Fuente: Indymedia La Plata. paneles_23_marzo.jpg, image/jpeg, 609x850
En este otoño de 2011 la agrupación HIJOS La Plata cumple 16 años de existencia como organismo de Derechos Humanos independiente del Estado y de los gobiernos. En este camino supimos nuclearnos los hijos e hijas de compañeros y compañeras desaparecidos, fusilados, exiliados, presos políticos y también jóvenes comprometidos con la lucha contra la impunidad en nuestro país. En todo este tiempo trabajamos en la reconstrucción de la memoria histórica de los procesos políticos argentinos, en la búsqueda de juicio y castigo para los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos por la última dictadura y el período represivo previo, y en la denuncia de la represión policial e institucional en la actualidad.
Estos 16 años nos han hecho madurar como organización y han servido para reafirmar nuestra posición sobre el rol que debe tener un organismo de Derechos Humanos en la contienda social. Si bien el concepto de “Derechos Humanos” nació históricamente de la liberalidad burguesa e intentó funcionar como controlador de la omnipotencia de los estados totalitarios, con el tiempo se transformó también en una herramienta de lucha para que los sectores populares canalicen no sólo la demanda de respeto a la vida y la dignidad más básica en el marco democrático, sino la exigencia y la puesta en manifiesto de las contradicciones que existen en la base de toda conflictividad social.
Si entendemos que el único que puede violar los Derechos humanos es el Estado, que ejerce el monopolio de la fuerza legal y administra el andamiaje legal a través de una gestión de gobierno, sabremos que ninguna organización que nace para denunciar esos atropellos puede trabajar ni con un gobierno ni desde el Estado, sin caer en una contradicción fundante sobre sus propios objetivos. Mantener la independencia de para poder seguir denunciando la impunidad de la violencia institucional es una premisa básica que no todos parecen aceptar.
El plan criminal que en los ´70 secuestró y desapareció a 30.000 compañeros tiene un nombre preciso, y se denomina genocidio. La realidad confirma que en la Argentina “democrática”, una vez finalizado el genocidio aplicado por la última dictadura, la represión cambió de forma para adaptarse a las necesidades del modelo. Se ha reformulado el concepto de la doctrina de la “seguridad nacional” por el de políticas de “control social”. Pero estos conceptos son sólo dos caras de la misma moneda, y tienen como fin amedrentar y disciplinar a la clase de cuyo seno nace la resistencia a las políticas de desigualdad y exclusión social.
La continuidad del plan genocida se despliega hoy con políticas de autocracia y corrupción policial, gatillo fácil en aplicación permanente como amedrentamiento social a los desposeídos y judicialización de los que no son útiles a los fines de este modelo de “crecimiento con base en la exclusión”. Esta es la verdadera doble política de Derechos Humanos que el kirchnerismo ha utilizado para darse aires progresistas en su gestión y lograr una aprobación popular semi-duradera en un país que continúa presentando las tensiones propias de un esquema social de desigualdad, pero donde se ha consolidado un sector oficial acrítico en el movimiento de Derechos Humanos, que cumple el rol de convalidar lo poco que se hace en detrimento de lo mucho que queda por exigir en la materia.
Nuestra organización surgió en La Plata en dos homenajes a los desaparecidos de las facultades de Arquitectura y Humanidades, pero se fogueó al calor de las luchas estudiantiles universitarias contra la reforma menemista de la Ley de Educación Superior. En ese año ’95, con plena vigencia de las leyes de impunidad y los indultos, la sociedad argentina estaba conmocionada por las declaraciones del genocida Scilingo, que relataba los “vuelos de la muerte”. También el general Balza reconocía institucionalmente y sin consecuencias la participación del Ejército en torturas y desapariciones. Pero el pueblo respondía y los piquetes asomaban a la luz pública, y en el sur del país, un ex detenido en la dictadura le asestaba una golpiza a Astiz, que se paseaba impunemente de vacaciones.
Este último hecho, entre otros, nos animó a darnos cuenta de que los represores son de carne y hueso, que están entre nosotros, y que eso no puede ser. Esto motivó lo que es quizás el mayor aporte que HIJOS ha hecho a la dinámica de la protesta social en el país: el escrache. Con ello construimos una herramienta nueva, en la calle, con los vecinos, en el propio barrio del genocida y dimos un salto sobre el cerco de la impunidad. Los HIJOS sumamos al reclamo de los distintos organismos de Derechos Humanos la reivindicación de la lucha revolucionaria de los desaparecidos, pero también pusimos el acento en la reconstrucción del tejido social y en la generación de la condena social a los represores para que la sociedad toda sienta como propia la herida abierta producto del terrorismo de estado.
Tras casi 8 años de caídas las leyes de impunidad gracias a la lucha popular, el Estado argentino sólo efectivizó 44 juicios orales con sentencia en todo el país. En esos 44 juicios estuvieron procesados unos 200 represores y hubo similar número de condenas, y 16 absoluciones por un universo de 700 víctimas. Esto quiere decir que sólo alrededor del 10 % del total de procesados desde 2003 fue castigado, y en la mayoría de los casos con condenas menores al máximo de la pena. Pero además, si bien hay otros 388 genocidas detenidos en espera de juicio, la mayoría de esos procesados se encuentra en libertad; además de haber 36 represores prófugos de la justicia y 259 que murieron impunes antes de llegar a una sentencia o condenados pero con procesos pendientes.
En La Plata funcionaron durante la dictadura 12 CCD, coordinados por la Policía Bonaerense y las Fuerzas Armadas. De esos miles de represores, sólo 19 fueron condenados en casi 8 años desde la reapertura de las causas, en juicios parciales, la mayoría con condenas mínimas.
Así, estos procesos reproducen la impunidad, porque sólo serán juzgados una serie de casos emblemáticos, mientras el conjunto de miembros de las FFAA, Seguridad e Inteligencia quedará relegado a juzgarse en futuros inciertos.
La situación de vulnerabilidad que viven los testigos en los juicios a los genocidas es producto de la improvisación con que se encaró el proceso de reapertura de las causas. La impunidad que presentan los casos de Jorge Julio Lopez, Luis Gerez, Juan Puthod, Silvia Suppo y Victor Martinez no parecen ser tema para el gobierno y sus organizaciones subsidiarias. Sobradas veces, los organismos de DDHH hemos reclamado que la única política efectiva de protección a las víctimas del Terrorismo de Estado es la mayor celeridad en los procesos de condena de todos y cada uno de los implicados en el Genocidio de la última dictadura, sintetizada en la consigna “Cárcel común, perpetua y efectiva”. La exposición indefinida de las víctimas a un horizonte incierto de juzgamiento no hace más que perpetuar la situación de impunidad que los propios procesos judiciales parciales y cansinos vienen generando.
La continuidad del esquema represivo es palmaria: las fuerzas de “seguridad” de los gobiernos que se sucedieron desde diciembre de 1983 hasta hoy han asesinado con el gatillo fácil a más de 3.139 personas, en su mayoría jóvenes de entre 15 y 25 años. Más de la mitad de los casos corresponden a los gobiernos de los Kirchner.
La justicia selectiva utiliza jueces y fiscales para encarcelar a los que menos tienen o a los que se oponen a este modelo de explotación y saqueo. El aparato judicial al servicio de la judicialización de la protesta y la criminalización de la pobreza. El mismo al que nunca le alcanzan las pruebas contra los genocidas de ayer y los represores de hoy. Los luchadores populares son perseguidos, amenazados y agredidos, como la represión al pueblo Qom en Formosa, la vía libre a las patotas sindicales en el asesinato de Mariano Ferreyra, la arremetida de la Federal en el conflicto social en Villa Soldati, o los casos de los militantes Roberto Martino, Raúl Lescano, y Fernando Esteche, presos y condenados en causas armadas por ser referentes de sus organizaciones.
En nuestra provincia es clara la política de Derechos Humanos del kirchnerismo a través de las iniciativas retrógradas de la gestión Scioli-Casal como solución policial a los problemas sociales. Con la excusa de la “inseguridad” se intenta bajar la edad de imputabilidad a los 14 años, ampliar las horas de detención a merced de los verdugos de uniforme, e implantar un Código Contravencional que recorta las libertades de todos los que no entran en su esquema de sociedad. Las cárceles y comisarías han eclosionado por el endurecimiento de la legislación penal, y siguen siendo depósitos de personas sin el menor respeto a derechos y garantías. El 70 % de los presos bonaerenses no tiene juicio iniciado, y cumplen condenas anticipadas a la sentencia judicial, cuando la estadística de absolución es de 1 sobre cada 3 juicios. Además se ha comprobado no sólo que los agentes penitenciarios bonaerenses torturan, sino que redoblan ese accionar impune sobre los que lo denuncian. En los últimos años hubo más de 4 mil causas contra miembros del Servicio Penitenciario Federal por esos abusos. De ellas sólo 7 tuvieron sentencias condenatorias.
La política económica neoliberal del crecimiento con base en la exclusión y el saqueo continúa intacta. Los servicios, las tierras y los recursos naturales siguen extranjerizados. El 40 % de los trabajadores cobran salarios en negro y la mayoría de los blanqueados perciben parte en iguales condiciones, los aumentos que se dieron por decreto fueron absorbidos por la inflación. Mientras tanto no se democratiza la participación sindical, no se genera trabajo genuino ni se universalizan los planes sociales, y se desfinancian las escuelas, los hospitales y la masa salarial de sus trabajadores.
Gobiernos como el de los Kirchner generan, no sin saberlo, fracturas que debilitan al campo popular, vía las políticas de doble discurso en materia de derechos humanos y la cooptación política para repartir prebendas. Algunos de los que hace unos años estaban juntos en la calle, que luchaban por juicio y castigo a todos los genocidas y no por juicios recortados, que fueron parte de las gloriosas jornadas del 19 y 20 de diciembre, se ven hoy como si estuvieran a años luz de la lucha.
En la medida que organicemos, en la medida que contagiemos, tendemos más legitimidad en el sentir popular, pero no necesariamente en una institucionalidad formal. Y aquí digamos las cosas como son: la legitimidad de una lucha no está destinada a coagularse en una mera institucionalización de políticas públicas, sino a revitalizar la capacidad de convocar a la población o de reflejar una realidad o presionar desde una serie de valores que ya han sido asimilados y apoyados por una parte importante del Pueblo.
Los HIJOS somos retoños legítimos de los mejores hijos de este pueblo y la “legalidad” no nos sustenta. Vemos cómo muchos combativos, perseguidos y encarcelados en su tiempo, están hoy en espacios de poder y defienden la “legalidad” tanto como se han olvidado de la legitimidad, así como también otros, que siempre estuvieron en la vereda opuesta, aprovechan estos espacios para defender una legalidad de humanismo reformista.
Asi como en estos 16 años no apoyamos a ningún gobierno hambreador y represor del pueblo, reafirmamos la voluntad de exigirle al Estado las mismas cosas que venimos exigiendo durante tanto tiempo, sin importar que se llame Menem, De la Rua, Kirchner, Ibarra, Macri, Solá, Scioli o Cristina Fernández, porque lo que está en juego es la vida y la dignidad de todo un Pueblo.
A los compañeros que se reagruparon en “H.I.J.O.S. de La Plata”, y que ven en el actual gobierno una posibilidad de cambio, queremos expresarles que estamos convencidos de que es imposible que esta administración, con su política meramente testimonial, haga florecer en la realidad el país con el que soñamos, con el que soñaban los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos y todos los caídos en la lucha. Principalmente porque no creemos que el proyecto K sea la construcción que torcerá los destinos de la historia, ya que hoy mismo continúa vigente en ella la lógica de responder con todo el “peso de la legalidad” a la legitimidad incontestable de los reclamos populares, porque la pugna distributiva continúa inclinando el contrapeso de la balanza hacia los que más tienen, y porque las mayorías estaremos de una u otra manera allí cuando el paso hacia “lo nuevo” se construya genuinamente en serio.
Ante esta coyuntura, los HIJOS seguimos exigiendo la reparación del daño histórico que causó la dictadura y su plan económico. Pero no sólo requerimos el juicio y castigo a los genocidas y sus cómplices políticos, civiles y religiosos, la nulidad de los indultos a los asesinos uniformados, la restitución de nuestros hermanos apropiados, la apertura de todos los archivos de la represión y la preservación de los CCD para la investigación sobre lo que allí ocurrió, sino que también pretendemos que el cúmulo de injusticias sociales sea resuelto. Porque creemos que los Derechos Humanos son cosas de todos los días, y mientras exista impunidad y se sigan violando los derechos políticos, económicos y sociales, seguiremos la lucha. Y si no fuera así, invitamos a aquel que vea que estos factores que analizamos se han modificado, que nos diga acaso con qué lente mágica observa la realidad.
HIJOS La Plata - 16 años de lucha
No olvidamos – No perdonamos – No nos reconciliamos
Juicio y castigo a todos los genocidas, justicia por todos los compañeros.
Juicio y castigo a los responsables de la desaparición de Jorge Julio López y Luciano Arruga.
Restitución de la identidad de los más de 400 jóvenes apropiados por los genocidas
Libertad a los presos políticos. Desprocesamiento de los más de 4 mil luchadores procesados por luchar.
