Boletines Informativos - Boletines Inf. 2011
Sumario:
1. Otra vez, criminalizan la lucha
2. De gatillo en gatillo
3. Juicio al asesino de Sonia Colman
4. Desalojos en todo el país
5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto
6. En todo el mundo el mismo método: represión.
OTRA VEZ, CRIMINALIZAN LA LUCHA
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”
El artículo 213 bis fue introducido en el código penal por el “gran demócrata” Arturo Illia (UCR) en 1964, y fue modificado con un aumento de pena a cargo de Perón diez años después, en el paquete de “leyes antisubversivas”.
Este mismo artículo es el que se busca aplicar a Roberto Martino y a otros 6 militantes que fueron detenidos el 17 de mayo de 2009, bajo la acusación de prepotencia ideológica, por denunciar al Estado sionista de Israel, en un acto organizado por el gobierno de la ciudad.
Los militantes habían sido sobreseídos, pero la DAIA lo apeló el sobreseimiento y logró que se renovara la imputación por esa figura.
Este hecho se enmarca dentro de reiterados avances en la criminalización de la lucha que viene llevando adelante el gobierno contra distintos militantes del campo popular.
Es el caso de Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, dirigentes universitarios y militantes del PTS, quienes fueron juzgados por participar de cortes de calle en apoyo a la lucha por la reincorporación de 160 despedidos de los trabajadores de Kraft-Terrabusi y contra la represión desatada contra ellos. Los tres fueron absueltos el último 10 de agosto, porque el fiscal Brunnet no pudo sostener la acusación.
Rubén Saboulard (Asambleas del Pueblo) y Oscar Kuperman (CUBa-MTR), fueron juzgados por cortes de calle en 2009. El fiscal López tuvo que admitir que no eran suficientes las pruebas, y fueron absueltos el último 24 de mayo.
El 27 de junio, era el turno del juicio contra Oscar “Neno” Abella, de la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre, acusado por UGOFE por pintar “Pedraza asesino” en el hall de Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.
Uno de los testigos en su contra era el comisario Jorge Ferreyra, quien era, el 20 de octubre de 2010, jefe de la División Roca, dependencia policial que realizó un importante aporte para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.
El 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento por la fiscalía. El comisario “testigo”Ferreyra, cumple su rol de señalar y criminalizar trabajadores constantemente, como lo hizo contra los militantes de Causa Ferroviaria y del Partido Obrero por la movilizacion del 23 de diciembre de 2010; contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año y contra nueve ferroviarios por el corte del 25 de enero de 2011.
La absolución de los compañeros Calcagno, del Corro, Oribe, Saboulard, Kuperman y Abella son prueba de que, a fuerza de organización y lucha independientes y sin ninguna confianza en esta justicia, se puede lograr que un militante social sea arrancado de las garras represoras del estado burgués que defiende los intereses de los capitalistas. Lo mismo debemos hacer con los compañeros del FAR, por el camino de la organización y la lucha.
DE GATILLO EN GATILLO
Nuevamente vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
El primero de los casos nos lleva a Córdoba, donde el policía Enrique Bravo fusiló, en 2004, a Martín “Piru” Quintana, que venía de trabajar y se había sentado en el jardín de una casa a tomar algo.
La injusta justicia sólo castigó con 3 años de prisión, que nunca cumplirá, porque encima son en suspenso, al policía que mató a un hombre desarmado que volvía de trabajar. Eso sí, le prohibió, por 7 años, usar armas de fuego, aunque seguirá teniendo su puesto (ahora en cuestiones administrativas) en la policía de Córdoba.
En segundo lugar, tenemos un caso que generó polémica. El agente de la policía Metropolitana David Alejandro Barrios fue detenido hace unos días, después de haber asesinado a Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, dentro de un colectivo de la línea 79 en Avellaneda.
Pese a que el policía dice que estos dos muchachos, junto tres pibes de entre 10 y 12 años, que escaparon, estaban robando a los pasajeros en el colectivo, las únicas balas disparadas fueron las suyas. Se encontraron dos armas más en el colectivo, de las cuales una no tenía balas y la otra no funcionaba pues le faltaban piezas.
El relato de un testigo cuenta cómo, después que los tres chicos salieron corriendo asustados, y que los cuatro proyectiles disparados por Barrios dieran en el cuerpo de los dos jóvenes, éste remató a sangre fría a uno de ellos que estaba agonizando en el suelo.
Al enterarse, los funcionarios porteños naturalizaron y convalidaron la versión del policía: “Se secuestraron armas dentro del colectivo y está todo muy claro”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, mientras que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte.”
Por tratarse de un efectivo de la ciudad (igual que hicieron cuando en Liniers la metropolitana desalojó a los puesteros, con la brutalidad de la UCEP hacia la gente de la calle, o con los conflictos que le demandan por límites jurisdiccionales al gobierno porteño) los organismos K decidieron, esta vez sí, denunciar el gatillo fácil y hablar de lo inadmisible del hecho.
Finalmente, el asesino David Alejandro Barrios fue puesto en libertad, y será seguramente felicitado por sus compañeros, verdugos de pobres.
Por último tenemos el caso del policía federal Javier Villarreal, que, en uno de esos “tiroteos” con disparos de un solo lado, y sin un rasguño en el policía, mató a un joven, cuyos aparentes 2cómplices”, como sucede en estos casos, desparecieron sin que nadie –más que el policía- los viera.
Solo tres casos más, que plasman la impunidad con que las distintas policías desenvuelven su violencia hacia el pueblo, y son amparadas por la justicia del sistema.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
Una mujer, Sonia Colman, está tratando de vender utensilios para la parrilla, para hacer el asado, entre los autos, a la gente que pasa. Un patrullero frena de golpe, el oficial de la policía bonaerense Oscar Benítez desciende y dispara su escopeta, según declara, contra un Fiat en el que iban dos jóvenes. Uno de los perdigones del arma impacta en el corazón de la vendedora ambulante y la mata en el acto.
Los dos jóvenes, supuestos ladrones sobre los que disparaba el oficial, estaban desarmados.
El próximo martes 30 de agosto, a las 10:00, empieza el juicio contra el policía Oscar Benítez, en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro. Son sus acusadores, y exigen perpetua, el viudo de Sonia, Antonio Espasa y sus tres hijas, patrocinados por CORREPI.
El asesino, pese a la claridad y simpleza del hecho, nunca estuvo preso. Los cuatro fiscales que se sucedieron en la larga instrucción de la causa demoraron todo lo posible su indagatoria, a la que sólo se llegó a fuerza de presión con la lucha organizada. El actual fiscal, que no se animó a acusar por homicidio calificado por la condición de policía del criminal, sí tiene agallas, en cambio, para proponer una “acusación alternativa”. Por homicidio simple (8 a 25 años), pero “si V. E. le parece excesivo, entonces acuso por homicidio culposo”, sin intención, con una pena absurda, excarcelable.
CORREPI, familiares y amigos de Sonia Colman nos movilizaremos ese día y durante todo el juicio a los Tribunales de San Isidro, para exigir justicia, y que Benitez no sea otro de los asesinos a sueldo del estado que luego de matar quede libre. ¡Tiene que pudrirse en la cárcel!
¡Basta de impunidad y Gatillo Fácil!
¡Justicia para Sonia y para los más de 3.200 asesinados por las fuerzas represivas del estado!
DESALOJOS EN TODO EL PAÍS
El último 5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como saldo varias personas heridas y detenidas.
Las familias, con la apremiante necesidad de una vivienda digna, fueron desalojadas mediante una orden judicial emitida por la subrogante de la Fiscalía I, Nora Wrexler.
Por otra parte, la policía federal mantiene sitiadas a decenas de familias que se encuentran ocupando, desde el 17 de julio, un terreno lindero a la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita. La toma está motivada por la situación de emergencia habitacional que padecen las 1.714 personas que viven en el “Playón de Chacarita”.
Por orden del juez Norberto Oyarbide, la policía produjo un cerco vallado con el fin de impedir que se instalen baños químicos o se ingrese comida a la toma (ni alimentos, ni agua, ni leche para los chicos). Las fuerzas de seguridad no permiten entrar ni salir a nadie.
Mientras tanto, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar por “usurpación” a los militantes sociales que se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo por los hechos ocurridos durante la toma del Parque Indoamericano, en 2010.
En consecuencia, se reabrirá la causa contra los referentes de las organizaciones que participaron en la toma, mientras siguen impunes los crímenes de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez, asesinados durante la represión estatal en aquellas jornadas de diciembre pasado.
Así responden los gobiernos a las necesidades reales del pueblo. Los problemas habitacionales continúan en ascenso. La represión y la criminalización de la protesta, también.
MILICO VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena época electoral, atravesada por la conflictividad social que desatan la pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de la campaña política se centra en lo que ellos llaman “seguridad”. “Es lo que la gente pide” dicen los candidatos y sus alcahuetes de turno. Sin embargo, cuando pedimos salud, educación y vivienda, la única respuesta que recibimos es un palazo en la cabeza, para mantenernos a raya, para obligarnos a vivir conformes con sólo migajas de las riquezas que generamos con nuestro trabajo.
Por eso, semana tras semana, seguimos denunciando que el rol principal de las fuerzas de “seguridad” es someternos, y no protegernos. Y que, para el pueblo trabajador, inseguridad es más policía en la calle. En este sentido, para que no dejemos que nos engañen, continuamos denunciando que la criminalidad policial está a la orden del día, con la connivencia del poder político.
El caso más aberrante se dio en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Un ex militar, suboficial retirado de la Armada Argentina, de 45 años y de quien no trascendieron más datos, violó y embarazó a una nena de 11 años, hija de su pareja. Estuvo prófugo durante algunos días, luego de que la mamá de la nena hiciera la denuncia. “Apareció” en Bahía Blanca y está detenido.
Por otra parte, el 10 de agosto, el vigilador de la empresa de seguridad Securitas S.A., Roberto Emilio Maciel (40), fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio. En su poder se encontraron relojes y joyas por un valor aproximado de 900.000 pesos que había robado de dos casas del country que “vigilaba” en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Por último, el comisario Juan Constantino Vesiroglio, de la seccional 1ª de La Plata, fue sorprendido el 12 de agosto junto con cuatro cómplices en un galpón de esa ciudad, donde escondían el camión que habían robado horas antes. La banda de piratas del asfalto se había hecho de 26 mil kilos de pollo que, se especula, iban a ser vendidos en supermercados del sur del Gran Buenos Aires.
EN TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras, España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración de que no importa el color político que tenga el gobierno como circunstancial administrador del estado.
Como en Jujuy y en Formosa, en Honduras se suceden los asesinatos a integrantes de comunidades que reclaman tierras para poder vivir. Ya son 14 los muertos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por los terratenientes dueños de las tierras ocupadas, en complicidad con la policía y los militares que el dictador Porfirio Lobo envió para “pacificar”.
En los últimos meses, se calcula que 16 hondureños son asesinados cada día por integrantes del grupo Cobra (brigada de elite de la policía hondureña), el ejército y grupos de choque paraestatales. Estos chacales tienen particular preferencia por los jóvenes militantes, ya que, en su inmensa mayoría, los muertos y desaparecidos tienen entre 14 y 25 años.
Esta semana, los estudiantes hondureños se movilizaron en Tegucigalpa contra la privatización de la educación. Como en Chile, la represión no se hizo esperar. El saldo fue de dos estudiantes desaparecidos y varias decenas de heridos y detenidos.
En España, a la movilización contra los ajustes del gobierno de Zapatero, se sumaron las protestas por la visita del Papa Benedicto XVI, sobre todo debido al marco en el que se desarrolla, con una crisis económica que golpea directamente a la clase trabajadora española, con niveles de desempleo que, en cifras oficiales, llegan al 25 %.
Cien millones de euros fue el costo que el pueblo trabajador de España tuvo que pagar en seguridad, alojamiento y traslado de la comitiva y las actividades de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud). La manifestación laica, que nucleaba jóvenes laicos, homosexuales, feministas y a los Indignados, fue desalojada por la policía de la Puerta del Sol, a la que habían podido acceder luego de peleas con los fieles a Ratzinger. El resultado fue de 7 heridos y varios detenidos.
En Londres siguen los coletazos de la pueblada producida por el asesinato a manos de la policía de Mark Duggan y la reiterada persecución y discriminación que sufren los habitantes pobres de las barriadas obreras, muchos de ellos inmigrantes. El primer ministro, David Cameron, prometió implementar la política de “tolerancia cero”. Para ello, solicitó el asesoramiento de William Bratton, quien implementara la misma política en EEUU y la “exportó” a Latinoamérica.
Ya se otorgaron a los “bobbies” más facultades para reprimir, con la amplaición de sus poderes para hacer detenciones arbitrarias. Otras medidas son los recortes de ayuda económica a los padres de los jóvenes “revoltosos” y el toque de queda.
El saldo de la represión fue de 5 muertos y 1.600 detenidos, a los que se les está juzgando sumariamente, con tribunales trabajando en fines de semana. En este marco, rápidamente se condenó a 4 años de prisión a dos jóvenes de 20 y 22 años por incitar a realizar disturbios por Facebook.
Finalmente,, en la India, hubo más de 1.000 detenidos en una protesta contra la corrupción. Resulta que para iniciar una huelga de hambre en señal de protesta, en la India hay que pedir autorización. Si, de todos modos, uno no acata la negativa, va preso, como le ocurrió al activista Anna Hazare, que fue detenido en presencia de 500 seguidores.
Como podemos ver, no importa el color político que detente el gobierno que administre el estado, ni tampoco son relevantes las diferencias culturales que pueda haber de un pueblo a otro. La lógica que se impone en todos casos es la misma: si hay protesta, si se quieren defender las conquistas del pueblo arrancadas mediante la lucha, hay represión.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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Visitá nuestro local en Carlos Calvo 2499 y Alberti, Monserrat.
CORREPI
Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional
Ciudad de Buenos Aires • Argentina
correpi@fibertel.com.ar
Sumario:
1. Otra vez, criminalizan la lucha
2. De gatillo en gatillo
3. Juicio al asesino de Sonia Colman
4. Desalojos en todo el país
5. Milico violador, vigiladrón y comipirata del asfalto
6. En todo el mundo el mismo método: represión.
OTRA VEZ, CRIMINALIZAN LA LUCHA
“Será reprimido con reclusión o prisión de tres a ocho años el que organizare o tomare parte en agrupaciones permanentes o transitorias que tuvieren por objeto principal o accesorios imponer sus ideas o combatir las ajenas por la fuerza o el temor, por el solo hecho de ser miembro de la asociación.”
El artículo 213 bis fue introducido en el código penal por el “gran demócrata” Arturo Illia (UCR) en 1964, y fue modificado con un aumento de pena a cargo de Perón diez años después, en el paquete de “leyes antisubversivas”.
Este mismo artículo es el que se busca aplicar a Roberto Martino y a otros 6 militantes que fueron detenidos el 17 de mayo de 2009, bajo la acusación de prepotencia ideológica, por denunciar al Estado sionista de Israel, en un acto organizado por el gobierno de la ciudad.
Los militantes habían sido sobreseídos, pero la DAIA lo apeló el sobreseimiento y logró que se renovara la imputación por esa figura.
Este hecho se enmarca dentro de reiterados avances en la criminalización de la lucha que viene llevando adelante el gobierno contra distintos militantes del campo popular.
Es el caso de Jésica Calcagno, Patricio del Corro y Juan Oribe, dirigentes universitarios y militantes del PTS, quienes fueron juzgados por participar de cortes de calle en apoyo a la lucha por la reincorporación de 160 despedidos de los trabajadores de Kraft-Terrabusi y contra la represión desatada contra ellos. Los tres fueron absueltos el último 10 de agosto, porque el fiscal Brunnet no pudo sostener la acusación.
Rubén Saboulard (Asambleas del Pueblo) y Oscar Kuperman (CUBa-MTR), fueron juzgados por cortes de calle en 2009. El fiscal López tuvo que admitir que no eran suficientes las pruebas, y fueron absueltos el último 24 de mayo.
El 27 de junio, era el turno del juicio contra Oscar “Neno” Abella, de la Agrupación Ferroviaria 4 de Octubre, acusado por UGOFE por pintar “Pedraza asesino” en el hall de Constitución, al día siguiente del asesinato de Mariano Ferreyra.
Uno de los testigos en su contra era el comisario Jorge Ferreyra, quien era, el 20 de octubre de 2010, jefe de la División Roca, dependencia policial que realizó un importante aporte para que la patota de la Unión Ferroviaria concretara el ataque en Barracas.
El 25 de junio, la empresa desistió de la denuncia, lo que fue acompañado por el desistimiento por la fiscalía. El comisario “testigo”Ferreyra, cumple su rol de señalar y criminalizar trabajadores constantemente, como lo hizo contra los militantes de Causa Ferroviaria y del Partido Obrero por la movilizacion del 23 de diciembre de 2010; contra los vendedores ambulantes del Roca y los militantes de la TPR del 2 de marzo de este año y contra nueve ferroviarios por el corte del 25 de enero de 2011.
La absolución de los compañeros Calcagno, del Corro, Oribe, Saboulard, Kuperman y Abella son prueba de que, a fuerza de organización y lucha independientes y sin ninguna confianza en esta justicia, se puede lograr que un militante social sea arrancado de las garras represoras del estado burgués que defiende los intereses de los capitalistas. Lo mismo debemos hacer con los compañeros del FAR, por el camino de la organización y la lucha.
DE GATILLO EN GATILLO
Nuevamente vemos, en casos concretos, como el estado, por medio de sus fuerzas de seguridad, busca que el pueblo aprenda quién manda.
El primero de los casos nos lleva a Córdoba, donde el policía Enrique Bravo fusiló, en 2004, a Martín “Piru” Quintana, que venía de trabajar y se había sentado en el jardín de una casa a tomar algo.
La injusta justicia sólo castigó con 3 años de prisión, que nunca cumplirá, porque encima son en suspenso, al policía que mató a un hombre desarmado que volvía de trabajar. Eso sí, le prohibió, por 7 años, usar armas de fuego, aunque seguirá teniendo su puesto (ahora en cuestiones administrativas) en la policía de Córdoba.
En segundo lugar, tenemos un caso que generó polémica. El agente de la policía Metropolitana David Alejandro Barrios fue detenido hace unos días, después de haber asesinado a Rodrigo Alfredo Romero, de 16 años, y Jesuán Ariel Marchioni, de 23, dentro de un colectivo de la línea 79 en Avellaneda.
Pese a que el policía dice que estos dos muchachos, junto tres pibes de entre 10 y 12 años, que escaparon, estaban robando a los pasajeros en el colectivo, las únicas balas disparadas fueron las suyas. Se encontraron dos armas más en el colectivo, de las cuales una no tenía balas y la otra no funcionaba pues le faltaban piezas.
El relato de un testigo cuenta cómo, después que los tres chicos salieron corriendo asustados, y que los cuatro proyectiles disparados por Barrios dieran en el cuerpo de los dos jóvenes, éste remató a sangre fría a uno de ellos que estaba agonizando en el suelo.
Al enterarse, los funcionarios porteños naturalizaron y convalidaron la versión del policía: “Se secuestraron armas dentro del colectivo y está todo muy claro”, señaló el ministro de Justicia y Seguridad porteño, Guillermo Montenegro, mientras que el jefe de la Metropolitana, Eugenio Burzaco, elogió la “valentía y profesionalismo para proteger la vida del conductor y los pasajeros del transporte.”
Por tratarse de un efectivo de la ciudad (igual que hicieron cuando en Liniers la metropolitana desalojó a los puesteros, con la brutalidad de la UCEP hacia la gente de la calle, o con los conflictos que le demandan por límites jurisdiccionales al gobierno porteño) los organismos K decidieron, esta vez sí, denunciar el gatillo fácil y hablar de lo inadmisible del hecho.
Finalmente, el asesino David Alejandro Barrios fue puesto en libertad, y será seguramente felicitado por sus compañeros, verdugos de pobres.
Por último tenemos el caso del policía federal Javier Villarreal, que, en uno de esos “tiroteos” con disparos de un solo lado, y sin un rasguño en el policía, mató a un joven, cuyos aparentes 2cómplices”, como sucede en estos casos, desparecieron sin que nadie –más que el policía- los viera.
Solo tres casos más, que plasman la impunidad con que las distintas policías desenvuelven su violencia hacia el pueblo, y son amparadas por la justicia del sistema.
JUICIO AL ASESINO DE SONIA COLMAN
23 de diciembre de 2007, mucho calor. Se acercan las fiestas y muchos tratan de conseguir unos pesos que siempre faltan. La esquina de ruta 26 y Valentín Gómez, en el populoso barrio de Del Viso, en el Gran Buenos Aires, es un hormiguero de gente que va y viene.
Una mujer, Sonia Colman, está tratando de vender utensilios para la parrilla, para hacer el asado, entre los autos, a la gente que pasa. Un patrullero frena de golpe, el oficial de la policía bonaerense Oscar Benítez desciende y dispara su escopeta, según declara, contra un Fiat en el que iban dos jóvenes. Uno de los perdigones del arma impacta en el corazón de la vendedora ambulante y la mata en el acto.
Los dos jóvenes, supuestos ladrones sobre los que disparaba el oficial, estaban desarmados.
El próximo martes 30 de agosto, a las 10:00, empieza el juicio contra el policía Oscar Benítez, en el Tribunal Oral Criminal Nº 3 de San Isidro. Son sus acusadores, y exigen perpetua, el viudo de Sonia, Antonio Espasa y sus tres hijas, patrocinados por CORREPI.
El asesino, pese a la claridad y simpleza del hecho, nunca estuvo preso. Los cuatro fiscales que se sucedieron en la larga instrucción de la causa demoraron todo lo posible su indagatoria, a la que sólo se llegó a fuerza de presión con la lucha organizada. El actual fiscal, que no se animó a acusar por homicidio calificado por la condición de policía del criminal, sí tiene agallas, en cambio, para proponer una “acusación alternativa”. Por homicidio simple (8 a 25 años), pero “si V. E. le parece excesivo, entonces acuso por homicidio culposo”, sin intención, con una pena absurda, excarcelable.
CORREPI, familiares y amigos de Sonia Colman nos movilizaremos ese día y durante todo el juicio a los Tribunales de San Isidro, para exigir justicia, y que Benitez no sea otro de los asesinos a sueldo del estado que luego de matar quede libre. ¡Tiene que pudrirse en la cárcel!
¡Basta de impunidad y Gatillo Fácil!
¡Justicia para Sonia y para los más de 3.200 asesinados por las fuerzas represivas del estado!
DESALOJOS EN TODO EL PAÍS
El último 5 de agosto, unas 200 familias fueron desalojadas violentamente por efectivos de la policía de Tucumán. Se encontraban ocupando un predio en Villa 9 de julio, cercana a la capital provincial, desde hacía un mes. Los policías ingresaron con caballos, y reprimieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando como saldo varias personas heridas y detenidas.
Las familias, con la apremiante necesidad de una vivienda digna, fueron desalojadas mediante una orden judicial emitida por la subrogante de la Fiscalía I, Nora Wrexler.
Por otra parte, la policía federal mantiene sitiadas a decenas de familias que se encuentran ocupando, desde el 17 de julio, un terreno lindero a la estación de trenes Federico Lacroze, en el barrio de Chacarita. La toma está motivada por la situación de emergencia habitacional que padecen las 1.714 personas que viven en el “Playón de Chacarita”.
Por orden del juez Norberto Oyarbide, la policía produjo un cerco vallado con el fin de impedir que se instalen baños químicos o se ingrese comida a la toma (ni alimentos, ni agua, ni leche para los chicos). Las fuerzas de seguridad no permiten entrar ni salir a nadie.
Mientras tanto, los fiscales Luis Cevasco y Claudia Barcia insisten en acusar por “usurpación” a los militantes sociales que se pusieron al frente del reclamo de vivienda de las familias sin techo por los hechos ocurridos durante la toma del Parque Indoamericano, en 2010.
En consecuencia, se reabrirá la causa contra los referentes de las organizaciones que participaron en la toma, mientras siguen impunes los crímenes de Rosemary Churapuña, Bernardo Salgueiro y Emilio Canaviri Álvarez, asesinados durante la represión estatal en aquellas jornadas de diciembre pasado.
Así responden los gobiernos a las necesidades reales del pueblo. Los problemas habitacionales continúan en ascenso. La represión y la criminalización de la protesta, también.
MILICO VIOLADOR, VIGILADRÓN Y COMIPIRATA DEL ASFALTO
En plena época electoral, atravesada por la conflictividad social que desatan la pobreza, el desempleo y la inflación, la agenda de la campaña política se centra en lo que ellos llaman “seguridad”. “Es lo que la gente pide” dicen los candidatos y sus alcahuetes de turno. Sin embargo, cuando pedimos salud, educación y vivienda, la única respuesta que recibimos es un palazo en la cabeza, para mantenernos a raya, para obligarnos a vivir conformes con sólo migajas de las riquezas que generamos con nuestro trabajo.
Por eso, semana tras semana, seguimos denunciando que el rol principal de las fuerzas de “seguridad” es someternos, y no protegernos. Y que, para el pueblo trabajador, inseguridad es más policía en la calle. En este sentido, para que no dejemos que nos engañen, continuamos denunciando que la criminalidad policial está a la orden del día, con la connivencia del poder político.
El caso más aberrante se dio en la localidad de Punta Alta, provincia de Buenos Aires. Un ex militar, suboficial retirado de la Armada Argentina, de 45 años y de quien no trascendieron más datos, violó y embarazó a una nena de 11 años, hija de su pareja. Estuvo prófugo durante algunos días, luego de que la mamá de la nena hiciera la denuncia. “Apareció” en Bahía Blanca y está detenido.
Por otra parte, el 10 de agosto, el vigilador de la empresa de seguridad Securitas S.A., Roberto Emilio Maciel (40), fue detenido luego de un allanamiento en su domicilio. En su poder se encontraron relojes y joyas por un valor aproximado de 900.000 pesos que había robado de dos casas del country que “vigilaba” en la localidad bonaerense de General Pacheco.
Por último, el comisario Juan Constantino Vesiroglio, de la seccional 1ª de La Plata, fue sorprendido el 12 de agosto junto con cuatro cómplices en un galpón de esa ciudad, donde escondían el camión que habían robado horas antes. La banda de piratas del asfalto se había hecho de 26 mil kilos de pollo que, se especula, iban a ser vendidos en supermercados del sur del Gran Buenos Aires.
EN TODO EL MUNDO EL MISMO MÉTODO: REPRESION
En Honduras, España, Inglaterra y la India, por distintos conflictos esta semana se sucedieron hechos de represión al pueblo, como demostración de que no importa el color político que tenga el gobierno como circunstancial administrador del estado.
Como en Jujuy y en Formosa, en Honduras se suceden los asesinatos a integrantes de comunidades que reclaman tierras para poder vivir. Ya son 14 los muertos a manos de guardias de seguridad privada, contratados por los terratenientes dueños de las tierras ocupadas, en complicidad con la policía y los militares que el dictador Porfirio Lobo envió para “pacificar”.
En los últimos meses, se calcula que 16 hondureños son asesinados cada día por integrantes del grupo Cobra (brigada de elite de la policía hondureña), el ejército y grupos de choque paraestatales. Estos chacales tienen particular preferencia por los jóvenes militantes, ya que, en su inmensa mayoría, los muertos y desaparecidos tienen entre 14 y 25 años.
Esta semana, los estudiantes hondureños se movilizaron en Tegucigalpa contra la privatización de la educación. Como en Chile, la represión no se hizo esperar. El saldo fue de dos estudiantes desaparecidos y varias decenas de heridos y detenidos.
En España, a la movilización contra los ajustes del gobierno de Zapatero, se sumaron las protestas por la visita del Papa Benedicto XVI, sobre todo debido al marco en el que se desarrolla, con una crisis económica que golpea directamente a la clase trabajadora española, con niveles de desempleo que, en cifras oficiales, llegan al 25 %.
Cien millones de euros fue el costo que el pueblo trabajador de España tuvo que pagar en seguridad, alojamiento y traslado de la comitiva y las actividades de la JMJ (Jornada Mundial de la Juventud). La manifestación laica, que nucleaba jóvenes laicos, homosexuales, feministas y a los Indignados, fue desalojada por la policía de la Puerta del Sol, a la que habían podido acceder luego de peleas con los fieles a Ratzinger. El resultado fue de 7 heridos y varios detenidos.
En Londres siguen los coletazos de la pueblada producida por el asesinato a manos de la policía de Mark Duggan y la reiterada persecución y discriminación que sufren los habitantes pobres de las barriadas obreras, muchos de ellos inmigrantes. El primer ministro, David Cameron, prometió implementar la política de “tolerancia cero”. Para ello, solicitó el asesoramiento de William Bratton, quien implementara la misma política en EEUU y la “exportó” a Latinoamérica.
Ya se otorgaron a los “bobbies” más facultades para reprimir, con la amplaición de sus poderes para hacer detenciones arbitrarias. Otras medidas son los recortes de ayuda económica a los padres de los jóvenes “revoltosos” y el toque de queda.
El saldo de la represión fue de 5 muertos y 1.600 detenidos, a los que se les está juzgando sumariamente, con tribunales trabajando en fines de semana. En este marco, rápidamente se condenó a 4 años de prisión a dos jóvenes de 20 y 22 años por incitar a realizar disturbios por Facebook.
Finalmente,, en la India, hubo más de 1.000 detenidos en una protesta contra la corrupción. Resulta que para iniciar una huelga de hambre en señal de protesta, en la India hay que pedir autorización. Si, de todos modos, uno no acata la negativa, va preso, como le ocurrió al activista Anna Hazare, que fue detenido en presencia de 500 seguidores.
Como podemos ver, no importa el color político que detente el gobierno que administre el estado, ni tampoco son relevantes las diferencias culturales que pueda haber de un pueblo a otro. La lógica que se impone en todos casos es la misma: si hay protesta, si se quieren defender las conquistas del pueblo arrancadas mediante la lucha, hay represión.
LIBERTAD A LOS PRESOS POLÍTICOS
- Los sábados a las 18:00, escuchá la columna de opinión de María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, del periodista H. Schiller, por Radio Porteña, AM 1110, www.radiodelaciudad.gov.ar , tel. 5371-4600, Sarmiento 1551, 9° piso. Entrada libre y gratuita.
- El segundo sábado de cada mes, a las 16:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa Rebeldes Stereotipos, por FM La Tribu , FM 88.7, o en www.fmlatribu.com.
- Lunes por medio, a las 11:00, escuchá el espacio de CORREPI en el programa En Otras Palabras, por FM En Tránsito, FM 93.9, o en www.fmentransito.org.ar.
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