El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como "terratenientes". Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.
El premio Nobel Adolfo Pérez Esquivel calificó al Rectorado de actuar como terratenientes. Avanza el juicio por la restitución de las propiedades.
El acampe de la comunidad qom de Formosa en la 9 de Julio y la iniciativa del Gobierno nacional sobre la reglamentación de la ley de Tierras, han reavivado una discusión que sintetiza ambas problemáticas en un derecho: el de los pueblos originarios ha vivir en sus lugares ancestrales.
La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) retiene bajo su poder 6144 hectáreas, en la provincia de Misiones, pertenecientes a la comunidad indígena mbya-guaraní, la cual viene reclamando hace décadas la restitución de sus tierras. Pese al pedido de estos pueblos, las distintas presidencias del Rectorado se han negado a desprenderse de los terrenos. “La Universidad no quiere devolverle las tierras a las comunidades. Es una universidad pública, una universidad nacional, y actúa igual que los terratenientes: le niegan el derecho a los pueblos originarios”, indicó a Hoy el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, quien además aseguró que ha mantenido “reuniones en la Universidad” y que “con distintas excusas tratan de impedir que las tierras pasen a las comunidades”.
La casa de altos estudios adquirió las propiedades a partir de la donación de la empresa Celulosa Argentina SA en el año 1992. En 1999 la institución educativa acordó con el Ministerio de Ecología de Misiones que las tierras se convirtieran en reserva privada de la Universidad por un período de 20 años. Durante 2001 las comunidades mantuvieron reuniones con la gestión de la UNLP de ese momento, a cargo de Alberto Dibbern y, recién en 2005, con la presidencia de Gustavo Azpiazu, el Rectorado presentó una propuesta formal que consistía en la cesión de 700 hectáreas para las comunidades y 700 hectáreas para la UNLP; el resto, alrededor de 4.700 hectáreas, en cogestión entre ambas partes. La iniciativa tenía más que ver con un carácter de negociaciones empresariales que con la rectificación de derechos, por lo que los mbya la rechazaron y llevaron el reclamo a la Justicia (ver recuadro). “Las propuestas (de la UNLP) siempre fueron un reconocimiento parcial, nunca un reconocimiento pleno, porque hablaban de un condominio, cuando en realidad esto es propiedad de las comunidades, y por esto se está peleando en el juicio”, dijo a Hoy la abogada Estela Maris Martínez, asesora del Equipo Misiones de Pastoral Aborigen (Emipa) y patrocinante de las comunidades en el juicio, junto al doctor Julio César García. “Queremos que nos reconozcan como pueblos originarios. Esas tierras pertenecen a nosotros. A partir de ahí podremos disfrutar nuestro territorio”, señaló a Hoy Catri Duarte, uno de los caciques de la comunidad que habita dichos terrenos y miembro de Apy Ñeychyro, organización tradicional indígena.
“Los derechos humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad”, asegura el escritor uruguayo Eduardo Galeano en una de sus tantas cartas a los pueblos indígenas. La falta de derechos en comunidades como la de los quom o mbya son la muestra clara que tal concepto es ignorado y bastardeado tanto para el presidente de la UNLP, Fernando Tauber, como para el Gobierno de Cristina Fernández.
Nicolás Salas
Qué representan las tierras para los mbya
El lugar en cuestión se encuentra en el Valle del Arroyo de Kuña Piru, sobre el cual se asientan cinco comunidades en la actualidad. La vegetación y el ecosistema brindan a los pueblos originarios los recursos necesarios para su subsistencia. “Vivimos del mismo monte. De ahí sacamos para hacer artesanías y lugar para plantar y poder sobrevivir”, afirmó el cacique Duarte, quien además alertó a este medio sobre la presencia de “colonos” en la zona donde están desmontando y realizando plantaciones. “Hay gente que se ha introducido ahí haciendo desmontes, sobre lo que la Universidad no tiene ningún control, y estas son decisiones que hasta el día de hoy la UNLP no quiere asumir. Son empresas que se han metido ahí”, agregó Adolfo Pérez Esquivel.
La judicialización y la posición de la UNLP
Tras la negativa de los pueblos a negociar sus derechos, la disputa entre las partes pasó a manos de la Justicia. “En el año 2009 se realizó una audiencia conciliatoria en el ámbito judicial; y la UNLP con el Estado nacional ni siquiera se presentó a la audiencia”, afirmó la abogada Estela Maris Martínez, patrocinante de las comunidades en el juicio que los mbya llevan a cabo contra la Universidad Nacional de La Plata y el Estado nacional. A su vez, Martínez advirtió que el Estado nacional tuvo “una estrategia dilatoria” al iniciar una “demanda de excepción de incompetencia” sobre el Juzgado Federal de Posadas, cuestión que fue revocada.
“Se formó una comisión para definir la cantidad de tierras. Sobre finales de 2007 fue la ultima reunión, las comunidades cortaron el diálogo y judicializaron el tema. Iniciaron una demanda contra la UNLP y el Estado nacional”, indicó a Hoy el secretario de Asuntos Jurídicos de la UNLP, Julio Mazzotta. Asimismo, el funcionario universitario sostuvo que “a nosotros nos notificaron con tres días de anticipación sobre la audiencia, cuando nos tendrían que haber notificado con diez días, era imposible. Teníamos consejo superior, la persona que tenía que viajar era yo y es imposible organizar para poder viajar”.
