La Justicia busca terminar con pactos y represores reciclados.
La detención de uno de los habituales empleados del Aeropuerto de Mendoza –contratado por la empresa Aerolíneas Argentinas–, el “Colorado” Ricardo Rubén Ormello, sorprendió a los mendocinos el pasado 10 de mayo. La orden la dio el juez federal Sergio Torres y quien se ocupó de hacerla cumplir en la provincia fue el juez federal de Mendoza Walter Bento. [+]
No fue el único apresado, junto a él capturaron a Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado uno de los llamados “vuelos de la muerte”. La causa es un desprendimiento de los crímenes de la ESMA y tiene por objeto investigar “el sistema de eliminación física de personas utilizado en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas del terrorismo de Estado”.
Esos vuelos consistían en arrojar desde aeronaves en pleno vuelo al Río de la Plata o al Mar Territorial Argentino a personas que habían sido privadas de su libertad por el Grupo de Tareas, que operaba en lo que inicialmente fue creado como un instituto de formación naval. Estamos hablando de la puesta en marcha de un dispositivo que requería de una aceitada coordinación entre centros ilegales de detención y distintos aeropuertos del país o bases militares que contaban con pista de aterrizaje.
Cada embarque de prisioneros constituía de por sí una acción conjunta y sistemática, pergeñada en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. Fue Adolfo Scilingo quien la puso de manifiesto en 1995 en una serie de entrevistas que le hiciera el periodista Horacio Verbitsky, autor de un texto periodístico fundamental: El vuelo. Confesiones de un oficial de la armada.
Hasta ese momento ningún protagonista había revelado cómo era eso de arrojar al menos unas 2.000 personas al mar. Scilingo reveló que se los trasladaba con vida, se les inyectaba una dosis de pentotal para mantenerlos adormecidos y ya a bordo del avión se les iba quitando la ropa y empujando al vacío. Cuando confesó esa secuencia siniestra, Scilingo, que estaba en libertad, señaló que él había escrito cartas al ex dictador Jorge Videla, al ex presidente Carlos Menem, solicitándoles que se informara al país sobre el tema, y a modo de protesta consignó: “Me ordenaron actuar al margen de la ley y me transformaron en delincuente”.
Antes de semejante confesión, en Mendoza ya alguien había puesto por vez primera en entredicho el silencio pactado entre los integrantes de las fuerzas de seguridad durante los años de plomo. Se podría decir que fue la primera confesión judicializada. Ocurrió a comienzos de la democracia, cuando la justicia federal abarcaba toda la zona de Cuyo y desde San Luis llegaban noticias sobre la existencia de un testigo llamado Jorge Vázquez.
El hombre relataba que había trabajado como policía y que se abrió de eso poco después. Murió en circunstancias sospechosas hace varios años. Hubo dudas sobre si se trataba de un arrepentido. Lo cierto es que debido a los datos que aportó con su testimonio, el juez federal González Macías pudo determinar el sitio preciso donde la patota del coronel Carlos Plá había escondido los cuerpos asesinados de los militantes de la Juventud Peronista de San Luis, entre ellos, el de Graciela Fiochetti, una joven estudiante que vivía en el pueblo de La Toma. Sus restos fueron devueltos a su madre en 1986, todo el pueblo de La Toma se movilizó hasta el cementerio del lugar dando muestras de apoyo y afecto. El caso llegó a las tapas de los diarios nacionales ya que Plá se atrincheró en el Ministerio de Defensa, diciendo que resistiría cualquier orden de detención con su pistola Browning 9 mm.
El caso del suboficial Rubén Ricardo Ormello reabre el mismo interrogante que pendía sobre Vázquez, es una duda razonable ya que no todo aquel que se decide a hablar es un arrepentido. Una cosa es hablar en un contexto de impunidad, y otra muy distinta es hacerlo cuando la Justicia está avanzando. De acuerdo con las últimas informaciones, Ormello negó haber participado de los vuelos de la muerte y negó también haberles relatado los pormenores de los mismos a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, lo hizo años atrás, cuando regían las leyes de impunidad. Y el caso es que dichos testimonios llegaron a oídos del juez federal Sergio Torres. De acuerdo con Página 12, la escena de las confesiones fueron los hangares de Aeroparque de la empresa Aerolíneas Argentinas y los militares de Ezeiza. Básicamente Ormello había contado que él era cabo segundo en la Armada, con 21 años y oficio de mecánico motorista. Que se colocaba un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Que venía un “tordo” con un maletín y se paraba en el portón del avión y era ahí que a los prisioneros se los bajaba “medio en bolas y como en pedo” y con los ojos tapados. Ellos los sentaban en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval (sic). Los apilaban adelante y cuando ya estaba listo salían a volar. Cuando les avisaban, empezaban a arrastrar los cuerpos y a tirarlos por el portón. Todo esto lo contaba de lo más distendido, con naturalidad, como quien se había limitado fríamente a cumplir una orden. Hasta su aprehensión, Ormello estuvo viviendo en Godoy Cruz, la única imagen que se tiene de él es la que subió él mismo a su perfil de Facebook rodeado de su familia.
Stuhldreher, marca registrada. Otra novedad surgida en los últimos días es el procesamiento del ex oficial del Ejército Luis Alberto Stuhldreher. Pieza clave de la represión ilegal en San Rafael –fue el primer intendente de la dictadura militar por decreto de Jorge Rafael Videla– y ex socio de la dirigencia radical entre 1999 y 2005. La historia de esa sociedad se remonta a 1971, cuando pasó a revistar al Liceo Militar General Espejo. Fue instructor de varias camadas de cadetes, entre ellos, Julio Cobos y Roberto Iglesias.
Más tarde las relaciones se profundizaron. Cobos le dio un lugar en el Ministerio de Seguridad. Más precisamente en la Dirección de Logística, cargo que ocupó desde el 2003 hasta el 2005. No se trató de una designación sin más, ya que ninguno de los dirigentes radicales ignoraba el pasado de torturas y secuestros del oficial retirado.
Tres años atrás, el periodista Jorge Fernández Rojas revelaba que Stuhldreher había sido el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002 siendo su destino principal el bastión radical: la capital de Mendoza. Como prueba concreta de sus nexos políticos consta que tanto el oficial retirado como Roberto Grillo, ministro de Seguridad de Julio Cobos, compartían la representación legal de una misma firma de seguridad privada en Mendoza: ASIFAR, Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario. Mientras esa empresa estuvo bajo el mando de Stuhldreher, toda la custodia de los “objetivos” municipales de la capital fueron adjudicadas a él, incluso los actos radicales, como por ejemplo el lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad a diputado nacional. Hay que decir que Grillo no sólo inició uno de los peores ciclos en la política de seguridad mendocina (antirreformista y de neto cuño represivo) sino que además usó su investidura para defenestrar la defensa de los derechos humanos (continúa en esa misma línea, esfuerzo que despliega vía Twitter).
Stuhldreher estiró como pocos los tiempos de la impunidad. No sin ayuda de otro funcionario radical. La historia remite al 2007, cuando el juez federal Raúl Acosta pidió su detención. Estaba implicado en una veintena de desapariciones producidas durante su mandato en San Rafael, entre ellas la de Héctor Aldo Fagetti. Ahí es cuando entra en acción su abogado, el doctor Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y hermano del radical cordobés Ramón Mestre (interventor de Corrientes y ministro del Interior durante el gobierno de De la Rúa).
Eduardo Mestre Brizuela logró desligar a Stuhldreher de la causa presentando un escrito de falta de mérito ante la Sala de la Cámara Federal de Apelaciones que antes él mismo había integrado. O sea, quienes debían decidir eran sus anteriores colegas; ninguno de ellos se apartó pese a la evidente falta de ética. Julio Petra, Enrique Sosa Arditi y Carlos Pereyra González fueron los camaristas que le dieron lo solicitado al representante de Stuhldreher, esto es, la falta de mérito en uno de los hechos. Y como quien no quiere la cosa, accedieron a lo pedido en otro escrito para hacer extensiva esa falta de mérito a una decena más de causas, todas originadas en hechos criminales diversos. Se trata de una barbaridad jurídico-penal pocas veces vista en el derecho.
Una cosa así sólo es entendible en razón de los lazos y los compromisos posdictadura.
En 1987, Mestre Brizuela era el camarista que archivaba el expediente por el caso del matrimonio Manrique-Terrera, desaparecidos desde 1976. Lo hizo en nombre de la Ley de Obediencia Debida cuando esta no debía aplicarse a los casos en los que había bebés involucrados. Precisamente en el caso Manrique Terrera había un bebé de 8 meses involucrado, era Celina, la hija del matrimonio desaparecido, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007.
Pese a este antecedente, a finales del 2001 Mestre –jubilado luego de una larga trayectoria judicial– pasó a conducir el Instituto de Seguridad Pública, organismo creado por la Reforma Policial de 1999, destinado a la formación de los nuevos policías. Con el fracaso de Roberto Grillo al frente del ministerio, arribó Miguel Bondino, quien nombró a Mestre Brizuela en la Dirección de Inteligencia Criminal. Durante ese período, se sucedieron graves violaciones a los derechos humanos, el gatillo fácil se cobró la vida de tres jóvenes y otros tantos eran arrestados por protestar por el lamentable estado de las escuelas.
Más que una retórica represiva. En el 2007, la revista Veintitrés sacaba a la luz quién era el interlocutor del gobierno de Cobos con la cámara empresarial que agrupa a las agencias de seguridad privada. Se trataba de Fernando Morellato, un ex policía imputado por torturas. Las habría cometido en noviembre de 1976 en la Comisaría 25 y lo curioso es que escribió con su propia mano una nota que podría calificarse de tragicómica, pidiéndole prestada a la Policía Federal “una picana eléctrica para interrogar a Oscar Ramos y Daniel Iturgay”, los dos desaparecidos. Tiempo después Morellato se hizo conocido como presidente de un club de fútbol local (Atlético Argentino) y se dedicó, como Stuhldreher y otros ex policías expulsados de la fuerza –mano de obra desocupada como Ignacio Medina, Alfredo Siniscalchi, Eduardo Smaha Borzuk– al negocio de la seguridad privada. Al asumir Alfredo Cornejo, actual intendente de Godoy Cruz pero por entonces ministro de Seguridad de Julio Cobos, le estrechó la mano a Morellato como gesto de celebración del convenio que se acaba de firmar entre el Poder Ejecutivo y las empresas privadas de seguridad. La “filosofía” de ese acuerdo pergeñado por Cornejo era que esas agencias privadas colaborasen en todo momento y lugar en la aprehensión de cualquier sujeto que pueda ser un “sospechoso”.
También el cargo que ocupó durante casi toda la democracia Luis Miret –el camarista procesado por complicidad con delitos de lesa humanidad– en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue por un designio del radicalismo gobernante en 1985. El pasado 29 de abril se realizó una audiencia pública a la que asistió Miret para hacer uso de su derecho de defensa ante el tribunal y en su larga exposición intentó convencer a los mendocinos de que él recién se enteró de que había desparecidos con la realización del Juicio a las Juntas Militares, o sea en 1985. También aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente (sic) investigar las denuncias que se hacían por torturas las cuales en 1976 eran absolutamente inverosímiles.
Otro que aportó su granito de arena en esta historia es el senador nacional de la UCR Ernesto Sanz, quien negó el año pasado la destitución del camarista Julio Petra. Por entonces Sanz integraba el Consejo de la Magistratura y debía entender una acusación contra Petra por una causa ocurrida durante la última dictadura militar. Todos los consejeros del oficialismo se volcaron por el enjuiciamiento ya que las pruebas eran claras: Petra había excarcelado al sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. En su momento, el dictamen del Consejo se volcaba a favor de la destitución de Petra, ya estaban decididos a ello los consejeros oficialistas Carlos Kunkel, Diana Conti y Nicolás Fernández, pero quien no dio su aval fue el radical Ernesto Sanz. De igual modo, desde entonces más denuncias se han realizado contra el juez Petra, quien ya está procesado por Walter Bento por proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad durante los años ’70.
veintitres.elargentino.com
La detención de uno de los habituales empleados del Aeropuerto de Mendoza –contratado por la empresa Aerolíneas Argentinas–, el “Colorado” Ricardo Rubén Ormello, sorprendió a los mendocinos el pasado 10 de mayo. La orden la dio el juez federal Sergio Torres y quien se ocupó de hacerla cumplir en la provincia fue el juez federal de Mendoza Walter Bento. [+]
No fue el único apresado, junto a él capturaron a Alejandro Domingo D’Agostino, Enrique José de Saint Georges y Mario Daniel Arru, quienes habrían piloteado uno de los llamados “vuelos de la muerte”. La causa es un desprendimiento de los crímenes de la ESMA y tiene por objeto investigar “el sistema de eliminación física de personas utilizado en la última dictadura militar para deshacerse de las víctimas del terrorismo de Estado”.
Esos vuelos consistían en arrojar desde aeronaves en pleno vuelo al Río de la Plata o al Mar Territorial Argentino a personas que habían sido privadas de su libertad por el Grupo de Tareas, que operaba en lo que inicialmente fue creado como un instituto de formación naval. Estamos hablando de la puesta en marcha de un dispositivo que requería de una aceitada coordinación entre centros ilegales de detención y distintos aeropuertos del país o bases militares que contaban con pista de aterrizaje.
Cada embarque de prisioneros constituía de por sí una acción conjunta y sistemática, pergeñada en el marco de la denominada “lucha contra la subversión”. Fue Adolfo Scilingo quien la puso de manifiesto en 1995 en una serie de entrevistas que le hiciera el periodista Horacio Verbitsky, autor de un texto periodístico fundamental: El vuelo. Confesiones de un oficial de la armada.
Hasta ese momento ningún protagonista había revelado cómo era eso de arrojar al menos unas 2.000 personas al mar. Scilingo reveló que se los trasladaba con vida, se les inyectaba una dosis de pentotal para mantenerlos adormecidos y ya a bordo del avión se les iba quitando la ropa y empujando al vacío. Cuando confesó esa secuencia siniestra, Scilingo, que estaba en libertad, señaló que él había escrito cartas al ex dictador Jorge Videla, al ex presidente Carlos Menem, solicitándoles que se informara al país sobre el tema, y a modo de protesta consignó: “Me ordenaron actuar al margen de la ley y me transformaron en delincuente”.
Antes de semejante confesión, en Mendoza ya alguien había puesto por vez primera en entredicho el silencio pactado entre los integrantes de las fuerzas de seguridad durante los años de plomo. Se podría decir que fue la primera confesión judicializada. Ocurrió a comienzos de la democracia, cuando la justicia federal abarcaba toda la zona de Cuyo y desde San Luis llegaban noticias sobre la existencia de un testigo llamado Jorge Vázquez.
El hombre relataba que había trabajado como policía y que se abrió de eso poco después. Murió en circunstancias sospechosas hace varios años. Hubo dudas sobre si se trataba de un arrepentido. Lo cierto es que debido a los datos que aportó con su testimonio, el juez federal González Macías pudo determinar el sitio preciso donde la patota del coronel Carlos Plá había escondido los cuerpos asesinados de los militantes de la Juventud Peronista de San Luis, entre ellos, el de Graciela Fiochetti, una joven estudiante que vivía en el pueblo de La Toma. Sus restos fueron devueltos a su madre en 1986, todo el pueblo de La Toma se movilizó hasta el cementerio del lugar dando muestras de apoyo y afecto. El caso llegó a las tapas de los diarios nacionales ya que Plá se atrincheró en el Ministerio de Defensa, diciendo que resistiría cualquier orden de detención con su pistola Browning 9 mm.
El caso del suboficial Rubén Ricardo Ormello reabre el mismo interrogante que pendía sobre Vázquez, es una duda razonable ya que no todo aquel que se decide a hablar es un arrepentido. Una cosa es hablar en un contexto de impunidad, y otra muy distinta es hacerlo cuando la Justicia está avanzando. De acuerdo con las últimas informaciones, Ormello negó haber participado de los vuelos de la muerte y negó también haberles relatado los pormenores de los mismos a sus compañeros de trabajo. Sin embargo, lo hizo años atrás, cuando regían las leyes de impunidad. Y el caso es que dichos testimonios llegaron a oídos del juez federal Sergio Torres. De acuerdo con Página 12, la escena de las confesiones fueron los hangares de Aeroparque de la empresa Aerolíneas Argentinas y los militares de Ezeiza. Básicamente Ormello había contado que él era cabo segundo en la Armada, con 21 años y oficio de mecánico motorista. Que se colocaba un DC3 en la plataforma y llegaba un colectivo. Que venía un “tordo” con un maletín y se paraba en el portón del avión y era ahí que a los prisioneros se los bajaba “medio en bolas y como en pedo” y con los ojos tapados. Ellos los sentaban en el portón y el tordo les daba un jeringazo de Pentonaval (sic). Los apilaban adelante y cuando ya estaba listo salían a volar. Cuando les avisaban, empezaban a arrastrar los cuerpos y a tirarlos por el portón. Todo esto lo contaba de lo más distendido, con naturalidad, como quien se había limitado fríamente a cumplir una orden. Hasta su aprehensión, Ormello estuvo viviendo en Godoy Cruz, la única imagen que se tiene de él es la que subió él mismo a su perfil de Facebook rodeado de su familia.
Stuhldreher, marca registrada. Otra novedad surgida en los últimos días es el procesamiento del ex oficial del Ejército Luis Alberto Stuhldreher. Pieza clave de la represión ilegal en San Rafael –fue el primer intendente de la dictadura militar por decreto de Jorge Rafael Videla– y ex socio de la dirigencia radical entre 1999 y 2005. La historia de esa sociedad se remonta a 1971, cuando pasó a revistar al Liceo Militar General Espejo. Fue instructor de varias camadas de cadetes, entre ellos, Julio Cobos y Roberto Iglesias.
Más tarde las relaciones se profundizaron. Cobos le dio un lugar en el Ministerio de Seguridad. Más precisamente en la Dirección de Logística, cargo que ocupó desde el 2003 hasta el 2005. No se trató de una designación sin más, ya que ninguno de los dirigentes radicales ignoraba el pasado de torturas y secuestros del oficial retirado.
Tres años atrás, el periodista Jorge Fernández Rojas revelaba que Stuhldreher había sido el encargado de la seguridad de distintos organismos municipales entre 1999 y 2002 siendo su destino principal el bastión radical: la capital de Mendoza. Como prueba concreta de sus nexos políticos consta que tanto el oficial retirado como Roberto Grillo, ministro de Seguridad de Julio Cobos, compartían la representación legal de una misma firma de seguridad privada en Mendoza: ASIFAR, Agencia de Seguridad e Informaciones Fabril de Rosario. Mientras esa empresa estuvo bajo el mando de Stuhldreher, toda la custodia de los “objetivos” municipales de la capital fueron adjudicadas a él, incluso los actos radicales, como por ejemplo el lanzamiento de la candidatura de Víctor Fayad a diputado nacional. Hay que decir que Grillo no sólo inició uno de los peores ciclos en la política de seguridad mendocina (antirreformista y de neto cuño represivo) sino que además usó su investidura para defenestrar la defensa de los derechos humanos (continúa en esa misma línea, esfuerzo que despliega vía Twitter).
Stuhldreher estiró como pocos los tiempos de la impunidad. No sin ayuda de otro funcionario radical. La historia remite al 2007, cuando el juez federal Raúl Acosta pidió su detención. Estaba implicado en una veintena de desapariciones producidas durante su mandato en San Rafael, entre ellas la de Héctor Aldo Fagetti. Ahí es cuando entra en acción su abogado, el doctor Eduardo Mestre Brizuela, ex camarista federal y hermano del radical cordobés Ramón Mestre (interventor de Corrientes y ministro del Interior durante el gobierno de De la Rúa).
Eduardo Mestre Brizuela logró desligar a Stuhldreher de la causa presentando un escrito de falta de mérito ante la Sala de la Cámara Federal de Apelaciones que antes él mismo había integrado. O sea, quienes debían decidir eran sus anteriores colegas; ninguno de ellos se apartó pese a la evidente falta de ética. Julio Petra, Enrique Sosa Arditi y Carlos Pereyra González fueron los camaristas que le dieron lo solicitado al representante de Stuhldreher, esto es, la falta de mérito en uno de los hechos. Y como quien no quiere la cosa, accedieron a lo pedido en otro escrito para hacer extensiva esa falta de mérito a una decena más de causas, todas originadas en hechos criminales diversos. Se trata de una barbaridad jurídico-penal pocas veces vista en el derecho.
Una cosa así sólo es entendible en razón de los lazos y los compromisos posdictadura.
En 1987, Mestre Brizuela era el camarista que archivaba el expediente por el caso del matrimonio Manrique-Terrera, desaparecidos desde 1976. Lo hizo en nombre de la Ley de Obediencia Debida cuando esta no debía aplicarse a los casos en los que había bebés involucrados. Precisamente en el caso Manrique Terrera había un bebé de 8 meses involucrado, era Celina, la hija del matrimonio desaparecido, recuperada por Abuelas de Plaza de Mayo en el 2007.
Pese a este antecedente, a finales del 2001 Mestre –jubilado luego de una larga trayectoria judicial– pasó a conducir el Instituto de Seguridad Pública, organismo creado por la Reforma Policial de 1999, destinado a la formación de los nuevos policías. Con el fracaso de Roberto Grillo al frente del ministerio, arribó Miguel Bondino, quien nombró a Mestre Brizuela en la Dirección de Inteligencia Criminal. Durante ese período, se sucedieron graves violaciones a los derechos humanos, el gatillo fácil se cobró la vida de tres jóvenes y otros tantos eran arrestados por protestar por el lamentable estado de las escuelas.
Más que una retórica represiva. En el 2007, la revista Veintitrés sacaba a la luz quién era el interlocutor del gobierno de Cobos con la cámara empresarial que agrupa a las agencias de seguridad privada. Se trataba de Fernando Morellato, un ex policía imputado por torturas. Las habría cometido en noviembre de 1976 en la Comisaría 25 y lo curioso es que escribió con su propia mano una nota que podría calificarse de tragicómica, pidiéndole prestada a la Policía Federal “una picana eléctrica para interrogar a Oscar Ramos y Daniel Iturgay”, los dos desaparecidos. Tiempo después Morellato se hizo conocido como presidente de un club de fútbol local (Atlético Argentino) y se dedicó, como Stuhldreher y otros ex policías expulsados de la fuerza –mano de obra desocupada como Ignacio Medina, Alfredo Siniscalchi, Eduardo Smaha Borzuk– al negocio de la seguridad privada. Al asumir Alfredo Cornejo, actual intendente de Godoy Cruz pero por entonces ministro de Seguridad de Julio Cobos, le estrechó la mano a Morellato como gesto de celebración del convenio que se acaba de firmar entre el Poder Ejecutivo y las empresas privadas de seguridad. La “filosofía” de ese acuerdo pergeñado por Cornejo era que esas agencias privadas colaborasen en todo momento y lugar en la aprehensión de cualquier sujeto que pueda ser un “sospechoso”.
También el cargo que ocupó durante casi toda la democracia Luis Miret –el camarista procesado por complicidad con delitos de lesa humanidad– en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Cuyo fue por un designio del radicalismo gobernante en 1985. El pasado 29 de abril se realizó una audiencia pública a la que asistió Miret para hacer uso de su derecho de defensa ante el tribunal y en su larga exposición intentó convencer a los mendocinos de que él recién se enteró de que había desparecidos con la realización del Juicio a las Juntas Militares, o sea en 1985. También aseguró que tuvo la oportunidad de hablar con muchos abogados de personas detenidas durante la dictadura y que con ellos coincidía en que era improducente (sic) investigar las denuncias que se hacían por torturas las cuales en 1976 eran absolutamente inverosímiles.
Otro que aportó su granito de arena en esta historia es el senador nacional de la UCR Ernesto Sanz, quien negó el año pasado la destitución del camarista Julio Petra. Por entonces Sanz integraba el Consejo de la Magistratura y debía entender una acusación contra Petra por una causa ocurrida durante la última dictadura militar. Todos los consejeros del oficialismo se volcaron por el enjuiciamiento ya que las pruebas eran claras: Petra había excarcelado al sargento Osvaldo Martel a pesar del contundente relato de una de sus víctimas, la jueza Margarita Camus, hija del ex gobernador sanjuanino Eloy Camus. En su momento, el dictamen del Consejo se volcaba a favor de la destitución de Petra, ya estaban decididos a ello los consejeros oficialistas Carlos Kunkel, Diana Conti y Nicolás Fernández, pero quien no dio su aval fue el radical Ernesto Sanz. De igual modo, desde entonces más denuncias se han realizado contra el juez Petra, quien ya está procesado por Walter Bento por proteger a represores y obstaculizar el avance de las causas por los crímenes de lesa humanidad durante los años ’70.
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