19 Y 20: EL ESTALLIDO INCONCLUSO O LA MASACRE IMPUNE
El estallido de diciembre de 2001 desató una cacería. La represión causó 39 asesinados y caso 300 heridos. La mayoría de las causas por esos hechos están cerradas. Los condenados siguen libres y el máximo responsable, Fernando De la Rúa , fue sobreseído. En junio de 2012 comenzará el primer juicio oral y público.
A 10 años del 19 y 20 hubo miles de expedientes judiciales y miles de horas de declaraciones, pero ningún responsable jerárquico preso. En una total impunidad quedaron los casos de 39 personas asesinadas en 8 provincias: 14 en la de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 6 en Capital Federal, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Tucumán y 1 en Río Negro.
Recordemos que la causa principal es la que se sigue en Capital Federal, donde están procesados por homicidio y lesiones culposas Jorge Santos (ex Jefe de la Policía Federal ), Raúl Andreozzi (ex Superintendente de Seguridad Metropolitana), Norberto Gaudiero (ex Director General de Operaciones) y Enrique Mathov (ex Subsecretario de Seguridad de la Nación ). Todos ellos fueron responsabilizados por los homicidios que damnificaron a Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, y por las lesiones culposas de un importante número de víctimas.
Mientras tanto, en otro legajo conexo se instó a la elevación a la etapa oral de los casos de los policías Víctor Belloni, Orlando J. Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Sebatián Saporiti, Horacio B. Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino, Ariel Firpo Castro y de Jorge Varando, personal de seguridad privada del Banco HSBC. Los cargos en este 2do proceso son por los homicidios dolosos, lesiones y abuso de armas, que damnificaron, entre otros, a Marcelo Dorado, Sergio Sánchez, Alberto Márquez, Martín Galli, Paula Simonetti y Gustavo Benedetto en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires.
Los abogados querellantes de las familias de la víctima son Daniel Stragá y María del Cármen Verdú (por CORREPI), Rodrigo Borda (por el CELS) y Rodolfo Yanzón (por FIDELA).
En noviembre de 2010 la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de Fernando De la Rúa en la causa.
El criterio que siguió la mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) parte de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al presidente de la Nación en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior.
El criterio contrario, que no prosperó, es que el presidente de la Nación tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, ya que desde las más altas esferas de su Gobierno se fijó que el objetivo de la actuación policial era impedir la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo, y que por ello tenía el deber de controlar y supervisar el desempeño de las fuerzas policiales y de los funcionarios de su Gobierno encargados del área de seguridad interior.
Destacamos Algunos casos de Capital e interior del país en los que la justicia avanzó poco o nada:
- Los asesinatos de los jóvenes Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón (todos de entre 24 y 30 años) siguen en instrucción después de 10 años de ocurridos.
- Por el homicidio de Luis Marquez (de 57 años) se juzgará a 4 policías que llegarán libres al juicio oral.
- Y la causa por el asesinato de Gustavo Benedetto (de 30 años), donde estuvo preso 3 años el jefe de seguridad privada del HSBC Jorge Varando (que fue liberado en 2004), quedó cerrada sin respuestas. Según las pericias, desde el banco HSBC se dispararon 60 balas en 30 segundos, pero se liberó a Varando porque no se pudo probar qué bala mató a Bendetto.
- En el interior del país la situación no varía demasiado, ya que en Rosario, el asesino de Claudio “Pocho” Lepratti, el policía Velásquez, fue liberado. Igual que los otros 5 policías que lo encubrieron. En Rosario siguen impunes los asesinatos por balas policiales de Romina Iturain (de 15 años), José Rodríguez, Luis Fernández, Elvira Avaca, Ramón Arapi y Juan Torres. En Córdoba hay sólo 1 policía imputado por asesinar en la represión a David Moreno (de 13 años). En la Provincia de Buenos Aires, de 14 homicidios, sólo 2 llegaron a juicio, los de Ariel Salas de 31 años y Damián Ramirez de 14 años.
Una vez más, como en los casos Kosteki-Santillán, Fuentealba, y otros, las responsabilidades políticas por la represión a la protesta social son separadas de los ejecutores materiales de los homicidios. Se condena a los policías que matan, pero los funcionarios políticos que ordenan son protegidos por la Justicia. Esto es lisa y llanamente diluir las responsabilidades del esquema represivo en quien aprieta el gatillo, como si actuara por voluntad propia y sin un mando político.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
Este 20 de diciembre de 2011 marchamos a las 17 hs desde Congreso a Plaza de Mayo.
A 10 años del estallido del 2001, continua la impunidad. Este 20 de diciembre marchamos de plaza Congreso a plaza de Mayo.
-Contra el tarifazo de CFK
-La criminalización de la protesta social
-La ley antiterrorista (que firmó CFK en el 2007 y este 14/12/11 se volvió a votar el endurecimiento de las penas).
El estallido de diciembre de 2001 desató una cacería. La represión causó 39 asesinados y caso 300 heridos. La mayoría de las causas por esos hechos están cerradas. Los condenados siguen libres y el máximo responsable, Fernando De la Rúa , fue sobreseído. En junio de 2012 comenzará el primer juicio oral y público.
A 10 años del 19 y 20 hubo miles de expedientes judiciales y miles de horas de declaraciones, pero ningún responsable jerárquico preso. En una total impunidad quedaron los casos de 39 personas asesinadas en 8 provincias: 14 en la de Buenos Aires, 9 en Santa Fe, 6 en Capital Federal, 3 en Entre Ríos, 3 en Córdoba, 2 en Corrientes, 1 en Tucumán y 1 en Río Negro.
Recordemos que la causa principal es la que se sigue en Capital Federal, donde están procesados por homicidio y lesiones culposas Jorge Santos (ex Jefe de la Policía Federal ), Raúl Andreozzi (ex Superintendente de Seguridad Metropolitana), Norberto Gaudiero (ex Director General de Operaciones) y Enrique Mathov (ex Subsecretario de Seguridad de la Nación ). Todos ellos fueron responsabilizados por los homicidios que damnificaron a Diego Lamagna, Marcelo Riva, Carlos Almirón, Gustavo Benedetto y Alberto Márquez, y por las lesiones culposas de un importante número de víctimas.
Mientras tanto, en otro legajo conexo se instó a la elevación a la etapa oral de los casos de los policías Víctor Belloni, Orlando J. Oliverio, Carlos López, Eugenio Figueroa, Roberto Juárez, Sebatián Saporiti, Horacio B. Berardi, Mario Seia, Norberto Sabbino, Ariel Firpo Castro y de Jorge Varando, personal de seguridad privada del Banco HSBC. Los cargos en este 2do proceso son por los homicidios dolosos, lesiones y abuso de armas, que damnificaron, entre otros, a Marcelo Dorado, Sergio Sánchez, Alberto Márquez, Martín Galli, Paula Simonetti y Gustavo Benedetto en distintos sectores de la ciudad de Buenos Aires.
Los abogados querellantes de las familias de la víctima son Daniel Stragá y María del Cármen Verdú (por CORREPI), Rodrigo Borda (por el CELS) y Rodolfo Yanzón (por FIDELA).
En noviembre de 2010 la Sala II de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional Federal confirmó por mayoría el sobreseimiento de Fernando De la Rúa en la causa.
El criterio que siguió la mayoría del tribunal (jueces Martín Irurzun y Eduardo Farah) parte de negar que la declaración del estado de sitio pueda haber colocado al presidente de la Nación en "posición de garante" de la vida e integridad física de los ciudadanos en un contexto de conmoción interior.
El criterio contrario, que no prosperó, es que el presidente de la Nación tenía la obligación de tomar recaudos para preservar la seguridad de las personas, ante la evidencia de que podían producirse desbordes de las fuerzas de seguridad, ya que desde las más altas esferas de su Gobierno se fijó que el objetivo de la actuación policial era impedir la llegada de manifestantes a la Plaza de Mayo, y que por ello tenía el deber de controlar y supervisar el desempeño de las fuerzas policiales y de los funcionarios de su Gobierno encargados del área de seguridad interior.
Destacamos Algunos casos de Capital e interior del país en los que la justicia avanzó poco o nada:
- Los asesinatos de los jóvenes Gastón Riva, Diego Lamagna y Carlos “Petete” Almirón (todos de entre 24 y 30 años) siguen en instrucción después de 10 años de ocurridos.
- Por el homicidio de Luis Marquez (de 57 años) se juzgará a 4 policías que llegarán libres al juicio oral.
- Y la causa por el asesinato de Gustavo Benedetto (de 30 años), donde estuvo preso 3 años el jefe de seguridad privada del HSBC Jorge Varando (que fue liberado en 2004), quedó cerrada sin respuestas. Según las pericias, desde el banco HSBC se dispararon 60 balas en 30 segundos, pero se liberó a Varando porque no se pudo probar qué bala mató a Bendetto.
- En el interior del país la situación no varía demasiado, ya que en Rosario, el asesino de Claudio “Pocho” Lepratti, el policía Velásquez, fue liberado. Igual que los otros 5 policías que lo encubrieron. En Rosario siguen impunes los asesinatos por balas policiales de Romina Iturain (de 15 años), José Rodríguez, Luis Fernández, Elvira Avaca, Ramón Arapi y Juan Torres. En Córdoba hay sólo 1 policía imputado por asesinar en la represión a David Moreno (de 13 años). En la Provincia de Buenos Aires, de 14 homicidios, sólo 2 llegaron a juicio, los de Ariel Salas de 31 años y Damián Ramirez de 14 años.
Una vez más, como en los casos Kosteki-Santillán, Fuentealba, y otros, las responsabilidades políticas por la represión a la protesta social son separadas de los ejecutores materiales de los homicidios. Se condena a los policías que matan, pero los funcionarios políticos que ordenan son protegidos por la Justicia. Esto es lisa y llanamente diluir las responsabilidades del esquema represivo en quien aprieta el gatillo, como si actuara por voluntad propia y sin un mando político.
Juicio y castigo a los responsables políticos y materiales de la masacre del 19 y 20 de Diciembre de 2001.
Este 20 de diciembre de 2011 marchamos a las 17 hs desde Congreso a Plaza de Mayo.
A 10 años del estallido del 2001, continua la impunidad. Este 20 de diciembre marchamos de plaza Congreso a plaza de Mayo.
-Contra el tarifazo de CFK
-La criminalización de la protesta social
-La ley antiterrorista (que firmó CFK en el 2007 y este 14/12/11 se volvió a votar el endurecimiento de las penas).
