| Domingo 25/03/12 | ||
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| "A este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores" La multitudinaria marcha organizada por el Encuentro Memoria, Verdad y Justicia (EMVJ), con motivo del trigésimo sexto aniversario del golpe cívico militar de 1976, exigió en Plaza de Mayo, al Gobierno Nacional en un documento consensuado, cárcel común y efectiva de todos los genocidas incluidos los actores civiles y eclesiásticos, la unificación de las causas, inmediata apertura de todos los archivos de la dictadura, basta de ajuste, saqueo, espionaje y represión, derogación de la ley Antiterrorista sancionada el año pasado, reclamó además la aparición con vida de Jorge Julio López junto con la libertad de los 5.000 presos por luchar y el cese a la violencia contra los Pueblos Originarios, campesinos y demás pueblos que se oponen al saqueo del modelo extractivista y los agro - negocios. |  Foto: AW | |
| Ante una Plaza de Mayo repleta de columnas de personas que comenzaron a llegar a las 17.11, que partió del Congreso un poco después de las 15.30, y que a las 18.30 no terminaba de incorporar a la totalidad de los marchantes dada la magnitud convocada, expresaron los oradores: "Repudiamos a la dictadura que a costa de la sangre de nuestro pueblo impuso ferozmente la entrega, el endeudamiento la explotación y el hambre, además del exterminio de decenas de miles de compañeros, los campos de concentración de la más brutal dictadura que conoce nuestra historia". En esta línea apuntaron a los crímenes que empezaron a ensayarse antes del golpe, en el Operativo Independencia en Tucumán y en el accionar de la Alianza Anticomunista Argentina (Triple AAA) y demás bandas fascistas en todo el país, por lo cual demandaron justicia. Reivindicaron también "al amplísimo movimiento obrero y popular que se proponía conseguir transformaciones de fondo en la Argentina". La impunidad de la dictadura continúa "Luchamos porque se realicen juicios contra todos los genocidas que actuaron en cada campos de concentración (existieron 600) y hoy no llegamos ni a dos represores por campo procesados y condenados". Seguidamente apuntaron a que miles de represores caminan por las calles o están activos, como sucede con los más de 1000 oficiales y subo oficiales de la Armada que prestaron servicio entre 1976 y 1983 y hoy se encuentran en funciones sin ser investigados. El encuentro denunció que las causas por delitos de Lesa Humanidad siguen siendo en su inmensa mayoría, fragmentadas, parcializadas y funcionales a ocultar la magnitud del genocidio y remarcaron que "a este ritmo serían necesarios 50 años para terminar de juzgar a los represores que ya están procesados". Sobre esto señalaron a los jueces, cómplices, socios familiares y amigos de los genocidas que entorpecen los juzgamientos, y al Gobierno Nacional por tener oportunidad de cambiar a los magistrados y no lo hace. El procurador General de la Nación, Esteban Righi, jefe máximo de los fiscales por nombrado a propuesta de Presidencia de la Nación porque avalo a los fiscales cómplices al tiempo que dio instrucciones precisas para el desguace las causas e impulsa su fragmentación, incluida la que tiene más pruebas del país, la de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). Tuvieron que pasar más de seis años de juicios orales, para que finalmente la Cámara de Casación se pronuncie con una acordada para acelerar y mejorar el desarrollo de las audiencias contra los genocidas, logro que le atribuyeron a todas las organizaciones. "De los cerca de 850 condenados y procesado, solo 297 están detenidos en unidades penitenciarias, el resto goza de domiciliarias o directamente esta libre", sentenciaron y trajeron a colación el "aberrante caso del genocida Luciano Benjamín Menéndez Jefe del Tercer Cuerpo del Ejército que tiene 6 condenas a cadena perpetua pero las cumple alegremente en su casa, entre otros, como médicos torturadores que recibieron penas menores por su actuación o esperan libres la confirmación de las respectivas condenas ". Exhortaron a que los juicios sean por campo de concentración, circuito represivo y escala de mando. La apertura y publicación de la totalidad de los archivos la dictadura, con los nombres, las fotos y los legajos de todos los genocidas, fue otra de las exigencias planteadas por el documento consensuado al Gobierno, ya que aseguran, "contienen el destino de los 30.000 compañeros detenidos - desaparecidos y de sus hijos apropiados". Recordemos que más de 400 niñas/os que secuestró la dictadura junto a las personas desaparecidas o que fueron nacidas en cautiverio y luego dadas en adopción a militares o cercanos, continúan sin saber su verdadera identidad. Sólo 105 nietos fueron recuperados hasta el momento. Jorge Julio López, secuestrado en la dictadura y desaparecido en septiembre de 2006 cuyo testimonio envió a Miguel Etchecolatz, ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense y Silvia Suppo (secuestrada, torturada y abusada sexualmente por grupos de tareas a los 17 años y obligada a abortar por la misma gente, testigo en causas por derechos humanos, asesinada en marzo del 2010, testimonió en la causa que condenó al ex juez federal Víctor Brusa a 21 años de prisión por los delitos de privación ilegítima de la libertad agravada, vejaciones, apremios ilegales, coacción y tormentos) "son bandera, testimonio y símbolo que evidencia descarnadamente la continuidad del aparato represivo de la dictadura". El documento ahondo en la responsabilidad del Gobierno, "autodenominado defensor de los Derechos Humanos, para ocultar en la continuidad de la impunidad y sus políticas represivas, mientras mantienen las privatizaciones y las reformas anti obreras del menemismo". Se solidarizaron con los familiares de y las víctimas de la tragedia de once, y dijeron que los que pasó "es consecuencia directa de las políticas de negociados millonarios y corruptos de la gestión kirchnerista con Trenes de Buenos Aires (TBA), los Cirigliano y la burocracia sindical", intereses que además, indicaron que estuvieron detrás del crimen del militante del Partido Obrero, Mariano Ferreyra. A continuación señalaron que las líneas ferroviarias deben estar en manos de los trabajadores y sus usuarios. Así, fueron apoyados los pueblos que se oponen a los emprendimientos mega mineros: "La lucha de los pueblos de Famatina, Belén, Tinogasta, Esquel, Santa María, Chilecito y todos aquellos que se han alzado contra la política de saqueo de nuestras riquezas en beneficio de las corporaciones imperialistas". Los Pueblos Originarios -cuya permanencia en sus territorios ancestrales en defensa de los bienes naturales comunes de la devastación- prevista por la Constitución, se incumple en su inmensa mayoría a la vez que son perseguidos, discriminados, asesinados (caso Qom de Formosa, caso Diaguita al norte tucumano, caso Ferreyra en Santiago del Estero) obtuvieron el apoyo de los miles de convocados al acto. "¡Su lucha es la nuestra!", clamaron. A estas exigencias se sumaron: •La nacionalización sin pago de las empresas inglesas y demás multinacionales, en el territorio argentino. La anulación de los pactos secretos firmados entre el menemismo e Inglaterra. •No al pago de la deuda externa. • No a la criminalización de la pobreza y la protesta. Aumento de los planes sociales, sin clientelismo. Trabajo genuino. "La Ministra Garré (Nilda), el pasado 16 de marzo, tildó de extorsionadores a los desocupados de Argentina Trabaja cuando reclamaban un aumento salarial". No fue la primera vez que se ataca la protesta desde un estrado oficial. "Eso da luz verde a que magistrados y fiscales cómplices avancen más en la criminalización de la protesta social". El gatillo fácil se sigue cobrando la vida de los jóvenes en las barriadas populares, con la complicidad de la policía, jueces y funcionarios. Ciudad de Buenos Aires Mauricio Macri, Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tuvo un capítulo aparte: "por la destrucción de la salud y la educación pública (en estos días intenta cerrar 221 cursos y grados de las escuelas estatales en la Ciudad) mientras otorga subsidios millonarios a establecimientos privados". Acusaron a Macri de proteger los súper negocios inmobiliarios a costa del desalojo de familias humildes y "en sintonía con el Gobierno Nacional". A través de la policía metropolitana dijeron, instrumenta políticas de espionaje y represión contra docentes, trabajadores, ocupados y desocupados". •Anulación de toda la legislación represiva. En el último año y medio, en todo el país fueron asesinados 18 luchadores populares. La ley antiterrorista la cual demandaron que sea derogada, y que fue sancionada el año pasado a propuesta del poder ejecutivo, "porque pretende acallar las luchas y quienes la votaron son verdaderos responsables de traición al pueblo". La ley, fija el encarcelamiento a quienes exijan por sus derechos a una autoridad nacional, a un gobierno extranjero, o a organismos internacionales para que haga o deje de hacer algo. Desde el inicio de la gestión Kirchner - Fernández, van contabilizados 5.000 luchadores del campo popular. "Ante nuestros 30.000 compañeras y compañeros desaparecidos nos comprometemos en la lucha hasta conseguir que sus sueños se hagan realidad: una Argentina liberada de la opresión imperialista y la explotación". Protagonistas varios Desde Chile sin escalas, Roberto, manifestó su total apoyo a las luchas, los detenidos - desaparecidos tanto de Argentina como del país vecino. Cabe recordar que el Plan Cóndor, impulsado por Estados Unidos, instauro en toda Latinoamérica dictaduras con el fin de evitar la instalación de otra Cuba en la región. Lamentó además la inexistencia de juicios a represores en Chile, "transitan libremente por las calles" y apunto sobre las enormes desigualdades sociales - económicas, la persecución a los trabajadores, estudiantes con la Ley Antiterrorista local para que no hagan escuchar sus reclamos. "Esperamos que este año sea todavía más álgido con respecto a la lucha de los estudiantes (que se encuentra en un impasse dada la escalda represiva del Gobierno de Sebastián Piñera. El mundo con el que soñaban Roberto reflexiono además sobre la consolidación del modelo neoliberalista, sobre el mundo contra el que luchaban las personas desaparecidas, "para la gran burguesía nosotros somos un país desarrollado, pero eso es no querer ver la franja divisoria entre la gran mayoría y ellos, pero nosotros vamos a tratar por todos los medios de impedir que esta brecha siga adelante". La Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), acompañó como cada año la multitudinaria marcha. Uno de sus miembros Adrian, dijo "La represión, tanto en democracia como en dictadura es política de Estado. Desde 1983 a la fecha se sigue torturando se sigue matando, porque mientras siga habiendo una sociedad divida en clases la represión es el arma de la clase dominante para mantener la opresión de muchos debajo de los privilegios de pocos". Ferroviarios se suman Se juntaron por primera vez varias organizaciones de empleados ferroviarios para exigir justicia por sus 111 compañeros desaparecidos durante el genocidio, y repudiar al gobierno de facto. "La presencia masiva del pueblo en general, es muy importante en las calles para empezar a cambiar las cosas", respondió Gustavo, trabajador ferroviario. Piensa al igual que Roberto, que el Estado liberalista contra el que se levantaron en armas o no los desaparecidos, está más que vigente, "debemos empezar a construir porque no se admite que haya tanta brecha social entre los que más tienen y los que no tienen casi nada". Hijo y maestro que luchan te están enseñando Alejo, es hijo de desaparecidos, y tiene, al igual que sus compañeros que no están, que sus propios padres, que los miles que van a su lado saltando y cantando, la misma convicción que Joaquín, docente tal como señala el documento consensuado: Están comprometidos con la historia, con el presente, el futuro, y apoyan las luchas que recorren el país. Agencia Walsh Amalia Colombo. | ||
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