jueves, 6 de diciembre de 2012
26 menos 3 represores
martes, 6 de noviembre de 2012
Justicia?
viernes, 19 de octubre de 2012
TESTIGOS DESAPARICIÓN EIMPUNIDADES
CON LA DEMOKRACIA … ¿NO SE DESAPARECE?
El segundo aniversario del asesinato del compañero militante Mariano Ferreyra nos encuentra otra vez en las calles, reclamando justicia en el caso, pero denunciando una vez más la existencia de asesinados por luchar y desaparecidos por razones políticas. La desaparición forzada por unas horas de Alfonso Severo, ex gerente ferroviario y testigo en la causa, vuelve a desnudar el límite de gobernabilidad democrática que el kirchnerismo plantea al autodefinirse como “el gobierno de los Derechos Humanos” y convivir con los oscuros poderes de la mafia.
La historia reciente de nuestro país nos ha enseñado que las desapariciones forzadas implican el secuestro, la tortura, el asesinato y el ocultamiento del cuerpo de la víctima, y son perpetradas por fuerzas de seguridad o paraestatales con un objetivo claro: el disciplinamiento de los opositores políticos al régimen que ellos representan.
Y si bien hoy la doctrina de “Seguridad Nacional” que sustentó el accionar del Terrorismo de Estado ha devenido en política de “Control Social”, ello no excluye sino que es continuidad histórica y operacional de la tarea de construcción de un enemigo interno para justificar el accionar del propio interés de clase: ayer la dinámica de la desaparición forzada de personas sobre el terrorista subversivo, hoy el joven pobre y morocho como culpable de la inseguridad. Hoy asistimos sí a un sistemático proceso de institucionalización y borramiento de la memoria social, que se evidencia en la oficialización de las prácticas, los lenguajes y los símbolos que ayer transportaban la fuerza del proyecto emancipador y que hoy no son más que un pequeño kiosco desde el cual defender la continuidad del modelo de hambre, saqueo y represión.
No es novedad para nadie que hace ya tiempo que la política opera según el modelo organizativo de la mafia, de la acción reaccionaria que golpea para mantener sus intereses o para blindar a sus crímenes con la impunidad que el temor otorga. Y quien camine la senda de la lucha popular sabrá que esto se fomenta en todos los órdenes institucionales, desde las patotas gremiales a las transas universitarias, de los negociados empresariales a los pseudo-cooperativismos municipales. La premisa que al momento se pregona, principalmente el kirchnerismo, parece ser: O se está incluido en la esfera de intereses de una mafia particular o bien se está desamparado hasta límites de la barbarie.
Los casos de sobrevivientes del Terrorismo de Estado amedrentados o directamente secuestrados para detener en el avance de las causas contra los genocidas de ayer, conforman una seguidilla que nunca ha cesado. Demás está aclarar que ninguno de esos hechos ha sido investigado debidamente y todos continúan impunes.

Pero quien piense que la modalidad represiva del secuestro y desaparición como amedrentamiento terminó con la dictadura del ’76, o se reduce a los declarantes de las investigaciones reabiertas en esos casos se equivoca.
Mario Golemba, un joven agricultor de la Cooperativa yerbatera Picada Indumar, en la localidad 2 de Mayo de Misiones, está desaparecido desde el 27 de marzo de 2008. Dos presos de la cárcel de Oberá testimoniaron en la causa que ese día estuvieron detenidos en la comisaría de 2 de Mayo, a cargo del Comisario Ewaldo Katz, y que vieron a Golemba esposado, golpeado y trasladado en una camioneta policial. Conocida la noticia, el comisario Katz y 10 de sus muchachos fueron premiados, por decisión del ministro de gobierno misionero, con el traslado a la comisaría de la localidad de Aristóbulo del Valle, no casualmente la ciudad del entonces gobernador Maurice Closs.
Similar premio recibieron del gobernador Scioli y su superministro Casal los 8 agentes de la bonaerense implicados en la detención, torturas y desaparición del joven de 16 años Luciano Arruga, ocurrida en Enero de 2009 en el Destacamento policial de Lomas del Mirador, partido de La Matanza. En efecto los efectivos no sólo no fueron separados de la mejor Maldita Policía del Mundo ni detenidos, sino que están cumpliendo funciones en comisarías de Lanús, Morón, Monte Grande, Ramos Mejía y La Matanza. Y a más de 3 años y medio de hecho, para el poder judicial el caso se sigue tratando de una simple “averiguación de paradero”.
Daniel Francisco Solano, trabajador de la cosecha de manzanas de 27 años, permanece desaparecido desde el 5 de noviembre de 2011, cuando fue retirado a los golpes del local bailable Macuba Megadisco de la ciudad de Choele Choel (Río Negro) por policías pertenecientes al grupo BORA (la Brigada de Operaciones, Rescate y Antitumulto). Los familiares denunciaron que Solano sufría persecuciones de la empresa que lo contrataba, por sus denuncias acerca de supuestas irregularidades en el alojamiento, alimentación y pago de jornales; y relacionan su desaparición con una probable represalia de agentes de la Comisaría 8va de Choele. En el caso hay no menos de 25 policías imputados, entre ejecutores, encubridores y entorpecedores de la investigación. La única y tardía consecuencia fue la disolución del grupo BORA por el gobierno rionegrino en diciembre de 2011.
Facundo Rivera Alegre, joven cordobés de 20 años, es una víctima más del nefasto código de faltas del gobernador De la Sota, que otorga poderes extraordinarios a la Policía para desplegar estrategias represivas para perseguir todos los días a los pibes de los barrios tan solo por estar teñidos, usar gorritas, ir a los bailes y escuchar cuarteto. Rivera, desapareció el 19 de febrero de este año, cuando salía de un baile de Cuarteto en el Estadio del Centro, donde actuaba Damián Córdoba. Trabajaba y estaba retomando los estudios porque quería empezar Arquitectura este año. La sospecha más fuerte recae sobre los policías retirados que cumplen adicionales en estos eventos, y que es una invención más del Ministro de Seguridad de la Provincia, y ex Jefe de Policía, Alejo Paredes.
Alfonso Severo es un testigo que habla en el juicio por Mariano Ferreyra porque fue parte del armado de la Unión Ferroviaria y de la Unidad de Gestión Operativa Ferroviaria de Emergencia (UGOFE) que el kirchnerismo creó en 2004 para que gestionen 60 millones de pesos anuales en los subsidios a la tercerización en el servicio de trenes. Su aporte a la investigación es puntualmente por denunciar el sitio, el manejo y la modalidad con que la patota de Pedraza guardaba y utilizaba armas. Pero no fue el primer testigo amedrentado en la causa de Mariano. El lunes 1 de octubre pasado José “Cacho” Andino, militante del Movimiento Teresa Rodríguez, denunció haber sufrido amenazas al bajar del colectivo 148 en Florencio Varela. “Cacho” Andino tenía que declarar como testigo al día siguiente en el juicio por Mariano, ya que estuvo presente en la movilización de Barracas en el momento del ataque de la patota. “Tenemos que hablar con vos, no nos mirés”, le dijeron dos hombres, a bordo de una moto roja. Lo llamaron por su apellido, uno se puso delante de él y el otro atrás y lo empujaron hacia un callejón. “¡Piquetero hijo de puta! ¡Ni tu madre te va a reconocer si seguís hablando!”, le dijo uno. “¿Quién carajo te dijo que viste una escopeta?”, dijo el otro, en alusión a una entrevista periodística que dio Andino, en la que mencionó haber visto a alguien armado con una escopeta el día del ataque de la patota que mató a Ferreyra, además de otro hombre con un arma corta. Andino es uno de los pocos testigos que vio que alguno de la patota tenía un arma larga, lo cuál posteriormente se confirmó con una pericia balística. Y ese dato sirvió para determinar que el día que mataron a Mariano hubo más armas que las que contempla el juicio. En mayo de 2009 Andino y su organización sufrieron un allanamiento irregular al comedor del MTR en Florencio Varela en el marco de una causa armada contra la organización por el juez Claudio Bonadío.
Porque estamos convencidos de que es imposible que el Estado proteja a los testigos si es socio de los criminales investigados, porque sabemos que la única protección posible es que los represores, torturadores, asesinos, cómplices y mafiosos de ayer y de hoy estén en la cárcel.
Porque 300 genocidas presos en 9 años de juicios no es justicia, 3.500 jóvenes asesinados por el gatillo fácil no son excesos, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones no son excepciones, 196 desaparecidos por razones políticas no es democracia.
Este 20 de Octubre, a 2 años sin Mariano, seguiremos estando en las calles, gritando y exigiendo Juicio y Castigo. Recordándole al “Gobierno de los Derechos Humanos” que aún existen persecuciones, presos, asesinados y desapariciones por luchar. Pero lo haremos sabiendo muy bien que para detener al monstruo azul desaparecedor de ayer, y al del gatillo fácil de hoy, no hay que provocarlo con escarmientos simbólicos, hay que empuñar el arma de la memoria y la movilización popular y barrerlos para siempre.
lunes, 8 de octubre de 2012
EL “CIRCUITO CAMPS” A LA VANGUARDIA DE LOS MUERTOS IMPUNES
Murió el genocida Saint Jean.
Posicionando a la ciudad de La Plata a la vanguardia en la situación de impunidad de que gozan los represores de la última dictadura pese a la reapertura de los procesos judiciales en su contra, el pasado viernes falleció impune el tercer genocida imputado en el juicio “Circuito Camps”: el ex gobernador militar de la Provincia de Buenos Aires Ibérico Manuel Saint Jean.
Tras los fallecimientos en total impunidad de los represores Rubén Paéz (jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata entre junio y diciembre del ‘77) en febrero pasado y de Alejandro Arias Duval (jefe del Destacamento de Inteligencia 101 de La Plata entre ‘76-‘79) en mayo de este año, la muerte del geronte Saint Jean, de 90 años, confirmó al proceso “Circuito Camps” como el juicio con mayor cantidad de represores muertos impunes durante las audiencias, lo que como mínimo debería llamar la atención sobre la falta de celeridad general del proceso.
Nacido en Chascomús, en septiembre de 1922, Saint Jean ingresó en el Colegio Militar en 1940. Fue director de la Escuela de Suboficiales Sargento Cabral, agregado militar en Brasil y pasó a retiro en febrero del ’73. Designado gobernador de facto en la dictadura por Decreto n° 47 del 7 de abril del ‘76, ocupó el cargo hasta el 28 de marzo de 1981.
Beneficiado durante décadas con las leyes de impunidad, Saint Jean fue procesado a indagado en mayo de 2008. En el juicio “Circuito Camps” se señalaba su responsabilidad en la organización del plan represivo, en cuanto a la provisión y sostenimiento de la estructura edilicia, del personal y de los medios materiales indispensables para la realización de las conductas ilícitas perpetradas durante toda su fase ejecutiva. La acusación fiscal afirmaba que “Saint Jean asumió la gobernación de la provincia a sabiendas de que tal circunstancia requería ser parte de un plan criminal” y que “la Policía de la provincia de Buenos Aires no pudo haber funcionado con independencia del Poder Ejecutivo Provincial, así como tampoco pudo estar a disposición de otro organismo sin la decisión de este poder”.
Pese a su importante rol en la cadena de mandos represivos, la imputación a Saint Jean es una muestra del recorte fragmentación que la justicia realiza en estos procesos: se lo acusaba sólo por 62 casos de secuestros, torturas y un homicidio, ocurridos en el CCD “Puesto Vasco”, entre ellos los sufridos por integrantes del “Grupo Graiver” y ministros del gobernador Victorio Calabró.
Saint Jean fue uno de los 15 genocidas cuya situación acusatoria se agravó en septiembre pasado, merced a la impecable actuación de la querella del espacio “Justicia Ya!” que logró ampliar la acusación por los homicidios de al menos 33 víctimas cuyos restos fueron identificados por el Equipo Argentino de Antropología Forense. Ello importaba la posibilidad de condenarlo a prisión perpetua, por eso el tribunal le había revocado la domiciliaria de la que gozaba desde hace años en su departamento porteño de calle Cabildo N°639 y lo mandó al hospital penitenciario de Ezeiza.
En las dos posibilidades de declarar que tuvo en el marco del juicio “Circuito Camps” se llamó a silencio, como la mayoría de los genocidas allí juzgados.
La justicia a cuentagotas sigue inclinando el fiel de la balanza hacia la impunidad, ya que a más de 9 años de caídas las leyes de impunidad son 313 los genocidas procesados muertos impunes contra 261 condenados.
Algunos de los últimos genocidas imputados en distintas causas que murieron impunes son represores tan sonados como Cristino Nicolaides, jefe del Ejército durante la cuarta junta militar y por responder en el juicio por el “Plan Sistemático de Apropiación de bebés”. O como Rubén Visuara, agente de la SIDE y primer jefe del centro clandestino de detención “Automotores Orletti”, reincorporado al órgano de inteligencia del Estado por Hugo Anzorreguy y en actividad allí hasta el gobierno de De la Rúa. O como Pedro Alberto Duran Sáenz, jerarca del CCD “El Vesubio” fallecido a menos de un mes de concluir el primer juicio sobre ese lugar de detención. O como Julián Corres, represor que actuó en el CCD “La Escuelita” de Bahía Blanca y que esquivó durante años a la justicia como beneficiario de leyes de perdón, como procesado prófugo, como fugado, como apartado de la causa por cuestiones de salud y finalmente como muerto antes de recibir condena.
El caso más reflejado en los medios de comunicación fue la muerte de Antonio Domingo Bussi, coordinador de la represión como interventor militar de Tucumán y en todo el noroeste como jerarca de la estructura del Comando del 3er Cuerpo del Ejército. Bussi fue condenado a perpetua sólo en la Causa Brandalisis en Córdoba en septiembre de 2009, fue apartado de varias causas por cuestiones de salud, cumplía condena domiciliaria en un country tucumano y murió impune con varios procesos pendientes.
En diciembre de 2011, el ex jefe de la policía santiagueña durante la dictadura, Juan José Ramírez, que estaba prófugo de la justicia, se suicidó al ser localizado por la policía Federal arrojándose a las vías de la Estación de San Isidro. Y en febrero de este año, murió uno de los peces gordos de la represión en Chubut, Carlos Alberto Barbot, jefe del área 536 e interventor de la Policía del Chubut en dictadura, que con 78 años estaba procesado en varias causas que esperan juicio oral y público cuando se decida el Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia.
Las muertes impunes de Paez, Arias Duval y Saint Jean, junto a las de Juan Fiorillo, Rodolfo Gonzalez Conti, Osvaldo Sertorio y otros en las causas de La Plata, no hacen más que confirmar la estrategia de “impunidad biológica” con que los genocidas se benefician como involuntario último recurso ante el cansino avance de las investigaciones.
De hecho en La Plata, aún con el proceso recortado por el “Circuito Camps” de 26 (ahora menos 3) represores imputados por unas 280 víctimas, en 2012 no se condenó a ningún genocida. Y suman sólo 20 los represores condenados en La Plata desde la reapertura de las causas, una cifra poco representativa para una zona represiva que contó con al menos 12 CCD y miles de víctimas de la represión coordinada tanto por la policía Bonaerense como por Ejército, la Armada y agentes civiles de Inteligencia o de grupos paraestatales como el CNU. Y hay en la Jurisdicción federal de La Plata unas 20 causas en instrucción con 94 procesamientos sobre 62 represores a ser juzgados en inciertos próximos juicios.
Insistir a la justicia y al resto de los poderes del Estado con un reclamo de mayor celeridad en los juicios es, a esta altura, además de una marca de coherencia de los que hace 36 venimos luchando por Juicio y Castigo, un alerta ineludible para que las condenas que llegan tarde no se transformen, paradójicamente, en el último eslabón de la cadena de impunidad.
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
195 desaparecidos en democracia.
195 desaparecidos en democracia.
Pareciera que hablar de desaparecido es hablar del pasado, de la dictadura, de Videla. Pero quien piense que esa modalidad represiva terminó con la dictadura del ’76 se equivoca: son 195 las personas que los gobiernos democráticos o sus patotas detuvieron, torturaron y desaparecieron bajo la cortina de la ‘democracia’.
La restauración democrática anunciaba que, en 1983, la organización del pueblo estaba aplastada. Sin embargo, ningún gobierno jamás dejo de reprimir las movilizaciones y protestas populares, lo que nos costó, hasta hoy, 66 personas asesinadas por la represión directa a manifestaciones. Pero a la clase dominante no le basta con reprimir y aleccionar a quienes ya se organizaron para luchar por sus intereses, sino que también necesita evitar esa organización. Así es como el gatillo fácil, las torturas sistemáticas y las detenciones arbitrarias, se despliegan en todos los barrios del país contra la juventud de los sectores más explotados.
Las fuerzas represivas del Estado no suelen esconder el cuerpo de sus víctimas de la represión “preventiva” o “selectiva”, sino que optan, cuando hay que dar alguna explicación, por hablar de manzanas podridas, malditas policías, inventar enfrentamientos o presos ahorcados.
Pero lo cierto es que, aun sin centros clandestinos de detención o fosas comunes donde disponer de la tortura y los cuerpos más fácilmente, el Estado se la rebusca para seguir desapareciendo personas con lo que tiene a mano. Muchas veces, luego de detenerlos y torturarlos, para deshacerse y esconder el cuerpo, los tiran a un río o dejan el cuerpo cerca de las vías del tren para simular un accidente. Las desapariciones de personas en basurales o terrenos baldíos también son frecuentes, o los entierros clandestinos. En estos casos, el cuerpo del desaparecido puede ser más fácilmente encontrado, pero hay veces que el aparto estatal es por demás eficiente en la desaparición y nunca más se conoce el paradero de la víctima.
Son 195 las personas que contabilizamos como desaparecidas desde 1983. Fueron detenidas por la policía o cualquiera de las otras fuerzas represivas; se las vio siendo torturadas en una comisaría, para luego ya no verlas más. Sabemos que es posible que haya más casos de desaparición donde el Estado ha actuado eficientemente en su tarea represiva, sin dejar huellas ni testigos.
El kirchnerismo, que hizo de los desaparecidos de la dictadura una bandera, es responsable de más de 67 casos de desapariciones, superado sólo por los diez años menemistas con casi 80 desaparecidos.
La represión a organizaciones de trabajadores, el gatillo fácil, la tortura y también la desaparición de personas siguen siendo política de Estado, no puede ser de otra forma en una sociedad dividida entre ricos y pobres.
(Fuente CORREPI)
martes, 2 de octubre de 2012
Conferencia de prensa 3/10 a las 19hs., en el Club El Trébol, Itapirú 461, Valentín Alsina.
El 14 de septiembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata dictó la medida de no innovar en el predio de la ex fábrica Campomar, en Valentín Alsina, pedido que había presentado la Comisión Provincial por la Memoria. El 19 de septiembre la propia Cámara le tomó testimonio a seis vecinos que aseguraron o dieron indicios serios de que en Campomar habría funcionado un centro clandestino de detención, fusilamiento y quizá, enterramiento de personas desaparecidas durante la dictadura cívico militar, entre 1976 y 1983.
jueves, 20 de septiembre de 2012
ESCRACHE
miércoles, 19 de septiembre de 2012
lunes, 10 de septiembre de 2012
A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA
El 15 y 22 de Agosto se cumplieron 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.
Tras desarrollar ampliamente la estrategia de lucha revolucionaria por el Socialismo en nuestro país, las organizaciones político-militares sufrieron la concentración de sus cuadros militantes presos en la Unidad Nº 6 de Rawson. El régimen de la dictadura de Alejandro Agustín Lanusse demostraba así que su convicción en la defensa de los intereses del capitalismo monopolista, vigente entonces y ahora, no repararía en daños a la hora de reprimir. La creación de la Cámara Federal en lo Penal, llamada por la militancia “El Camarón”, un esquema de excepción compuesto de jueces y fiscales que actuaron en lo que llamaron “fuero antisubversivo” (algunos de los cuales participaron luego del genocidio del ’76) y que logró llenar las cárceles de presos políticos.
La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario. Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles.
Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora.
El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas.
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo.
Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76.
Sin embargo, sabemos que esos héroes -no sólo los 16 masacrados, sino también los 3 sobrevivientes y aquellos 6 que pudieron escapar para seguir luchando- generaron las condiciones para el llamado a elecciones y el fin de la dictadura de Lanusse. A ello podemos sumarle otro punto, quizá el más alentador de todos: si el deber de todo prisionero político es la libertad, esto quiere decir que la continuidad de la lucha revolucionaria es posible.
El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido.
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales.
Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos. Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado.
Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanos al período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados.
Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer.
A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW
- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario.
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan.
- Derogación de la Ley Antiterrorista.
HIJOS EN LUCHA.
H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS en lucha Córdoba.
viernes, 7 de septiembre de 2012
6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ
6 AÑOS SIN JORGE JULIO LOPEZ
jueves, 6 de septiembre de 2012
miércoles, 22 de agosto de 2012
A 40 AÑOS DE LA MASACRE DE TRELEW REIVINDICAMOS LA UNIDAD EN LA LUCHA REVOLUCIONARIA
16 rosas rojasnacidas de madrugadaregresarán cada nochede la tierra liberada
El 15 y 22 de Agosto se cumplen 40 años de un suceso trascendental para el campo popular y sus organizaciones políticas: la brillante fuga del penal de máxima seguridad de Rawson de un grupo de militantes revolucionarios del Ejército Revolucionario del Pueblo, Fuerzas Armadas Revolucionarias y Montoneros en una operación unitaria, y en su contracara, la recaptura y fusilamiento de 16 de esos compañeros en la Base Aeronaval Almirante Zar de Trelew.

La apuesta política del régimen, el “Gran Acuerdo Nacional” (GAN), se propuso convocar a elecciones condicionadas y generar el consenso de los sectores de la burguesía para aislar al movimiento revolucionario.Otra jugada que, nuevamente, evidenciaba que frente a la violencia del estado y de los grupos que sacan jugosas tajadas del patrimonio común la salida era la organización del campo popular y la lucha en las calles.
Pero el crecimiento de la organización militante, la acumulación de experiencias en la lucha de calles, la fina producción teórica y de propaganda de las organizaciones armadas revolucionarias, tanto de la izquierda roja como del peronismo combativo, las mostraba fortalecidas y haciendo retroceder a la dictadura. Más allá de las ricas polémicas sobre la línea política, como “nacionalismo-internacionalismo”, “clasismo-policlasismo”, “partido de clase-foco armado” o “masa-vanguardia”, que diferenciaron en su origen a los grupos de la izquierda peronista de sus pares marxistas, todas las organizaciones político militares del momento compartían la visión de que la lucha debía plantearse la toma del poder a través la combinación de la lucha por la liberación nacional, con la lucha antimperialista y anticapitalista de la clase trabajadora.
El monumental operativo de fuga, pacientemente planificado durante meses, y ejecutado casi a la perfección en las narices del régimen, es la demostración histórica de que los sistemas represivos no son infalibles, y que a la lucha revolucionaria, incluso en las peores condiciones objetivas, no la detienen ni las rejas, ni la vejación, ni las balas.
Ese ejemplo de unidad en la acción frente al enemigo común, aún en la diversidad de posiciones y con claridad de objetivos, es la mejor muestra de lo que se puede lograr cuando la voluntad supera al miedo.
Esa unidad político-militar en la acción para la fuga del penal de Rawson demostró, una vez más, que cuando el Pueblo se organiza lo que luego sobreviene es la represión aleccionadora y desarticuladora de las fuerzas populares: la imposibilidad de completar la huída por fallas operativas, puso a un grupo de compañeros a merced de la barbarie militar. Y el asesinato cobarde de quienes habían pactado la rendición, fue el tubo de ensayo del Plan Sistemático de aniquilamiento de militantes populares que se desplegó poco tiempo después. Brotó en Trelew la primer sombra de lo sistemático que sería el accionar de los grupos paramilitares como la Triple A y la dictadura del '76.

El testimonio valiente de los sobrevivientes de la Masacre, que luego cayeron combatiendo a la dictadura, supo recoger el relato histórico de la verdad de lo sucedido.
Desde mayo pasado se está realizando el juicio a los genocidas Luis Sosa, Emilio del Real, Carlos Marandino y Rubén Paccagnini por la Masacre de Trelew. El proceso llega demorado y marcado por algunos rasgos de impunidad: los marinos Horacio Mayorga y Roberto Bravo fueron apartados del juicio por diversos artilugios legales.
Este año se están conociendo los testimonios y la documentación para logar la condena a este reducido grupo de represores de la Armada. Y eso se consiguió gracias a la lucha inclaudicable de los familiares, los ex detenidos, los ex presos políticos, los organismos de Derechos Humanos y las organizaciones del campo popular que son las continuadoras de la lucha revolucionaria por la que dieron su vida los compañeros asesinados y desparecidos.Pensemos que estos revolucionarios y revolucionarias no fueron iluminados o únicos, sino la vanguardia del pueblo, porque estos compañeros y compañeras salieron de las filas del pueblo organizado.

Hoy por hoy las cárceles del sistema siguen saturadas de jóvenes y pobres, y la gobernabilidad democrática se arroga el monopolio de la memoria como si el presente fuera magnífico e ideal y se tapara con un dedo la evidencia de la desigualdad y la injusticia. Frente a este panorama, seguimos defendiendo el rol crítico e independiente de las organizaciones de Derechos Humanos, para denunciar la falta de celeridad en la actuación de la justicia, que en 9 años de caídas las leyes de impunidad sólo condenó al 15 % de los genocidas procesados por planificar y ejecutar el Terrorismo de Estado. Los mismos que señalamos la confusión que pregona un gobierno como el actual, que dice pretender recuperar la soberanía económica mientras sigue pagando deuda con el hambre del pueblo, y mientras acomoda su legislación represiva a los mandatos de las potencias centrales como en el caso de la Ley Antiterrorista. Y los mismos que no acotamos la defensa de los Derechos Humanosal período ’76-’83, sino que denunciamos la continuidad del esquema de represión, hambre y saqueo en el gatillo fácil, en el espionaje, la judicialización y la criminalización a los que luchan, en la exclusión social planificada y en la entrega de nuestros recursos naturales a intereses concentrados.
Este 22 de agosto levantamos la memoria de los caídos en Trelew, pero no para entregarla a la quietud de los museos, ni a los actos oficialistas, sino con la convicción de que es un pilar fundamental para seguir construyendo la unidad de los que luchan por un proyecto de emancipación que sigue hoy tan vigente como ayer.

A 40 AÑOS DE LA FUGA DE RAWSON Y LA MASACRE DE TRELEW
- Reivindicamos la lucha de nuestros viejos y sus compañeros por un país justo y solidario.
- Condena a todos los genocidas y justicia por todos los compañeros.
- Restitución de nuestros hermanos apropiados.
- Juicio y castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez y Luciano Arruga.
- Basta de gatillo fácil y criminalización de los que luchan.
- Derogación de la Ley Antiterrorista.
HIJOS EN LUCHA: H.I.J.O.S. ALTO VALLE, HIJOS LA PLATA, H.I.J.O.S. BARILOCHE, H.I.J.O.S. ZONA OESTE, HIJOS EN LUCHA Cba.
Juicio y Castigo a los secuestradores de Jorge Julio Lopez!
HIJOS La Plata
martes, 21 de agosto de 2012
Juicio “Circuito Camps”. LA IMPORTANCIA DE LOS PLANTEOS DE JUSTICIA YA EN LAAMPLIACIÓN DE ACUSACIÓN A HOMICIDIO.
Resumimos en este texto, para mejor comprensión de aquellos que no andamos los complejos caminos de la argumentación técnico-jurídica, el importante pedido de ampliación en la acusación a los genocidas que se juzgan en el proceso conocido eufemísticamente como “Circuito Camps” (aunque no contempla ni la sexta parte de los CCD del circuito y que lleva a 2 represores imputados muertos impunes mientras se desarrolla), pedido que realizó con inteligente fundada oportunidad la querella del espacio Justicia Ya La Plata, del cual formamos parte.
En principio y concretamente se solicitó que se amplíe la acusación original a los genocidas imputados en el juicio por “continuidad delictiva” entre la privación ilegitima de la libertad, tormentos y los homicidio calificados en 33 casos de los que forman parte del juicio.
La Legitimación
Aquí se defiende la legitimidad y autonomía de la querella para requerir la ampliación de la acusación, independientemente de lo que haga el Ministerio Publico Fiscal. Para ello se apoya en el fallo “Santillan” de la CSJN que, como jurisprudencia, habilita argumentos para acusar y requerir pedidos que agravan el caso, cuando la prueba producida en el debate así lo requiere.
Los Fundamentos Generales
Se basan en que en lo que va del juicio se produjo más información que a su comienzo sobre los crímenes contra la humanidad que se juzgan.
Se explica que si bien la ampliación de la imputación es una excepción a la inmutabilidad de la acusación (no se puede acusar de distintos hechos en un mismo proceso) sí se puede emplear cuando la prueba así lo justifique.
Se demostró que:
- Los imputados adherían activamente desde el rol que cumplían, a un plan común, que implicaba la comisión de una serie de delitos dirigida finalmente al aniquilamiento de un grupo de personas.
- Hubo vinculación entre los secuestros, cautiverio, tormentos, con la organización sistemática de los traslados como comienzo de ejecución del delito de homicidio.
- La cadena comenzaba con la privación ilegal de la libertad y el alojamiento en centros clandestinos de detención donde eran sometidos a toda clase de torturas. Luego, y en ocasiones luego de circular por varios campos de detención, eran ejecutados; y para ello, se implementaron dos formas centrales; el traslado en aeronaves para ser arrojados vivos al mar o el fusilamiento realizado bajo enfrentamientos fraguados. Finalmente, con la complicidad judicial necesaria, los cuerpos que eran dejados en espacios públicos o que aparecían por efecto de las mareas en diferentes playas, fueron enterrados en fosas comunes, evitando con ello la identificación de las victimas, cerrando de este modo el plan de exterminio.-
Sobre los Casos
Y eso fue lo que sucedió con 33 víctimas en 6 grupos, cuyos restos fueron inhumados clandestinamente en distintos cementerios del circuito represivo, entre ellos el de La Plata . Los caso, de compañeros que fueron alojados como detenidos ilegales en los CCD de La Plata Comisaría 5ta, Bridada de Investigaciones y Arana,y de Puesto Vasco (Quilmes) y Cot 1 (Martínez) son los de:
Almarza, Guillermo Abel; Bachini, Héctor Federico; Baratti, Héctor Carlos; Bonetto, Roberto Jorge; Ciancio, Luis Alberto; Cicero de Sobral, Elsa Lilia; Diego, Ana Teresa;
Dillon de Ciancio, Patricia; Fernández de Mercader, Silvia Anahí, Fraccarolli, Humberto Luis, Garín de De Angelis, María Adelia, González De Mora, Silvia Amanda; Ibáñez Roberto, La Spina De Cena, Nora Susana; Lezana Piñeyro, Graciela;
Lugones, Carlos Eduardo, Malnatti Salazar, Hector Hugo; Mercader, Mario Miguel,
Mora, Juan Carlos, Rubinstein, Jorge, Sagués de Perdigué, Graciela Beatriz, Santucho, Mónica, Simón, Carlos Francisco, Sobral, Guillermo Ramón, Traverso De Bozzi, Susana, Williams, Carlos Guillermo. Galarza, Liliana Amalia, Idiart, Cecilia Luján,
Mainer, María Magdalena, Mainer, Pablo Joaquín, Moncalvillo, Domingo Héctor,
Morettini, María Del Carmen y Salamone De Guevara, Nilda Susana.
Hay que señalar que en el derrotero de la identificación de los restos de los compañeros fueron clave los hallazgos, exhumaciones e identificaciones hechos en la causa Cerviño. El caso de María Teresa Cerviño el que ayudó a desanudar la trama: encontrado su cadáver en abril del ’76, colgado del Puente de Pellegrini y Pereyra Lucena de Lomas de Zamora, con un cartel que rezaba “yo fui montonera, seguime”, junto con un paquete que contenía arena y una granada. Se hizo por entonces una rápida autopsia y se lo enterró en Avellaneda sin informar el hallazgo del cadáver a la familia de la víctima. Tras batallar con el patrocinio de Emilio Mignone (fundador del CELS), la madre de María Teresa (Matilde) logró que se desarchive la causa y en diciembre del ’82, determinar que con la complicidad judicial se había depositado en el Cementerio de Avellaneda, a María Teresa Cerviño, y a 6 cadáveres NN más.
Un dato: el instructor policial designado para esta investigación en los ’80 fue el mismísimo Pedro Klodczyk, luego jefe de la Maldita Policía de Duhalde en los ’90.
Este fue el caso que permitió, no sin trabas que duraron años, la intervención del EAFF para la exhumación e identificación de los cuerpos de los compañeros desaparecidos. Y desarrollado el trabajo del EAFF en los distintos lugares de enterramiento del Circuito Camps, llega la identificación de 33 de los compañeros que son parte de la causa.
Esta acumulación de prueba posibilitó que se pueda acusar a
- SAINT JEAN, SMART, ETCHECOLATZ y CAMPOS por 23 de esos casos, porque participaron de la mecánica de los CCD por donde pasaron estos compañeros, como autores mediatos por dominio de voluntad en virtud de aparatos organizados de poder del delito de homicidio.
- A SVEDAS, ALMEIDA, CORRALES, KEARNEY, ARGUELLO, GARCIA, GRILLO, MACHUCA, PATRAULT, LUJÁN y SITA por 31 de los casos, por coautoría funcional en relación con el delito de homicidio agravado por el número de personas intervinientes, por ensañamiento y por alevosía.
En suma, las nuevas circunstancias aparecidas en el debate, la documental agregada y especialmente las introducidas por los testimonios de los sobrevivientes y del Equipo Argentino de Antropología Forense (que dio cuenta en el juicio de su trabajo y de los casos en que hubo identificaciones) pueden demostrar la relación indubitable entre el secuestro, tortura , traslado y el homicidio de 33 personas que durante su cautiverio permanecieron en los CCD de l Circuito Camps que se están juzgando.
Finalmente se Pide
Aplicar la ampliación de acusación a cada grupo de genocidas, procedimiento previsto en el art. 381 del C.P.P.N, conforme la ampliación requerida en cada caso.
Y se agrega como demanda que hasta tanto se resuelva sobre lo solicitado, toda vez que la variación en la calificación legal y con ello la pena en expectativa, genera un riesgo procesal por el peligro de fuga, disponga el Tribunal la inmediata detención de algunos de los imputados, entre ellos Fernado Svedas, acusado en los casos Galarza, hermanos Mainer, Morettini, Salomone, Moncalvillo, Idiart y Traverso.
Con este planteo se abren varios caminos. No sólo la Fiscalía tiene el argumento, que por propia elaboración no supo generar, para agravar los tipos y característica de pena que se puede pedir para los genocidas imputados, sino que se está en condiciones, como querella independiente, de pedir cárcel perpetua para varios de los genocidas responsables de los homicidios planteados.
Acompañamos la labor del equipo jurídico de Justicia Ya La Plata en otra demostración de lucidez, dedicación y valentía en los planteos en estos juicios que, como se demostró desde los juicios a Etchecolatz en 2006 y a Von Wernich en 2007, necesitan la mirada y acción permanente del trabajo crítico de las organizaciones de Derechos Humanos en los procesos, tanto de labor jurídica, como de difusión en la sociedad de los detalles de lo nuestro reclamo:
*Juicio y Castigo a todos los Represores por el Delito de Genocidio.
* Juicio por Centro Clandestino de Detención o Circuito Represivo.
* Cárcel Común, Perpetua y Efectiva por todos los Compañeros.
*Restitución de Nuestros Más de 400 Hermanos Apropiados por los Genocidas.
* Juicio y Castigo a los responsables de la Segunda Desaparición de Jorge Julio Lopez.
* Mayor Celeridad en la Instrucción de las Causas para No Pretender Juzgar Muertos Impunes.
* Condena a los Civiles Empresarios y Religiosos Cómplices del Genocidio.
HIJOS LA PLATA