Perdió la tercera oportunidad de resolver la situación de los jóvenes condenados a prisión perpetua por delitos que cometieron cuando aún eran menores de edad, investigar las torturas que sufrieron, y la muerte de uno de ellos.
Las condenas de Lucas Matías Mendoza, Claudio David Núñez, César Alberto Mendoza y Cristian Saúl Roldán Cajal son injustas. Tienen penas de prisión perpetua, lo que implica que recién a los veinte años de estar presos podrían conseguir una libertad condicional, y ellos están detenidos desde los 16 y 17 años.
En junio de 2002, la Defensoría General de la Nación presentó sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa época todavía estaba vivo Ricardo David Videla Fernández, otro joven condenado a perpetua, que apareció colgado en una celda de castigo de la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005.
La denuncia fue declarada admisible por la CIDH en 2008. Dos años después, la Comisión emitió un informe de fondo, en el que dice que el Estado de Argentina violó “los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 5.6, 7.3 y 19 de la Convención Americana, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández". Desde que recibió este informe, el Estado pidió tres prórrogas para responder a las recomendaciones. El domingo 19 de junio venció la tercera, y el Estado sigue sin dar respuesta y los jóvenes continúan detenidos. Por este motivo, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quizá llegue una condena al Estado.
Fuente: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
Nota Relacionada:Sin Respuesta
En junio de 2002, la Defensoría General de la Nación presentó sus casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En esa época todavía estaba vivo Ricardo David Videla Fernández, otro joven condenado a perpetua, que apareció colgado en una celda de castigo de la Penitenciaría de Mendoza el 21 de junio de 2005.
La denuncia fue declarada admisible por la CIDH en 2008. Dos años después, la Comisión emitió un informe de fondo, en el que dice que el Estado de Argentina violó “los derechos consagrados en los artículos 5.1, 5.2, 5.6, 7.3 y 19 de la Convención Americana, en perjuicio de César Alberto Mendoza, Claudio David Núñez, Lucas Matías Mendoza, Saúl Cristian Roldán Cajal y Ricardo David Videla Fernández". Desde que recibió este informe, el Estado pidió tres prórrogas para responder a las recomendaciones. El domingo 19 de junio venció la tercera, y el Estado sigue sin dar respuesta y los jóvenes continúan detenidos. Por este motivo, el caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde quizá llegue una condena al Estado.
Fuente: Centro de Estudios en Política Criminal y Derechos Humanos (CEPOC)
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