La Nación publica que un homicidio atribuido en su momento a la “delincuencia común”, fue en realidad otro crimen policial, perpetrado a principios de este año, y no se encuentra registrado en nuestra base. Lo estará el año que viene. (LA PLATA. La ginecóloga Irma Bernarda, de 68 años, fue ahorcada en su casa el 9 de enero de 2004 por cuatro policías de la comisaría 9ª que asaltaron su casa. Uno de ellos era el jefe de calle. La mujer fue hallada en su cama, boca abajo, amordazada, maniatada y cubierta con una frazada. Están imputados por el hecho los policías Luis Alberto Pintos, Rogelio Navarro y otro uniformado llamado Borgoña).
¿Cuántos casos más no conocemos?
CIRCUNSTANCIAS DEL ASESINATO
o Asesinato en cárcel o comisaría 30.60 %
o Fusilamiento de presunto ladrón 28.30 %
o Asesinato en discusión/prepotencia 26.80 %
o Asesinato de Terceros 7.10 %
o Causas Fraguadas 2.40 %
o Asesinato entre miembros de las fuerzas 2.40 %
o Otras 2. 40 %
EDAD DE LA VÍCTIMA
o Hasta 14 años 4.90 %
o De 15 a 25 años 65.40 %
o De 26 a 35 años 17.30 %
o De 36 a 45 años 6.40 %
o Más de 45 años 6 %
CANTIDAD DE CASOS POR DISTRITO
o Provincia de Buenos Aires: 48.10 %
o Provincia de Santa Fe: 12.70 %
o Provincia de Córdoba: 8.60 %
o Ciudad de Buenos Aires: 7.90 %
o Provincia de Mendoza: 4.20 %
o Provincia de Corrientes: 2.40 %
o Provincia de Tucumán: 2.10 %
o Provincia de Entre Ríos: 2.10 %
o Provincia de Chubut: 1.30 %
o Provincia de Santiago del Estero: 1.20 %
o Provincia de Río Negro: 1.20 %
o Provincia de Catamarca: 1.10 %
o Provincia de Neuquén: 1.10 %
o Provincia de La Pampa: 1.10 %
o Otras Provincias: 4.90 %
Pero si comparamos el número de casos de cada provincia por cantidad de habitantes obtenemos una imagen bien distinta.
PROPORCION DE CASOS POR MILLÓN DE HABITANTES:
o Provincia de Santa Fe: 68.40
o Provincia de Catamarca: 58.53
o Provincia de La Pampa: 57.93
o Provincia de Buenos Aires: 56.18
o Provincia de Chubut: 48.05
o Provincia de Córdoba: 46.44
o Provincia de Corrientes: 43.87
o Provincia de Mendoza: 43.64
o Ciudad de Buenos Aires: 43.61
o Provincia de Río Negro: 33.30
o Provincia de Neuquén: 32.67
o Provincia de Entre Ríos: 31.20
o Provincia de Santiago del Estero: 28.73
o Provincia de Tucumán: 27.51
o Otras Provincias: 13.50
Se revela así la envergadura real de la represión policial en la Argentina: dejando de lado el sesgo diferencial que da a la Pcia. de Buenos Aires su colosal supremacía poblacional, ocupa el cuarto lugar, después de Santa Fe, Catamarca y La Pampa. Del mismo modo, se diluye la desproporción entre los diferentes distritos, demostrando que las políticas de mano dura no son patrimonio exclusivo bonaerense, ni de ningún color político en particular: son una necesidad operativa del sistema político-económico imperante.
Se llega a similares conclusiones analizando la incidencia de casos en relación a la pertenencia a las distintas fuerzas de seguridad de los homicidas.
CASOS SEGÚN FUERZA A LA QUE PERTENECE EL IMPUTADO
Policías Provinciales (todas): 72.8 %
Servicios Penitenciarios: 10.6 %
Policía Federal: 0.5 %
Gendarmería Nacional: 1.7 %
Prefectura: 1.3 %
Otras: 3.2 %
